Por Romina Martínez Parfeniuk, periodista especializada en judiciales
La última imagen que existe de Francisco Valentín Cruz con vida es adentro de un patrullero de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Argentina llevaba apenas horas bajo el primer confinamiento por la pandemia. Las calles de Florencio Varela estaban vacías, los colectivos no corrían, no había nadie. Francisco, un correntino de 29 años que había venido a Buenos Aires a trabajar de albañil para ayudar a su madre y a sus hermanos con discapacidad, tenía un trastorno psiquiátrico y en ese momento atravesaba una descompensación.
Efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela lo aprehendieron en calle Ecuador 2551, en Ingeniero Allan, pasada la medianoche. Lo subieron al patrullero.
Y según investiga la Justicia y se debatirá en juicio oral y públicodespués lo bajaron. Solo. En la intersección de la Avenida Hudson y la calle 1356, a las 0.57 de la madrugada, en un lugar donde no había colectivos, no había casas cerca y no había nadie que pudiera auxiliarlo.
Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo fue encontrado en una tosquera sobre Avenida Hudson y Pinzón. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio por asfixia.
Este lunes, seis años exactos después de aquella noche, cinco policías se sientan ante el Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela. La familia de Francisco, patrocinada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), espera que la Justicia diga por fin lo que Ramona Espinosa, su madre, lleva años diciendo en voz alta: «A mi hijo lo mató la policía.»
Vino a trabajar. Se lo llevó un patrullero
Francisco tenía 29 años y había dejado Corrientes con una misión simple: trabajar, juntar plata, mandar dinero a casa. Su madre, Ramona Espinosa, tenía a otros dos hijos con discapacidad. Francisco era el sostén.
En Ingeniero Allan se ganaba la vida como albañil y cosechero golondrina. Tenía un trastorno psiquiátrico diagnosticado y seguía tratamiento. La noche del 13 al 14 de marzo tuvo una crisis.
Los policías que lo encontraron en la calle Ecuador lo subieron al patrullero. Lo que debió ser una derivación a un hospital, a su domicilio o, en último caso, a una comisaría, terminó siendo otra cosa: un viaje de menos de una hora que lo dejó abandonado en una esquina oscura, sin que nadie supiera dónde estaba.
Su familia empezó a buscarlo esa misma noche. Fueron a la Comisaría 6ª. Recién les tomaron la denuncia en la madrugada del 15, más de 24 horas después. Durante días rastrillaron el barrio. Pasaron varias veces frente a la tosquera. Pidieron que la revisaran. No quisieron bajar.
El 17 de marzo encontraron el cuerpo.
La hipótesis que quemaba: ¿hubo picana?
Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por irregularidades. La CPM, que tomó el patrocinio de la familia, denunció dilaciones sistemáticas y una fiscalía que, en lugar de investigar a la policía, le delegó las tareas investigativas a la misma fuerza sospechada.
Pero lo más perturbador llegó con la pericia. La perito de parte presentada por la CPM, Virginia Creimer, que participó de la autopsia, señaló que Francisco presentaba lesiones producidas por terceras personas, heridas post-mortem y —el dato más alarmante— lesiones en el abdomen compatibles con el paso de electricidad por el cuerpo.
«Si se confirma eso, ¿quién pudo hacer algo así si no es la policía?», preguntó Esther, una de las hermanas de Francisco.
La versión policial nunca fue sólida. Los efectivos declararon que, por pedido del propio Francisco, lo habían dejado en una parada del colectivo 324. El problema: ese lugar está en dirección contraria a su casa y a la comisaría, y no hay ningún colectivo que circule por allí de madrugada.
Un testigo que había declarado haber visto a Francisco caminando hacia la tosquera reconoció luego, en sede judicial, que los propios policías de la Comisaría 6ª le pidieron que declarara eso. Que él nunca pudo identificar que la persona que vio fuera Francisco.
Seis años de pelea judicial
Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, fue categórico en su momento: la responsabilidad policial es innegable porque «la última vez que se lo vio con vida a Cruz fue arriba de un móvil policial».
La familia recorrió despachos, se reunió con el Procurador General, con el Fiscal General de Quilmes, con el fiscal de la UFI 1 de Florencio Varela. Ramona Espinosa viajó desde Corrientes con lo poco que tenía. En cada reunión le pedían más tiempo.
«Tiempo es el que le sacaron a mi hijo cuando le quitaron la vida», respondió ella.
Los acusados y los cargos
Los cinco efectivos que este lunes se sientan ante el Tribunal son:
Oficial Sergio Esteban Barboza (legajo 422418), Oficial Emanuel Maximiliano Peralta (legajo 420410), ambos a cargo de las zonas 36 y 37 en el móvil 25303; Sargento Ezequiel Rodríguez (legajo 192178) y Oficial Virginia De la Vega, zona 33, móvil 25291; y Oficial Ayudante Facundo Alan Iván Rolón (legajo 181081), de la Seccional 6ª.
La acusación principal es abandono de persona seguido de muerte. La subsidiaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber violado la Ley Provincial 13.482 y el Decreto 1050/2009, que obligan expresamente a los efectivos a proteger a las personas que no pueden valerse por sí mismas.
Lo que viene
El juicio oral que arranca este lunes es el final de un camino larguísimo. Para la familia de Francisco, para la CPM y para quienes seguimos este caso desde el principio, representa algo más que un proceso judicial: es la última oportunidad de que el Estado reconozca lo que le hicieron a un hombre vulnerable en la madrugada más silenciosa de la pandemia.
