Gustavo Sanchetta arrancó con una imagen comprometida con los pobres. Pero, al decir de sus compañeros de seminario en Quilmes, la careta se le cayó pronto. Entre la camada de curas que compartieron ministerio con él, no quedaron buenos recuerdos. Y se fue de Quilmes con serias denuncias sobre sus espaldas, a pesar de las cuáles fue ordenado Obispo de Orán, en Salta, en reemplazo de otro quilmeño, Marcelo Colombo.
A un año y medio de la renuncia al Obispado de Orán (Salta) de Gustavo Zanchetta, se conoció que en realidad el sacerdote fue desplazado por el Papa Francisco. La remoción de su cargo al frente del Obispado habría sido decidida a partir de las denuncias que provinieron de otros integrantes del propio clero, que lo acusaron por diferentes tipos de abuso, entre ellos sexual y de poder, dentro del seminario fundado por él mismo y que dejará de funcionar a partir del año próximo.
Lo reveló una investigación del diario El Tribuno de Salta, que levantó polvareda en la provincia: asegura que las denuncias no sólo dividieron al clero local, sino que también calaron hondo entre los religiosos más allá de Orán. Además, pone en duda los motivos de los traslados de tres sacerdotes (que habrían sido algo así como una penitencia), quienes denunciaron a Zanchetta por abuso sexual a 3 seminaristas y por abuso de poder contra otros 10 seminaristas, delitos que se habrían concretado entre 2014 y 2015.
EN QUILMES
Poco después de la designación de Zachetta como obispo de Orán, en 2013, se colgó en la página de internet Change.org una petición pública urgiendo al Papa a revisar el nombramiento. La firmaron Santiago Spadafora, médico personal y estrecho colaborador del fallecido obispo Jorge Novak, y otro centenar de laicos y docentes de los colegios religiosos que Zanchetta había administrado hasta junio de 2013 como vicario de Asuntos Económicos y apoderado general de la Diócesis de Quilmes.
Hasta 2010, cuando fue despedido bajo circunstancias que aún debe esclarecer la Justicia, Spadafora había ocupado por 27 años la función de representante legal del Instituto Manuel Belgrano de Berazategui, uno de los establecimientos educativos que dependen del Obispado de Quilmes.
«Zanchetta empezó a perseguirme en 2009, promovió mi despido y me hizo una falsa denuncia, solo porque me opuse a una serie de lamentables decisiones tomadas y transmitidas por escrito», afirmó Spadafora, quien ya había elevado las constancias del caso en 2011 al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.
La petición llegó dos años después al Vaticano, con la adhesión de un importante número de laicos y docentes en los que el exvicario de Asuntos Económicos de la Diócesis de Quilmes no parece haber dejado las mejores impresiones.
Consultado por El Tribuno, Spadafora afirmó que Zanchetta no le perdonó que se opusiera a «la indicación de derivar coercitivamente fondos de la escuela, subvencionada en un 100% por el Estado provincial (de Buenos Aires), para el sostén de actividades diocesanas y pastorales cotidianas».
«Su represalia también se debió a mi rechazo a las instrucciones de no pagar el servicio de agua corriente a la Municipalidad de Berazategui, como lo hacían otros establecimientos educativos, y de seguir en las escuelas diocesanas un procedimiento coercitivo para la cobranza de aranceles a los alumnos morosos, y discriminatorio para la inscripción (matriculación) de dichos alumnos, a través de la confección de listas negras». La causa que le inició Zanchetta a Spadafora en 2010, por supuestos desmanejos administrativos, tiene constancias escritas de esas y otras controvertidas medidas diocesanas.
A pedido del juez de garantías de Berazategui, Damián Véndola, la fiscal María Attarián Mena acaba de disponer en la causa una serie de testimoniales que inquietan al clero.
La larga lista de testigos que solicitó Spadafora y aprobó la fiscal Attarían Mena, el pasado 1 de agosto, incluye al actual obispo de Quilmes, Carlos José Tissera; a su antecesor, Luis Teodorico Stockler; al vicario general, Carlos Alberto Abad; al contador de esa diócesis, Luis Adolfo Albertón, y a varios sacerdotes y laicos que guardaron incómodos secretos.
Sus cuestionamientos se filtraron hasta ahora discretamente en los portales religiosos y otros medios que aludieron a los supuestos «desmanejos económicos» del exobispo de Orán sin entrar en detalles.
Ahora, bajo la obligación de testificar con la verdad y bajo apercibimiento de afrontar causas por falso testimonio, prelados, sacerdotes y laicos deberán comparecer sin velos ante un estrado judicial.
