Entre insultos, consignas vaciadas de historia y reverencias a referentes extranjeros, la nueva derecha latinoamericana convierte la democracia en espectáculo y la soberanía en moneda de validación externa.
Manuel Capitán Cianuro
El discurso de Javier Milei en la apertura del año legislativo no fue una exposición ante la República, sino una performance cuidadosamente dirigida a su tribuna. Desde el estrado del Congreso de la Nación Argentina, el Presidente volvió a confirmar que su capital político no descansa en la construcción de mayorías reflexivas, sino en la consolidación de una identidad combativa. No habló para persuadir a los indecisos ni para tender puentes con la oposición: habló para reafirmar a los propios. No argumentó: arengó. No dialogó: desafió.
La escena ya es reconocible. Insultos lanzados con precisión quirúrgica, caricaturas históricas simplificadas hasta el extremo, cifras convertidas en proyectiles retóricos y una narrativa donde el adversario político deja de ser legítimo para transformarse en obstáculo moral. En esa lógica binaria, el Congreso no es un espacio de deliberación democrática, sino un escenario donde se libra una batalla cultural permanente. Todo se traduce en épica, todo se dramatiza, todo se convierte en combate.
Pero la democracia no es un estadio, ni un canal de streaming donde el rating se mide en decibeles. La democracia es, ante todo, un sistema de reglas compartidas que exige contención, responsabilidad y un mínimo respeto por la pluralidad. Cuando el podio se utiliza para degradar al otro, el mensaje no es solo político: es institucional. Se transmite la idea de que la confrontación es el método y que la descalificación sustituye al argumento.
Parte central de esa estrategia es la manipulación conceptual. Cuando se invoca el “fascismo” como etiqueta para definir cualquier postura de izquierda o de intervención estatal, se desdibuja deliberadamente la historia. El fascismo fue un fenómeno ultranacionalista, autoritario y profundamente anticomunista. Alterar ese registro no es un descuido académico; es una operación discursiva destinada a reordenar el mapa ideológico según conveniencia. Si todo es fascismo, nada lo es. Y en ese vacío conceptual, la confusión se vuelve herramienta de poder.
El capítulo internacional agrega otra capa a esta puesta en escena. La admiración manifiesta hacia Donald Trump no es un guiño superficial, sino una declaración de pertenencia a una corriente política global. Trump ha construido su narrativa sobre la exaltación de la libertad, la defensa de la democracia y la promesa de rescatar a Occidente de sus enemigos internos y externos. Ha insistido en que Estados Unidos interviene en el mundo para salvar pueblos de dictaduras y restaurar valores democráticos.
Sin embargo, esa épica tropieza con contradicciones evidentes. La relación estratégica con la monarquía de Arabia Saudita —donde no existen elecciones libres ni pluralismo político— rara vez es objeto de condena moral. Allí, la democracia no parece ser una prioridad urgente. La vara con la que se mide a los regímenes cambia según el tablero geopolítico. Cuando hay petróleo, armas o alianzas estratégicas en juego, el discurso se modera. Cuando no, se inflama.
La selectividad es tan transparente que apenas requiere un análisis sofisticado. La libertad funciona como consigna; la geopolítica, como práctica. La idea de “ir a liberar naciones” termina pareciéndose demasiado a una coartada para asegurar influencia, mercados y recursos naturales. No se trata de negar que existan dictaduras ni de relativizar violaciones de derechos humanos. Se trata de señalar que la defensa de la democracia pierde credibilidad cuando se aplica de manera instrumental.
En ese contexto, incomoda advertir cómo personajes como Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador o José Antonio Kast en Chile buscan con entusiasmo la foto, el guiño o el aplauso del magnate convertido en emblema de una nueva derecha global. No se trata de relaciones diplomáticas normales —que cualquier gobierno mantiene— sino de una adhesión simbólica que roza la devoción. Hay una carrera por la validación, una competencia tácita por demostrar quién encarna mejor esa cruzada contra el “progresismo” regional.
La paradoja es evidente. Quienes se autodefinen como libertarios, defensores irrestrictos de la soberanía individual y nacional, parecen cómodos ocupando un lugar subordinado en un esquema donde América Latina es descrita como “patio trasero”. Aceptar esa categoría y celebrarla como si fuese un sello de pertenencia al mundo desarrollado no es pragmatismo: es renuncia simbólica. Es asumir que la legitimidad interna depende del aplauso externo.
La política exterior puede y debe basarse en intereses nacionales claros. Ningún país vive aislado ni puede prescindir de alianzas estratégicas. Pero una cosa es negociar desde la dignidad y otra muy distinta es convertir la genuflexión en identidad política. Cuando el aplauso extranjero vale más que la cohesión interna, cuando la aprobación de un referente foráneo se exhibe como trofeo doméstico, algo se ha invertido en la escala de prioridades.
La democracia no necesita iluminados que griten más fuerte ni presidentes que transformen cada acto institucional en un acto de campaña permanente. Necesita gobernantes capaces de sostener el conflicto dentro de límites republicanos, de aceptar la crítica sin convertirla en traición y de entender que el poder es transitorio, pero las instituciones permanecen.
Porque cuando la libertad se reduce a consigna, cuando la historia se manipula para ganar una discusión coyuntural y cuando la subordinación se disfraza de estrategia, lo que queda no es una revolución liberal ni una restauración democrática. Lo que queda es un espectáculo ruidoso, sostenido por aplausos importados y por una épica que, detrás del volumen, revela más inseguridad que fortaleza.
