Durante la reunión, ambos dirigentes analizaron la situación actual del movimiento obrero y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo como herramienta fundamental para la defensa de los intereses de los trabajadores.

Asimismo, destacaron el rol estratégico del movimiento obrero organizado en la construcción de una agenda común que permita alcanzar objetivos a mediano y largo plazo, subrayando la importancia de la articulación política y sindical frente a los desafíos actuales.

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Por Fernando Capotondo

Un video de una estudiante secundaria sometida a una paliza por cuatro compañeras a la salida del colegio se hizo viral hace días en las redes sociales chinas. El caso impactó por el nivel de violencia de las adolescentes y, además, por la negligente actitud de la escuela de la ciudad de Dali, provincia de Yunnan, que intentó ocultar lo que había ocurrido meses antes, concretamente el 11 de diciembre de 2025. Nadie sabe medir, aún hoy, qué provocó más indignación.

Lo que sí parece estar más claro es que la conmoción pública desatada por el escándalo fue aprovechada en términos políticos para acelerar la entrada en vigencia del Listado Negativo para la Gestión de la Educación Básica 2026, un programa que pretende ordenar el asunto educativo, con 20 nuevas líneas rojas que las escuelas y profesores no deben cruzar ni en sueños.

La lista negra, como la bautizaron los medios chinos, representa una dura normativa que viene evolucionando con los años, teniendo en cuenta que la versión actual de 20 prohibiciones constituye una ampliación de las 16 de 2025 y de las escasas 12 de 2024.

Las estrictas regulaciones apuntan a un doble objetivo: aliviar la presión a los estudiantes y cortar de raíz ciertas irregularidades enquistadas en los jardines de infantes, escuelas primarias y primeros años del ciclo secundario. “Las normas trazan límites muy precisos, en un abanico que va desde la transparencia en la gestión hasta la seguridad que debe garantizarse en todo el ámbito escolar”, señalaron desde el Ministerio de Educación.

Líneas rojas

Las prohibiciones no se interpretan como un reglamento. Se leen como una radiografía. De lo que sobra, de lo que falta y, sobre todo, de lo que se soporta. 

La primera preocupación es la sobrecarga. Durante años, estudiar en China fue una prueba de resistencia. Ahora, al menos en los papeles, eso debería cambiar. No más contenidos por fuera del currículo oficial, no más clases que se estiran, ni fines de semana convertidos en extensiones del aula. 

Las tareas escolares dejan de ser castigo, una innovación en sí misma, y los recreos vuelven a ser recreos: nadie debería quedar atrapado en el aula mientras la consigna es descansar puertas afuera. Incluso materias que la obsesión por los exámenes había mandado al arcón de los recuerdos, como arte o educación física, recuperan un lugar que nunca debieron perder. La pregunta, claro, es cuánto de todo esto sobrevivirá a la cultura china del rendimiento extremo.

Otras regulaciones dirigen todos sus misiles al campo de batalla del aula. O, más precisamente, a lo que pasa puertas adentro. La lista prohíbe lo que, en rigor, nunca debería haber sido permitido: violencia entre alumnos, castigos físicos, humillaciones públicas o abusos verbales. También apunta contra la discriminación, aunque no todas sus formas sean iguales de visibles.

A eso se suma una contundente advertencia ética: los maestros no podrán monetizar su posición, ya sea a través de transmisiones en vivo, plataformas de pago o cualquier atajo que convierta la docencia en una bicicleta de comisiones o cuentito de emprendedores. Enseñar, parece decir la norma, no debería ser un negocio paralelo.

Otra de las cuestiones difíciles de resolver es la competencia que se plantea con los ingresos de los estudiantes. Las escuelas no podrán tomar exámenes de admisión ni seleccionar alumnos en función de certificados, premios o cursos externos. En otras palabras, se intenta desarmar, al menos formalmente, una maquinaria meritocrática que hace de cada inscripción una carrera anticipada de presiones y frustraciones. 

Tampoco se podrá empujar a las familias a comprar libros, dispositivos o materiales a través de canales “sugeridos”, una práctica tan extendida como discretamente lucrativa. La educación obligatoria no debería venir con costos adicionales ocultos.

Como suele ocurrir con China, también existen regulaciones que resultan más difíciles de asimilar para un observador extranjero. No se trata de cuánto estudian los alumnos, sino de qué pueden pensar o, más precisamente, de qué no deberían. Queda prohibido cualquier contenido que cuestione al Partido Comunista de China (PCCh), al socialismo, a sus líderes o a la narrativa histórica oficial. No importa el formato: clases, exámenes, libros, foros o plataformas digitales. Todo entra en la misma lógica. Para Occidente, la palabra que aparece rápido es censura. En China, en cambio, se lo presenta como una forma de orden. Y, sobre todo, de una coherencia educativa explícita.

Aprobado, pero…

Si bien las 20 prohibiciones constituyen un reconocimiento implícito de problemas, China llega a este nuevo ciclo de reformas con un aprobado en materia educativa, según destacó el ministro del área, Huai Jinpeng, al presentar los resultados del XIV Plan Quinquenal (2021-2025). 

«A nivel mundial, el sistema educativo de China es el más grande y de mayor calidad, lo que garantiza firmemente que las generaciones más jóvenes tengan acceso equitativo a la educación», declaró Huai, tras recordar que el país cuenta con 440.000 escuelas de todos los niveles, 280 millones de estudiantes y 18,7 millones de profesores.

La educación básica china – informó el ministerio – alcanzó el nivel promedio de los países de altos ingresos, y 2.895 localidades a nivel distrital lograron un desarrollo equilibrado en la enseñanza obligatoria. La tasa bruta de matriculación en educación preescolar trepó al 92%, superando la meta del 90% fijada para el período, mientras que la educación superior alcanzó el 60,8%, también por encima del objetivo del 60%.

En términos de inversión social, el Estado amplió los subsidios para estudiantes necesitados otorgando más de 1,2 billones de yuanes (unos 169.000 millones de dólares) a 630 millones de beneficiarios entre 2021 y 2024. Las universidades chinas, por su parte, formaron a más de 55 millones de personas en ese lapso y recibieron más del 75% de los premios nacionales en ciencias naturales e innovación tecnológica.

El ministro Huai destacó especialmente los avances originales alcanzados por las casas de altos estudios en campos como las ciencias de la vida, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, la ciencia de los materiales y la ciencia espacial. China también construyó la plataforma de educación inteligente más grande del mundo, que ofrece servicios de alta calidad a más de 170 millones de usuarios en más de 200 países y regiones.

En el plano internacional, el país estableció cooperación educativa con 183 naciones y regiones, firmó acuerdos mutuos sobre certificación de títulos con 61 países y colaboró con 42 naciones para operar instituciones y programas educativos conjuntos. La Unesco, además, instaló en Shanghái su Instituto Internacional para la Educación en CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en septiembre de 2025, un reconocimiento explícito al liderazgo chino en estas disciplinas.

Beijing, entonces, no parte de cero. Llega a 2026 con estadísticas impresionantes, con un sistema educativo que es la envidia de muchos y con un puñado de funcionarios acostumbrados a exhibir cifras récord. Pero el caso en Dali, el de la adolescente golpeada en una escuela que miró para otro lado, vino a recordar que los números fríos no salvan a nadie. 

Por eso, las 20 prohibiciones no son un simple ajuste técnico. La lista negra es una declaración de guerra. Y en China, eso nunca es metáfora.

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Capitán Cianuro

Hay momentos en que la política deja de ser un debate abstracto y se vuelve completamente material. No se trata de ideas, ni de relatos, ni de promesas. Se trata de cuánto cuesta llenar el carrito, de si el sueldo alcanza hasta fin de mes, de si trabajar sigue siendo garantía de algo. Hoy, ese momento se está viviendo con crudeza en la Argentina de Javier Milei, donde el llamado “shock” económico dejó de ser un concepto técnico para convertirse en experiencia cotidiana.

El punto de partida es claro. A fines de 2023 y comienzos de 2024, el gobierno argentino aplicó un ajuste drástico: devaluación, recorte del gasto público, eliminación de subsidios y liberación de precios. Todo al mismo tiempo. El impacto fue inmediato. La inflación, que ya venía descontrolada, superó el 200% anual, mientras los ingresos quedaron rezagados. El resultado fue una caída abrupta del poder adquisitivo y un salto en la pobreza que alcanzó alrededor de 52,9% de la población en 2024. Más de la mitad del país bajo la línea de pobreza no es una metáfora ni un recurso retórico: es un dato duro.

Con el paso de los meses, el gobierno logró mostrar una desaceleración de la inflación. Hacia 2025, las cifras comenzaron a bajar de forma significativa, acercándose a niveles cercanos al 30% anual. En términos macroeconómicos, eso puede presentarse como un éxito. Pero la pregunta relevante no es solo qué pasa con los precios, sino qué pasa con las personas. Porque en paralelo, los salarios reales sufrieron caídas importantes, especialmente en el sector público, donde se registraron retrocesos cercanos al 18% en términos de poder de compra. El salario mínimo también perdió terreno frente al costo de vida, y el empleo formal mostró señales de contracción.

Ese desfase entre inflación a la baja y deterioro social es el núcleo del problema. Bajar la inflación no necesariamente implica mejorar las condiciones de vida si el ajuste se hace licuando ingresos. De hecho, incluso cuando las cifras oficiales comenzaron a mostrar una reducción posterior de la pobreza —alrededor de 31,6% en 2025—, esa mejora ocurre después de un salto inicial devastador. Es decir, primero se empuja a millones de personas hacia abajo y luego se celebra una recuperación parcial desde ese nuevo piso. La pregunta incómoda es si eso constituye realmente una mejora o simplemente una normalización del daño.

En la vida cotidiana, ese proceso se traduce en algo más tangible que cualquier indicador: trabajadores que siguen empleados pero son más pobres, jubilaciones que pierden valor en cuestión de semanas, y una clase media que empieza a vivir en modo defensivo. No es casualidad que múltiples mediciones de percepción muestren que, incluso con menor inflación, amplios sectores declaran vivir peor que antes. La macro se ordena, pero la vida se desordena.

Este cuadro no es irrelevante para Chile. El proyecto político de José Antonio Kast no es idéntico al de Milei, pero comparte una lógica que vale la pena observar con atención: reducción del rol del Estado, énfasis en el ajuste rápido, beneficios tributarios a grandes empresas y un discurso centrado en el orden, el esfuerzo y la disciplina. Sus defensores argumentan que se trata de medidas necesarias para corregir distorsiones. Sus críticos advierten que el costo de esa corrección tiende a concentrarse en los sectores más vulnerables.

La experiencia argentina ofrece un patrón reconocible. Primero, se implementa un shock que impacta directamente en precios clave como transporte, energía y alimentos. Luego, los salarios quedan rezagados frente a ese aumento del costo de vida. A continuación, se produce un deterioro en las condiciones materiales de amplios sectores, mientras se insiste en la necesidad de sostener el rumbo. Finalmente, se apela a la paciencia social bajo la promesa de beneficios futuros que no siempre llegan de manera equitativa.

En Chile, algunas señales iniciales —como el alza en costos sensibles o decisiones que priorizan ciertos incentivos económicos— ya generan inquietud en parte de la ciudadanía. No porque el país esté en la misma situación que Argentina, sino porque las trayectorias económicas no se definen solo por el punto de partida, sino también por las decisiones que se toman en momentos clave. Y cuando esas decisiones apuntan en una dirección similar, la comparación deja de ser exagerada y empieza a ser pertinente.

El debate de fondo no es ideológico, aunque muchas veces se plantee así. Es profundamente material. Se trata de quién absorbe el costo del ajuste. Porque todo proceso de corrección económica implica costos; la diferencia está en cómo se distribuyen. En el caso argentino, la evidencia reciente sugiere que ese costo recayó de manera desproporcionada en trabajadores, jubilados y sectores medios. El capital, en cambio, encontró alivios y oportunidades en el nuevo esquema.

Chile todavía no está en ese escenario, pero la discusión ya está abierta. Mirar a Argentina no implica asumir un destino inevitable, pero sí permite observar consecuencias concretas de políticas similares aplicadas en un contexto real. El espejo está ahí, no como una profecía, sino como advertencia.

Porque al final, más allá de los discursos, hay una pregunta que define cualquier modelo económico: si ordena las cuentas, pero desordena la vida, ¿a quién está realmente beneficiando?

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El conurbano bonaerense volverá a convertirse en escenario cinematográfico. La película “El Sello”, un thriller apocalíptico con elementos sobrenaturales, comenzará a rodarse en locaciones de Florencio Varela y Berazategui durante el invierno de 2026.

El proyecto está dirigido por Rodrigo Ezequiel Marassi y forma parte de una apuesta dentro del cine de terror y suspenso nacional.

De qué trata “El Sello”

La historia gira en torno a Julio, un hombre que comienza a sufrir convulsiones y a presentar extrañas marcas en su cuerpo. A partir de allí, una serie de visiones anticipan la llegada de “El Sello”, una profecía que anuncia un escenario apocalíptico marcado por un día sin amanecer.

Un elenco con figuras conocidas

El film contará con la participación de actores reconocidos del ámbito nacional como Pablo Rago, Diego Alonso, Larry de Clay y Claudio Di Lorenzo.

Rodaje en el conurbano

Según adelantaron desde la producción, las locaciones en el sur del conurbano fueron elegidas por su estética y por la posibilidad de construir una atmósfera acorde al tono del relato.

En ese sentido, Florencio Varela y Berazategui serán escenarios centrales para el desarrollo de la historia.

Un proyecto que se expande

Además de la película, el universo de “El Sello” incluirá cortometrajes derivados de sus personajes. El primero de ellos estará centrado en el personaje interpretado por Larry de Clay, bajo el título “La noche más oscura”.

Se estima que la película tendrá su estreno entre 2026 y 2027, con la intención de participar en festivales internacionales antes de su llegada a plataformas digitales.

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Una de ellas es Pistacho App, una plataforma que reúne en un solo lugar herramientas clave para quienes venden a través de redes sociales como Instagram, TikTok o WhatsApp.

Pensada especialmente para microemprendedores, la aplicación permite crear una tienda online, generar un link en bio, gestionar turnos, recibir pagos y hasta incorporar herramientas de inteligencia artificial para contenido y productos, todo sin necesidad de conocimientos técnicos.

El diferencial más fuerte aparece en el modelo de negocio: a diferencia de otras plataformas que cobran comisión por cada venta, Pistacho propone un esquema de precio fijo en pesos, lo que permite a los usuarios conservar el total de sus ingresos sin descuentos por transacción.

Además, integra medios de pago como Mercado Pago y Ualá, facilitando la operatoria cotidiana de quienes venden de manera independiente.

El crecimiento del comercio digital en redes sociales en los últimos años, sumado a la salida de Mercado Shops del mercado, abrió un nuevo escenario donde la simplicidad y los costos bajos se vuelven determinantes para quienes recién empiezan.

En ese contexto, herramientas como Pistacho buscan posicionarse como una alternativa accesible y adaptada al ecosistema argentino, donde cada venta cuenta y cada comisión pesa.

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El juicio por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición y muerte de Lucas Escalante, los dos jóvenes que salieron a festejar el pase de Argentina a cuartos de final del Mundial de Qatar en diciembre de 2022 y nunca volvieron, arranca el lunes 13 de abril en el Tribunal N°2 de Florencio Varela. Toda una familia policial en el banquillo. La cobertura completa, en página 8.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche atraviesa una crisis que los números hacen difícil de ignorar: 5.000 estudiantes más que el año pasado, el mismo presupuesto real que en 2023 y una declaración de emergencia económica y salarial que unió a docentes, nodocentes, estudiantes y graduados. La historia completa, en página 3.

Flora Benítez tenía 80 años, un kiosquito en la ventana y toda una vida construida en el barrio Santa Ana de Florencio Varela. La mataron adentro de su casa cuando un grupo de delincuentes entró aprovechando un corte de luz. Los autores siguen prófugos. La crónica, en página 11.

El martes 14, los intendentes bonaerenses marchan al Ministerio de Economía para tocarle el timbre a Luis Caputo. Los municipios perdieron más del 40% de sus recursos reales y algunos ya no saben cómo llegar a fin de mes. El contexto y las consecuencias para la región, en página 2.

La Suprema Corte bonaerense frenó el proyecto inmobiliario que avanzaba sobre la ribera protegida de Berazategui. Había máquinas trabajando, suelo removido y una ordenanza que convirtió reserva ambiental en tierra urbanizable. El fallo y el negocio detrás, en página 7.

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La noche del martes 8 de abril terminó en un baño de sangre en el barrio Santa Ana de Florencio Varela. Flora Ignacia Benítez, de 80 años, fue asesinada a balazos dentro de su propia vivienda ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, cuando un grupo de hombres intentó ingresar por la fuerza a su domicilio, informaron fuentes policiales a Infosur.

Según la información a la que accedió este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas. La zona se encontraba sin suministro eléctrico, circunstancia que habría sido aprovechada por los delincuentes para actuar.

Al percibir la presencia de varios masculinos intentando ingresar a su finca, la señora Benítez se vio envuelta en un tiroteo en el que uno de los proyectiles impactó de lleno en su tórax.

Familiares de la víctima alertaron al 911. Al llegar, el personal la encontró tendida en el living de la casa. A través de una ventana con vista al frente se podían observar múltiples impactos de bala. La médica constató el fallecimiento en el lugar. Los autores escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos.

Noticia en proceso

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El freno judicial al mega barrio en la costa de Berazategui no solo detuvo máquinas. También dejó al descubierto una trama más profunda: la del negocio inmobiliario que buscaba avanzar sobre una de las zonas más sensibles del distrito.

Detrás del proyecto aparece la empresa Global Urbanization Group SA, señalada como la principal impulsora del desarrollo urbanístico que quedó en pausa tras la decisión de la Suprema Corte bonaerense.

Pero el dato no es nuevo.

Un proyecto que ya tenía antecedentes

Antes del actual Distrito Eco-Urbano, en la misma franja de la costa de Berazategui ya se había intentado avanzar con otro emprendimiento: “Puerto Sur”.

Ese proyecto no prosperó.

Las objeciones ambientales y la resistencia social frenaron aquella iniciativa que, al igual que la actual, apuntaba a transformar tierras protegidas en desarrollos inmobiliarios de alto valor.

El nuevo intento repite la lógica, aunque con otro nombre y bajo un esquema normativo diferente.

La clave del negocio en la costa de Berazategui

El punto central es el valor de la tierra.

Mientras la zona se mantuvo como reserva ambiental, su explotación inmobiliaria era limitada. Pero con el cambio de zonificación aprobado por el Municipio, el escenario cambió por completo.

Lo que antes era tierra restringida pasó a ser:

• apta para edificios
• habilitada para viviendas privadas
• abierta a emprendimientos comerciales

Ese giro implica una valorización millonaria.

En términos simples:
👉 el negocio del mega barrio en Berazategui depende directamente de convertir suelo protegido en urbanizable.

El fallo que puso todo en pausa

La intervención de la Justicia alteró ese esquema.

Como ya informó Infosur en su cobertura inicial, la Corte bonaerense suspendió la ordenanza que habilitaba el proyecto y ordenó frenar las obras en la costa de Berazategui.

La decisión impacta de lleno en el negocio:

• detiene inversiones en curso
• frena la ejecución del proyecto
• deja en suspenso la valorización de las tierras

Además, desactiva una autorización previa que permitía tareas iniciales en el predio.

Un dato incómodo para el desarrollo

Uno de los puntos que más peso tuvo en el fallo fue la denuncia de avances en el terreno.

En la costa de Berazategui ya se registraban:

• movimientos de suelo
• apertura de calles
• intervención del paisaje natural

Ese escenario refuerza una idea que ahora sobrevuela la causa:
el mega barrio no solo era un proyecto, sino una obra en marcha.

Vecinos, ambiente y presión urbana

El conflicto también expone otra dimensión.

La costa de Berazategui es una de las últimas áreas con humedales y bosque nativo en la región. Su transformación en un desarrollo inmobiliario no solo implica un negocio, sino un cambio estructural en el uso del territorio.

Vecinos y organizaciones ambientales sostienen que el avance sobre esa franja responde a una lógica de presión urbana que se repite en distintos puntos del conurbano.

La Justicia, por ahora, decidió frenar ese proceso.

Qué puede pasar ahora

El expediente sigue abierto y el futuro del mega barrio en Berazategui todavía no está definido.

Pero el fallo dejó algo claro: el negocio inmobiliario en la costa depende de una decisión judicial que aún está en disputa.

Mientras tanto:

• el proyecto está paralizado
• la ordenanza, suspendida
• y la discusión, más abierta que nunca

Una historia que recién empieza

El caso Berazategui es una historia donde se cruzan:

• intereses económicos
• decisiones políticas
• presión urbana
• y resistencia social

Y donde una pregunta empieza a tomar fuerza: quién gana realmente cuando una zona protegida se convierte en un mega barrio.

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El encuentro se realizó con representantes de la firma Central de Vicente López, que tomó a su cargo la prestación del servicio luego del cese de actividades de El Nuevo Halcón S.A..

Cómo será el regreso de la línea 148 en Florencio Varela

Según detallaron desde el Ejecutivo local, el objetivo es avanzar en una readecuación progresiva del servicio, con la intención de restablecer los recorridos habituales que utilizaban los vecinos del distrito.

Desde la empresa aseguraron que se mantendrán los trayectos anteriores en el territorio varelense y anticiparon que en las próximas semanas se buscará recuperar el recorrido hacia la zona de La Capilla.

Qué pasará con los trabajadores

Uno de los puntos centrales planteados por el Municipio fue la continuidad laboral de los trabajadores.

El secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez, explicó que se solicitó preservar las fuentes de trabajo, así como la categoría y antigüedad del personal afectado por el cambio de empresa.

Un servicio clave para Florencio Varela

La interrupción de la línea 148 generó complicaciones durante meses para miles de vecinos de Florencio Varela que utilizan el transporte público a diario.

Si bien desde el Municipio señalaron que la concesión del servicio depende del Estado nacional, destacaron que se mantuvo un seguimiento permanente del tema ante el impacto social generado.

La reactivación de la línea aparece ahora como una de las principales demandas en materia de transporte en el distrito.

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En primer lugar agradecemos al Medio Periodístico la posibilidad de descargo frente a Nota del día 8/4/26.

Informamos que el día 28/2/26 por directiva del Nivel Central cesaron los cargos de Auxiliares denominados Cargos Extraordinarios en toda la provincia de Buenos Aires dejando libres cargos en distintas escuelas.

El día 5/3/26 se realiza en Varela ACTO PÚBLICO DE CARGOS MENSUALIZACIONES con el fin de ir progresivamente cubriendo esos ceses. Las vacantes fueron 75, representando a la fechael 50% de los cargos faltantes en el Distrito.

Es necesario aclarar que la AUTORIZACIÓN DE COBERTURA DE CARGOS NO DEPENDE DE ESTE CONSEJO ESCOLAR sino de la autorización de la Dirección de Recursos Humanos de la DGCyE. quien paulatinamente irá cubriendo esa necesidad según nos informan.

Respecto de la denuncia de un posible maltrato, este Consejo Escolar recibe todos los días pedidos y necesidades de no sólo auxiliares en función sino también de toda aquella persona que requiera información.

En la oficina de Secretaría trabajan cotidianamente diez agentes que dan fe de la buena predisposición y ayuda solidaria que se presenta en esta oficina y desde el Consejo Escolar todo para la Comunidad Educativa, intentando dar respuesta positiva aunque algunas veces no contemos con el recurso que se plantea.

Quedamos entonces a disposición de todos los y las trabajadoras de la educación sobre cualquier consulta e inquietud sabedores que este Ciclo Lectivo se encuentra cargado de complicaciones respecto a la necesidad laboral por la coyuntura económica reinante.

Queremos que tengan absoluta certeza de que se trabaja a conciencia y compromiso con la Escuela Pública y a favor de los y las trabajadoras varelenses para ir solucionando los problemas.

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Un nuevo reclamo vecinal se suma en Florencio Varela. Habitantes del barrio Los Tronquitos denunciaron que llevan varios días sin luz y pidieron una solución urgente ante las complicaciones que genera la falta de energía en la zona.

Según expresaron vecinos de la calle 1552, entre 1517 y 1521, el corte de suministro eléctrico afecta de manera directa la vida cotidiana, especialmente en hogares con chicos.

“Hace dos días que estamos sin luz”, expresó una vecina, quien además advirtió sobre las dificultades que atraviesan las familias del barrio.

Sin luz, sin agua y sin calefacción

El problema no se limita únicamente a la falta de electricidad. En la zona, muchos hogares dependen de bombas eléctricas para el acceso al agua, lo que agrava la situación.

A esto se suma la imposibilidad de utilizar estufas eléctricas en medio de las bajas temperaturas, lo que genera preocupación entre los vecinos.

Ante este escenario, los habitantes del barrio solicitaron la intervención de las autoridades para resolver el problema.

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Un reclamo en Florencio Varela por la falta de auxiliares en las escuelas comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, tras la difusión de una convocatoria para concentrarse en el Consejo Escolar y una denuncia por maltrato a una trabajadora del sector.

Según los mensajes que circularon en las últimas horas, el reclamo apunta a la falta de cargos y a la situación de trabajadores temporarios mensualizados bajo el artículo 13 que quedaron cesantes a fines de febrero.

Reclamo por cargos faltantes

De acuerdo a lo expresado por los propios trabajadores, la falta de personal impacta directamente en el funcionamiento de las escuelas, donde las tareas diarias se ven afectadas por la ausencia de auxiliares.

La convocatoria busca visibilizar la situación y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades del Consejo Escolar de Florencio Varela.

Denuncian maltrato a una auxiliar en el Consejo Escolar de Varela

En este contexto, según pudo saber Infosur, una trabajadora auxiliar del Jardín 917 de Villa San Luis denunció haber sido maltratada por un consejero escolar cuando se presentó a reclamar por la falta de personal en su institución.

El episodio generó indignación entre trabajadores del sector. Hasta el momento, no hubo una versión oficial sobre lo ocurrido.

Crece la tensión en el ámbito educativo

La difusión de la convocatoria y la denuncia conocida en las últimas horas exponen un escenario de conflicto en Florencio Varela, donde los reclamos por condiciones laborales y recursos en las escuelas vuelven a instalarse con fuerza. Además, otra vez se apuntan fuertes críticas contra el Consejo Escolar.

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La canonización de Jorge Novak, primer obispo de Quilmes, que incluye a los partidos de Florencio Varela y Berazategui, fue frenada por decisión del Vaticano, según confirmó oficialmente el Obispado de Quilmes a través de un comunicado.

La resolución implica la revocación del “nihil obstat”, el aval necesario para continuar con la causa de beatificación y posterior canonización de Novak, iniciada en 2017.

Qué decidió el Vaticano

De acuerdo a la comunicación difundida por la diócesis, la medida fue adoptada por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, tras analizar la documentación enviada.

Según se explicó, la decisión se vincula a un posible procedimiento canónico que no habría sido realizado por Novak en relación a la conducta de un sacerdote de la diócesis.

No obstante, desde el propio Vaticano se aclaró que la medida no implica ningún juicio moral sobre la vida, las virtudes ni la acción pastoral del obispo.

La situación actual de la causa de canonización de Jorge Novak

A pesar del freno, Jorge Novak conserva su condición de “Siervo de Dios”, una de las primeras etapas dentro del proceso de canonización en la Iglesia Católica.

La causa había sido impulsada por el Obispado de Quilmes y la Sociedad del Verbo Divino, en reconocimiento a la trayectoria pastoral de quien fue una figura central en la historia de la Iglesia en el sur del conurbano bonaerense.

Repercusiones en Quilmes, Varela y Berazategui

La decisión generó sorpresa y dolor en la comunidad religiosa de Quilmes, donde Novak es recordado por su compromiso social y su cercanía con los sectores más vulnerables.

En el comunicado, las autoridades eclesiásticas expresaron su pesar por la medida, aunque manifestaron su confianza en que el legado espiritual del obispo trasciende cualquier reconocimiento formal.

Un debate que vuelve a abrirse

El freno a la canonización de Jorge Novak vuelve a poner en debate los procesos internos de la Iglesia y el análisis histórico de sus figuras.

En Quilmes y en toda la región, el nombre de Novak continúa siendo una referencia clave, tanto por su rol pastoral como por su intervención en momentos complejos de la historia argentina.

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El autor fue Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval. La condena fue de 13 años de prisión efectiva, confirmada por el Tribunal de Casación. Caso cerrado, en apariencia.

Pero Gorgonio Díaz no se resignó. Y al parecer encontró aliados dispuestos a todo.

El plan

Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, mientras el juicio oral contra Díaz se preparaba en el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro, pareciera que tomó forma una maniobra sofisticada y temeraria: fabricar prueba falsa para desacreditar las actuaciones policiales y fiscales que habían armado el caso. El objetivo era claro: sembrar dudas suficientes para voltearlo.

Para la Justicia, el eje del plan fue Washington Palacios, entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar. Cuando llegó a su escritorio una denuncia por amenazas presentada por César Jaunarena —un ciudadano que había sido convocado como testigo de actuación en los allanamientos mientras esperaba el colectivo— Palacios vio una oportunidad. En lugar de investigar las amenazas, desvió deliberadamente la causa hacia otro destino: desacreditar todo lo actuado en el caso Díaz.

Siempre según la resolución judicial los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español completaron el esquema. Fueron ellos quienes instruyeron a Jaunarena sobre qué decir. El testigo, descripto en la sentencia como una persona en situación de vulnerabilidad, terminó declarando falsamente ante la Fiscalía de Pilar y luego ante el propio tribunal del juicio oral: que en los allanamientos se había secuestrado más dinero del consignado en el acta, y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio. Nada de eso había ocurrido.

Pero hubo un eslabón que no resistió. El comisario Gabriel Natiello, uno de los policías que había intervenido en los allanamientos, relató ante la justicia que Palacios y Pérez Bodria le habían pedido directamente que cambiara su versión de los hechos antes del juicio oral. No lo hizo. Y su testimonio fue una de las piezas que desarmó todo el andamiaje.

Las pruebas

Para la Justicia, la coordinación entre los cuatro acusados quedó expuesta por registros de llamadas telefónicas y, de manera quizás más elocuente, por grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate —esposa de Gorgonio Díaz— con su marido detenido y con el fiscal Palacios. Las voces hablaban solas.

En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dado el primer golpe: destituyó a Palacios por unanimidad. El jurado tuvo por acreditado que había llevado adelante conductas irregulares y anómalas, contrarias al criterio objetivo que debía guiar su función. Esa destitución no fue solo un antecedente administrativo: la sentencia penal de hoy la receptó como elemento determinante para configurar el delito de violación de los deberes del funcionario público.

La condena

Este martes 7 de abril de 2026, el juez Hernán Sergio Archelli del Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro leyó su veredicto. Las penas:

— Washington Palacios: 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

— Tomás Pérez Bodria y Esteban Español: 5 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la abogacía, cada uno.

— César Jaunarena: 4 años de prisión.

Al ponderar las penas, Archelli no encontró atenuantes. Los agravantes que enumeró dicen mucho sobre la naturaleza del caso: la gravedad institucional de los hechos, la erosión al sistema de administración de justicia, el entrecruzamiento de vínculos ilícitos, la participación de más de tres personas, la instrumentalización de una persona vulnerable, y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.

Once años

Desde aquella noche de julio de 2013 en Tigre hasta este fallo, pasaron casi once años. Gorgonio Díaz sigue preso por el robo original. Ahora, los que intentaron salvarlo también enfrentan la cárcel.

La sentencia de hoy no es solo el cierre de una causa penal. Es el retrato de cómo una red de funcionarios y operadores puede intentar capturar la maquinaria judicial desde adentro, usando sus propias herramientas. Y, en este caso al menos, fracasar.

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La escena no ocurre en un despacho judicial sino en la costa de Berazategui. Máquinas pesadas, suelo removido, caminos abiertos donde antes había vegetación. A pocos kilómetros del centro de Berazategui, en la franja que mira al Río de La Plata, el paisaje empezó a cambiar antes de que la discusión legal se resolviera.

Ese dato —clave— es el que terminó inclinando la balanza.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense frenó el proyecto del llamado “Distrito Eco-Urbano Berazategui Norte”, un emprendimiento que prometía viviendas, comercios y edificios en una zona hasta hace poco considerada reserva ambiental ribereña. La decisión no es definitiva, pero sí contundente: ordena suspender la ordenanza que habilitaba el desarrollo y paralizar cualquier obra en curso.

Detrás del fallo hay algo más que un expediente: hay una disputa por el territorio, por el modelo de ciudad y por un negocio inmobiliario que avanzaba, según la propia resolución, incluso antes de tener todos los avales.

La costa de Berazategui que pasó de protegida a urbanizable

El corazón del conflicto está en un cambio normativo.

Hasta 2023, gran parte de la costa de Berazategui estaba catalogada como zona de reserva ambiental. Eso implicaba restricciones fuertes: no se podía urbanizar. Era, en términos técnicos, un ecosistema sensible que cumplía funciones clave: amortiguar sudestadas, preservar biodiversidad y sostener humedales.

Pero en 2024, el Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que modificó ese esquema. Donde antes no se podía construir, ahora se habilitaban:

• edificios de hasta 10 pisos
• hoteles y oficinas
• viviendas unifamiliares
• emprendimientos comerciales

Todo bajo la etiqueta de “Distrito Eco-Urbano”.

Para los vecinos que iniciaron la demanda, ese cambio no fue menor: significó bajar el nivel de protección ambiental en una zona estratégica.

La Corte: riesgo ambiental y cambio “sin respaldo”

El fallo pone el foco en dos aspectos que, leídos en clave periodística, resultan determinantes.

Por un lado, la Corte advierte que hay verosimilitud en el derecho de los demandantes, es decir, que el planteo tiene sustento. Y lo dice con un argumento fuerte: la ordenanza podría haber vulnerado el principio de no regresión ambiental.

Traducido:

no se puede proteger menos un territorio que antes estaba más protegido, sin una justificación sólida.

Por otro lado, detecta algo más delicado: la falta de estudios técnicos claros y la ausencia de participación ciudadana previa.

No aparecen informes concluyentes que expliquen por qué ese ecosistema podía transformarse en zona urbana. Tampoco instancias de consulta pública que avalen el cambio.

En ese vacío, la Corte aplica los principios preventivo y precautorio: ante la duda, se frena.

El dato que cambió todo: las obras ya estaban en marcha

Pero hay un elemento que atraviesa toda la resolución y le da volumen político al caso: el territorio ya estaba siendo intervenido.

Los vecinos denunciaron —y la Corte consideró verosímil— que en el lugar se realizaban:

• movimientos de suelo
• excavaciones
• apertura de calles
• alteración del bosque nativo

Las imágenes aportadas muestran maquinaria trabajando en una zona que, en los papeles, todavía no tenía habilitación definitiva.

Ahí aparece una de las tensiones más fuertes del expediente: mientras el Municipio sostenía que la ordenanza aún no estaba plenamente vigente, el proyecto parecía avanzar sobre el terreno.

El actor privado y un negocio en disputa

En el centro del desarrollo aparece la empresa Global Urbanization Group SA, impulsora del proyecto inmobiliario.

No es un actor menor. De hecho, la firma ya había intentado avanzar años atrás con una iniciativa similar en la misma zona —el proyecto “Puerto Sur”— que no prosperó por objeciones ambientales.

Ahora, con un nuevo esquema normativo, volvió a la carga.

Incluso, en paralelo a esta causa, la empresa había obtenido una medida cautelar en otro juzgado para realizar tareas preliminares en el predio. Esa autorización también fue dejada sin efecto por la Corte.

La lectura es clara:

el desarrollo urbanístico no solo estaba planificado, sino que había empezado a ejecutarse.

Un conflicto que excede lo judicial

El expediente deja ver una trama más amplia.

Por un lado, vecinos organizados que apelan a la Justicia para frenar lo que consideran un avance sobre un ecosistema frágil. Por otro, un Municipio que impulsa la expansión urbana como parte de su planificación. Y en el medio, un desarrollador privado con intereses concretos sobre esas tierras.

La Corte, en este escenario, toma una decisión que redefine el juego:interviene antes de que el daño sea irreversible.

La pelea que sigue

La causa está lejos de terminar. Lo que hizo la Suprema Corte fue dictar una medida cautelar: una pausa obligada.

Mientras tanto:

• la ordenanza quedó suspendida
• las obras, paralizadas
• y el proyecto, en revisión

Solo se permiten tareas mínimas, como cercado y limpieza del predio. Todo lo demás —movimiento de suelo, rellenos, apertura de calles— quedó prohibido.

El fallo, además, reconoce algo que puede marcar un precedente:el derecho de los vecinos a actuar en defensa del ambiente, incluso sin un daño concreto consumado.

Lo que deja al descubierto

La historia, leída en clave territorial, deja una frase que sobrevuela todo el expediente:

El proyecto avanzaba más rápido en la tierra que en los papeles.

En una región donde la presión inmobiliaria sobre la costa crece, el caso Berazategui expone cómo se cruzan intereses económicos, decisiones políticas y resistencias sociales.

Y, sobre todo, cómo una franja de tierra —entre el río y la ciudad— puede convertirse en el centro de una disputa mucho más profunda.

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