En la mayoría de las inspecciones a cárceles realizadas durante el 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires- constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre. En los últimos meses, se agravó la falta o carencia completa de alimentos en los depósitos de las unidades penitenciarias. Situación que ya fue reconocida por funcionarios de la justicia y autoridades carcelarias.
La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.
La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.
Como parte del trabajo de control y monitoreo que viene realizando, como Mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires recientemente designado, la CPM le envió un informe al ministro de justicia Gustavo Ferrari para que explique las razones del desabastecimiento y tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas.
El organismo también le reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.
Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.
Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.
Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.
En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.
En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.
Esta situación denunciada por la CPM, ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia. En un habeas corpus, la Defensoría General de Azul señaló que en una inspección a la UP 30 de Alvear constató una grave situación de desabastecimiento: “Hay faltante de carne desde hace 6 días, tampoco hay verdura o frutas, siendo los únicos alimentos en stock fideos para una única comida, polenta y arroz, aceite y salsa de tomate”.
