Dos hombres declararon ayer en el juicio por el crimen de subcomisario Jorge Gutiérrez, cometido en 1994, y fortalecieron la hipótesis de la existencia de un plan para matar y posteriormente encubrir el crimen con el objetivo de evitar que éste continuara con la investigación sobre un depósito clandestino vinculado a la denominada «Aduana Paralela».
Se trata de Luis Lofeudo y Darío Nefle, quienes declararon como testigos en el debate que lleva adelante la Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata y que tiene al excabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán y al exefectivo de la bonaerense Francisco Mostajo como imputados del delito de «homicidio agravado por alevosía».
El primero de los testigos dio detalles sobre a quién pertenecía el depósito Defisa cuya actividad investigaba Gutiérrez y Nefle fue un joven torturado en 1994 para que se hiciera cargo del crimen del subcomisario.
«Tuvimos hoy dos testimonios muy importantes. Declaró el grupo de investigadores, que al principio estaba a cargo del subcomisario Jorge Piazza, posteriormente asesinado por esta investigación, y quedó claro que Gutiérrez fue asesinado porque investigaba lo que se llamó después ´Aduana paralela´ y uno de los investigadores identificó a los dueños del depósito», explicó a Télam Lucía Extremera, una de las abogadas que representa a la familia de Gutiérrez. 
Lofeudo, un investigador policial, precisó que el galpón era propiedad de Ernesto Gutiérrez Conte y Mario Grinschpun. «Esto nos pareció importante porque se empieza a cerrar la hipótesis de que hubo un plan criminal para ubicar a Gutiérrez en ese tren y matarlo. Mostajo y Santillán son los que le dan el tiro pero detrás hubo un plan criminal y de encubrimiento por investigar el depósito fiscal lindante con la comisaría», precisó.
«También fue importante el testimonio de otro investigador que contó que Santillán se comunicó con él para ponerse a disposición e investigar el crimen del subcomisario. Es decir que el mismo asesino se puso a disposición para investigar el crimen con el único fin de buscar información», indicó la letrada. Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso.
El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca. Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».
Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa. ‘Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata. En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.
«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para ´concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación´», precisó el comunicado del CELS.
La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
