En el marco de la causa del falso abogado Marcelo D’alessio y del escándalo por espionaje político llevado adelante por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, esta semana se dio a conocer que Florencio Varela fue uno de los lugares donde se realizaron estas maniobras ilícitas con el “Proyecto AMBA”, que se replicó en otros distritos del conurbano.
Políticos, sindicalistas, referentes sociales y comunitarios, ONG’s y hasta vecinos de a pie aparecen como presuntas victimas del espionaje durante la elección de medio término del año 2017 en una extensa resolución del Juez Alejo Ramos Padilla al que tuvo acceso Infosur.
De esta manera, en la lista aparecen dirigentes sociales, políticos y gremiales como ser los referentes del Nuevo Encuentro Héctor Salatino y Mariano Camiletti, Marcelo «Pito» Basualdo del Movimiento Evita, Gabriela Lencinas de Barrios de Pie, Faustino Ramírez de la Ctep varelense, Mabel Montenegro de la CCC, Diosnel Pérez del MST y Cristian Miño, titular de la Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela y referente de peso a nivel nacional de las cooperativas de trabajo.
En esta resolución dictada este jueves, se detalla y expone la actividad de la “Base Quilmes”, una oficina que tenía la AFI. El juez destacó que las 6 bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires no funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: «Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político».
En ese contexto aparecen presuntos espionajes sobre locales partidarios de La Cámpora de los barrios La Esmeralda, La Sirena, Centro, Presidente Sarmiento, Villa del Plata, Villa Argentina, Luján, Pico de Oro, Libertad, San Jorge y Zeballos. Incluso aparecen los números de contactos telefónicos de la organización.
En el fallo, Ramos Padilla sostuvo que “a partir del relevamiento de los dos discos rígidos caratulados “D1” y “D2”, se halló una enorme cantidad de documentos producidos por las seis Bases AMBA”.
Entre ellas, aparecen los locales partidarios como los del MST de Tùnes al 700, del Nuevo Encuentro, del Partido Obrero en la calle Progreso, del Movimiento Teresa Rodríguez en el barrio Villa Argentina y sus 14 comedores donde figuran los teléfonos de tres referentes.
En esta causa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires.
En el mismo fallo, el juez les impuso a Arribas y Majdalani la prohibición de salir del país, les fijó una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en los próximos tres días y les ordenó la entrega de sus respectivos pasaportes, según consta en el fallo de más de 300 páginas al que accedió Infosur.
Las citaciones se ordenaron en el marco de la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio como miembros de una asociación ilícita dedicada a la extorsión y el espionaje ilegal y se fijaron para el martes próximo a las 11, en el caso de Arribas, y para el miércoles, en el caso de Majdalani, según el fallo al que tuvo acceso Infosur.
Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso el expolicía bonaerense Daniel Salcedo, amplió el procesamiento al también excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por «realización de acciones de inteligencia prohibidas» y procesó sin prisión preventiva al exespía Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA.
A Pinamonti lo acusó de la «realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias»,
La acusación también apunta a «haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor».
El despliegue territorial de las maniobras incluyó bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar y La Matanza (conocidas como las «bases AMBA») que funcionaron en coordinación con las «bases históricas» del organismo en grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, según se desprende del fallo.
De la investigación judicial surge que, por ejemplo, en los informes de inteligencia elaborados por la Delegación Provincial Ezeiza -que estaba bajo las órdenes de Bogoliuk- «prestaron un puntual interés en las actividades políticas, sociales, partidarias y gremiales desarrolladas por las organizaciones y como así también por los referentes y/o militantes con presencia territorial en el ámbito de actuación de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría».
Se encontraron informes de inteligencia con relación a las organizaciones sociales o políticas identificadas como CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.
Otro de los objetivos recurrentes mencionados en los documentos de inteligencia detectados por la justicia «se vinculaba con el monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017», según resaltó el juez Ramos Padilla.
«Se pudo observar que las actividades de inteligencia desplegadas por las bases dependientes de Pablo Pinamonti, se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos», detalló Ramos Padilla.
De la resolución surge también que en su última declaración Pinamonti aseguró que él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo Majdalani.
Como parte del seguimiento dado a las actividades de la campaña electoral desde estas delegaciones provinciales, «se observa un documento de la Base Ezeiza de fecha 23 de septiembre de 2017, en el que se realiza un análisis sobre el acto llevado encabezado ese mismo día por la entonces candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Canning», escribió Ramos Padilla.
En el informe se reseña quiénes fueron las oradoras, el número estimado de asistentes y se realiza un detalle de las diferentes chapas patentes de los micros y minibuses utilizados para trasladar a asistentes al acto político, por lo que el magistrado descartó que los informes tuviesen por objetivo proteger a la entonces candidata opositora, algo que había utilizado Pinamonti en su descargo.
Los informes sobre los actos encabezados por Fernández de Kirchner fueron elaborados «con la clara finalidad de exponer su contenido político y no para alertar acerca de posibles riesgos para la seguridad pública que, en cualquier caso, deberían ser alertas anticipatorias de los eventos para prevenir aquellos riesgos, pero nunca con posterioridad a que sucedan».
