El 21 de julio de 2013, un hombre con credenciales de la Prefectura Naval irrumpió en la vida cotidiana de uno de los dirigentes más poderosos del peronismo bonaerense. El domicilio de Sergio Massa y Marisa Galmarini, en Tigre, fue el escenario de lo que en los papeles figuró como un robo, pero que la justicia calificó desde el principio como algo más oscuro: un amedrentamiento político disfrazado de delito común.
El autor fue Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval. La condena fue de 13 años de prisión efectiva, confirmada por el Tribunal de Casación. Caso cerrado, en apariencia.
Pero Gorgonio Díaz no se resignó. Y al parecer encontró aliados dispuestos a todo.
El plan
Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, mientras el juicio oral contra Díaz se preparaba en el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro, pareciera que tomó forma una maniobra sofisticada y temeraria: fabricar prueba falsa para desacreditar las actuaciones policiales y fiscales que habían armado el caso. El objetivo era claro: sembrar dudas suficientes para voltearlo.
Para la Justicia, el eje del plan fue Washington Palacios, entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar. Cuando llegó a su escritorio una denuncia por amenazas presentada por César Jaunarena —un ciudadano que había sido convocado como testigo de actuación en los allanamientos mientras esperaba el colectivo— Palacios vio una oportunidad. En lugar de investigar las amenazas, desvió deliberadamente la causa hacia otro destino: desacreditar todo lo actuado en el caso Díaz.
Siempre según la resolución judicial los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español completaron el esquema. Fueron ellos quienes instruyeron a Jaunarena sobre qué decir. El testigo, descripto en la sentencia como una persona en situación de vulnerabilidad, terminó declarando falsamente ante la Fiscalía de Pilar y luego ante el propio tribunal del juicio oral: que en los allanamientos se había secuestrado más dinero del consignado en el acta, y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio. Nada de eso había ocurrido.
Pero hubo un eslabón que no resistió. El comisario Gabriel Natiello, uno de los policías que había intervenido en los allanamientos, relató ante la justicia que Palacios y Pérez Bodria le habían pedido directamente que cambiara su versión de los hechos antes del juicio oral. No lo hizo. Y su testimonio fue una de las piezas que desarmó todo el andamiaje.
Las pruebas
Para la Justicia, la coordinación entre los cuatro acusados quedó expuesta por registros de llamadas telefónicas y, de manera quizás más elocuente, por grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate —esposa de Gorgonio Díaz— con su marido detenido y con el fiscal Palacios. Las voces hablaban solas.
En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dado el primer golpe: destituyó a Palacios por unanimidad. El jurado tuvo por acreditado que había llevado adelante conductas irregulares y anómalas, contrarias al criterio objetivo que debía guiar su función. Esa destitución no fue solo un antecedente administrativo: la sentencia penal de hoy la receptó como elemento determinante para configurar el delito de violación de los deberes del funcionario público.
La condena
Este martes 7 de abril de 2026, el juez Hernán Sergio Archelli del Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro leyó su veredicto. Las penas:
— Washington Palacios: 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
— Tomás Pérez Bodria y Esteban Español: 5 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la abogacía, cada uno.
— César Jaunarena: 4 años de prisión.
Al ponderar las penas, Archelli no encontró atenuantes. Los agravantes que enumeró dicen mucho sobre la naturaleza del caso: la gravedad institucional de los hechos, la erosión al sistema de administración de justicia, el entrecruzamiento de vínculos ilícitos, la participación de más de tres personas, la instrumentalización de una persona vulnerable, y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.
Once años
Desde aquella noche de julio de 2013 en Tigre hasta este fallo, pasaron casi once años. Gorgonio Díaz sigue preso por el robo original. Ahora, los que intentaron salvarlo también enfrentan la cárcel.
La sentencia de hoy no es solo el cierre de una causa penal. Es el retrato de cómo una red de funcionarios y operadores puede intentar capturar la maquinaria judicial desde adentro, usando sus propias herramientas. Y, en este caso al menos, fracasar.
