Si las aguas bajan turbias, el juez federal de Quilmes Luis Federico Armella, podría verse complicado. El magistrado, que ordenó sendos allanamientos en municipios como Florencio Varela y Berazategui en los últimos días, podría volver a enfrentar una causa que ya le trajo varios dolores de cabeza.
En las últimas horas, el diputado provincial, Dr. Juan José Mussi, presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que se reabra una causa contra el Juez. El expediente investigaba irregularidades y abuso en el ejercicio de su cargo como juez, encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo, además de ordenar y controlar la ejecución de obras a esos fines y fue sorpresivamente archivada en febrero pasado. “No sabemos cuál es la razón por la cual el Consejo de la Magistratura mandó la causa al archivo, porque era una causa latente, vigente y que no se investigó de todo. Evidentemente el procedimiento del juez Armella es una devolución de favores de carácter político”, señaló en declaraciones a la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El Legislador bonaerense y ex intendente de Berazategui presentaría además testigos y nuevas pruebas a la causa.
LA CAUSA
En esta denuncia se investigaba el dictado de resoluciones por parte del Dr. Armella que obligaban a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a realizar obras complejas para el saneamiento del Riachuelo en plazos muy breves bajo sanción de imposición de multas a los funcionarios intervinientes. Así la Acumar debía realizar contrataciones de excepción y procedimientos abreviados que generalmente, siempre según la denuncia, terminaban beneficiando a empresas supuestamente vinculadas a Armella y su familia.
Según un informe confeccionado por la Auditoria General de la Nación las empresas adjudicatarias de las obras contratadas mediante procedimientos abreviados ordenados por el Dr. Armella, integraban un mismo grupo económico ya que se encontraban inter-relacionadas por la alternancia de sus socios, la composición de sus órganos o la coincidencia de domicilio.
Tras la supuesta comprobación de estas irregularidades, en 2012 la Corte Suprema decidió separar al juez federal de Quilmes Luis Armella de la causa en la que lo había puesto a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.
Finalmente, en febrero de este año, con la actual integración del Consejo de la Magistratura, se sometió a votación la apertura de procedimiento de remoción del Dr. Armella, que requiere una mayoría de 9 votos para resultar afirmativa, esa mayoría no se alcanzó, bajo la influencia de dirigentes del radicalismo, y la denuncia fue desestimada.
