Jefatura policial de Lanús al desnudo: detuvieron a un jefe y otros tres efectivos por protección a un prostíbulo

Un jefe policial del partido de Lanús y otros tres efectivos de la fuerza de seguridad provincial quedaron detenidos junto a dos civiles, acusados de facilitar y explotar ilegalmente el funcionamiento de al menos un prostíbulo de la zona sur del Gran Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
Las detenciones se concretaron por pedido de la fiscal María Delia Recalde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Delitos Sexuales, Informáticos y Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora y por orden del juez de Garantías 3 del mismo Departamento Judicial, José Luis Arábito.
En los procedimientos realizados en distintos puntos del sur del conurbano también participó personal de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Tras ser apresados, los seis acusados fueron indagados por la fiscal Recalde y todos ellos se negaron a declarar, dijeron los informantes.
Los policías imputados, ya desafectados de la fuerza por disposición del Ministerio de Seguridad, fueron identificados por la Justicia como el actual jefe del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de Lanús, Marcelo Roque Lizzano (48); otro efectivo del mismo CPC, Darío Damián Belcastro (36); un miembro de la División de Informática de la Policía bonaerense, Roberto Ariel Burgos (31); y Ariel Hugo Comba (32), del CPC Quilmes.
Los dos civiles apresados son el abogado Daniel Antonio Morales (41), dueño de uno de los prostíbulos de Lanús investigados; y Manuel Rubén Contardo (61), hermano de la prófuga Yolanda del Carmen Torino, alias “Yamila” y encargada del prostíbulo homónimo.
Según las fuentes, Contardo fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su captura colaboró personal de la Policía Federal Argentina (PFA).
En tanto, en la causa hay un segundo prófugo identificado como David Samuel Moreno, quien también está imputado de regentear los prostíbulos bajo investigación.

Los voceros precisaron que se investigan seis hechos, el primero de ellos ocurrido entre julio y septiembre de 2014 y en el que “Yamila”, Moreno y Contardo están acusados de promocionar, facilitar y explotar económicamente el ejercicio de la prostitución ajena de al menos 15 mujeres en un local situado en Hipólito Yrigoyen 3070 de Lanús Oeste.

En este caso, los pesquisas creen que los imputados contaban con la participación de otras cuatro personas, una mujer y tres hombres, uno de los cuales actualmente presta servicio en la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Otro de los hechos de la causa abarcó el alquiler del inmueble de Yrigoyen 3070, entre abril y septiembre de 2014, por parte de Morales a Moreno y “Yamila” a sabiendas de que allí facilitaban y explotaban económicamente la prostitución.
En ese sentido, Morales está acusado también de estafa por haber presentado ante la Justicia un contrato de locación falso, agregaron los voceros.
Respecto a los policías detenidos, en uno de los casos, comprendido entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2014, se los acusa a Lizzano, Belcastro y Burgos -por entonces en funciones en la comisaría primera de Lanús- de no haber comunicado a la UFI 9 de la posible existencia de locales ubicados en su jurisdicción donde se explotaba la prostitución, uno de ellos el de Yrigoyen al 3070.
De acuerdo a la acusación, estos efectivos, en vez de notificar a la fiscalía tal como lo estipula el protocolo para estos delitos, dieron intervención al juez Correccional 5 de Lomas de Zamora, Rubén Baca, “con la finalidad de brindar impunidad” a “Yamila”, Moreno y Contardo.
Sin embargo, dicho magistrado ordenó el 28 de agosto de 2014 allanar el mencionado local aunque estos policías junto a Comba quedaron imputados de haber insertado “datos falsos” en las actas de secuestro y requisa para proteger a los encargados del prostíbulos.
Además, los acusados Belcastro, Burgos y Comba ratificaron luego los datos de esas actas en sus respectivas declaraciones como testigos ante el juez Baca, por lo que también fueron imputados de “falso testimonio”, además de “falsedad ideológica e incumplimientos de deberes de funcionario público”, añadieron los voceros.