Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas como acusado de haber participado en el crimen de la oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero, asesinada de un balazo durante un robo cometido en agosto del año pasado, en La Cañada.
El procedimiento fue dispuesto por la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quilmeño, María Julia Botasso, quien ya detuvo a tres sospechosos por el homicidio de la joven de 23 años. Fuentes judiciales informaron que personal policial realizó un allanamiento en Quilmes, donde detuvo a un adolescente de 17 años que había sido identificado luego de tareas de inteligencia.
«A pesar del dolor, siento una luz de esperanza y tengo un poco de Fe en que la justicia tarde o temprano llega. Vamos a llegar a tener a todas las personas que fueron y a juzgarlas como corresponde», dijo a Data Judicial María Constante, madre de la víctima.
El crimen de Romero fue cometido en la mañana del 16 de agosto de 2020, cerca de las 7, cuando la oficial se encontraba vestida de civil y, junto a un amigo, fue a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de Quilmes.
En esas circunstancias, seis delincuentes en tres motos los interceptaron con fines de robo y, sin mediar palabras, uno de ellos le disparó a Romero, quien se encontraba sin su arma reglamentaria. Los investigadores señalaron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax mientras que los delincuentes alcanzaron a sustraerle el celular a ella y a su amigo para luego escapar.
«Le sacaron el celular y las zapatillas a este chico. Micaela no quiso entregar un celular y dijeron ‘ella es cobani’ y le pegaron a secas un disparo en el pecho, la reconocieron», contaron sus familiares a la prensa luego del hecho.
Tras el ataque, la oficial de la PFA fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida. Romero tenía un año de antigüedad en la fuerza y era integrante de la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones, aunque estaba con licencia médica.
El 2 de octubre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con María Constante, la madre de la víctima.
