Una investigación del Ministerio Público bonaerense permitió desarticular una estructura transnacional que hackeó el home banking de una empresa de Florencio Varela y desvió $425 millones mediante criptomonedas. Hay un detenido y dispositivos secuestrados.
La mañana en Florencio Varela arrancó con la tensión típica de los operativos grandes: móviles policiales, agentes de Cibercrimen y el murmullo de vecinos sorprendidos. Detrás de ese despliegue, una investigación silenciosa pero meticulosa terminó por destapar una maniobra delictiva que dejó a una pyme local al borde del colapso financiero. El botín: $425.000.000 evaporados en minutos dentro del laberinto digital de la blockchain.
Según pudo reconstruir Infosur, la pesquisa estuvo a cargo del equipo especializado de la Unidad Fiscal Nº 1 de Quilmes, dedicado a delitos de extorsión, estafas y defraudaciones digitales, bajo la coordinación del ayudante fiscal Dr. Leandro Montejo. Todo comenzó hace dos meses, cuando el socio gerente de una empresa mediana varelense ingresó a su home banking para una revisión de rutina. Lo que encontró fue un golpe seco: desconocidos habían solicitado un préstamo millonario en nombre de la firma y, sumando el descubierto y el saldo de la cuenta, habían desviado $425 millones hacia una empresa que jamás habían oído nombrar.
El movimiento, rápido y quirúrgico, encendió las alarmas. Desde la fiscalía se lanzó un barrido informativo que involucró a bancos, billeteras virtuales, la Inspección General de Justicia, compañías tecnológicas, firmas de telefonía y plataformas de criptomonedas. La maniobra empezaba a tomar forma: la empresa beneficiaria —del rubro electrónica— había sido creada pocos meses atrás y presentó un contrato apócrifo para justificar el ingreso del dinero. Apenas el monto cayó en su cuenta, y en cuestión de minutos, los responsables lo transformaron en criptomonedas, enviándolo hacia direcciones digitales anónimas del ecosistema blockchain.
Un informe del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración bonaerense confirmó lo que los investigadores intuían: detrás del golpe operaba una estructura transnacional, con un nivel de tecnicismo imposible de subestimar.
Para avanzar sobre el terreno, la fiscalía pidió colaboración a la División CiberCrimen con sede en Florencio Varela, que realizó tareas de campo para ubicar domicilios, sedes societarias y posibles responsables. Con la información consolidada, el juez de garantías Nº 8 autorizó allanamientos simultáneos en oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad de Ituzaingó.
El resultado fue contundente: detuvieron al administrador de la firma beneficiaria y secuestraron celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos que ahora serán peritados en busca de rastros de la operatoria, vínculos internacionales y eventuales cómplices.
Los investigadores advierten que este tipo de delitos golpea principalmente a pymes de la región, vulnerables frente a bandas que despliegan sofisticadas técnicas de hackeo y que encuentran en la Argentina a operadores locales capaces de llevar adelante las maniobras. La blockchain, por su propia naturaleza descentralizada y anónima, se convierte en el escenario perfecto para borrar huellas y dispersar millones en segundos.
En Florencio Varela, mientras la causa avanza, la preocupación vuelve a posarse sobre las pequeñas y medianas empresas: el delito ya no golpea solo en la calle, también lo hace —y fuerte— desde detrás de una pantalla.
