Los intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense condenaron «la ocupación ilegal de tierras y viviendas», reclamaron la intervención de la justicia para «hacer cumplir la ley» y consideraron que «el Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio».
«No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio», sostuvieron los jefes comunales de la zona que, junto con la Primera Sección, son las más populosas de la provincia de Buenos Aires.
Tras una reunión en el municipio de Presidente Perón, los jefes comunales emitieron un comunicado en el que condenaron «rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas».
«Es un delito y, como tal, la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley», dijeron.
En el documento, al que tuvo acceso Télam, explicaron que se reunieron para «abordar de manera conjunta esta preocupante situación y llevar respuestas a nuestras comunidades».
Agregaron que «nos comunicamos con el Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y haremos lo propio con el Departamento Judicial de La Plata, que actúa en el caso de la toma de terrenos en Guernica».
Además, le solicitaron al gobernador Axel Kicillof una reunión de trabajo sobre este tema para coordinar acciones en conjunto y adelantaron que también se reunirán con diputados y senadores provinciales para analizar la legislación actual.
Los 19 municipios de la Tercera Sección son La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lobos, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.
«Entendemos que la crisis sanitaria que el mundo está atravesando ha expuesto también la crisis social y la desigualdad que hoy en día miles de argentinos y argentinas aún siguen padeciendo. Por esta razón, tenemos que trabajar todos juntos sobre qué modelo de sociedad queremos», graficaron.
Consideraron que «la urbanización debe ser una política de Estado y que es necesario trabajar en coordinación entre Nación, provincia y los municipios para facilitar el acceso al hábitat con viviendas dignas para el conjunto de la sociedad».
«Desde el Estado Nacional y el Estado provincial se tiene que establecer una política clara para el desarrollo urbano, el hábitat y la construcción de viviendas para las familias que aún no cuentan con un lugar digno donde vivir. Lo que debemos hacer es responder a esa necesidad con programas y políticas públicas que reviertan esta situación», consignaron.
Además, sostuvieron que «la urbanización de los barrios populares no puede quedar en una consigna».
«Tenemos que discutir seriamente cómo se va a financiar la política de vivienda, para construir una sociedad mas justa es necesario discutir la distribución del riqueza en la Argentina y el proyecto de ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas es un paso en este sentido, sobre el cual debemos seguir profundizando», subrayaron.
«No podemos seguir viviendo en la hipocresía de ver como muchos chicos y chicas nacen y crecen en la inmoralidad de la exclusión, sin tener las condiciones mínimas de vivienda aseguradas. Nuestro deber es con ellos», concluyeron los jefes comunales.
