Por Paolo Zaniratto*
En estas últimas semanas se han realizado en la justicia varias denuncias contra los “Trolls”, incluso se han producido allanamientos y están en marcha varias investigaciones penales. Las distintas denuncias tienen dos ejes, por un lado aquellas “fake news” que hablan de desabastecimiento de determinados productos básicos y por otro lado las campañas por redes sociales en donde se llama a la gente a incumplir con la cuarentena y/o a crear pánico o alarma social en este contexto de pandemia.
Respecto al primer eje recientemente el procurador interino Eduardo Casal impartió la orden a las fiscalías de que investigaran la existencia de “Trolls” organizados (“granja de Trolls”) ya que estarían divulgando por redes sociales una supuesta situación de desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad para causar pánico social. Además la avidez que esto genera por el “stockeo” de productos de primera necesidad provoca que los empresarios o grandes comerciantes se aprovechen de la situación y provoquen un indebido aumento de los precios.
La primera causa penal de esta índole se originó en la ciudad de Mar del Plata por el fiscal Daniel Adler, mientras que en Ciudad de Buenos Aires la investigación está siendo llevada a cabo por el fiscal federal Federico Delgado. El objetivo de estas causas penales debe ser la investigación sobre una supuesta cartelización, en especial entre oligopolios, que buscan la desestabilización económica a través del aumento deliberado e indebido de los precios. Para estos casos el delito que se investiga es el que se encuentra tipificado en el artículo 300 del Código Penal, inc 1, el cual establece: “…Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años: 1) El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado…”.
Hace menos de una semana se realizaron 20 allanamientos en la provincia de Buenos Aires por la existencia de presuntos “Trolls” que incitaban en las redes sociales a realizar saqueos, robos y a cometer otra clase de delitos. En dichos allanamientos se secuestraron elementos tecnológicos vinculados a los delitos investigados y la causa quedó a cargo del juez federal de Morón Néstor Barral.
Respecto a estas noticias falsas difundidas por redes sociales, uno de los casos más resonante fue el de una persona que había difundido un video por YouTube en donde mencionaba que en el Hospital Posadas se escondían enfermos de coronavirus, siendo luego verificada la falsedad de la noticia.
El delito que por lo general se les imputa en estos casos, independientemente que además es posible encontrar en las redes sociales un catalogo delictivo que va desde amenazas, hasta violaciones a la ley antidiscriminatoria, es el de “intimidación pública” que está regulado en el Código Penal en el capítulo que tutela el denominado “orden público”. El articulo 211 del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos…”.
Este accionar en las redes sociales de los “Trolls” en estos momentos de pandemia y de crisis sanitaria a nivel mundial puede parecernos secundario. Pero si pensamos en que la opinón pública, las formas de pensamiento, el sentido común, y la construcción de verdades son expresiones de disputas ideológicas más profundas, no es para nada menor analizar quienes son los formadores de opinión en las redes sociales, qué intereses hay detrás de ellos y si constituyen delitos o meras formas de expresión.
La disputa por la subjetividad de la opinión pública y su influencia siempre han sido fundamentales para la construcción de poder de cualquier régimen político. Lo nuevo quizás ahora sea que no es solo el Estado el que tiene capacidad de influenciar en las “mentes sociales” sino que como nunca antes las corporaciones y el poder económico mundial se han lanzado a campañas destinadas a manipular hechos de la realidad mediante las “fake news”, o directamente a crear opinión pública con técnicas de propaganda, marketing y publicidad politica a través de los llamados “Trolls”. Y como cualquier construcción de poder autoritario y carente de legitimidad éste intenta manipular la subjetividad social.
Las técnicas pueden ser aplicadas desde el propio aparato estatal, como por ejemplo cuando la dictadura civico-militar argentina generó su propia doctrina de acción psicológica sobre las masas, o el nazismo mediante los famosos once principios de Goebbels. Ahora el poder económico concentrado por fuera del Estado, o sea, el totalitarismo financiero, tal la denominación impuesta por Raúl Zaffaroni, realiza su propia “propaganda” a través de los llamados “Trolls”. Esta propaganda se basa en un conjunto de técnicas y métodos destinados a influir o manipular las “mentes sociales” a fin de conducir emociones, imponer comportamientos, crear enemigos internos y estigmatizar todo lo que afecte sus intereses corporativos.
*Abogado penalista
