Por Paolo Zaniratto*
El debate sobre la seguridad no pierde vigencia. ¿Habrá un cambio de paradigma con el cambio de Gobierno? La pregunta es parte del análisis que debemos hacer todos/as, pero antes realicemos un breve balance de lo que nos deja en esta materia el gobierno saliente.
Toda decisión sobre la seguridad, es una elección política consciente. Hacer, no hacer, intervenir o no, es siempre parte de la política criminal de un gobierno. Cualquier decisión que tome en materia de seguridad, tiene que ver con el ejercicio del poder más violento que tiene el Estado: el castigo mediante una pena.
Durante la gestión de la ministra de seguridad saliente, Patricia Bullrich, la política penal de Juntos por el Cambio estaba destinada a fortalecer a las Fuerzas de Seguridad y a debilitar las garantías, los derechos y la libertad de ciudadanas y ciudadanos junto con la creación de un relato ficcional sobre los supuestos logros.
¿De qué manera se llevó a cabo esta estrategia? En primer lugar se sostuvo la clásica idea de amigo-enemigo en la política, cuyo ideólogo fue Carl Schmitt, uno de los intelectuales del nazismo.
Los amigos son los ciudadano/as “respetables” y los sectores sociales afines a la ideología del Gobierno. Los enemigos/as son los sectores disidentes, los marginales y los opositores políticos, (“son ellos o nosotros”, “estamos en guerra contra la delincuencia”, “hay que proteger a los ciudadanos de los delincuentes”). Esa idea del enemigo interno en realidad quiere decir en la práctica que hay dos categorías de personas: las y los “comunes” y los/las “delincuentes”, pero pregunto: ¿acaso no somos todos y todas ciudadanos/as con los mismos derechos?, por supuesto que quien delinque debe ser juzgado mediante un juicio justo y en caso de ser culpable deberá recibir la pena que establece el Código Penal. Pero es muy peligroso si, en cambio, se establecen categorías, jerarquías, dentro de una sociedad, en donde haya personas con derechos y otras no tanto. En segundo lugar, se instaló la idea de que las Fuerzas de Seguridad están por encima de la ciudadanía, que tienen “presunción de verdad” como declaró alguna vez Patricia Bullrich. La consecuencia de esto fue el caso pragmático del policía Chocobar que asesinó por la espalda una persona que huía. El Código Penal establece una pena de 5 a 15 años para el robo agravado, y no la muerte. En tercer lugar, se instaló un relato en donde se declamaban los éxitos en la promocionada “lucha contra el narcotráfico”. Este relato fue masificado por los medios de comunicación que son la parte esencial en esa construcción de la realidad. Lo cierto es que no hubo condenas para narcotraficantes, las condenas que se dictaron son al narcomenudeo.
La designación de la nueva ministra Sabina Frederic, cuya preparación académica y experiencia en la materia es muy sólida, y en clara diferenciación de su antecesora, tendrá el enorme desafío de ser parte de un cambio de paradigma profundo. De profesión antropóloga, investigadora, y habiendo participado en estudios de campo sobre la materia, tiene una mirada cuanto menos crítica de la política de seguridad del gobierno saliente.
Los cambios estructurales deben abarcar los múltiples aspectos que engloban el tema seguridad: desde un fortalecimiento de las garantías y el debido proceso para alejarse de la idea de venganza y acercarse a la idea de justicia, o al menos hacer el intento, hasta un programa realmente profundo y serio de prevención del delito. La ministra saliente “vendía” mediáticamente como solución mágica que para la prevención bastaba con tener mayor personal policial en la calle y con mayores facultades. La propia Frederic tiene un ensayo teórico en donde fundamenta por qué la mayor presencia policial en las calles no disminuye la criminalidad, sino que por el contrario la acrecienta. Frederic explica, en una nota de la Revista Anfibia, que la vulnerabilidad al delito está asociada a condiciones que las policias no dominan o las exceden. Y luego explica que: “… ese incremento ostensivo de policías, que además se encuentran mal distribuidos en el territorio nacional, produjo un gravísimo incremento de la tasa de población penitenciaria, la inmensa mayoría imputada por delitos en flagrancia. Estado nacional y provinciales apostaron a funcionarios armados para gestionar de primera mano, situacional y discrecionalmente, qué prácticas y personas son criminalizables y cuáles no…”[1]. Para la antropóloga, en claro contraste con Bullrich, la violencia también es generada por la propia policía: “…Así, más policías equivalieron a más hechos criminalizados. Como indica por ejemplo, el crecimiento del delito de “resistencia a la autoridad” y las detenciones por “tenencia de drogas ilícitas” para consumo o microtráfico; y una amplificación de las prácticas sociales “criminalizadas”. Según indican Daniel Jones y Lucía Ariza: “De todas las formas de discriminación, vulneración de derechos y violencia institucional relevadas por la ENES-Pisac, los mayores porcentajes (8%) se dan en el maltrato o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos.” (2018: 381)…”[2]
Para modificar la realidad y no quedarnos con el relato ficcional debemos abocarnos a estudios científicos y multidisciplinarios serios sobre las causas históricas y sociales de la actividad delictiva para así prevenirlos. Un ejemplo del uso demagógico de los gobiernos y medios de comunicación se da claramente cuando aducen que el aumento de penas disminuye la actividad delictiva. En contraste con esta demagogia punitiva que se acrecienta en momentos electorales, la opinión de expertos en derecho penal manifiestan justamente lo contrario: el aumento de pena es ineficaz para prevenirlos[3].
*Abogado penalista
[2]https://revistaanfibia.com/ensayo/sabina-frederic-mas-o-menos-policias-esa-es-la-cuestion/
[3]https://www.lanacion.com.ar/cultura/no-sirve-aumentar-las-penas-contra-los-delincuentes-nid982996
