Por Romina Martínez Parfeniuk / Infosur Diario
Mediodía de jueves sobre la vereda del Tribunal Oral N° 2 de Florencio Varela. 24 de abril, y una vez más, la esperanza de que el juicio por el asesinato de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante avance, se desvanecía en burocracia. Adentro, la audiencia prevista se suspendía por la ausencia de dos abogados defensores. Afuera, la herida de una madre sangraba frente a todos.
El video es crudo y real. La madre de Lucas, devastada, se quiebra. Su llanto no es silencioso ni contenido. Es el grito de una verdad insoportable:
“¡Díganme qué hicieron con mi hijo! ¡Hace más de dos años que no sé nada de él! ¡No se aguanta más este dolor!”, clama.
Las cámaras registraron el momento. Una escena que duele y que sacude: no se trata solo de una causa judicial, se trata de vidas rotas, de ausencias, de cuerpos que no están y de responsables que buscan demorar el juicio.
La audiencia del artículo 338, que debía presentar las pruebas y allanar el camino al juicio oral contra los siete policías bonaerenses acusados, fue postergada para el 21 de mayo. Miriam Aguilar, abuela de Lautaro, habló con Infosur Diario y expresó su bronca:
“Salimos bajoneados, pero con la fe intacta en que las condenas serán firmes. Si no es así, vamos a seguir peleando. No vamos a parar”.
Los acusados son Cristian y Maximiliano Centurión, imputados por homicidio doblemente agravado y privación ilegal de la libertad. También Francisco Centurión, acusado por el secuestro prolongado de Lucas. Otros cuatro oficiales serán juzgados por encubrimiento agravado. Todos pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Todos, bajo el amparo de un sistema que parece resistirse a juzgar a los suyos.
La calle frente al tribunal fue testigo de una escena que no debería repetirse. Una madre que no tiene dónde llevarle flores a su hijo. Un juicio que no comienza. Una justicia que no llega.
