«Los pabellones en el conflicto eran infrahumanos. Veíamos por las rejas. En celdas de dos personas hay 7, duermen en el baño, hay ratones. En un pabellón evangelista personas de 65 años o más pedían hablar con nosotros. Hay niveles de angustia y de estrés y malestar muy intensos. Se complejiza aún más con los pedidos de morigeración que tardan, los jueces no dan respuestas. El acceso de las personas detenidas a la Justicia es muy bajo. La situación es muy sensible”. La descripción forma parte del testimonio de Sandra Roggio, la directora de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que dio cuenta sobre lo que se vivió en la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela al calor de la brutal revuelta que terminó con una víctima fatal (Ver página 13).
Roggio y su equipo llegaron a la cárcel el mismo martes de la batalla campal acompañado por los funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela entre los que se contaba el abogado Daniel Giaquinta.
Mientras en el techo de la unidad el cuerpo sin vida de Federico Rey, de 30 años, se encontraba tapado por una frazada, en la otra esquina se podía observar un espectáculo dantesco, tres presos condenados por delitos sexuales eran arrodillados a puntas de faca y desnudos. “Amenazaron con darle a los violines”, dijo un participante de la mesa de enlace para descomprimir la situación.
En medio de las conversaciones entre los miembros de la CPM y los presos amotinados se pudo dar cuenta del posible inicio de la batalla: un audio de WhatsApp falso. O lo que es lo mismo, una noticia falsa (fake news). Aparentemente, el audio había llegado a los teléfonos de un grupo de presos en el pabellón de máxima seguridad de la Unidad N°23 de Florencio Varela: era la voz de un hombre, un supuesto médico que decía ser del Servicio Penitenciario Bonaerense, que decía que si el virus entraba a un penal, todos morirían.
Así, tras oír el mensaje de la muerte segura por la pandemia en sus teléfonos, los presos del pabellón de máxima seguridad, inquietos, alborotados, ganados por la ansiedad, dejaron sus celdas y ganaron los techos, primero uno, luego otro. Luego, el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense llegó para responder.
Esa, según todos los indicios recolectados, fue la mecha que encendió el fuego del infierno en la cárcel. “O nos morimos del corona, o de huelga de hambre, o a los tiros» , aseguró uno, desafiante, confundido.
La tarde comenzó con un muerto, Federico Rey, de 23 años, un joven de la zona condenado por robo calificado, fallecido en los techos. Pero el cuerpo muerto no alcanzó para detener el caos, que duró casi 12 horas, una tarde entera de postas de goma que terminó con 20 reclusos heridos.
Los presos mismos filmaron el disturbio: lo viralizaron, escenas dantescas que llegaron por WhatsApp a familiares de detenidos, abogados, jueces, periodistas, los videos mostraban heridas y sangre, presos escudados con mantas como si fuesen toreros yendo de frente contra penitenciarios con escopetas y cascos antidisturbio en los pasillos que unen los pabellones. Los pabellones fueron sumándose a la pelea violenta uno por uno, hasta los presos evangelistas, los llamados hermanitos en la jerga, decidieron salir de sus celdas para lanzar piedras y agitar.
Al caer la tarde, los presos se subieron a los techos otra vez. Sus abogados y familiares dejaban la cuarentena alertados por WhatsApp, llegaban a las puertas del penal. Sandra Raggio y Roberto Cipriano -las máximas autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que supervisa las situaciones y condiciones de violencia institucional en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires- llegaron al ardor del motín para ser testigos, tomar testimonios y mediar en la situación. Integraron la mesa de enlace que hizo falta para desarticular el disturbio y la protesta, integrada por autoridades del SPB, de los organismos de derechos humanos, de la Justicia. “Se hizo una audiencia con referentes de los pabellones, se tuvo que garantizar que no iba a haber más represión, hubo que construir un escenario de confianza”, asegura Raggio.
Los reclamos se mezclaron entre sí: algunos hasta exigieron que los separen de los condenados por violación y abuso sexual, amenazaron con “darle a los violines” si sus demandas no eran aceptadas. El miedo al coronavirus era la constante; Julián Arakaki, el único detenido infectado en el país, había estado en ese penal. También reclamaban salidas, excarcelaciones, que los jueces resuelvan pedidos para salir.
Así, durante el transcurso del día, Raggio y Cipriano escucharon a los presos. La versión del SPB indicaba que el motín había explotado tras un enfrentamiento entre presos. “Ninguno de los testimonios que escuchamos indica eso”, asegura Raggio, que por otro lado elogia los esfuerzos del Ministerio de Justicia bonaerense del cual depende el SPB para contener la situación. La versión, según fuentes, provino de los penitenciarios que actuaron en el lugar.
En la mesa de enlace que calmó el motín estuvo también el juez de garantías Marcelo Villagra, junto a la fiscal Roxana Giménez y el ayudante fiscal Cristian Granados de la UFI N°9 de Florencio Varela. Los tres estaban allí por un motivo en particular: investigar la muerte del preso Rey.
El audio también podrá ser investigado por la Justicia por el estrago que causó, se podrá identificar a quién lo grabó y lo envió, por malicia, por cálculo o por estupidez. En los últimos tiempos, jueces y fiscales de todo el país sentaron el precedente: las fake news en la pandemia ahora son un delito penado con la cárcel, bajo la calificación de intimidación pública.
Mientras tanto, fuentes del SPB informaron que 1200 presos a lo largo de la provincia ya se encuentran en huelga de hambre, luego de los 300 iniciales que anunciaron la medida a comienzos de esta semana: unidades en Campana y La Plata se sumaron a la protesta, un nuevo frente de tensión.
