La trágica muerte de Sebastián Mieres, un joven de 20 años, reabrió viejas heridas en Florencio Varela, exponiendo un oscuro episodio que ocurrió hace siete años y que muchos olvidaron, pero cuyas consecuencias siguen siendo palpables, el monopolio del transporte.
El pasado viernes, Sebastián perdió la vida de manera absurda al caer por un agujero en el piso de un colectivo de la línea 500, operado por la empresa San Juan Bautista S.A. La tragedia dejó al descubierto las fallas de seguridad en el transporte público y, sobre todo, la falta de control y supervisión que permitió que esta empresa monopolizara el servicio en la región.
Este monopolio no surgió de la nada. En octubre de 2017, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) intervino de forma violenta en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Florencio Varela, forzando la eliminación de una cláusula antimonopólica en el pliego licitatorio que regulaba el transporte público.
LA UTA y el monopolio
Esta acción, liderada por el entonces delegado Marcelo Ferrin y respaldada por más de 200 trabajadores, selló el destino del transporte en la localidad, asegurando que una sola empresa dominara el servicio, con escasa competencia y aún menos vigilancia.
La eliminación de esta cláusula, que buscaba proteger a los usuarios de un servicio deficiente, permitió que San Juan Bautista S.A. operara sin la presión de mejorar sus estándares de seguridad. La tragedia de Sebastián Mieres no es un hecho aislado; es el resultado directo de ese oscuro episodio que muchos prefieren olvidar.
Hoy, la memoria de ese día de 2017 debe ser rescatada y analizada para entender cómo un gremio pudo imponer su voluntad sobre un órgano legislativo y dejar a toda una comunidad a merced de un monopolio que sigue cobrando vidas. La historia de Sebastián Mieres es un recordatorio de que los errores del pasado tienen consecuencias, y que es hora de que se exijan responsabilidades y se tomen medidas para garantizar que algo así no vuelva a suceder.
La comunidad de Florencio Varela llora la pérdida de uno de los suyos, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado. Es necesario que se haga justicia, no solo para Sebastián, sino para todos los que dependen de un transporte público seguro y confiable. La vida y la seguridad deben estar por encima de cualquier otro interés.
