Por Capitán Cianuro

El ejercicio de la memoria no puede ser superficial ni cómodo. No alcanza con recordar fechas o rendir homenajes: es necesario comprender lo que realmente ocurrió, desnudar las responsabilidades y, sobre todo, evitar que los mismos errores vuelvan a repetirse bajo nuevas formas.

Las Malvinas son argentinas. No solo como consigna histórica o reclamo diplomático, sino como parte de una disputa de soberanía que sigue vigente en pleno siglo XXI. Y esa disputa tiene una particularidad incómoda para nuestra región: es la única guerra librada en territorio sudamericano cuya controversia aún no encuentra resolución definitiva. No es pasado cerrado; es presente tensionado.

Sin embargo, la forma en que esa causa fue utilizada en 1982 no puede separarse del contexto en que ocurrió. El régimen encabezado por Leopoldo Galtieri no consultó al pueblo argentino. Decidió por él. Como hacen todas las dictaduras: sin legitimidad, sin deliberación, sin respeto por la vida. La guerra fue un intento desesperado por sostener un poder que ya se desmoronaba.

Pero no solo se combatió en las islas. También se combatió en el terreno de la información. Medios como Clarín y la revista Gente construyeron un relato que distorsionó la realidad, instalando una sensación de victoria que nunca existió. La desinformación no fue un error: fue parte del engranaje que permitió sostener la ficción mientras la tragedia avanzaba.

En el otro lado del conflicto, la figura de Margaret Thatcher —la llamada “Dama de Hierro”— se consolidó como símbolo de firmeza, pero también como expresión de una política implacable. Su decisión de ir a la guerra no solo respondió a intereses estratégicos, sino que reforzó una lógica donde el poder se ejerce sin contemplaciones. Thatcher encarna, en este contexto, el rostro de una determinación que sembró temor y reafirmó viejas prácticas de dominación.

Entre ambos extremos quedaron los pueblos. Jóvenes enviados a una guerra desigual, mal equipados, mal informados, sacrificados en nombre de decisiones que nunca tomaron. Esa es la marca más profunda de Malvinas: la distancia brutal entre quienes deciden y quienes pagan las consecuencias.

Pero la reflexión no puede quedarse en 1982. Tal como advierte Manuel Martínez Opazo, la guerra no debe transformarse en discurso. Instalar la idea del enemigo, alimentar un nacionalismo desbordado o romantizar el conflicto es abrir la puerta a repetir la historia. Y América Latina ya ha pagado demasiado caro ese tipo de errores.

Desde la Guerra del Pacífico hasta conflictos más recientes en la región, la guerra ha sido utilizada muchas veces como herramienta política. El caso del gobierno de Alberto Fujimori lo demuestra: el conflicto como mecanismo para consolidar poder. Incluso después, decisiones como el indulto otorgado por Carlos Menem a Galtieri dejaron en evidencia cómo la impunidad también forma parte de estas historias inconclusas.

Por eso, pensar en la Patria Grande hoy no es un gesto simbólico. Es una necesidad urgente. Es entender que nuestras disputas no pueden resolverse desde la lógica de la guerra, que nuestros pueblos no pueden seguir siendo utilizados como piezas en juegos de poder, y que la soberanía real solo puede construirse con democracia, verdad y memoria.

Malvinas, entonces, nos deja una doble enseñanza. Por un lado, la legitimidad de un reclamo que sigue vigente y que forma parte de la historia viva de nuestra región. Pero, por otro, una advertencia clara: nunca más una guerra decidida sin el pueblo, nunca más una verdad manipulada, nunca más un nacionalismo que empuje a nuestros países al abismo.

Porque la memoria, cuando es honesta, no solo recuerda: también orienta.

Y hoy, más que nunca, nos señala un camino distinto.

Uno donde la soberanía no se defienda con improvisación ni con sangre joven, sino con democracia, integración y verdad. Uno donde la Patria Grande deje de ser un anhelo y se transforme en una convicción política y humana, capaz de desterrar para siempre la lógica del enfrentamiento entre pueblos que comparten historia, dolor y destino.

Malvinas sigue siendo una causa abierta, pero también una advertencia permanente.

Porque al final, las guerras no las gana nadie: solo gana el desquicio y pierde la humanidad en conjunto.

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El Gobierno Nacional impulsa, una vez más, la eliminación de las Paso (Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) con el indisimulado objetivo de quitarle a la oposición la herramienta más efectiva para su unificación y organización electoral.

El oficialismo nacional supone que sin las PASO se le hará muy difícil a la oposición, y en particular al Peronismo, poder articular un mecanismo que permita una amplia participación de todos los sectores internos en la elección de los candidatos y le asegure la unidad partidaria de cara a las elecciones generales del 2027.

Para afrontar con posibilidades de éxito esas elecciones son indispensables la unidad y la movilización de todas las líneas internas para lo cual, además de propuestas y de programas convocantes y atractivos para el electorado, se requiere que en las primarias puedan participar en situación de paridad todos los sectores que aspiren a presentar candidaturas.

Para eso las PASO son una herramienta fundamental de organización y de funcionamiento democrático de los partidos políticos, en cuanto promueven la participación y el ejercicio del voto de los ciudadanos, garantizan reglas claras para la postulación de candidatos y aseguran la representación de las minorías. 

Al fijar por ley las mismas pautas para todos los espacios partidarios, con el debido control judicial, facilita que las distintas líneas internas presenten sus candidatos y que, finalizada la primaria, todos los sectores participen unidos en la elección general.

Nuestra sociedad no tiene la cultura del voto voluntario y, aún con la obligación legal de votar, la asistencia a las urnas ha disminuido en cada nuevo turno electoral. Por esa razón, si se elimina la obligatoriedad de las PASO únicamente irán a votar quienes sean transportados de ida y vuelta al centro de votación, pero este servicio por su compleja logística y sus altísimos costos sólo pueden financiarlo los que ejerzan el gobierno -nacional, provincial y municipal- o controlen el aparato partidario. 

En uno u otro caso, no será posible una democrática competencia interna, lo que redundará en la falta de motivación para participar activamente en las generales de aquellos que sientan que no han tenido las mismas oportunidades o que han sido indebidamente excluidos.

Por eso las PASO, al establecer el voto abierto y obligatorio, se constituye en el factor de participación y de equilibrio interno sin el cual las elecciones primarias se convertirán en una mera ficción, sepultando cualquier atisbo de democracia interna y de unidad partidaria.

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Este artículo analiza la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas desde una perspectiva histórica que cuestiona las alianzas geopolíticas con potencias extranjeras. Los autores argumentan que confiar en que Estados Unidos favorecerá el reclamo argentino es una postura ingenua, recordando que Washington siempre ha priorizado su vínculo estratégico con el Reino Unido, como ocurrió en 1831 y 1982. A través de una crítica a la Doctrina Monroe, se advierte que los alineamientos automáticos con intereses del norte no garantizan la recuperación del territorio, sino que responden a agendas imperiales ajenas. En cambio, se propone una estrategia soberana basada en el derecho internacional, la diplomacia multilateral y la integración regional. Finalmente, el artículo subraya que la memoria histórica es una herramienta política indispensable para evitar repetir errores del pasado en la búsqueda de la emancipación nacional.

Por Martín Coldman y Mariano Ameghino

Aquella frase que advierte que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla” vuelve a resonar este 2 de abril, a 44 años de la recuperación de las Islas Malvinas. Una recuperación que duró apenas 74 días, hasta el cese del fuego del 14 de junio —día de la máxima resistencia—, cuando volvió a flamear en nuestras islas un pabellón ajeno.

Las razones por las cuales banderas extranjeras han ondeado en Malvinas no pueden pensarse fuera de la historia. Como advertía en 1990 Ignacio Copani: “que me digan que soy ángel del pasado, porque no entra en mi cabeza que se hizo bueno el amo y el chacal vegetariano comparte la comida con su presa”. La metáfora sigue vigente.

En tiempos de las “faikman news”, proliferan discursos que, frente a las tropelías de Donald Trump —como sus declaraciones sobre Groenlandia—, imaginan una versión renovada y “amigable” de la Doctrina Monroe. Bajo la consigna “América para los americanos”, algunos sugieren que esto podría traducirse en la salida del Reino Unido de nuestras Islas Malvinas.

Se trata, sin embargo, de lecturas ingenuas —o interesadas—. Voces que incluso desde tradiciones políticas nacionales parecen perder perspectiva histórica: denuncian la amenaza de unos actores globales mientras idealizan a otros, como si el “amo” finalmente hubiera decidido compartir la mesa.

La historia argentina muestra otra cosa. Nuestro país ha sostenido, con matices, una tradición de relativa neutralidad en política exterior. Esa posición no fue casual: se vincula con la forma en que Argentina se insertó en el mundo moderno hacia fines del siglo XIX, como exportadora de materias primas y con fuertes vínculos comerciales con el Reino Unido. Aquella estructura, diseñada por la élite terrateniente, permitía moverse con cierta flexibilidad diplomática sin alineamientos rígidos.

Durante las guerras mundiales, esa neutralidad se mantuvo. Y, salvo la excepcionalidad extrema de la dictadura genocida —inscripta en la lógica de la Guerra Fría y articulada con los intereses de Washington en la región—, Argentina sostuvo su reclamo por Malvinas en el marco del derecho internacional y la vía diplomática, denunciando la ocupación británica iniciada en 1833.

Pero para comprender Malvinas, es necesario mirar más atrás. En 1831, cuando Luis Vernet intentó regular la explotación de recursos en las islas, Estados Unidos respondió enviando la corbeta USS Lexington, que arrasó la colonia argentina. Ese hecho debilitó decisivamente la presencia nacional y abrió el camino para la ocupación británica dos años después.

Desde entonces, la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido —cada vez más estrecha— condicionó la cuestión. Durante el siglo XX, esa alianza se consolidó en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría. En ese marco, resultaba improbable que Washington priorizara el reclamo argentino por sobre su socio estratégico.

El episodio más evidente fue la guerra de 1982. Tras un intento fallido de mediación, Estados Unidos apoyó abiertamente al Reino Unido con inteligencia, logística y recursos clave. Fue un respaldo decisivo.

Por eso, pensar que un cambio de liderazgo en Washington puede alterar esta lógica estructural es desconocer la historia. La Doctrina Monroe nunca implicó un respaldo automático a América Latina frente a Europa; por el contrario, fue una herramienta de expansión de la influencia estadounidense en el continente.

Malvinas lo demuestra con claridad: aun en contextos de afirmación hemisférica, la prioridad de Estados Unidos ha sido sostener su alianza con el Reino Unido.

De allí que el desafío argentino no pase por esperar gestos externos, sino por construir una estrategia sostenida en el derecho internacional, la diplomacia multilateral y la integración regional.

La historia ofrece imágenes elocuentes: 1831, 1982 y el presente dialogan entre sí. Desde la Lexington hasta la célebre tapa de la revista Humor que mostraba a Thatcher y Reagan en la cama y el canciller argentino Costa Méndez como el cornudo del momento;  pasando por las advertencias de José Martí y Manuel Ugarte sobre “las entrañas del monstruo”. También por los errores propios: la dictadura creyó que podía recuperar las islas con el beneplácito de Estados Unidos. Nada de eso ocurrió.

Cada alineamiento internacional tiene consecuencias. Algunas pueden ser favorables; otras, profundamente perjudiciales. Pero lo que no admite dudas es que las potencias actúan en función de sus propios intereses.

Creer que “el amo se hizo bueno” no solo es una ilusión: es una peligrosa forma de desarmar cualquier política soberana. Más aún en un contexto global donde ciertos alineamientos —norteamericanos, israelíes, anti chinos o anti rusos— lejos de acercarnos a la recuperación de nuestras islas, podrían empujarnos hacia escenarios de conflicto de escala incierta.

Recordar, entonces, no es un ejercicio nostálgico. Es una necesidad política.

Otra vez, por los techos del norte, viene el bloque imperialista a matarnos la ilusión de recuperar la soberanía.

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Manuel Capitán Cianuro

El discurso de Javier Milei en la apertura del año legislativo no fue una exposición ante la República, sino una performance cuidadosamente dirigida a su tribuna. Desde el estrado del Congreso de la Nación Argentina, el Presidente volvió a confirmar que su capital político no descansa en la construcción de mayorías reflexivas, sino en la consolidación de una identidad combativa. No habló para persuadir a los indecisos ni para tender puentes con la oposición: habló para reafirmar a los propios. No argumentó: arengó. No dialogó: desafió.

La escena ya es reconocible. Insultos lanzados con precisión quirúrgica, caricaturas históricas simplificadas hasta el extremo, cifras convertidas en proyectiles retóricos y una narrativa donde el adversario político deja de ser legítimo para transformarse en obstáculo moral. En esa lógica binaria, el Congreso no es un espacio de deliberación democrática, sino un escenario donde se libra una batalla cultural permanente. Todo se traduce en épica, todo se dramatiza, todo se convierte en combate.

Pero la democracia no es un estadio, ni un canal de streaming donde el rating se mide en decibeles. La democracia es, ante todo, un sistema de reglas compartidas que exige contención, responsabilidad y un mínimo respeto por la pluralidad. Cuando el podio se utiliza para degradar al otro, el mensaje no es solo político: es institucional. Se transmite la idea de que la confrontación es el método y que la descalificación sustituye al argumento.

Parte central de esa estrategia es la manipulación conceptual. Cuando se invoca el “fascismo” como etiqueta para definir cualquier postura de izquierda o de intervención estatal, se desdibuja deliberadamente la historia. El fascismo fue un fenómeno ultranacionalista, autoritario y profundamente anticomunista. Alterar ese registro no es un descuido académico; es una operación discursiva destinada a reordenar el mapa ideológico según conveniencia. Si todo es fascismo, nada lo es. Y en ese vacío conceptual, la confusión se vuelve herramienta de poder.

El capítulo internacional agrega otra capa a esta puesta en escena. La admiración manifiesta hacia Donald Trump no es un guiño superficial, sino una declaración de pertenencia a una corriente política global. Trump ha construido su narrativa sobre la exaltación de la libertad, la defensa de la democracia y la promesa de rescatar a Occidente de sus enemigos internos y externos. Ha insistido en que Estados Unidos interviene en el mundo para salvar pueblos de dictaduras y restaurar valores democráticos.

Sin embargo, esa épica tropieza con contradicciones evidentes. La relación estratégica con la monarquía de Arabia Saudita —donde no existen elecciones libres ni pluralismo político— rara vez es objeto de condena moral. Allí, la democracia no parece ser una prioridad urgente. La vara con la que se mide a los regímenes cambia según el tablero geopolítico. Cuando hay petróleo, armas o alianzas estratégicas en juego, el discurso se modera. Cuando no, se inflama.

La selectividad es tan transparente que apenas requiere un análisis sofisticado. La libertad funciona como consigna; la geopolítica, como práctica. La idea de “ir a liberar naciones” termina pareciéndose demasiado a una coartada para asegurar influencia, mercados y recursos naturales. No se trata de negar que existan dictaduras ni de relativizar violaciones de derechos humanos. Se trata de señalar que la defensa de la democracia pierde credibilidad cuando se aplica de manera instrumental.

En ese contexto, incomoda advertir cómo personajes como Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador o José Antonio Kast en Chile buscan con entusiasmo la foto, el guiño o el aplauso del magnate convertido en emblema de una nueva derecha global. No se trata de relaciones diplomáticas normales —que cualquier gobierno mantiene— sino de una adhesión simbólica que roza la devoción. Hay una carrera por la validación, una competencia tácita por demostrar quién encarna mejor esa cruzada contra el “progresismo” regional.

La paradoja es evidente. Quienes se autodefinen como libertarios, defensores irrestrictos de la soberanía individual y nacional, parecen cómodos ocupando un lugar subordinado en un esquema donde América Latina es descrita como “patio trasero”. Aceptar esa categoría y celebrarla como si fuese un sello de pertenencia al mundo desarrollado no es pragmatismo: es renuncia simbólica. Es asumir que la legitimidad interna depende del aplauso externo.

La política exterior puede y debe basarse en intereses nacionales claros. Ningún país vive aislado ni puede prescindir de alianzas estratégicas. Pero una cosa es negociar desde la dignidad y otra muy distinta es convertir la genuflexión en identidad política. Cuando el aplauso extranjero vale más que la cohesión interna, cuando la aprobación de un referente foráneo se exhibe como trofeo doméstico, algo se ha invertido en la escala de prioridades.

La democracia no necesita iluminados que griten más fuerte ni presidentes que transformen cada acto institucional en un acto de campaña permanente. Necesita gobernantes capaces de sostener el conflicto dentro de límites republicanos, de aceptar la crítica sin convertirla en traición y de entender que el poder es transitorio, pero las instituciones permanecen.

Porque cuando la libertad se reduce a consigna, cuando la historia se manipula para ganar una discusión coyuntural y cuando la subordinación se disfraza de estrategia, lo que queda no es una revolución liberal ni una restauración democrática. Lo que queda es un espectáculo ruidoso, sostenido por aplausos importados y por una épica que, detrás del volumen, revela más inseguridad que fortaleza.

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Esto era un final lamentable pero necesario, que quizá pudo ser evitado en todo o en parte si en la sesión del Concejo Deliberante de octubre de 2017 el Municipio hubiera apoyado el proyecto de licitación de estos ramales (y otros en el futuro) qué ponía límites al monopolio empresarial de la firma San Juan Bautista. No se supo/quiso/pudo sostener el proyecto por una acción coercitiva del gremio que agrupa a los choferes de microomnibus por miedo precisamente a lo que hoy está sucediendo. 

Desde el 2022 intenté con proyectos concretos impulsar al ejecutivo a actuar proactivamente en la resolución de los múltiples reclamos que los usuarios elevaban por redes sociales, además de la resonancia reiterada en los medios de comunicación locales. ¿Sabremos algún día por que desde la intendencia no se OCUPAN de estos temas de interés comunitario? Es lastimoso reconocer que tuvo que ocurrir la muerte de un inocente vecino para que al fin se oyera a los usuarios de micros y a los Concejales de la oposición local. 

Aún falta conocer el dictamen judicial acerca de la responsabilidad de la empresa y su personal en dicha fatalidad, pero lo que no puede desconocerse es que la Municipalidad sabía de las falencias y no actuó en concordancia, controlando y ejecutando con el rigor necesario a la empresa, tratándose de un servicio público que involucra el transporte de personas. Ni los incendios de micros, las ruedas que se desprenden en la marcha o los reclamos de los usuarios hubieran movido al ejecutivo local si no hubiera existido una fatalidad como el arrollamiento del vecino y el consecuente pedido de rescisión planteado en el Proyecto de Ordenanza N° 29291/24. 

Y como en el 2017 se volvió a repetir la presencia intimidatoria de los choferes en la sesión donde se trató el proyecto. Lo positivo es que si hoy se exige a la Comisión de Transporte del HCD local se brinde a la ciudadanía TODA la información contenida en las respuestas a dicho expediente, claramente quedaría expuesta la débil situación de la empresa y por otra parte la inacción habida por parte del departamento ejecutivo hasta ahora. 

Hoy hay alrededor de 500 familias con supuesto riesgo a perder su fuente laboral aunque el Intendente pretenda un argumento diferente: ¿como puede hoy prometerse qué todos los empleados de la firma en crisis serán absorbidos sine qua non por las 3 firmas que a priori y temporalmente se harán cargo de los ramales? En la sesión los Ediles oficialistas dejaron claro siempre que el tema era entre privados y por ende no había forma de tener una actitud resolutiva. No se entiende a menos que las pruebas acumuladas contra la empresa fueran indubitablemente inculpables de cualquier siniestro y al Estado Municipal le cabría una figura cómplice en esos eventos si no se tomara la decisión plasmada en el decreto N° 285/26, revolcando la concesión mencionada, acto confirmado posteriormente en forma unánime por el HCD local. 

Ahora bien, y considerando justo el reclamo de los empleados de la empresa en litigio pues la pérdida del empleo es una catástrofe para cualquier familia, ¿como puede ser que desde la Municipalidad no se actúe evitando o morigerando las formas del reclamo?, ¿no pensamos que permitir que una Ciudad como la nuestra sea sitiada con el uso de colectivos podría generar una reacción qué a la final sea en detrimento de los mismos reclamantes? 

Evidentemente hay una debilidad política manifiesta en la Intendencia ya que hoy por segunda vez en pocas semanas y en un entorno explosivo preanunciado, miles de vecinos sufrieron ésta medida sin ser auxiliados en forma alguna por las áreas municipales pertinentes o por la seguridad provincial siendo que se cortaron rutas provinciales. 

Seguramente intentarán evadir la responsabilidad acusando al gobierno nacional de todos estos males, y sin pretender defender al gobierno libertario qué deja mucho que desear, invito a reflexionar acerca del respeto a las miradas disimiles sobre cualquier tópico que afecte la calidad de vida de nuestros vecinos y las formas de resolver los conflictos. 

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Manuel Capitán Cianuro  

Hay algo fascinante en esta época: la capacidad de mirar el sol y jurar que es de noche. No se trata de un problema oftalmológico, sino ideológico. El negacionismo ya no es un exabrupto marginal; es una estrategia cuidadosamente diseñada. Se niegan violaciones a los derechos humanos, se relativizan dictaduras, se diluyen responsabilidades históricas y, si la evidencia resulta incómoda, siempre queda el recurso infalible: “es tu relato contra el mío”. 

La posverdad no consiste en mentir descaradamente —eso sería demasiado burdo— sino en disfrazar la mentira de opinión respetable. “Tengo otros datos”, dicen, como si la realidad fuera un buffet libre donde cada cual elige el plato que mejor combina con su prejuicio. La historia, que alguna vez fue un campo de estudio riguroso, hoy parece un archivo editable en tiempo real, intervenido por la ansiedad electoral y el algoritmo. 

El negacionismo es seductor porque ofrece alivio. Si nada fue tan grave, entonces nadie tiene que hacerse cargo. Si las cifras son “exageraciones”, si los testimonios son “operaciones políticas”, si los archivos son “interpretaciones interesadas”, entonces el pasado se convierte en una anécdota incómoda y no en una responsabilidad colectiva. Así, la memoria deja de ser un deber ético y pasa a ser un obstáculo para el entusiasmo del presente. 

Pero el fenómeno no se agota en la reinterpretación conveniente del ayer. También se proyecta hacia el presente con un discurso que se autodenomina “libertario”. La palabra libertad —tan manoseada como necesaria— es usada como si fuera una franquicia ideológica. Se repite hasta el cansancio que el Estado es el enemigo absoluto, que toda regulación es tiranía y que la desigualdad es apenas una consecuencia natural del mérito. 

Curiosa libertad esa que solo florece cuando se desmantelan derechos sociales; peculiar rebeldía la que termina aplaudiendo la concentración del poder económico. Se nos vende la idea de que la libertad es dejar que el más fuerte imponga sus reglas sin interferencias, como si la ausencia de límites fuera sinónimo de justicia. Se confunde la desprotección con valentía y la precariedad con eficiencia. 

Lo inquietante no es que existan posturas radicales —eso es parte del pluralismo democrático— sino que se envuelvan en una retórica de redención moral. Se presentan como los únicos valientes que “dicen lo que nadie se atreve”, como si el grito fuera argumento y la provocación sustituyera al debate. La política convertida en espectáculo permanente, donde la consigna vale más que la evidencia. 

El libreto es conocido: se exageran problemas reales hasta convertirlos en amenazas existenciales; se señalan culpables difusos —“la casta”, “los burócratas”, “los progres”, “los enemigos internos”— y se promete una purga purificadora. Todo aderezado con frases simples, ironías fáciles y una épica que reduce la complejidad social a una batalla entre héroes incomprendidos y villanos omnipresentes. 

Mientras tanto, el negacionismo opera como lubricante ideológico. Si el pasado autoritario no fue tan grave, si los atropellos son discutibles, si las instituciones son sospechosas por definición, entonces cualquier retroceso puede presentarse como corrección histórica. Se naturaliza la idea de que los derechos son concesiones revocables y no conquistas ciudadanas. Y así, paso a paso, se instala la normalidad de lo impensable. 

No es casual que estos discursos prosperen en contextos de frustración y precariedad. La incertidumbre económica, la sensación de abandono y el descrédito de la política tradicional crean el escenario perfecto para las certezas absolutas. Cuando el futuro se percibe amenazante, el relato simple ofrece consuelo. Y nada es más simple que dividir el mundo entre “los que despiertan” y “los que siguen dormidos”. 

La ironía es que quienes se proclaman enemigos del adoctrinamiento suelen repetir dogmas con fervor catequístico. Cambian los símbolos, pero conservan la estructura: una verdad revelada, un enemigo permanente y una promesa de salvación. La libertad, convertida en eslogan, termina funcionando como contraseña de pertenencia. Quien duda, traiciona; quien cuestiona, es parte del problema. 

Frente a esto, la respuesta no puede ser otro dogma ni otra simplificación. Defender la memoria histórica no es vivir anclados al pasado; es impedir que el presente se construya sobre arena movediza. Discutir el rol del Estado no es sabotear la libertad; es reconocer que la convivencia democrática requiere reglas compartidas y límites al abuso de poder, venga de donde venga. 

Tal vez la tarea más urgente sea recuperar el valor de los hechos. No como verdades sagradas, sino como puntos de partida comunes. Porque cuando todo es opinable, incluso la dignidad humana se vuelve negociable. Y cuando la historia se transforma en propaganda, el futuro queda a merced de quienes gritan más fuerte. 

Negar lo evidente puede resultar rentable en el corto plazo. Reescribir la historia puede ofrecer aplausos fáciles y victorias fugaces. Pero la realidad, obstinada, siempre termina pasando la cuenta. La pregunta es cuánto daño estamos dispuestos a tolerar antes de admitir que la libertad no es un grito vacío ni una etiqueta de marketing político, sino una construcción colectiva que exige memoria, responsabilidad y algo cada vez más escaso: honestidad intelectual. 

17 de Marzo a las 16.30 hrs en la Asociación Madres Plaza de Mayo lanzaré el libro “50 años del golpe en Argentina, Testimonios” , Hipólito Yrigoyen 1584 CABA 

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En el centro de esta tragicomedia está Mauricio Macri, ese raro animal político que combina fortuna heredada, suerte judicial y una notable capacidad para parecer sorprendido cada vez que lo sorprenden.  

Macri no camina: flota. No tropieza: “reformula”. No pierde: “reencuadra”. Si el país fuera una mesa de póker, él sería el jugador que siempre gana… y después te explica que fue por mérito personal. 

Su biografía pública parece escrita por un productor irónico. Empezó haciendo política desde el fútbol —ese espacio sagrado donde el poder se aprende mejor que en cualquier facultad— y convirtió a Boca en una escuela de realismo mágico: triunfos deportivos por un lado, negocios por el otro, y una platea que aplaudía sin mirar demasiado los contratos detrás del telón. 

Cuando llegó a la Ciudad de Buenos Aires, el libreto se mantuvo intacto: licitaciones con perfume familiar, proveedores que casualmente conocían al intendente, y una estética de modernidad que tapaba más de lo que mostraba. La transparencia no era una ventana; era un vidrio polarizado. 

Pero el verdadero acto estelar llegó en 2015. “Pobreza cero”, prometió con sonrisa de catálogo y el “cambio” promesa de todos.  Lo que llegó fue deuda récord, tarifazos con poesía neoliberal y un país convertido en cajero automático del Fondo Monetario Internacional. Cada discurso presidencial sonaba a coaching corporativo: resiliencia, futuro, inversiones que “ya venían”… y que nunca llegaron. 

Los Panama Papers lo encontraron paseando offshore como quien pasea un perro en Miami. Nada que ver con nada, dijo él, y buena parte del sistema mediático asintió como si esa frase fuera una tesis doctoral. Apareció su nombre en decenas de cuentas, pero las tapas de ciertos diarios parecían mirar para otro lado con una elegancia casi artística. 

Y después vino el capítulo del Correo Argentino, donde el Estado perdonó una deuda gigantesca a una empresa vinculada a su familia. Un guión demasiado obvio: si esto pasara en otro país, habría estallado un escándalo continental, aunque en los tiempos que vivimos pareciera que este tipo de acciones , más que producir escandalo se aplauden. Igual en Argentina fue apenas un suspiro de indignación y luego silencio de museo. 

Mientras tanto, el FMI desembolsaba dólares como quien riega un jardín marchito, y el país se endeudaba por generaciones. Los amigos de Macri prometían “lluvias de inversiones”. Lo único que llovió fueron facturas. 

En paralelo, sobrevolaba el fantasma de Alberto Nisman, convertido en meme trágico y consigna selectiva. “Todos somos Nisman” se gritó con fervor religioso… hasta que dejó de ser políticamente conveniente. En este país, incluso las muertes sensibles se usan como banderas y luego se guardan en un cajón cuando incomodan. 

La causa se desarmó, la indignación mutó en olvido, y el sistema siguió girando como un carrusel cínico. Nisman pasó de ser símbolo de la verdad a souvenir político: se lo saca del estante cuando sirve y se lo tapa con polvo cuando molesta. 

Y en ese escenario ya saturado de ironía apareció Javier Milei, con patillas eléctricas, motosierra imaginaria y un tono de predicador de YouTube. Donde Macri vendía “gradualismo”, Milei vende catarsis. Donde Macri hablaba de república con sonrisa corporativa, Milei grita libertad con espuma en la boca. 

Milei mira a Macri como quien mira a un liberal demasiado educado; Macri mira a Milei como quien observa a un sobrino incómodo que habla fuerte en Navidad. Sin embargo, cuando hay que proteger intereses económicos profundos, ambos terminan bailando la misma coreografía. 

El libertario promete dinamitar el Estado, pero curiosamente nunca apunta la dinamita hacia las grandes fortunas amigas del poder. Su revolución suena más a ajuste que a emancipación, más a recorte que a justicia. 

Así se completa el triángulo perfecto de la comedia negra argentina: 

Macri, el campeón de la suerte institucional. 

Nisman, el muerto que habla solo cuando conviene. 

Milei, el rockstar antisistema que termina orbitando alrededor del mismo sistema de siempre. 

Lo fascinante —y trágico— es que este teatro no funciona por accidente. Funciona porque hay un andamiaje mediático, económico y judicial que prefiere estabilidad para los de arriba y resignación para los de abajo. 

Macri no es solo un individuo: es una lógica. Una lógica donde los amigos del poder nunca pierden, donde las culpas se diluyen y donde los costos siempre caen sobre la gente común. 

Milei no es solo un personaje excéntrico: es la versión acelerada de esa misma lógica, sin maquillaje ni eufemismos. Si Macri fue el ajuste con sonrisa, Milei promete el ajuste con motosierra. 

Y Nisman no es solo un fiscal muerto: es el espejo roto donde la Argentina proyecta sus culpas, miedos y disputas, sin atreverse nunca a mirarse de frente. 

Hago este análisis no por obsesión con un nombre propio, sino para que quede claro quiénes juegan realmente el partido en la Argentina. 

El problema no es solo un dirigente que siempre cae parado: es un sistema que lo protege, lo recicla y lo vuelve a poner en juego cuando conviene. 

Mientras la mayoría mueve peones con las manos atadas, una minoría administra el tablero completo: decide qué causas avanzan, qué escándalos se olvidan y qué fortunas nunca pagan costo político. 

Por eso Macri —ayer, hoy o mañana— es menos un individuo que un síntoma. Un síntoma de un país donde el poder aprende a disfrazarse, cambiar de discurso y seguir gobernando desde las sombras. 

Y mientras no cambie ese tablero, siempre habrá otra figura lista para “resucitar”, volver al centro del escenario y jugar impunemente con las fichas ajenas. 

Porque en esta telenovela Argentina no ganan los más justos ni los más capaces: ganan los que saben doblar el tablero cuando la partida se les complica. 

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Los conflictos no se apagaron. Al contrario: se ordenaron en un patrón ya conocido. Paros a comienzos de mes, servicios interrumpidos, barrios aislados. La emergencia no resolvió el problema inmediato, pero sí habilitó algo más profundo: la posibilidad de una reconfiguración total del mapa del transporte local.

La emergencia en el transporte abrió una disputa de fondo contra el monopolio del transporte en Florencio Varela, un esquema que condiciona al distrito desde hace años.

El sistema está al borde del colapso

San Juan Bautista S.A., operadora de las líneas comunales, está atada estructuralmente al grupo MOQSA. El mismo grupo que concentra gran parte del transporte regional y que, además, regentea la línea 148, hoy en estado de agonía, con paros prolongados y sin horizonte claro de solución.

Ese dato es clave. Porque si la 148 —de jurisdicción nacional— sigue cayendo en un conflicto sin salida, el impacto no se limita a CABA. Arrastra a todo el esquema. Y si MOQSA no logra sostener ese frente, el efecto dominó puede alcanzar a San Juan Bautista.

En otras palabras: el sistema no está tenso. Está al límite.

🔴 El monopolio del transporte en Florencio Varela entra en su fase más crítica

🚨 El punto de partida

• Emergencia en el transporte declarada por el intendente Andrés Watson
• Decreto convalidado por el Concejo Deliberante en sesión extraordinaria
• Respaldo político e institucional pleno

🧱 El sistema que cruje

• San Juan Bautista S.A. concentra las líneas comunales
• La empresa está atada al grupo MOQSA
• MOQSA también regentea la línea 148, hoy en agonía
• Paros recurrentes a comienzos de cada mes
• Barrios sin alternativas reales de transporte

💣 El factor desestabilizante

• La 148 es de jurisdicción nacional
• El conflicto excede al Municipio
• El gobierno nacional no interviene
• La crisis de la 148 puede arrastrar al resto del esquema

⚖️ La jugada política

• Watson activa la emergencia como herramienta de fondo
• Reuniones con empresarios, sindicatos y trabajadores
• El objetivo: romper el monopolio de hecho
• Reordenar el sistema con mayor competencia

🚏 El escenario si el sistema estalla

• San Juan Bautista podría perder recorridos o quedar fuera
• Redistribución del servicio comunal
• Prioridad para empresas ya operativas en el distrito

🚌 Quiénes aparecen mejor posicionados

• Línea 324
• Línea 178
  (Empresas comunales con capacidad y presencia territorial)

🎯 Lo que está en juego

• Fin de un esquema concentrado
• Definición de quién controla el transporte
• Si la emergencia es un parche o un punto de inflexión

Emergencia como herramienta de ruptura

En este contexto, la emergencia deja de ser defensiva y pasa a ser ofensiva. Watson logró respaldo político —el Concejo Deliberante convalidó el decreto en sesión extraordinaria— y activó un proceso de diálogo con todos los actores: empresarios, sindicalistas, trabajadores, propietarios de líneas comunales, provinciales y nacionales.

Ese movimiento no es inocente. Es la antesala de un escenario posible: que el monopolio explote por los aires.

Y si eso ocurre, el Municipio ya tiene definidos los carriles de salida.

Quiénes quedan mejor posicionados

Si San Juan Bautista no logra sostener la prestación, las empresas comunales que ya operan en el distrito corren con ventaja. La línea 324 y la 178 aparecen como las principales candidatas a absorber recorridos, reforzar frecuencias y garantizar continuidad del servicio.

No se trata de improvisación. Son empresas con presencia territorial, conocimiento del distrito y capacidad operativa. En un escenario de crisis, tienen prioridad frente a operadores externos y pueden convertirse en el núcleo de un nuevo esquema de transporte, menos concentrado y más diversificado.

El mensaje es claro: si el sistema actual se cae, no habrá vacío. Habrá reemplazo.

MOQSA, la 148 y el nudo que nadie desata

La 148 sigue siendo el punto más crítico. No depende del Municipio. Es un conflicto de orden nacional. Y ahí aparece otro dato político: el gobierno de Javier Milei no interviene. No media. No arbitra. No ofrece salida.

Esa ausencia agrava todo. Porque mientras Nación se corre, el problema se descarga sobre los distritos. Y Florencio Varela, con un sistema hiperconcentrado, paga el precio más alto.

La agonía de la 148 no es un hecho aislado. Es el síntoma más visible de un modelo agotado.

La crisis expuso la fragilidad del monopolio del transporte en Florencio Varela, sostenido durante años por un mismo entramado empresarial.

Todo o nada

Watson parece haber leído el momento. La emergencia le dio marco legal, respaldo político y margen de maniobra. Ahora, la jugada es más arriesgada: dejar que el sistema se reconfigure, incluso si eso implica el final de San Juan Bautista tal como se la conoce.

No es una decisión menor. Implica enfrentar intereses económicos fuertes, resistencias sindicales y presiones políticas. Pero también puede ser la única salida para romper un monopolio que convirtió a miles de vecinos en rehenes.

Qué puede pasar ahora

Los escenarios están abiertos:

• Que el conflicto se estire y el sistema siga funcionando a medias.
• Que la crisis de la 148 termine de arrastrar a MOQSA y, con ella, a San Juan Bautista.
• Que el Municipio avance en una redistribución de recorridos, fortaleciendo a la 324 y la 178.
• ¿Cambiar de monopolio? El grupo empresario DOTA manifestó en reiteradas oportunidades que tenía las unidades de colectivos para ingresar ya a los recorridos locales.

Lo que parece descartado es volver al punto de partida. La emergencia rompió el equilibrio previo. Y cuando eso pasa, algo siempre cambia.

El final del monopolio, ¿más cerca?

Florencio Varela está ante un punto de inflexión real. No discursivo. Real. El transporte ya no se discute solo en términos de paros y frecuencias, sino de quién controla el sistema y para quién funciona.

Watson decidió ir a fondo. A todo o nada.
Romper el monopolio del transporte en Florencio Varela ya no es una consigna: es una posibilidad concreta abierta por la emergencia.

Y esta vez, los vecinos no miran desde afuera.
Esperan que, por primera vez, el sistema se reordene a favor de ellos.

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Por Esteban Echenique

El paro se levantó, pero el problema sigue. Florencio Varela acaba de vivir varias jornadas sin colectivos: diez líneas de MOQSA paralizadas, la línea 148 con 16 días de paro, barrios completamente aislados. Miles de vecinos sin poder moverse.

La declaración de emergencia del intendente Andrés Watson llegó como respuesta inmediata. Pero más allá de la medida de corto plazo, abre una pregunta más importante: ¿puede ser este el momento de cambiar de raíz un sistema que no funciona?

El problema tiene nombre y apellido

San Juan Bautista S.A., la empresa que opera las líneas comunales como la 500, pertenece al grupo MOQSA. El mismo MOQSA que tiene otras nueve líneas en el distrito. Entre ambas empresas del mismo grupo, concentran el grueso del transporte público de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

¿El resultado? Cada vez que hay un conflicto, no es «una línea» la que para. Son diez. Y como no hay alternativas reales, barrios enteros quedan literalmente varados.

A esto se suma los largos días de paro de la línea 148, de la empresa El Nuevo Halcón, que tiene el monopolio del trasnposte público de pasajes desde Florencio Varela a CABA.

Los Tronquitos, La Capilla, El Alpino, San Francisco, Villa San Luis, La Colorada, Pico de Oro, Villa Brown, Los Pilares, Curva de Chávez, San Jorge, Villa Argentina, Gobernador Costa, Santa Inés, Km 26, Don Orione. Dieciséis barrios sin ninguna otra línea que pase. Cero opciones.

«Somos rehenes de un medio de transporte que no cumple la función de transporte público», escribió una vecina en los comentarios de nuestra nota. Y tiene razón.

La emergencia declarada es una respuesta necesaria. Pero puede ser mucho más: la puerta de entrada a cambios estructurales que Varela necesita hace años.

El contexto nacional que agrava el problema local

Hay un factor que explica por qué los paros se volvieron moneda corriente en 2025 y 2026: el gobierno nacional de Javier Milei no paga los subsidios al transporte en tiempo y forma, según denuncian las empresas.

Ese atraso en los pagos genera conflictos recurrentes entre empresas y trabajadores, que terminan derivando en paros que afectan a los usuarios. Lo que antes era una excepción, ahora es la norma: todos los meses del año hay algún conflicto que paraliza líneas.

Pero acá está la clave: el problema nacional no invalida la responsabilidad local. Porque incluso con subsidios atrasados, la concentración de líneas en pocas manos hace que cuando hay paro, Varela quede completamente paralizada.

Si hubiera competencia real, si otras empresas operaran en los mismos recorridos, un conflicto con MOQSA no dejaría a 16 barrios aislados. Tendría alternativas.

El gobierno nacional tiene su responsabilidad. Pero el Municipio y el Concejo Deliberante tienen la suya: romper el monopolio para que los problemas nacionales no paralicen completamente al distrito.

La solución que todos piden (y nadie escucha)

Los comentarios en redes sociales son contundentes:

«Dejen que entren otras líneas de colectivos… Ya está. La 148 llegó a su fin, dejen entrar a la 178».

«Con que dejen entrar otras líneas en donde se los necesitan estaría más que bien».

La demanda es clara. La empresa La Colorada, que opera la línea 178 con recorrido desde Florencio Varela a Pompeya, tiene la concesión de algunos pisos comunales y está dispuesta a compulsar por más. Los vecinos lo piden. ¿Por qué no sucede?

La respuesta parece estar en la concentración del poder de concesión. Abrir licitaciones reales, permitir la entrada de nuevas empresas, generar competencia: todas son medidas que podrían romper el ciclo de paros recurrentes y barrios aislados. Pero requieren voluntad política.

Y la emergencia declarada por Watson puede ser justamente la herramienta que facilite tomar esas decisiones.

La UTA: ¿dónde está el sindicato?

Hay un actor que brilla por su ausencia en este conflicto: la Unión Tranviarios Automotores (UTA).

En 2024, tras la muerte de Sebastián Miere —el joven de 20 años que viajaba en el estribo del colectivo cuando se desfondó, cayó y fue aplastado por el interno 722 de la línea 500—, la UTA cortó la avenida Calchaquí. Pero no lo hizo para exigir justicia por Sebastián ni para denunciar el pésimo estado de las unidades.

Lo hizo para defender a San Juan Bautista S.A., la patronal, ante los rumores de que el Concejo Deliberante iba a quitarle la concesión por el deplorable estado de sus colectivos.

Fue una postal inquietante: el sindicato de los trabajadores saliendo a defender a la empresa que había puesto en circulación una unidad en condiciones que terminaron costando una vida.

En este último paro, con 10 líneas paradas y 16 barrios aislados, la UTA no apareció. No hay comunicados. No hay movilizaciones. No hay reclamos públicos.

¿Defiende a los trabajadores o a la patronal? La pregunta quedó flotando desde 2024. Este jueves, el silencio volvió a ser la respuesta.

Sebastián Miere: la tragedia que no se olvida

Agosto de 2024. Sebastián Miere tenía 20 años. Viajaba en el estribo del interno 722 de la línea 500 cuando el piso del colectivo se desfondó. Cayó. Fue aplastado. Murió.

No fue un accidente inevitable. Fue la consecuencia directa del estado deplorable en el que circulan las unidades de San Juan Bautista S.A.

Pasaron los meses. No hubo cambios estructurales. Las concesiones siguieron intactas. Los colectivos siguieron en mal estado. Y los paros siguieron repitiéndose.

La muerte de Sebastián debería haber sido el punto de inflexión. En cambio, fue una tragedia más que se archivó sin consecuencias.

La emergencia declarada ahora puede ser la oportunidad de que finalmente algo cambie. De que la muerte de Sebastián no haya sido en vano.

Las voces de los vecinos

«En febrero miles de chicos, nuestros hijos y nietos, comienzan a estudiar y rendir. La gente de Capilla, Alpino, Tronquitos y 5 Esquinas tiene que tomar remis para trasladarse al centro de Varela. Necesitamos que esto se solucione a la brevedad. No podemos ir a cumplir con nuestras obligaciones y nuestra familia no puede dirigirse a estudiar», escribió una vecina en Facebook.

Es la realidad de miles de familias. Tomar remis no es una opción económica viable para la mayoría. Y sin transporte público, se cae todo: el trabajo, el estudio, la salud, la vida cotidiana.

«Esperamos su pronta disposición a resolver lo antes posible la necesidad de cientos de varelenses», cerró la vecina. La urgencia es real. El hartazgo, también.

Y la emergencia declarada puede ser el marco para darles una respuesta de fondo, no solo una solución provisoria.

¿Qué soluciones reales existen?

La emergencia declarada por Watson habilita medidas de corto plazo: recorridos de emergencia, frecuencias mínimas, unidades alternativas. Son respuestas necesarias ante la crisis inmediata.

Pero también abre la puerta a decisiones más profundas:

1. Abrir licitaciones reales para nuevas empresas Romper el monopolio de facto. Permitir que otras empresas como La Colorada (línea 178) puedan operar más recorridos. Generar competencia. La emergencia puede facilitar procesos acelerados de licitación.

2. Control efectivo del estado de las unidades No puede volver a pasar lo de Sebastián Miere. Tiene que haber inspecciones rigurosas y sanciones reales cuando las unidades no cumplen las condiciones mínimas de seguridad. La emergencia permite establecer protocolos más estrictos.

3. Sanciones por incumplimientos Si una empresa paraliza el servicio de manera recurrente, tiene que haber consecuencias concretas, incluida la posibilidad de perder la concesión. La emergencia da marco legal para actuar con más contundencia.

4. Alternativas para barrios críticos Los 16 barrios que quedaron completamente aislados necesitan, como mínimo, una segunda línea de otra empresa. No pueden depender exclusivamente de MOQSA. La emergencia permite habilitar recorridos alternativos de forma más ágil.

5. Transparencia en las concesiones ¿Bajo qué condiciones se otorgan? ¿Qué requisitos de calidad de servicio existen? ¿Qué pasa cuando no se cumplen? La emergencia es el momento de poner todo sobre la mesa y establecer reglas claras.

El ciclo que se repite (y puede romperse)

Este no es un hecho aislado. Es el mismo problema que se repite todos los meses. Los vecinos lo saben. Los comerciantes lo sufren. Los estudiantes pierden clases. Los trabajadores pierden jornales.

Y cada vez, la respuesta era la misma: paciencia, esperar, «están en negociaciones». Mientras tanto, barrios enteros quedaban a la deriva.

Pero esta vez hay algo diferente: una emergencia declarada que da herramientas para actuar.

La pregunta es si esas herramientas se van a usar solo para apagar el incendio inmediato, o si se van a aprovechar para cambiar el sistema que genera los incendios.

La oportunidad está sobre la mesa

Watson declaró la emergencia. Esa declaración le da herramientas para actuar de formas que en situación normal serían más complejas. Es una ventana de oportunidad.

El Concejo Deliberante también tiene un rol clave: puede impulsar ordenanzas que regulen mejor el sistema, que establezcan estándares claros de calidad, que abran el juego a nuevos actores.

Las herramientas están. La demanda de los vecinos es clara. La pregunta ya no es técnica, es política: ¿hay voluntad para aprovechar este momento?

Porque si no es ahora, cuando hay emergencia declarada y consenso social sobre el problema, ¿cuándo?

Los vecinos merecen respuestas de fondo

La emergencia puede resolverse en días. Puede volver el servicio, normalizarse la situación, archivarse el tema. Hasta el próximo paro.

O puede ser el punto de partida para cambios que Florencio Varela necesita hace años.

Abrir licitaciones. Permitir competencia. Controlar las unidades. Sancionar incumplimientos. Garantizar alternativas para los barrios más vulnerables.

No son medidas imposibles. Son decisiones políticas concretas que la emergencia declarada facilita tomar.

El momento es ahora

Dieciséis barrios aislados. Diez líneas paradas. Dieciséis días sin la 148. Una muerte que no se olvida. Un sindicato que defendió a la empresa y desaparece cuando hay que defender a los usuarios.

Pero también: una emergencia declarada. Una ventana abierta. Una oportunidad histórica.

Los vecinos de Florencio Varela no piden milagros. Piden lo básico: poder moverse, ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, llegar al médico sin depender de que una sola empresa decida si ese día habrá colectivos o no.

La emergencia puede ser un parche más. O puede ser el punto de inflexión que rompa con años de un sistema que no funciona.

Florencio Varela tiene la oportunidad. Watson y el Concejo tienen las herramientas. Los vecinos tienen la demanda clara.

Lo único que falta es la decisión política de aprovechar este momento.

Porque si no es ahora, ¿cuándo?

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Primeramente, quiero ofrecer un diagnóstico a vuelo de pájaro, de la situación en nuestro Distrito, así como en la zona y en la región. Posteriormente, desarrollaré un aporte concreto, ya que en Argentina abundan los opinólogos y diagnosticadores que, sin propuestas, solo generan temor con sus desinformaciones entre los vecinos y ciudadanos en general.

En segundo lugar, debo ser taxativo y afirmar, sin temor a equivocarme, que en Florencio Varela habrá pobreza mientras el Distrito continúe siendo:

1. Una ciudad dormitorio,
2. La política siga manteniendo el clientelismo,
3. No generando, el municipio y la provincia, promociones industriales y comerciales,
4. No bajen los impuestos: a) municipales, b) ARBA, c) al consumo, d) al comercio, e) a los comerciantes, ejemplo. combustibles, automotor, etc. y
5. No dejen la corrupción.

Introducción

Florencio Varela, un municipio con un gran potencial, enfrenta serios desafíos que perpetúan la pobreza en los vecinos en su comunidad. A continuación, les invito a que juntos exploremos cinco factores claves que contribuyen a esta problemática y cómo abordarlos podría transformar la realidad de la ciudad.

1. Ciudad dormitorio

Florencio Varela ha sido catalogada como una ciudad dormitorio, donde muchos de sus habitantes se trasladan a otras localidades para trabajar. Esta situación limita las oportunidades de desarrollo local y genera una dependencia económica que afecta la calidad de vida.

Lo google: Florencio Varela comenzó a perfilarse como ciudad dormitorio de forma más marcada a partir de la década de 1960 y 1970, cuando el desarrollo industrial en el conurbano bonaerense atrajo población que buscaba viviendas más económicas, transformándose de una zona con fuerte actividad local a un lugar donde la gente dormía y trabajaba en otras ciudades cercanas, como ser; Quilmes, Berazategui o incluso la Capital Federal, aunque ya en los años ’40 y ’50 se veían los primeros movimientos de expansión.
Frente a esta realidad, es fundamental fomentar la creación de empleo en la misma ciudad, promoviendo así un ciclo de crecimiento sostenible. (ver el punto 3).

2. Clientelismo político

El clientelismo político es otro obstáculo significativo. Esta práctica, que consiste en ofrecer beneficios a cambio de lealtades políticas y partidarias, socava la democracia y perpetúa la pobreza. Para combatir esto, es necesario fortalecer la transparencia en la gestión pública y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

3. Falta de promoción industrial y comercial

La falta de iniciativas para promover industrias y comercios en la región limita las oportunidades laborales. El municipio y la provincia deben trabajar en conjunto para atraer inversiones, ofreciendo incentivos a empresas que deseen establecerse en Florencio Varela. Esto no solo generaría empleo, sino que también diversificaría y aumentaría la economía local.

4. Altos impuestos

Los altos impuestos, tanto municipales como provinciales, representan una carga para los comerciantes y ciudadanos. Es fundamental revisar y reducir estos impuestos en un 35 o 40%, especialmente aquellos que afectan directamente al consumo y al comercio, como el impuesto a los combustibles, al automotor, etc. Una política fiscal más amigable y una sana administración, podrían estimular el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.

5. Corrupción

Por último, la corrupción es un problema que debe ser erradicado para garantizar un desarrollo equitativo y un crecimiento sostenible. La implementación de mecanismos de control y auditoría, así como la promoción de la ética en la sana administración pública, son pasos esenciales para construir una sociedad más justa.

Conclusión

La pobreza en Florencio Varela es un problema multifacético que requiere un enfoque integral. Es fundamental reconocer la problemática señalada en los cinco puntos, actuando con honestidad, seriedad y madurez. Necesitamos asumir esta responsabilidad con un verdadero sentido patriótico, alejándonos de la hipocresía nacionalista y de las banderías políticas que fomentan el individualismo, la discriminación y el egoísmo.

Abordar estos cinco factores podría abrir la puerta a un futuro más próspero para nuestros habitantes. Es momento de que tanto las autoridades como la comunidad, incluidas las iglesias evangélicas y las fuerzas vivas, trabajemos juntas para transformar la realidad de nuestra ciudad y distrito. Esto es lo que Dios promueve en 1 Timoteo 2:1-2, desde hace más de dos mil años a través de La Sagrada Escritura (La Biblia), porque leer la Biblia hace feliz a la familia y enaltece la Nación.

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Otra vez el conurbano sur quedó a pie. Ocho líneas de colectivos —entre ellas la 148, 500, 504, 505, 507, 383, 324 y 603— paralizaron sus recorridos y miles de vecinos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui se vieron obligados a caminar, esperar o simplemente quedarse en casa. No es la primera vez. Y lo que duele no es sólo la ausencia del transporte, sino el silencio que la rodea.

En septiembre del 2024 ya habíamos asistido a una postal parecida. Aquella mañana, choferes de la línea 500 nucleados en la UTA (Unión Tranviarios Automotor), perteneciente a la empresa San Juan Bautista (MOQSA), bloquearon la Avenida Calchaquí con unos cuarenta colectivos en condiciones deplorables. Reclamaban que la empresa no perdiera la concesión. Lo insólito era que las mismas unidades que usaban para protestar —con pisos corroídos, escalones rotos y vidrios rajados— eran las que los vecinos denunciaban por poner en riesgo sus vidas.

Esa escena quedó grabada en la retina de muchos varelenses. Apenas unas semanas antes, el nombre de Sebastián Miere, un joven de 20 años, había estremecido a la región. Murió aplastado bajo las ruedas del colectivo en el que viajaba, cuando el piso del vehículo cedió por completo. Un horror que expuso el nivel de deterioro de un sistema que debería garantizar seguridad y dignidad.

Desde entonces, la indignación vecinal no hizo más que crecer. Fotos, videos y denuncias se multiplicaron en redes y medios locales, mostrando los mismos colectivos oxidados que siguen circulando. Y, sin embargo, cada vez que el conflicto llega al límite y los trabajadores paran porque no les depositan el sueldo, la pregunta vuelve: ¿dónde está la voz de la UTA?
¿Dónde están los intendentes de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui?

Porque no se trata sólo de una empresa ni de un reclamo salarial. Es un síntoma de algo más profundo: la desidia. Una cadena de responsabilidades que se corta siempre del lado más débil —el del pasajero—, que paga boletos caros por un servicio cada vez más precario. Mientras tanto, el gremio calla, las autoridades miran hacia otro lado y los vecinos se apilan en las veredas, esperando un colectivo que no llega.

Aquel día de septiembre del 2024 no era la primera vez que la UTA jugaba fuerte. Hace algunos años, cuando se debatía la renovación de la concesión del transporte local y otra empresa se había presentado para competir por el servicio, los representantes gremiales también se hicieron presentes en el Concejo Deliberante, entonces presidido por Laura Ravagni, para hacer lobby en favor de la actual empresa. Aquel antecedente, que muchos recuerdan, hoy vuelve a cobrar sentido frente al silencio del sindicato ante el deterioro del servicio y los reclamos de los usuarios.

La empresa San Juan Bautista sigue en el ojo de la tormenta, pero no es la única. El problema estructural del transporte en el sur del conurbano arrastra años de abandono, de subsidios mal controlados, de colectivos que deberían estar en un museo del óxido. Todo eso, combinado con la pasividad del Estado municipal y provincial, conforma una ecuación explosiva.

Y cuando los colectivos vuelven a andar, todo se apaga hasta el próximo paro.
Hasta el próximo sueldo atrasado.
Hasta la próxima tragedia.

El silencio institucional frente a este problema no es neutral: es cómplice.
Mientras los vecinos caminan kilómetros para ir a trabajar, estudiar o atenderse en un hospital, nadie les explica por qué deben seguir viajando en unidades que ponen en riesgo su vida.

El transporte público no puede ser un lujo ni un castigo. Es un derecho básico.
Y en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, hace rato dejó de serlo.

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Transmitir una empresa no es solo un acto jurídico, contable o impositivo. Es, sobre todo, un acto de amor: la herencia de valores, pertenencia y compromiso que dan continuidad a la historia familiar. “Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos…”. Me sorprende ver a mi amigo Raúl, apasionado cantor de tangos, interpretar Chiquillada (sí, la canción inmortal de José Carbajal “El Sabalero”). Pero lo que más me sorprende no es el cambio de repertorio, sino el coro que lo acompaña: sus nietos y nietas, con esa frescura que solo la infancia puede regalar.

En ese instante, la escena se vuelve inolvidable. La voz templada del abuelo se entrelaza con las voces claras de los chicos y chicas, y el aire se carga de algo que no puede medirse en aplausos: la transmisión de un legado.
Más que patrimonio. Quien funda una empresa suele pensar que su herencia se reduce al patrimonio: acciones, inmuebles, inversiones. Pero la herencia verdadera va más allá de lo contable, lo jurídico o lo impositivo. Está en la capacidad de transmitir compromiso, pertenencia y deseo de continuidad.

El legado invisible

Lo que Raúl transmitía en ese escenario no era música perfecta. Era amor, alegría de estar juntos, la certeza de pertenecer a una misma historia. De la misma manera, el fundador de una empresa que piensa en sus nietos no está simplemente entregando capital: está regalando un capital emocional, una herencia de valores que da sentido a todo lo construido.

Continuidad con sentido

La continuidad de una empresa no depende solo de protocolos o balances. Depende, sobre todo, de que las nuevas generaciones sientan orgullo de pertenecer, igual que los nietos de Raúl se subieron a cantar con él sin miedo a desafinar.

El acto de amor

Transmitir la empresa familiar es, en definitiva, un acto de amor. El verdadero legado del abuelo fundador no es solo el fruto material de su esfuerzo, sino la convicción de que lo importante es hacer crecer lo recibido con amor y compromiso.

El mensaje que permanece

Ese día, Raúl y sus nietos no estaban pensando en herencias ni en balances. Pero lo que ocurrió allí, al cantar juntos, fue un acto de transmisión que constituye la verdadera base de un exitoso protocolo familiar. Porque, cuando un abuelo entrega la posta, lo que de verdad deja no es una empresa ni un capital: deja un mensaje imborrable para su familia y para la historia: “Esto que construí también es parte de ustedes. Cuídenlo, háganlo crecer, y háganlo con amor.”

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En Florencio Varela nada de lo que pasó debería sorprender. Lamentablemente.

La Justicia confirmó en el 2022 lo que Infosur venía contando hace años: en diciembre de 2018, un narco peruano asesinó al subteniente Arnaldo Andrés López en el barrio Paraná. La pelea era por los campos donde se vendía droga y el territorio estaba en disputa. Nosotros lo publicamos. Estaba escrito. Nadie escuchó. [Acá podés leer aquella nota.]

Pero esa no fue la primera advertencia. Apenas un año antes, en febrero de 2017, había ocurrido la Masacre de Varela, un crimen a la vista de todos, en plena avenida Senzabello. Lo contamos en nuestras páginas, lo mostramos en imágenes, lo relatamos en un documental.

Desde entonces, los casos se multiplicaron: más muertes, más expedientes olvidados, más familias destruidas. En Infosur advertimos sobre la escalada. En esta nota lo señalamos antes del tiroteo en San Rudecindo. Pero otra vez, nadie escuchó.

Después vinieron, solo como ejemplos, el crimen de Lautaro Morello y Lucas Escalante. El doble homicidio de Paloma y Josué, entre otros.

Todo estaba frente a los ojos de quienes tenían que actuar: la política, la policía, la justicia. Pero prefirieron callar. La inacción fue cómplice.

Mientras tanto, las bandas crecieron. Se instalaron en los barrios, marcaron territorio, se movieron con la misma impunidad de siempre. Y hoy el espanto vuelve a golpear: tres chicas mutiladas, torturadas, asesinadas. Otra vez, la marca narco. Otra vez, el Estado ausente.

La secuencia es clara y está escrita con sangre: primero la masacre de Senzabello, después el policía en el campo de la droga, después otros crímenes silenciados, y ahora el triple femicidio. No hay sorpresa. Lo que hay es desidia. Y cada vez que se ignoró una advertencia, el precio lo pagó Varela. Y lo pagó con sangre.

Los vecinos lo saben y lo repiten en la calle: la violencia no se detiene con discursos ni con excusas. Se detiene con decisión política, con una justicia firme, con un Estado presente de verdad. Nada de eso ocurrió.

Por eso la frase es tan brutal como real:
Los peruanos ya habían matado en Varela.
El problema no fue no saberlo.
El problema fue no querer verlo.

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Resulta imperioso que en la próxima elección presidencial los argentinos tengan la oportunidad de optar por una alternativa política de centro, que dé garantías de gobernabilidad, que acredite experiencia en la gestión pública y que tenga dirigentes políticos y equipos técnicos idóneos para gobernar el país.

El desastroso final del ciclo macrista y el rotundo fracaso de la gestión
kirchnerista fueron las causas de una enorme frustración colectiva, que derivó en
el advenimiento del actual experimento mileísta.

El acuerdo articulado por el exgobernador Juan Schiaretti junto a los actuales gobernadores Llaryora de Córdoba, Pullaro de Santa Fé, Sadir de Jujuy, Torres de Chubut, Vidal de Santa Cruz y Valdés de Corrientes, representa la base de sustentación y la plataforma de despegue de esa nueva alternativa política y electoral denominada “Provincias Unidas” a la que, con toda seguridad, habrán de integrarse otros mandatarios provinciales.

Impulsada desde el interior de la Argentina, con una fuerte impronta federal, sostiene la necesidad de proteger y promover la producción nacional, de impulsar el crecimiento del empleo con sueldos dignos, de administrar responsablemente los recursos, de contener y asistir a los sectores más desprotegidos.

Las ideas y las propuestas de este nuevo espacio político se basan en el respeto a los derechos y las garantías constitucionales, en el fortalecimiento de las instituciones del sistema democrático, en la libertad de expresión y en la tolerancia al disenso.

Es tiempo de sumar nuestros mejores esfuerzos a la construcción y a la consolidación de esta nueva alternativa.

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El abogado querellante de la familia de Josué, Carlos Dieguez, no se limitó a señalar fallas técnicas. Puso el dedo en la llaga: testigos clave ignorados; un incendio intencional del predio pocas horas después de hallados los cuerpos; ausencia total de preservación de la escena del crimen, lo que imposibilitó levantar huellas o rastros. Como si cada paso de la investigación hubiera sido una coreografía para que la verdad nunca aparezca.

En cualquier otra profesión, los errores graves tienen consecuencias. Si un cirujano comete una mala praxis y el paciente muere, hay juicio, sanción, inhabilitación, cárcel. Pero en el sistema penal argentino, cuando un fiscal o una fuerza de seguridad “operan” mal una causa, no pasa nada. Ni prisión, ni inhabilitación, ni sanciones. Ni siquiera el repudio social que deberían cargar sobre sus espaldas.

Entonces, la pregunta incómoda que deberíamos hacernos es esta: ¿debería un fiscal ir preso cuando, por negligencia o impericia, una causa termina en la nada y un asesino queda libre? ¿O debería ser la policía la que pague, cuando no preserva pruebas y arruina un expediente? ¿O será que, en esta Argentina invertida, la única condena es para las familias de las víctimas, que cargan de por vida con la ausencia y la frustración?

En las primeras 72 horas después de un homicidio se define el rumbo de la investigación. En este caso, todo se hizo al revés. Es imposible no sospechar que hubo más que simple torpeza. La hipótesis planteada por Dieguez –que Paloma y Josué pudieron haber sido asesinados en otro lugar y luego trasladados– no es descabellada. Lo descabellado es que, con tantas pruebas perdidas o destruidas, quizá nunca lo sepamos.

La impunidad no es un accidente. Es el resultado de un sistema que nunca se somete a examen, donde el fracaso de las instituciones se paga con vidas ajenas. Y, en el caso de Paloma y Josué, ya hay dos tumbas abiertas que lo confirman.

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