En una contundente declaración, la Iglesia Católica de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui expresó su firme oposición al inminente tratamiento de la denominada Ley Bases propuesta por el gobierno de Javier Milei.
A través de un comunicado del Departamento de Pastoral Social, la Vicaría de la Solidaridad y el Departamento de Justicia y Paz, la Diócesis de Quilmes manifestó su preocupación por las implicancias de esta iniciativa legislativa.
«En este tiempo en que se debate la denominada ‘Ley Bases’, queremos poner la mirada sobre el sentido solidario y el cuidado de la vida de nuestro Pueblo que pensamos debe regir una ley que oriente y vele por la convivencia solidaria y fraterna de nuestra comunidad nacional», comienza el comunicado, haciendo un llamado a la reflexión y al análisis profundo de las consecuencias sociales que esta ley podría traer.
La Iglesia cuestiona la solicitud de facultades legislativas extraordinarias para el Ejecutivo, planteando la necesidad de evaluar si este es el momento adecuado para otorgar tales poderes a un gobierno que, según el comunicado, ha demostrado ineficacia en la distribución de alimentos en un contexto de creciente pobreza e indigencia.
Uno de los puntos más críticos del comunicado se refiere al impacto de la Ley de Bases sobre el sistema jubilatorio. «¿Contempla la realidad de las personas que trabajaron toda su vida en la informalidad y en la vejez quedarían desprotegidas?», pregunta la Diócesis, alertando sobre el riesgo de desamparo para gran parte de la población.
La reforma laboral propuesta también es objeto de preocupación. La Iglesia subraya la importancia del diálogo y el consenso con trabajadores y sus organizaciones representativas para cualquier cambio en esta área. Además, advierte sobre los peligros del blanqueo de capitales, sugiriendo que podría facilitar la integración de dinero del narcotráfico en la economía formal, con graves consecuencias para la juventud.
Otro aspecto criticado es el cambio de prioridades en la producción energética, señalando la falta de atención a las familias que aún carecen de servicios básicos. La Iglesia también cuestiona el programa de privatizaciones y la reforma del Estado, preguntando si estas propuestas consideran adecuadamente las áreas esenciales para el desarrollo nacional y el destino de los trabajadores que podrían ser despedidos.
La declaración también critica el uso de la fuerza como acto administrativo sin intervención judicial, considerándolo inadecuado en tiempos de conflicto social, y se preocupa por la preservación de instituciones cruciales como el Banco Nacional de Datos Genéticos, vital para la búsqueda de verdad y justicia en el país.
La eliminación del Fondo de Integración Socio-Urbana, que mejora la calidad de vida en barrios populares, es otra medida que la Iglesia observa con profunda tristeza y preocupación.
«Pedimos al Dios de la Justicia y la Paz, que iluminen el corazón de nuestros legisladores y gobernantes, para que actúen siempre en favor del pueblo argentino y especialmente de los más necesitados. Nuestra Patria está en riesgo si avanzaran estas pretendidas reformas que, pareciera, tienen como único objetivo la disolución del Estado», concluye el comunicado, haciendo un llamado a la reflexión y a la acción en defensa de los derechos y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad.
