El exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro admitió al declarar en el juicio por el crimen de Lucas González (17), el joven de Florencio Varela, que la primera información policial que recibió sobre el hecho ocurrido el 17 de noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barracas fue que se había tratado de «un enfrentamiento armado con un delincuente abatido», aunque tras el análisis de las evidencias advirtió que existían «graves irregularidades» por parte de los Policías de la Ciudad implicados, a quienes puso a disposición de la Justicia y les inició un sumario.
«El jefe de policía (de la Ciudad) me dice que supuestamente había habido una persecución en la cual, en un enfrentamiento, había sido abatido un delincuente. Lo primero que hago es recabar las pruebas tecnológicas. En función de eso llamo al jefe de la policía y le digo que la situación no es como me la había comentado y me dijo ‘sí, estamos esperando a ver qué pasa’. Y le dije, ´no, no esperamos nada´», sostuvo D´Alessandro ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 que juzgan a tres efectivos por el homicidio de Lucas y a otros 11 por el posterior encubrimiento del hecho.
Vestido de traje gris y corbata a tono, el exfuncionario ingresó a las 10.20 a la sala de audiencias, donde expuso durante una hora frente a los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero.
El padre de Lucas y del resto de los jóvenes que resultaron víctimas del hecho no ingresaron a la sala de audiencias y decidieron escuchar la declaración del exfuncionario porteño en un bar a través de la aplicación Zoom desde un teléfono celular.
Tranquilo y atento a las consultas de la querella y del fiscal de juicio, el testigo aseguró que supo lo sucedido minutos antes de ingresar al palco donde se iba a celebrar ese día el quinto aniversario de la policía porteña y aclaró que su rol como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad era ser «jefe político» de la Policía porteña «y no su jefe operativo».
D´Alessandro hizo hincapié en la evidencia que surgió del geoposicionamiento de los celulares de los agentes implicados en el hecho y lo que se observó en las imágenes de las cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad sobre los minutos previos a que los policías de una brigada que tripulaban un Nissan Tiida divisaran el Volkswagen Suran donde viajaban Lucas y sus tres amigos.
«Los ven a los chicos, los pasan y los paran en la bocacalle (sobre la avenida Iriarte y Luna), y cuando arrancan los chicos, (los policías) arrancan atrás. Eso se ve en las cámaras», relató sobre lo acontecido.
El exministro reiteró en varias oportunidades que desde un primer momento se puso a disposición de la justicia, ya que las imágenes «mostraban irregularidades graves ante un hecho gravísimo» y en el accionar policial «no se cumplió con la ley».
«No se cumplió con la identificación, con el balizamiento que necesita tener una brigada al momento de actuar. No había una situación de peligro que amerite una maniobra como la que se desarrolló», expresó.
También indicó que entre las informaciones que solicitó, supo que había una orden judicial vinculada a la presencia de la brigada 6 en esa zona del barrio porteño de Barracas, pero que no había una disposición de que tuviera que actuar en ese momento.
D´Alessandro destacó que los policías no cumplieron con el protocolo establecido por la Policía de la Ciudad: «No se identifican, no tenían los chalecos puestos, no estaba el auto balizado, no se moduló para identificarlos (a los adolescentes)».
Por último, recordó que también le informaron sobre el hallazgo de «algo similar a un arma de fuego», pero que según luego se enteró «terminó siendo una réplica».
En un tramo de la declaración, el tribunal reprodujo un audio de WhatsApp enviado por el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54) -actualmente detenido por encubrimiento-, en el que dice que los policías «se mandaron un re mocazo»; que «es posible que sean jugadores de fútbol», en referencia a las víctimas; que «los tiros son de atrás hacia adelante» y que «le volaron el frasco», en relación al disparo que Lucas había recibido en la cabeza.
«Suena espantoso y horrible», se limitó a decir D´ Alessandro al respecto.
Antes de finalizar con la testimonial, el abogado Gregorio Dalbón, representante de la familia de Lucas González y de sus tres amigos, le agradeció por ser el único funcionario de la Ciudad que le dio el pésame a la familia del adolescente.
A la salida de los tribunales, y luego de dialogar con la prensa, D´Alessandro se cruzó con Héctor «Peca» González, padre de Lucas, y con los padres de Joaquín Zuñiga (19) y Julián Salas (19), dos de los amigos de Lucas que fueron víctimas de torturas policiales en ese mismo hecho, al igual que Nivem Huanca (18).
«Le dimos las gracias porque siempre dijo la verdad y reconoció el mal accionar de los policías cuando vio los videos», dijo a Télam Zuñiga.
El crimen de Lucas, quien era jugador de las divisiones inferiores de Barracas Central, ocurrió el 17 de noviembre de 2021 cuando él y sus tres amigos salieron de entrenar en dicho club y, mientras regresaban a sus casas en un Volkswagen Suran color azul, fueron interceptados por el Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de civil que les hicieron señas para que se detuvieran.
Como no llevaban vestimenta policial y el auto no tenía balizas, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, por lo que los efectivos les dispararon y balearon a Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela a raíz de un tiro en la cabeza.
Tras ello, según la pesquisa, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas y detuvieron a dos de los amigos de Lucas, mientras que el tercero escapó y se presentó más tarde con sus padres para contar lo que había sucedido.
Los policías Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37) llegaron a juicio imputados como coautores del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentan cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
