Aquellas palabras que inundan y hablan de diálogo y respeto a las decisiones judiciales se derrumban como un castillo de naipes ante la realidad. Luis Federico Arias aparece como una clara víctima de que “sí se puede” avanzar sobre cargos que se animan al poder. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata podría formar parte de ese entramado de presiones que terminan en renuncia, aunque el magistrado anuncia que “no lo va a hacer”.
En una maniobra que aparece ante el sentido común cargada de irregularidades, el procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, ordenó que se le inicie un jury a Arias por dos causas, una referente a la inundación de La Plata en 2013 –cuya investigación estuvo a cargo de Arias– y otra por una solicitada firmada por Arias para impedir la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, hecho que las autoridades interpretaron como una “actuación partidaria política”.
Arias se había destacado en el último año y medio por defender las garantías de los consumidores ante los tarifazos de luz y gas, así como también por la intervención en el conflicto docente o en violentos desalojos ordenados por el municipio en zonas vulnerables de la periferia platense. Pero no fueron los únicos.
Luis Federico Arias egresó de la Facultad de Derecho de La Plata en 1992. Realizó un posgrado sobre Derecho Administrativo y comenzó a ejercer la profesión en forma autónoma. En 1998 concursó para ingresar al fuero Contencioso Administrativo, creado por la Constitución provincial de 1994, pero que comenzó a funcionar casi 10 años después.
El arranque en el cargo fue poco ortodoxo. Se vio obligado a litigar contra el Estado porque tenía aprobada su designación pero no podía ejercer: la provincia de Buenos Aires no asignaba los fondos presupuestarios para poner en marcha ese fuero judicial.
Más de tres años le demandó esa pelea: el reclamo de Arias —y otros 11 magistrados en iguales condiciones— llegó hasta la Suprema Corte provincial. Y en diciembre de 2003 pudo abrir las puertas de su despacho en la zona de los Tribunales de La Plata. Desde entonces, se encuentra a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1.
En la zona sur del conurbano bonaerense tuvo actuaciones en graves problemas poblacionales. Los vecinos acudieron al magistrado ante las denuncias de contaminación en la ex Papelera Masuh de Quilmes, en los arroyos de la zona y en el peligro que significaba el gasoil que brotaba de la tierra en épocas de Repsol YPF en la ribera quilmeña.
Además, emitió resoluciones que prohibieron a la Policía detener menores de edad, como así también denunció «connivencia» entre los miembros de esa fuerza y los delincuentes, a la hora de cometer delitos
Esta última medida le valió una fuerte denuncia judicial por parte del exministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, quien lo señaló «por el posible delito de omisión de denuncia en el que habría incurrido el magistrado» al no presentarse ante el fuero penal para detallar los casos concretos en los que la policía habría reclutado menores para delinquir.
“Estoy con la conciencia tranquila de haber cumplido con mis funciones, tal como lo tuve previsto hace quince años. Ya venía anunciándose este desenlace”, dijo el magistrado, que enfrentará el jury este jueves en el Senado bonaerense, donde un jurado definirá si se aprueba o no la acusación de Conte Grand. “A mí me armaron una causa penal por pedirle al fiscal Jorge Paolini que no divulgue datos que oficializaran víctimas de la inundación”, expresó.
La actuación dentro del caso por parte de Arias le valió conflictos con funcionarios que lo acusaron de obstruir la investigación, hecho que llevó al juez a denunciarse a sí mismo para dejar en claro su desempeño en la tarea. “Yo ya había sido juzgado por esa causa y un jurado determinó que no había ninguna irregularidad por mi actuación en esa investigación. Y ahora pretenden juzgarme por la misma causa, violando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, expresó el magistrado, quien aseguró “no tener duda” de que el pedido de jury está impulsado por causas “estrictamente políticas”.
Cabe recordar que el 28 de julio de 2016, el diario Clarín publicó una nota titulada “Uno por uno, los jueces y fiscales que atormentan al macrismo”. El artículo, firmado por Eduardo Paladini, iba encabezado por una foto del juez Arias, a quien sumaba a una suerte de “lista negra” que incluía nombres como el de la referente de Justicia Legítima, María Laura Garrigós, el fiscal Federico Delgado o la propia Gils Carbó.
“¿A mí me imputan por una solicitada y me dicen que ‘hago política’, pero la jueza que preside la Corte es una militante radical? Claro, como pertenece a Cambiemos entonces no es una ‘jueza militante’”, dijo Arias, y agregó: “Su esposo fue consultor de Raúl Alfonsín, ella misma fue promovida por el propio Federico Storani dentro de la Corte”.
En tanto, el juez en lo Contencioso Administrativo advirtió que el gobierno “no obtendrá su renuncia” y que, de ser necesario, podría llevar el caso a una instancia de apelación a organismos internacionales.
El titular del juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo concluyó: “Quisimos que este sea un fuero que no pertenezca a la patria contratista sino un lugar del ciudadano, donde pudiera reclamar sus derechos. Este es el costo que pagamos por todo esto. Hay decisiones que irritaron al gobierno. Las imputaciones que me hace son una infamia”.
