Los 14 comedores que el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) tiene en distintos barrios de
Florencio Varela se encuentran en el listado como presuntas víctimas del espionaje ilegal de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el proyecto AMBA, durante la gestión de Mauricio Macri,
según investiga el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El hecho que involucra además a dirigentes políticos y sociales de Florencio Varela tal como
publicó Infosur hace dos semanas, mereció el repudio por unanimidad del Concejo Deliberante
que en sesión ordinaria aprobó el proyecto de resolución a instancias de una presentación del
Frente de Todos y el Nuevo Encuentro. El bloque de Cambiemos también rechazó la presunta
modalidad de espionaje pese a que reprochó a que se nombrara al ex presidente.
En la resolución judicial, a la que tuvo acceso Infosur, se señala que se encontró un documento
–formato Excel, ubicado entre los archivos de la Base Quilmes, en el que se detalla un listado
pormenorizado de organizaciones con actuación política en la zona sur del Gran Buenos Aires. El
documento aborda el seguimiento de dieciséis organizaciones políticas.
Siempre según la resolución, la información obtenida sobre ellos abarca los partidos de: Quilmes;
Berazategui; Ensenada; Lomas de Zamora; Lanús; Almirante Brown; Avellaneda; Florencio Varela;
Lobos; Cañuelas y Ezeiza. Dentro de cada partido, además, recogieron información sobre una serie
de localidades. Sirva como ejemplo el caso de La Cámpora en Almirante Brown, en el que se
detalla información de Burzaco, Longchamps, Rafael Calzáda; Glew y San José.
Esta investigación surge en el marco de la causa del falso abogado Marcelo D’alessio y del
escándalo por espionaje político llevado adelante por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la resolución dictada, se detalla y expone la actividad de la “Base Quilmes”, una oficina que
tenía la AFI. El juez destacó que las 6 bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires no
funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: “Si bien para el discurso público se
crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas,
como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de
tipo político”.
En ese contexto aparecen presuntos espionajes sobre locales partidarios de La Cámpora de los
barrios La Esmeralda, La Sirena, Centro, Presidente Sarmiento, Villa del Plata, Villa Argentina,
Luján, Pico de Oro, Libertad, San Jorge y Zeballos. Incluso aparecen los números de contactos
telefónicos de la organización.
En el fallo, Ramos Padilla sostuvo que “a partir del relevamiento de los dos discos rígidos
caratulados “D1” y “D2”, se halló una enorme cantidad de documentos producidos por las seis
Bases AMBA”.
Entre ellas, aparecen los locales partidarios como los del MST de Tùnes al 700, del Nuevo
Encuentro, del Partido Obrero en la calle Progreso, del Movimiento Teresa Rodríguez en el barrio
Villa Argentina y sus 14 comedores donde figuran los teléfonos de tres referentes.
En esta causa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los
extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos, Gustavo
Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de
Buenos Aires.
En el mismo fallo, el juez les impuso a Arribas y Majdalani la prohibición de salir del país, les fijó
una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en los próximos tres días y les ordenó la
entrega de sus respectivos pasaportes, según consta en el fallo de más de 300 páginas al que
accedió Infosur.
Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del
caso el expolicía bonaerense Daniel Salcedo, amplió el procesamiento al también excomisario
bonaerense Ricardo Bogoliuk por “realización de acciones de inteligencia prohibidas” y procesó sin
prisión preventiva al exespía Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA.
A Pinamonti lo acusó de la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de
coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos
sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”,
La acusación también apunta a “haber pretendido influir en la situación institucional y política del
país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de
cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.
El despliegue territorial de las maniobras incluyó bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, San Martín,
Quilmes, Pilar y La Matanza (conocidas como las “bases AMBA”) que funcionaron en coordinación
con las “bases históricas” del organismo en grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires
como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, según se desprende del fallo.
De la investigación judicial surge que, por ejemplo, en los informes de inteligencia elaborados por
la Delegación Provincial Ezeiza -que estaba bajo las órdenes de Bogoliuk- “prestaron un puntual
interés en las actividades políticas, sociales, partidarias y gremiales desarrolladas por las
organizaciones y como así también por los referentes y/o militantes con presencia territorial en el
ámbito de actuación de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría”.
Se encontraron informes de inteligencia con relación a las organizaciones sociales o políticas
identificadas como CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento
Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento
Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, La
Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.
