Los centros de estudiantes universitarios «CUSAM» de la Unidad Penitenciaria N° 48 de San Martín, que funciona desde el año 2008 y pertenece a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y «Juan Manuel Scatolini» de la Unidad N° 31 de Florencio Varela, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fueron incendiados y destruidos en el marco de la represión a las protestas en cárceles bonaerenses.
“Se trata de un hecho absolutamente repudiable, de enorme gravedad institucional y con pocos precedentes. Sin embargo, la agresión y daños contra nuestro espacio universitario por parte de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense no fueron un hecho aislado: el Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 31 de Florencio Varela también fue saqueado e incendiado”, expresa el comunicado publicado en las redes sociales del Centro Universitario de San Martín.
El sábado 31 de octubre comenzaron una serie de protestas en cárceles bonaerenses. El día anterior se había comunicado a las personas privadas de su libertad que se autorizaba la vuelta de las visitas familiares para ese mismo sábado, retomando el régimen que fue suspendido en marzo a partir de las medidas de prevención del COVID-19. Como consecuencia de una falta de comunicación entre el Servicio Penitenciario y los organismos encargados de aprobar los protocolos sanitarios correspondientes, las visitas fueron suspendidas el mismo sábado, cuando algunas de las familias ya se encontraban fuera de las cárceles, esperando para ingresar. Familias que no sólo proveen de alimentos y elementos de higiene básicos a las personas privadas de la libertad, sino que además realizan largos viajes para llegar a las unidades penitenciarias, ubicadas, por lo general, lejos de las ciudades de origen.
El reclamo por las visitas dio inicio a una serie protestas en distintas cárceles de la provincia, que se combinaron con otros reclamos, de carácter estructural e histórico: el hacinamiento, la falta de atención médica, la precariedad de los sistemas de salud carcelarios, la falta de información rigurosa y actualizada sobre el tratamiento que reciben quienes presentan síntomas compatibles con el COVID-19, la alimentación que reciben y la lentitud del sistema judicial para resolver las situaciones penales de quienes están detenidos sin condena firme.
A raíz de la represión que se desató como única respuesta ante las protestas, actualmente hay decenas de personas heridas y otras que han sido trasladadas de manera arbitraria y repentina, pabellones sin luz y agua y espacios carcelarios quemados y destruidos, entre ellos, los centros de estudiantes universitarios “Juan Manuel Scatolini” de la Unidad N° 31 de Florencio Varela y el Centro de Estudiantes de la Universidad de San Martín (CUSAM).
“Los Centros de Estudiantes son los espacios de organización de los y las estudiantes en los cuales la Universidad concentra su intervención, proveyéndolos continuamente de dispositivos e insumos para su funcionamiento (computadoras, impresoras, conectividad, material de estudio). Son, además, espacios en las Unidades Penales que funcionan encausando a través de canales institucionales y de diálogo las demandas provocadas por los gravísimos problemas de las cárceles bonaerenses”, expresó el Programa de Acompañamiento Universitario en Cárceles, en un comunicado al que adhieren el Programa de Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; el Programa de Educación Superior en Contextos de Encierro “EduCa” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y el Programa de Acompañamiento a Estudiantes Privados/as de la Libertad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
“La violencia contra estos espacios son muestras claras de disciplinamiento a quienes construyen espacios críticos del sistema penitenciario y denuncian las condiciones en las que viven”, afirmó la organización en cárceles Atrapamuros, la cual trabaja en Unidades penitenciarias de la región de La Plata.
