El Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires emitió dos comunicados alertando de graves siuaciones. En uno se hace referencia a las vacantes sin cubrir, mientras que en el otro se eleva un reclamo salarial. “Es imprescindible que se convoque de manera inmediata a discutir la manera de terminar con esta grave afectación de los ingresos familiares “, indicaron en la jornada que se conmemoró el día de la Magistratura
En un país convulsionado por una crisis económica de arrastre y la profundización de la misma por la llegada del coronavirus, las desigualdades sociales están a la orden del día. La situación de pandemia contuvo los reclamos por un tiempo, pero a seis meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, comienzan a asomar varios de ellos.
El disparador fue aquel reclamo salarial de la policía bonaerense, cuya rápida y favorable resolución para los agentes de seguridad, despertó a los distintos sectores de la sociedad que también están en una situación de atraso salarial y así lo manifiestan. Los médicos hicieron su reclamo y ahora también se suman desde la Justicia.
En este sentido, el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires plantó bandera a través de dos durísimos comunicados. En uno se hace referencia a las vacantes sin cubrir, mientras que en el otro se eleva un reclamo salarial. “Es imprescindible que se convoque de manera inmediata a discutir la manera de terminar con esta grave afectación de los ingresos familiares “, dispararon
Asimismo, desde la entidad señalaron que “El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires sufre desde hace años un serio problema de vacantes en los cargos de magistradas y magistrados. Sin embargo esta situación, que no encuentra solución en el sistema de subrogancias, ha venido agravándose en los últimos años. Las razones son múltiples y convergentes. Estas son solamente algunas de ellas: ausencia de un presupuesto autárquico del Poder Judicial; recortes presupuestarios que produjeron un desfasaje con la inflación registrada en los últimos años; falta de partidas presupuestarias para poner en marcha los cargos creados por ley; acumulación de ternas sin resolver en el Poder Ejecutivo provincial”.
En tanto, los colegiados apuntaron que “existen magistrados con decreto de nombramiento que no pueden asumir por falta de presupuesto para poner en marcha el órgano para el que fueron designados. Hay una lentificación del Consejo de la Magistratura, que comenzó a manifestarse en el año 2018 con la modificación de la ley que regula su funcionamiento, y que derivó en que, al día de hoy, se lleve más de un año sin votar ternas ni poner en marcha nuevos concursos (cuya duración estimada es de dos a tres años cada uno). Más de 100 cargos han quedado vacantes recientemente y por los cuales el Ejecutivo aún no ha llamado a concurso”.
Al respecto, desde el Colegio de Magistrados apuntaron que «entre los cargos creados por Ley Orgánica y los que realmente existen, hay más de 156 organismos que no se implementaron (ni se concursaron la mayoría de ellos). En la Justicia de Paz, a la fecha, se encuentran vacantes 20 cargos, que representan el 17% de la totalidad de los órganos en funcionamiento. En los Tribunales de Trabajo, a la fecha, se registran 42 vacantes de magistrados, sobre 69 tribunales en funcionamiento. Es decir que al menos la mitad de los tribunales no se encuentran integrados.Entre las y los agentes fiscales, a la fecha, se registran 120 vacantes».
Ante esta situación, los colegiados manifestaron que «los elementos consignados muestran claramente que el sistema de justicia planificado por el legislador está alarmantemente lejos de lo previsto, lo que impacta de manera negativa en el derecho a la debida administración de justicia, que la Constitución Nacional le reconoce a la ciudadanía. El esfuerzo de las y los funcionarios y magistrados, que ha sido reconocido unánimemente y que está reflejado las estadísticas de funcionamiento del Poder Judicial – incluso durante la pandemia – no alcanza evitar que, antes o después, se degrade la calidad del desempeño del sistema si no se soluciona el problema de las vacantes».
Agregaron: «el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires exhorta a las instituciones de los tres Poderes del Estado y del sistema de justicia arbitrar las medidas estructurales necesarias para detener este proceso de vaciamiento del Poder Judicial y garantizar a las ciudadanas y ciudadanos bonaerenses el acceso pleno a la administración de justicia».
Por otra parte, los letrados esgrimieron un reclamo salarial. «La provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor carga de trabajo del país, ha caído al puesto N°19 entre las 24 jurisdicciones argentinas relevadas mensualmente por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (las provincias y CABA) y se ha perdido cualquier proporcionalidad razonable con los salarios de la justicia Nacional y Federal. Las recomposiciones salariales percibidas a la fecha no alcanzan a cubrir la inflación real, ni mucho menos saldan lo adeudado de los últimos dos años, que ha sido comprometido en documentos oficiales por el anterior Ejecutivo provincial», remarcaron.
En la misma sintonía, los magistrados indicaron: «A lo largo de toda la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el sistema de justicia provincial ha mantenido altísimos niveles de funcionamiento (como lo demuestran las estadísticas publicadas tanto por la SCBA como por la Procuración General). Eso ha sido posible porque las y los funcionarios y magistrados trabajaron con sus equipos telemáticos personales y muchos de los Colegios, Asociaciones y Uniones de magistrados y funcionarios compraron cámaras y equipamiento para poder sostener el teletrabajo. Esa misma situación fue afrontada de manera individual por integrantes del funcionariado y de la magistratura».
Por último, sentenciaron: «El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido una posición de irrestricta colaboración y diálogo con los tres Poderes del Estado y ha trabajado incasablemente para solucionar los problemas que enfrenta nuestra provincia. Es este momento, en el que la degradación de los ingresos de los operadores del sistema ha alcanzado límites preocupantes, es imprescindible que se convoque de manera inmediata a discutir la manera de terminar con esta grave afectación de los ingresos familiares y, más grave aún, del principio de Intangibilidad, de rango Constitucional».
