En una movida que podría intensificar las tensiones entre el gobierno nacional y los municipios de Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo liderado por Javier Milei está evaluando medidas enérgicas contra las localidades que implementan una tasa adicional en el combustible.
Este anuncio se produce en un momento en que municipios como Florencio Varela, Quilmes y Berazategui buscan maneras de incrementar su recaudación ante una crisis económica aguda.
Durante su conferencia de prensa matutina, Adorni expresó la preocupación del gobierno nacional sobre la carga adicional que estas tasas representan para los ciudadanos. «Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y no pase», señaló el vocero, indicando un posible conflicto legal o administrativo en el horizonte.
Cómo se cobra la tasa al combustible en Varela, Quilmes y Berazategui
El impuesto en cuestión, que se cobra a través de los tickets de combustible, fue descripto por Adorni como una práctica que «tiene cautiva a la gente». Esta medida es interpretada por muchos como un esfuerzo por parte de los municipios de compensar los déficits presupuestarios sin aumentar directamente los impuestos tradicionales, lo que generó un debate sobre la legitimidad y la legalidad de tales tasas.
El diputado Guillermo Castello, conocido por sus posturas libertarias, celebró la iniciativa del gobierno de Milei. En sus redes sociales, Castello criticó la «voracidad fiscal» de algunos intendentes y la falta de contraprestaciones claras para los consumidores. «Faltan jueces republicanos que se pongan los pantalones largos y protejan al contribuyente», declaró, añadiendo una dimensión política y judicial al debate.
La postura del gobierno nacional refleja una creciente preocupación por el impacto económico de estas tasas en un contexto donde la inflación y la presión fiscal ya afectan significativamente al ciudadano promedio. Con este anuncio, Milei y su equipo parecen dispuestos a intervenir directamente para asegurar que las políticas fiscales locales no contravengan los principios de su administración orientada a la reducción de la carga impositiva general.
Este desarrollo pone de relieve la compleja interacción entre los diferentes niveles de gobierno en Argentina, donde las necesidades de recaudación de los municipios chocan con la agenda económica del gobierno central. Los próximos pasos del Ejecutivo serán cruciales para determinar cómo se resolverá esta disputa y qué efectos tendrá sobre la relación entre el gobierno nacional y los municipios en cuestión.
