Por Marta Gordillo (Télam)
Pese a haberse derogado hace años reglamentaciones y leyes que fomentaban la discriminación o hacían referencia a la «orientación sexual» de las personas, persisten códigos contravencionales que mantienen preceptos y conceptos vinculados al «pudor» o «escándalo público» que dejan la aplicación de la norma librada a distintas interpretaciones, según especialistas de organizaciones de derechos civiles.
Estas interpretaciones, planteadas desde la «moralidad» y las «buenas costumbres», en realidad se sostienen muchas veces en vestigios de otras épocas o anacronismos.
Es el caso del artículo 70 del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires que se invocó frente al hecho reciente de tres mujeres que fueron obligadas por la policía de Necochea a desistir de tomar sol en toples, pero que por la posterior intervención de la Justicia se determinó que «no era delito ni contravención».
«En 2008 y 2009 se terminaron de derogar las normativas que hacían referencia a identidad de género como orientación sexual», aseguró a Télam Juan Parchuc, de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT), quien realizó un informe sobre códigos contravenciones en el país en 2008, previo a los cambios legislativos en esta temática.
No obstante, si bien destacó que «las figuras como travestismo o vicio sexual fueron derogadas», quedaron vigentes otras «llamadas figuras abiertas, como ‘pudor’, ‘escándalo público’ o ‘moral pública’ que son tan amplias o vagas que pueden ser usadas para discriminar», es decir, en contra del espíritu de la Ley Nacional contra la Discriminación.
«Lo más explícito fue derogado; en cambio, los artículos que hablan de prostitución sólo se derogaron en códigos contravencionales de algunas provinciales, pero en otras no por las presiones que hay debido a que el fondo de esto es la caja policial», señaló Parchuc, quién mencionó a Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero como casos donde se abusa del Código de Faltas.
El código de Convivencia de Córdoba de 2016 sanciona por ejemplo, en su artículo 51 a «los que molestaren a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público o desde un lugar privado con trascendencia a terceros», y en el 52 a «los que en la vía pública, lugares abiertos al público o lugares públicos profirieren palabras o realizaren gestos o ademanes contrarios a la decencia pública».
Del mismo modo, el artículo 70 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, en el que se ampararon los policías en el episodio de Necochea el pasado 28 de enero, sostiene que será sancionado «el que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública».
En todos los casos se plantea el agravante del lugar donde se realiza y se establecen multas, días de arresto o de trabajo comunitario.
En el código bonaerense también se pueden encontrar artículos difusos y/o anacrónicos como el 73, que establece sanciones a «los que jugaren a los naipes o a los dados en los bares, despachos de bebidas, hoteles, alojamientos, fondas o almacenes, entre las 24 y las 8 horas».
Otro caso es el de la Constitución de Mendoza que está vigente y data de 1916, que en su artículo 65 dice que «no pueden ser miembros de las Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral».
Es decir que si se aplicara literalmente esta norma, no podrían acceder a cargos electivos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la provincia personas con discapacidad.
Se trata de normas discriminatorias, represivas o difusas sancionadas durante gobiernos dictatoriales o incluso bajo períodos democráticos que continúan aplicándose en municipios y provincias del país en forma muchas veces arbitraria.
