Capitán Cianuro 

La democracia no se fortalece únicamente con la realización periódica de elecciones. Su solidez depende de la certeza de que las reglas son claras, de que los organismos encargados de administrarlas actúan con imparcialidad y de que los resultados reflejan fielmente la voluntad popular. Cuando una parte importante de la sociedad percibe irregularidades o ausencia de transparencia, el resultado puede ser formalmente legal, pero difícilmente será considerado legítimo por todos.

Por eso, los llamados a la unidad nacional que suelen surgir al término de una elección no siempre encuentran eco en la ciudadanía. La unidad no puede decretarse ni edificarse sobre la desconfianza. Tampoco puede exigirse a quienes consideran que el proceso estuvo marcado por errores, inconsistencias o actuaciones cuestionables. La reconciliación democrática exige, ante todo, credibilidad institucional y la convicción compartida de que todos compitieron bajo las mismas reglas.

Sin embargo, reducir la crisis peruana a las controversias de un proceso electoral sería simplificar un problema mucho más hondo. Lo que el Perú atraviesa desde hace años es una crisis estructural de representación política. Los liderazgos son cada vez más frágiles, los partidos carecen de arraigo ciudadano y la fragmentación del sistema político impide la construcción de consensos nacionales duraderos.

Basta observar que una elección presidencial puede arrancar con treinta y cinco candidatos disputando la primera vuelta. Lejos de ser una señal de vitalidad democrática, esa dispersión revela la incapacidad del sistema para articular proyectos amplios y sólidos. En un escenario tan atomizado, quienes avanzan a la segunda vuelta lo hacen con porcentajes de apoyo relativamente modestos. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, alcanzó apenas alrededor del 16% en la primera vuelta —cifra suficiente para clasificar al balotaje, pero insuficiente para sostener que existía una mayoría social real detrás de su candidatura.

Las cifras de participación aportan elementos igualmente reveladores. De un padrón cercano a los 27 millones de electores, aproximadamente 24 millones concurrieron a votar en la primera vuelta. No obstante, al examinar la segunda vuelta aparece un dato inquietante: cerca de 10 millones de ciudadanos terminaron sin expresar una preferencia efectiva por ninguno de los dos finalistas, ya sea por abstención, voto nulo o voto en blanco. En consecuencia, solo alrededor de 17 millones manifestaron una inclinación directa por alguna de las dos opciones en disputa.

Esta realidad obliga a mirar más allá de los porcentajes oficiales. Aunque el ganador obtiene la mayoría de los votos válidamente emitidos, eso no equivale a contar con el respaldo mayoritario del conjunto de ciudadanos habilitados para votar. En términos políticos, el dato revela una democracia donde el descontento, la apatía y la falta de identificación con las opciones disponibles alcanzan niveles preocupantes.

La pregunta fundamental es, entonces, por quién vota realmente el peruano. ¿Lo hace por convicción —porque cree en un programa de gobierno, en una visión de país, en un liderazgo capaz de conducirlo— o vota principalmente para impedir que llegue al poder el candidato que considera más perjudicial? La respuesta parece inclinarse cada vez con mayor claridad hacia esta segunda alternativa.

Cuando las elecciones se convierten en una competencia entre rechazos, la democracia pierde una parte esencial de su sentido. Los ciudadanos dejan de elegir el futuro que desean y terminan optando por lo que consideran el mal menor. Se vota contra alguien más que a favor de alguien. Y cuando esa lógica se consolida, los gobiernos nacen con una legitimidad debilitada, enfrentan niveles crecientes de polarización y encuentran enormes dificultades para construir acuerdos.

El resultado es un círculo vicioso: la ausencia de liderazgos sólidos genera desconfianza; la desconfianza produce fragmentación; la fragmentación conduce a gobiernos débiles; y los gobiernos débiles profundizan el desencanto ciudadano. Mientras ese ciclo no se interrumpa, el Perú seguirá enfrentando procesos electorales marcados por la incertidumbre, la confrontación y la sensación de que la democracia no logra responder a las expectativas de quienes deberían ser sus principales beneficiarios: los propios ciudadanos.

Más allá de quién gane cada elección, el verdadero desafío peruano es reconstruir la confianza en las instituciones, fortalecer los partidos políticos y recuperar la capacidad de generar liderazgos que convoquen adhesiones genuinas. Porque una democracia sana no es aquella en que los ciudadanos votan por temor al adversario, sino aquella en que votan con la esperanza de construir un futuro mejor.

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Modernidad tropical es un concepto filosófico y sociológico que procura explicar la condición social y cultural de las regiones del trópico, especialmente de Latinoamérica. La idea parte de que la modernidad, tal como la conocemos, se produce a través de la violenta experiencia colonial, como plantea la teoría critica y el pensamiento decolonial. Por lo tanto, tiene lugar primero en los países centrales y desde ahí se extiende hacia las periferias, como una ola que, conforme avanza, va perdiendo fuerza.

Este concepto remite a otros como el de sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, que explica cómo se desarrolla el capitalismo y las desigualdades a escala global, es decir, una estructura jerárquica, asimétrica, de intercambio desigual. También nos lleva a repensar el mestizaje, entendido como un encuentro cultural entre personas de distintas etnias en el marco de la colonialidad. De ahí salen nuevas identidades, tradiciones, costumbres… una forma particular de entender el mundo.

Entendemos por modernidad un proceso filosófico, social y económico que se consolida en la Europa capitalista con la revolución industrial. Se caracteriza por el uso de la razón, la ciencia y la tecnología para organizar la sociedad, según principios como el racionalismo, el individualismo, el Estado nación y, sobre todo, la idea de orden y progreso.

La violencia con la que se impuso el proyecto modernizador en Latinoamérica frente a la resistencia de pueblos milenarios crea las condiciones de posibilidad de la Modernidad Tropical. De ahí surgen fenómenos que, desde una perspectiva moderna, parecerían extraños o hasta incoherentes, pero que en realidad son el reflejo de la resistencia, la creatividad, la lucha y la capacidad de sostener lo común y la espiritualidad milenaria. Esto se da en el marco de estructuras de discriminación, racismo, saqueo y violencia sistémica. Y termina generando condiciones de blanquitud, entendida como una norma cultural que define lo que es aceptable, ordenado y civilizado, mientras desprecia otras formas culturales a través de la estigmatización y la violencia arbitraria (Echeverría, 2010).

Otra conexión importante de este concepto se da con el ethos barroco de Bolívar Echeverría, especialmente en La modernidad de lo barroco (1998). Se trata de una manera específica de habitar la modernidad capitalista, que tiene como características centrales la resistencia, la contradicción permanente y una suerte de estetización de la vida cotidiana. Todo esto para enfrentar las desigualdades estructurales, creando una identidad propia del sujeto latinoamericano, casi como una alternativa civilizatoria; sin embargo, la Modernidad Tropical no puede identificarse plenamente con el ethos barroco. Mientras este último constituye una forma específica de habitar las contradicciones de la modernidad capitalista, la Modernidad Tropical busca nombrar una condición histórica más amplia. No se refiere únicamente a una estrategia cultural de resistencia, sino al conjunto de relaciones sociales, imaginarios, sensibilidades y formas de vida producidas en territorios marcados por la experiencia colonial, el mestizaje, la diversidad étnica y una particular relación con la naturaleza tropical.

La Modernidad Tropical incluye fenómenos que exceden la lógica barroca descrita por Echeverría: formas de religiosidad popular, prácticas comunitarias indígenas y afrodescendientes, experiencias urbanas híbridas, economías informales, imaginarios asociados a la exuberancia de la naturaleza y modos de relación con el tiempo menos subordinados a la racionalidad productivista propia de la modernidad occidental. Se trata, en suma, de una categoría que intenta comprender la manera singular en que la modernidad se sedimenta, se transforma y adquiere características propias en las sociedades tropicales.

La noción de tropicalidad tampoco debe reducirse a una simple referencia geográfica o climática. Lo tropical opera aquí como una categoría cultural e histórica; remite a territorios donde la naturaleza conserva una presencia material y simbólica particularmente intensa, condicionando las formas de ocupación del espacio, los ritmos de la vida cotidiana y las representaciones colectivas. Así, la Modernidad Tropical designa el encuentro conflictivo entre los ideales universales de la modernidad y las condiciones concretas de sociedades cuya experiencia histórica ha estado marcada por la coexistencia de múltiples temporalidades, memorias y tradiciones culturales.

Por ello, si el ethos barroco describe una forma de resistencia que busca preservar el valor de uso dentro del mundo capitalista, la Modernidad Tropical pretende señalar un horizonte más amplio de producción cultural. No solo expresa resistencia, sino también creación. No solo evidencia contradicciones, sino que produce nuevas síntesis culturales. Su interés radica en mostrar cómo las sociedades tropicales han sido capaces de apropiarse selectivamente de la modernidad, transformándola y dotándola de significados distintos a los previstos por sus centros de origen.

Esto es, hechos extraordinarios que ocurren a partir de la cultura local: elementos sobrenaturales que conviven con lo cotidiano, como parte del paisaje, sin que la gente se sorprenda, a raíz de hechos históricos tan duros como la colonia, la esclavitud y largas luchas por los derechos en el marco de Estados oligárquicos… todo eso en medio de una naturaleza exuberante, una fuerza viva e indómita, donde ocurren hechos que desde la mirada moderna resultan insólitos.

Finalmente, el concepto conecta con el realismo mágico, movimiento literario del siglo XX donde lo cotidiano y lo sobrenatural conviven de manera armónica. Hay elementos fantásticos que se presentan con naturalidad, hasta el punto de normalizar lo extraño. Eso nos ayuda a entender nuestras raíces culturales a partir de mitos, leyendas, tradiciones, creencias, en una especie de simbiosis, todo enmarcado en la tropicalidad: el sol que pega fuerte, el clima cálido, la ausencia de estaciones, la gran biodiversidad del horizonte… todo se mezcla con la modernidad, un proyecto totalizador que hoy está en crisis, ya que sus promesas de progreso y emancipación contrastan con el materialismo y la razón instrumental, o sea, con la crisis ecológica, la violencia en múltiples niveles y la perdida de sentido ético.   

Bibliografía

Echeverría, B. (2010). Modernidad y blanquitud. Ediciones Era

Echeverría, B. (1998). La modernidad de lo barroco. Ediciones Era

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Capitán Cianuro

Miles de personas movilizadas por la necesidad de despedir a un artista dejan una imagen que debería interpelar a toda la dirigencia argentina: un hombre que jamás ocupó un cargo público, que nunca administró un presupuesto estatal y que construyó toda su influencia al margen de las estructuras tradicionales de poder genera una conmoción popular que la mayoría de los dirigentes difícilmente podría provocar. Y no se trata solamente de la muerte de un músico. Se trata de la demostración de que existen formas de representación mucho más profundas que las que ofrecen la política profesional y los aparatos partidarios.

Durante años, el Indio fue la voz de una Argentina que rara vez encuentra espacio en los discursos oficiales. Sus canciones acompañaron generaciones enteras, atravesaron gobiernos, crisis económicas, frustraciones colectivas y cambios de época sin perder vigencia. Mientras los dirigentes construyen liderazgos que suelen durar lo que dura un mandato o una coyuntura favorable, él construyó pertenencia. Mientras la política administra adhesiones temporales, el Indio generó identidad. Esa diferencia es la que explica por qué hoy una multitud lo despide con una emoción que trasciende lo artístico y se convierte en un hecho social y cultural de enorme magnitud.

Lo verdaderamente significativo es que esta escena deja expuesta una distancia cada vez más profunda entre el país real y el país oficial. De un lado aparece una dirigencia atrapada en cálculos electorales, disputas internas y estrategias de comunicación. Del otro, una sociedad que sigue encontrando sus referencias más genuinas lejos de las estructuras de poder. La política suele invocar al pueblo de manera permanente, pero pocas veces parece comprenderlo. Habla en su nombre, promete interpretarlo, asegura representarlo, pero luego se sorprende cuando descubre que las emociones colectivas circulan por caminos completamente distintos a los que marcan las agendas institucionales.

Por eso la despedida del Indio tiene una dimensión inevitablemente política aunque no sea partidaria. Porque recuerda una verdad que el poder suele olvidar: los pueblos no se movilizan solamente por intereses materiales. También se movilizan por símbolos, por afectos, por memorias compartidas y por la necesidad de sentirse parte de una historia común. Allí reside una fuerza que ninguna encuesta puede medir con precisión y que ninguna estrategia de marketing puede fabricar. La misma energía que hoy convoca para despedir a una figura cultural es la que, cuando encuentra una causa colectiva, puede transformar realidades y alterar el curso de la historia.

Quizás eso sea lo más incómodo para quienes observan este fenómeno desde los despachos. La multitud que hoy llora al Indio no está rindiendo homenaje únicamente a un cantante. Está defendiendo una parte de sí misma. Está reafirmando una identidad construida durante décadas. Está demostrando que todavía existen vínculos capaces de unir a miles de personas sin necesidad de consignas partidarias, recursos estatales ni estructuras organizativas. Y al hacerlo envía un mensaje que trasciende la coyuntura: el pueblo conserva una potencia que el poder suele subestimar porque no logra comprenderla.

Porque existe una diferencia enorme entre administrar un país y representar su alma. Los gobiernos ejercen autoridad. Los grandes símbolos construyen pertenencia. Los primeros suelen ser transitorios. Los segundos permanecen. Y es precisamente esa permanencia la que hoy se expresa en las calles, en las lágrimas, en los abrazos y en las canciones que vuelven a sonar como si formaran parte de una misma ceremonia popular.

Cuando pasen los homenajes y se apaguen los discursos circunstanciales, quedará una imagen difícil de olvidar. Mientras muchos dirigentes luchan desesperadamente por conseguir atención, legitimidad o cercanía con la gente, un artista que eligió siempre la distancia logró algo mucho más profundo: convertirse en parte de la memoria emocional de un país. Y esa memoria, como suele ocurrir con las expresiones auténticas de la cultura popular, termina sobreviviendo a los gobiernos, a las campañas y a las ambiciones de quienes creen que el poder se ejerce únicamente desde las instituciones.

La despedida del Indio vuelve a recordarnos que hay momentos en los que un pueblo habla por sí mismo y, cuando eso sucede, deja en evidencia que existen figuras capaces de representarlo mucho mejor que muchos de aquellos que dicen gobernarlo.

Ahora le tocará emprender ese viaje que sólo recorren los que ya pertenecen a la historia grande de la Argentina. Allí donde no existen cargos ni jerarquías, donde los títulos pierden valor y sólo permanece aquello que logró dejar una huella imborrable en el alma colectiva. Allí se reunirá con Mercedes Sosa, que le puso voz a las alegrías y a las heridas de un pueblo; con Eva Perón, convertida para millones en bandera de justicia social y dignidad; con Gustavo Cerati, que hizo de la música una forma de belleza y libertad; y con Diego Maradona, que cargó sobre sus hombros las contradicciones, los sueños y las rebeldías de todo un país.

Porque la Argentina no fue escrita solamente por presidentes, ministros o dirigentes. La Argentina también fue escrita por aquellos que supieron interpretar sus dolores y sus victorias, sus derrotas y sus esperanzas, sus caídas y sus resurrecciones. Por esos hombres y mujeres que desde la cultura, la política popular, el deporte y el arte ayudaron a construir una identidad que ningún gobierno pudo decretar y que ningún poder pudo domesticar.

Y quizás por eso la multitud que hoy despide al Indio emociona tanto. Porque no está despidiendo únicamente a un músico. Está despidiendo a uno de los suyos. A uno de esos nombres que terminan explicando una época mucho mejor que los manuales y los discursos oficiales. Uno de esos nombres que sobreviven cuando las campañas terminan, cuando los cargos se olvidan y cuando los poderosos pasan a ocupar apenas una nota al pie en los libros de historia.

Las canciones seguirán sonando. Como siguen sonando las voces de quienes lograron atravesar el tiempo para convertirse en patrimonio sentimental de una nación. Y cada vez que eso ocurra volverá a aparecer la misma certeza: hay figuras que no necesitan gobernar para representar a un pueblo. Porque el pueblo, cuando ama, cuando recuerda y cuando siente, también elige a sus propios inmortales. Y el Indio Solari, desde hoy, pertenece definitivamente a esa categoría.

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La noticia de la muerte del Indio Solari no es solo el fin de una biografía; es un sismo que divide al mundo en dos: aquellos que se emocionan ante el dolor del otro y aquellos a quienes esa tristeza les produce una indiferencia mezquina. Mientras miles lloran la partida de un artista que relata el «más nítido presente», otros se pierden en la queja pequeña por el tránsito o el estacionamiento, incapaces de asomarse al abismo de una pérdida que es, ante todo, colectiva.

El refugio de los huérfanos

El mito del Indio no nació en el vacío. Se forjó en los años 90, cuando el neoliberalismo condenó a toda una generación a una «ruinosa orfandad» y a un horizonte de «no future» difícil de digerir. En ese contexto de desesperación, su poética —una mezcla sofisticada de hermetismo francés y ráfagas de belleza condensadas— se convirtió en el único bien de quienes no tenían nada.

Como bien dicen las voces de la calle: «Los humildes tomamos cariño de donde podemos, el cariño que no nos da la sociedad, los patrones, nos lo dio el Indio». No es solo música; es el reconocimiento de una existencia negada por el sistema. Para muchos, el Indio fue el maestro que no tuvieron, el que les «habló al oído» en la esquina, entre el peligro y la falta de rumbo, para explicarles que «cuando la cosa está mal, hay que pararse de manos». Es una ética de la resistencia envuelta en melodías que hoy son la banda sonora de un duelo nacional.

El retorno del subsuelo

Argentina parece estar siempre a la vuelta de un 17 de octubre. Ese momento en que el «subsuelo de la patria» se hace visible y reclama su lugar. Son los rotos, los desdentados, los nadies de Galeano y también esos trabajadores que, con un poco más de suerte que la que el sistema les tenía reservada, se autodefinen como «sectores medios», pero que en el fondo comparten la misma raíz de desamparo y fe.

Esta marea humana que se ha movilizado en Avellaneda recuerda a otros velatorios monumentales: el de Néstor bajo la lluvia, el de Alfonsín al sol, el caos sagrado del Diego o la despedida eterna de Perón y Evita. Es la misma Argentina que todavía hoy hace rezongar a algunos porque el país se quedó sin flores por culpa del funeral de Evita. Es esa incapacidad de los «mezquinos» de comprender lo que les parece ajeno, esa «galaxia de inhumanidad» que vive lejos del sentir del pueblo.

Empatía o indiferencia

La muerte del Indio nos pone frente a un espejo. De un lado, el pogo más triste del mundo en Plaza Mayo, los amigos compartiendo recuerdos de casettes gastados y la certeza de que se fue «el mejor de nosotros». Del otro, los que no pueden hacer el esfuerzo de entender el amor que no cabe en sus esquemas de orden y comodidad.

El Indio Solari ya vive en la galaxia de los personajes fundamentales del país, esos que son «más grandes que la vida misma». Ante la incomprensión de los que se creen dueños de la nación pero desprecian sus movimientos populares, queda refugiarse en la frase de otro gran poeta patrio: «Si ellos son la patria, yo quiero ser extranjero». Porque la verdadera patria es esa que hoy llora, la que tiene memoria y, sobre todo, la que tiene la capacidad de conmoverse ante el dolor colectivo.

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Por Capitán Cianuro*

Hay declaraciones que terminan retratando una época. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que ni una guerra mundial ni una invasión extraterrestre permitirían que Axel Kicillof  llegará a la presidencia, creyó que estaba haciendo una demostración de fortaleza política. Sin embargo, terminó exhibiendo algo mucho más revelador: la desconexión de un gobierno que parece cada vez más cómodo hablando de escenarios imaginarios que de los problemas concretos de la Argentina.

La frase de Caputo es mucho más que una excentricidad. Es la evidencia de una dirigencia que parece habitar una nave espacial ideológica propia, aislada de las preocupaciones reales de una sociedad que ya no discute teorías económicas sino cómo llegar a fin de mes.

Mientras el ministro especula sobre extraterrestres y anticipa triunfos electorales aplastantes, millones de argentinos enfrentan una realidad mucho más terrenal. Salarios que no alcanzan, jubilaciones deterioradas, pequeñas empresas que luchan por mantenerse abiertas, comercios que venden menos y familias que reorganizan su vida cotidiana para sobrevivir a una economía cada vez más exigente.

El gobierno de Javier Milei llegó prometiendo una transformación histórica. Prometió terminar con los privilegios de la casta, reconstruir la economía y devolver prosperidad a una sociedad agotada por años de crisis. Pero a medida que pasa el tiempo, la distancia entre aquellas promesas y la experiencia cotidiana de millones de argentinos se vuelve cada vez más evidente.

La palabra favorita del oficialismo es «sacrificio». Todo se justifica en nombre de un futuro mejor que siempre parece estar un poco más adelante. Los trabajadores deben esperar. Los jubilados deben esperar. Los estudiantes deben esperar. Las provincias deben esperar. Las pequeñas y medianas empresas deben esperar. El problema es que la espera tiene un límite cuando las cuentas no cierran, cuando el empleo no aparece y cuando el costo de vida sigue golpeando con fuerza.

Caputo insiste en que la Argentina atraviesa un cambio de modelo basado en la inversión, la competencia y las exportaciones. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad la sensación dominante no es la de estar ingresando a una nueva etapa de prosperidad, sino la de asistir al desmantelamiento progresivo de herramientas estatales, derechos y mecanismos de protección que durante décadas funcionaron como amortiguadores frente a las crisis.

Allí donde el Gobierno ve eficiencia, muchos ciudadanos ven abandono. Allí donde el oficialismo celebra equilibrio fiscal, miles de familias observan una creciente fragilidad económica. Allí donde se habla de confianza de los mercados, buena parte de la sociedad percibe incertidumbre sobre su propio futuro.

Lo más preocupante es que la gestión parece haber reemplazado el diálogo por la confrontación permanente. Todo aquel que cuestiona una medida es señalado como enemigo., zurdo, corrupto o todas las palabrotas que nacen den adicto al clonazepam. Toda protesta es presentada como una conspiración. Toda crítica es catalogada como un intento de sabotear el cambio. La lógica es simple: quien no aplaude es parte del problema.

Pero la democracia no funciona sobre la base de la obediencia. Funciona sobre la discusión, el desacuerdo y la capacidad de escuchar. Cuando un gobierno comienza a convencerse de que posee la verdad absoluta y que cualquier cuestionamiento merece ser ridiculizado, el riesgo de desconexión con la realidad se vuelve cada vez más profundo.

Y la realidad tiene una característica incómoda: siempre termina imponiéndose sobre los relatos.

Ningún discurso puede ocultar indefinidamente el deterioro de los ingresos. Ninguna batalla cultural puede reemplazar un empleo estable. Ninguna provocación en redes sociales puede resolver el aumento de los costos de vida. Ninguna promesa de grandeza futura alcanza cuando el presente se vuelve cada vez más difícil.

Por eso la discusión de fondo ya no es solamente económica. Es política y social. Es preguntarse qué país se está construyendo y quiénes están pagando el costo de esa construcción. Porque cuando el ajuste se transforma en un estado permanente y la prosperidad prometida no llega, la sociedad comienza inevitablemente a cuestionar el rumbo.

La historia argentina demuestra que ningún gobierno es invulnerable. Ningún proyecto político es eterno. Y ningún poder puede sostenerse indefinidamente ignorando el malestar de las mayorías.

Por eso, más allá de las disputas partidarias, el verdadero desafío está en la capacidad de la sociedad para organizarse, debatir, movilizarse y defender democráticamente sus intereses cuando considera que están siendo afectados. Las transformaciones profundas de la Argentina nunca fueron producto de la resignación. Fueron el resultado de ciudadanos que decidieron participar, hacerse escuchar en las calles y movilizarse colectivamente hasta lograr cambios concretos.

Y quizás la frase de Caputo termine siendo recordada por una razón inesperada. No porque hablara de invasiones extraterrestres, sino porque describió sin querer la lógica de un gobierno que parece habitar un mundo propio, cada vez más distante de las preocupaciones de la mayoría de los argentinos.

Mientras en los despachos oficiales se celebran planillas, estadísticas y victorias futuras, en las calles se acumulan la incertidumbre, el cansancio, hastío  y el malestar social. La distancia entre ambos mundos crece día tras día.

Los marcianos llegaron ya. No descendieron de una nave espacial, ni aterrizaron en un campo remoto. Se instalaron en la Casa Rosada convencidos de que la realidad puede moldearse a fuerza de discursos, provocaciones y relatos de éxito.

Pero la historia argentina suele ser implacable con quienes confunden poder con omnipotencia y propaganda con gestión.

Bienvenidos al planeta de los alienígenas: un universo político comandado por Javier Milei, donde los problemas concretos de millones de argentinos parecen importar menos que las batallas ideológicas, las provocaciones mediáticas y las promesas de un futuro que nunca termina de llegar.

*Es autor de quince libros entre narrativa, poesía y ensayo además de columnista

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Capitán Cianuro

Hay algo extraordinariamente grotesco en escuchar a los nuevos sacerdotes de la libertad hablar de emancipación individual mientras promueven estructuras religiosas donde pensar por cuenta propia puede convertirse en un acto de traición. Esa es quizás la contradicción más brutal y menos discutida del universo ideológico que rodea hoy a Javier Milei y a Agustín Laje: dicen combatir el adoctrinamiento mientras construyen una maquinaria cultural sostenida por fanatismos, obediencias emocionales y discursos cada vez más cercanos al sectarismo político-religioso.

La aparición de voceros ligados a la Fundación Faro afirmando que “es una pena que Argentina sea católica”, que existe una “guerra religiosa” y que habría que “cambiar la religión” no representa una simple provocación mediática ni un exabrupto individual. Sería ingenuo creerlo. Cuando un personaje es promovido, legitimado y amplificado por el ecosistema ideológico de Milei y Laje, deja de hablar solamente por sí mismo. Pasa a expresar una línea cultural, una visión del mundo y, sobre todo, un proyecto de sociedad.

Y el proyecto empieza a quedar peligrosamente claro.

La famosa “batalla cultural” que dicen librar contra el progresismo parece consistir, en realidad, en reemplazar una forma de dogmatismo por otra mucho más funcional al poder económico y político. Porque el problema para estos sectores nunca fue el pensamiento único. El problema era quién controlaba ese pensamiento. Por eso denuncian el “adoctrinamiento” estatal mientras aplauden religiones y organizaciones donde disentir puede significar el aislamiento familiar, la condena moral o la expulsión social.

La ironía es tan obscena que casi produce admiración intelectual. Hablan de libertad individual mientras exaltan modelos religiosos basados en la obediencia absoluta al líder espiritual. Se presentan como enemigos de las élites globales mientras reproducen discursos culturales importados directamente desde Estados Unidos. Acusan al progresismo de manipular conciencias mientras celebran estructuras donde el miedo, la culpa y la sumisión emocional son herramientas permanentes de control.

Eso sí: si el sometimiento viene acompañado por un pastor sonriente, luces LED y promesas de prosperidad económica, entonces parece convertirse mágicamente en “defensa de Occidente”.

No es casual que muchos de los sectores religiosos reivindicados por esta nueva derecha libertaria hayan crecido en América Latina bajo fuerte influencia estadounidense y recursos de este país del norte. 

Durante décadas, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos comprendió perfectamente el valor político de determinadas corrientes religiosas para neutralizar movimientos populares y desactivar cualquier conciencia colectiva de transformación social. Mientras sectores de la Iglesia católica ligados a la teología de la liberación denunciaban explotación, pobreza estructural y dependencia económica, comenzaron a expandirse masivamente iglesias centradas en la salvación individual, la prosperidad personal y la obediencia espiritual.

La lógica era perfecta. En lugar de ciudadanos organizados reclamando derechos, individuos aislados culpándose a sí mismos por su pobreza. En lugar de conciencia social, espiritualidad de mercado. En lugar de pensamiento crítico, resignación emocional. El pobre ya no debía cuestionar estructuras injustas: debía orar más fuerte, diezmar más dinero y aceptar que su sufrimiento era parte de un plan divino.

Y así, milagrosamente, la desigualdad dejaba de ser un problema político para transformarse en una cuestión de fe.

Dentro de ese esquema proliferaron organizaciones religiosas que funcionan con dinámicas extremadamente verticalistas y disciplinarias. El caso de los Testigos de Jehová es probablemente uno de los ejemplos más conocidos y discutidos. Diversos exmiembros, investigaciones periodísticas y especialistas en sectarismo han denunciado durante años prácticas de aislamiento social, control psicológico y mecanismos de expulsión que afectan profundamente la libertad individual de quienes abandonan o cuestionan la organización. Personas que pierden vínculos familiares por decidir pensar distinto. Fieles sometidos a una regulación obsesiva de su vida privada. Prohibiciones doctrinales que llegan incluso a cuestiones médicas sensibles como las transfusiones sanguíneas.

Porque la libertad, en este nuevo diccionario libertario-religioso, parece significar algo bastante peculiar: libertad para obedecer, libertad para someterse y libertad para no cuestionar jamás a la autoridad correcta. Lo intolerable no sería el fanatismo. Lo intolerable sería que el fanatismo no esté alineado ideológicamente con ellos.

Por eso resulta tan revelador el silencio de Agustín Laje y del entorno de Milei frente a discursos que hablan abiertamente de reemplazar la identidad religiosa argentina. Porque si un adversario político dijera que hay que “descristianizar Occidente”, probablemente lo presentarían como prueba definitiva del avance globalista y de la destrucción cultural impulsada por la Agenda 2030. Pero cuando el mensaje proviene de un vocero propio, entonces ya no sería una amenaza: sería parte de la “batalla cultural”.

Lo verdaderamente preocupante no es que existan personas con determinadas creencias religiosas. Lo peligroso es la construcción de una cultura política donde la manipulación emocional, el pensamiento binario y la obediencia doctrinal empiezan a ocupar el lugar del razonamiento crítico. Una sociedad donde el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en consumidor espiritual y militante emocional de líderes carismáticos.

Porque detrás de toda esta retórica libertaria sobre la libertad individual aparece una obsesión constante por domesticar conciencias. Que nadie cuestione demasiado. Que nadie piense demasiado. Que nadie se organice demasiado. Que cada individuo permanezca aislado en su pequeño universo moral, culpándose de sus fracasos mientras otros concentran poder económico, político y mediático.

Tal vez esa sea la verdadera función de esta nueva religión política disfrazada de batalla cultural: producir sociedades dóciles que confundan obediencia con libertad y sometimiento con fe.

Y quizá por eso Milei, Laje y la Fundación Faro se sienten tan cómodos promoviendo estas voces. Porque una ciudadanía crítica siempre será más difícil de gobernar que una comunidad entrenada para creer sin preguntar.

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Capitán Cianuro

Bolivia atraviesa por estas horas una de las crisis políticas más intensas de los últimos años. Las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz ya superan las dos semanas, con bloqueos de rutas, enfrentamientos, desabastecimiento y un creciente despliegue policial y militar en distintos puntos del país. Las imágenes que llegan desde La Paz muestran columnas de mineros, campesinos, maestros y trabajadores movilizados mientras el Ejecutivo intenta recuperar el control de las carreteras y contener una crisis que amenaza con profundizarse día tras día.

Pero lo que ocurre en Bolivia no puede leerse solamente como un conflicto interno. Lo que está en juego es mucho más grande: es el choque entre un pueblo que conserva memoria de lucha y una región donde las ultraderechas avanzan intentando instalar la resignación como única forma posible de convivencia social.

En los últimos años, América Latina comenzó a entrar en una etapa peligrosa. Gobiernos y sectores políticos que antes ocultaban sus intenciones hoy gobiernan abiertamente para los mercados, las élites económicas y los grupos empresariales concentrados. Ya no necesitan disimular. Ajustan, privatizan, recortan derechos y reprimen protestas mientras hablan de libertad, orden y estabilidad. El problema es que esa libertad casi nunca incluye a las mayorías.

En Argentina, el laboratorio ultraderechista convirtió el sufrimiento social en programa económico. Millones de personas perdieron poder adquisitivo, las universidades públicas fueron asfixiadas presupuestariamente, los jubilados quedaron atrapados entre inflación y abandono, y cualquier reclamo social comenzó a ser tratado como una amenaza al orden. Lo más grave no fue solamente el ajuste, sino la construcción de una lógica política donde la crueldad empezó a presentarse como virtud de gobierno. La empatía pasó a ser ridiculizada y el individualismo extremo se instaló como sentido común.

En Ecuador, el deterioro democrático avanzó bajo el discurso permanente de la seguridad. La militarización dejó de ser excepcional para transformarse en paisaje cotidiano. Estados de excepción, presencia de fuerzas armadas en las calles y restricciones justificadas por la lucha contra el crimen terminaron configurando un modelo donde gobernar mediante el miedo comenzó a normalizarse. Cuando una sociedad vive permanentemente aterrorizada, cuestionar al poder se vuelve cada vez más difícil.

Y en Chile, después del enorme estallido social que prometía abrir un nuevo ciclo político, gran parte de la energía transformadora fue absorbida por una institucionalidad incapaz de responder a las demandas profundas de la población. El malestar sigue existiendo, pero también el desgaste, la frustración y el cansancio de una ciudadanía que vio cómo muchas promesas de cambio terminaban chocando contra los límites impuestos por el poder económico y político tradicional.

Bolivia aparece entonces como una excepción incómoda.

Porque mientras en gran parte de la región las ultraderechas logran instalar el miedo, el disciplinamiento social y la idea de que no existe alternativa posible al ajuste, en Bolivia todavía hay sectores populares dispuestos a paralizar el país para defender lo que consideran derechos irrenunciables.

Eso explica por qué las protestas bolivianas generan tanta atención y, al mismo tiempo, tanta incomodidad.

Durante años, Bolivia fue objeto de burlas y prejuicios racistas dentro de América Latina. Se la presentó como un país atrasado, pobre o políticamente caótico. Sin embargo, mientras muchos repetían caricaturas desde escritorios o estudios de televisión, el pueblo boliviano seguía conservando algo que en otros lugares comenzó a erosionarse: conciencia de organización popular.

Las movilizaciones actuales no nacen de un capricho. Son la respuesta a un deterioro económico y político que golpea directamente a las mayorías. Los bloqueos de rutas, el desabastecimiento y la tensión creciente reflejan el agotamiento de una parte importante de la sociedad frente a decisiones que sienten tomadas lejos de sus necesidades reales.

El gobierno denuncia intentos de desestabilización ligados al entorno del expresidente Evo Morales. Seguramente exista una fuerte disputa interna por el poder. Pero reducir la crisis únicamente a una operación política sería ignorar el descontento social genuino que hoy atraviesa al país.

Porque cuando miles de personas salen a las calles pese al riesgo de represión, pérdida de ingresos o violencia, lo que existe no es solamente obediencia partidaria: existe hartazgo.

Y ese hartazgo conecta directamente con algo que atraviesa hoy a toda América Latina. La región vive un momento donde las democracias empiezan a vaciarse de contenido social. Se vota, sí. Pero muchas veces se gobierna exclusivamente para minorías privilegiadas mientras las mayorías reciben ajuste, precarización y discursos que las responsabilizan incluso de su propia pobreza. Las ultraderechas entendieron perfectamente que para consolidarse necesitan destruir no solo derechos económicos, sino también la idea misma de comunidad.

Por eso atacan sindicatos, universidades, organizaciones sociales, movimientos feministas y cualquier espacio colectivo capaz de construir resistencia.

Bolivia, con todas sus contradicciones y conflictos, sigue mostrando que todavía hay pueblos que no aceptan fácilmente ese proceso de domesticación política y cultural.

Eso es lo verdaderamente importante detrás de las imágenes de carreteras bloqueadas y enfrentamientos. Lo que está ocurriendo no es solamente una crisis nacional. Es una disputa regional entre dos modelos profundamente distintos: uno que busca ciudadanos obedientes, endeudados y aislados; y otro donde todavía sobrevive la idea de que la política debe responder a las necesidades de la gente y no únicamente a los mercados.

Las ultraderechas latinoamericanas necesitan que los pueblos se acostumbren al miedo y a la resignación. Necesitan convencer a las sociedades de que protestar no sirve, de que organizarse es inútil y de que cualquier intento de resistencia solo traerá caos.

Bolivia hoy rompe ese relato.

Y quizás por eso incomoda tanto. Porque recuerda algo que muchos gobiernos quisieran borrar definitivamente de la memoria colectiva latinoamericana: cuando un pueblo pierde el miedo, ningún poder es completamente invencible.

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Capitán Cianuro

La masiva marcha universitaria del 12 de mayo dejó una imagen política difícil de ignorar: miles de estudiantes, docentes, trabajadores y familias ocuparon las calles argentinas para defender algo que todavía conserva una legitimidad social profunda: la universidad pública. Pero la movilización no habló solamente de presupuesto educativo. Lo que apareció en las calles fue un malestar mucho más amplio frente al deterioro acelerado de las condiciones de vida bajo el gobierno de Javier Milei.

La protesta también dejó otra señal importante: el debilitamiento de la CGT como principal articuladora del descontento social. Durante décadas, el sindicalismo argentino fue capaz de encabezar grandes conflictos nacionales y canalizar demandas populares. Hoy, en cambio, sus convocatorias aparecen cada vez más limitadas, burocráticas y desconectadas de amplios sectores de la sociedad, especialmente de los jóvenes y de los trabajadores precarizados.

Por eso no fue casual que la propia CGT terminara adhiriendo a la marcha universitaria. La central sindical entendió que ya no posee por sí sola la legitimidad simbólica suficiente para representar el malestar social contemporáneo. La universidad pública, en cambio, sí conserva esa capacidad. Sigue siendo vista por millones de personas como una herramienta de movilidad social, ascenso cultural e igualdad de oportunidades.

Y justamente por eso el ataque del gobierno contra ella genera tanta reacción.

Desde el inicio de su gestión, Javier Milei impulsó una política de ajuste brutal donde todo derecho social es reducido a una variable de gasto. La educación pública, la ciencia, la salud y la investigación fueron colocadas bajo una lógica puramente contable, como si el único criterio válido para organizar una sociedad fuera el equilibrio fiscal.

Bajo esa lógica, las universidades nacionales sufrieron un fuerte desfinanciamiento, salarios docentes pulverizados por la inflación y enormes dificultades para sostener funcionamiento básico, becas, investigación y extensión. Hospitales universitarios y centros científicos comenzaron incluso a advertir sobre situaciones críticas. El gobierno respondió con indiferencia, ataques discursivos y acusaciones de “adoctrinamiento”, intentando convertir el conflicto educativo en una batalla ideológica permanente.

Pero el problema excede ampliamente a las universidades.

Mientras el gobierno celebra indicadores macroeconómicos y repite que “no hay plata”, millones de argentinos enfrentan una realidad cada vez más asfixiante: salarios bajos, inflación persistente, aumento del costo de vida y nuevas subas del transporte público que golpean directamente a trabajadores y estudiantes. Viajar al trabajo o a la universidad consume una parte creciente de ingresos que ya vienen deteriorados desde hace meses.

El ajuste atraviesa toda la vida cotidiana. Comer, alquilar, estudiar, atenderse en salud o simplemente sostener una rutina básica se volvió mucho más difícil. Y frente a eso, el discurso oficial parece limitarse a pedir sacrificios infinitos en nombre de una supuesta estabilidad futura que nunca termina de llegar para la mayoría.

Al mismo tiempo, el gobierno construyó un clima político basado en la agresión permanente. Universidades, periodistas, científicos, artistas, movimientos sociales y opositores son tratados como enemigos internos o “casta” cada vez que cuestionan las políticas oficiales. La violencia verbal dejó de ser excepcional para transformarse en método de gobierno.

Esa lógica no solo deteriora el debate democrático. También busca legitimar el vaciamiento de instituciones públicas fundamentales para la vida social argentina.

La marcha universitaria expresó entonces algo mucho más profundo que un reclamo sectorial. Expresó el límite social frente a un proyecto político que parece considerar a la educación, la ciencia y los derechos sociales como obstáculos antes que como pilares de una sociedad democrática.

Y allí aparece quizás la contradicción más fuerte del discurso libertario oficial. Porque mientras el gobierno habla obsesivamente de libertad, sus políticas reducen cada vez más las condiciones materiales necesarias para ejercerla. Sin salarios dignos, sin transporte accesible, sin educación pública y sin posibilidades reales de progreso, la libertad deja de ser un derecho colectivo y se transforma simplemente en un privilegio para quienes todavía pueden pagarla.

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Hubo un tiempo en que la CGT podía paralizar ciudades, colmar plazas y condicionar decisiones políticas. Bastaba un anuncio de ajuste, una reforma laboral o una amenaza al salario para que aparecieran columnas de trabajadores marchando bajo sus banderas. La calle era una extensión natural del conflicto social y el sindicalismo se asumía como dique de contención frente a los excesos del poder. Hoy, en cambio, la imagen es otra: movilizaciones más pequeñas, discursos menos encendidos y una dirigencia que parece hablar en voz baja mientras la crisis grita. La pregunta se impone sola: ¿dónde quedó la CGT y dónde quedó el trabajador?

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un programa de recortes, desregulación y flexibilización, resulta llamativo el contraste entre la magnitud de las medidas y la debilidad de la respuesta sindical. No hace falta sostener teorías conspirativas para advertir que parte de la dirigencia eligió la prudencia negociada antes que la confrontación abierta. En política, muchas veces el silencio también es una postura.

Algunos gremialistas parecen haber calculado que enfrentarse de manera frontal a un gobierno que conserva apoyo electoral podía dejarlos aislados. Otros, probablemente, apuestan a sobrevivir administrando influencia en despachos antes que arriesgarse en la calle. El problema es que cuando la representación se vuelve táctica y deja de ser moral, el trabajador lo percibe rápidamente. Y cuando lo percibe, se aleja.

Sin embargo, culpar solo a los sindicatos sería cómodo e incompleto. También cambió la vida de quienes trabajan. Hoy millones de personas viven bajo una presión constante: salarios deteriorados, alquileres impagables, tarifas crecientes, endeudamiento cotidiano y miedo real a perder el empleo. Quien no sabe si podrá pagar la comida del mes difícilmente tenga margen para sumarse a una huelga o faltar un día para marchar. La precariedad económica no solo vacía bolsillos; también disciplina cuerpos.

Existe además una transformación estructural que el sindicalismo tradicional no terminó de comprender. El mundo del trabajo ya no es únicamente la fábrica, la oficina estable o el convenio colectivo clásico. Hay repartidores de aplicaciones, monotributistas forzados, freelancers, changas digitales, empleos temporales y una extensa informalidad que vive al margen de toda protección. Para muchos de esos trabajadores, la CGT no representa una herramienta de defensa, sino una institución ajena, lejana y envejecida.

Ahí reside una de las crisis más profundas: el sindicalismo conserva sellos, estructuras y capacidad de interlocución, pero perdió parte del vínculo emocional con una nueva generación que no se siente convocada. Se habla en nombre del trabajador, pero muchas veces sin escucharlo.

Mientras tanto, el discurso oficial instala otra narrativa: que reclamar derechos laborales es un privilegio, que la organización colectiva es un obstáculo y que la precarización es modernidad. Se presenta como sentido común que trabajar más horas por menos dinero es sacrificio necesario. Y cuando esa idea se naturaliza, el retroceso deja de parecer injusticia para convertirse en costumbre.

Por eso la ausencia de grandes movilizaciones no debería confundirse con conformidad social. El silencio no siempre expresa acuerdo; muchas veces expresa agotamiento. Hay pueblos que no protestan porque estén satisfechos, sino porque están exhaustos. Hay trabajadores que no marchan porque apoyen cada medida, sino porque sienten que nadie los representa o porque no pueden arriesgar lo poco que tienen.

La historia enseña que cuando las instituciones que debían canalizar el malestar dejan de hacerlo, ese malestar busca otras salidas. A veces aparece en las urnas. A veces en la apatía. A veces en estallidos inesperados. El conflicto social no desaparece porque no se vea en televisión; simplemente cambia de forma y se acumula debajo de la superficie.

Entonces la pregunta inicial sigue vigente, pero con un matiz más grave. No se trata solo de dónde quedó la CGT. Se trata de dónde quedó la dignidad del trabajo como eje ordenador de una sociedad. Cuando el salario no alcanza, cuando la jornada se extiende, cuando la representación se debilita y cuando reclamar parece inútil, no solo retrocede un sindicato: retrocede la idea misma de ciudadanía laboral.

Y cuando una sociedad normaliza eso, el costo no lo paga únicamente el trabajador. Lo paga toda la democracia.

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Por Manuel Capitán Cianuro para Infosur

Hay recetas económicas que se presentan con la solemnidad de leyes naturales: reducir el Estado hasta dejarlo en lo mínimo indispensable, liberar el mercado de toda atadura y confiar en que la famosa “mano invisible” , esa entidad casi mística que nunca paga cuentas, nunca se endeuda y jamás toma transporte público, ordenará espontáneamente la vida de millones.

En ese relato, los desequilibrios son transitorios, las crisis son anomalías y los costos sociales, simples externalidades. Si algo sale mal, la culpa jamás recae en la receta: es que no se aplicó con suficiente convicción, no se llegó lo suficientemente lejos, no se resistió lo suficiente a la tentación de intervenir. América Latina, siempre disponible para ensayos ambiciosos, ha sido el terreno perfecto para este experimento que insiste, incluso cuando los pacientes no mejoran o muestran síntomas cada vez más evidentes de desgaste.

Argentina: del espejismo de los 90 al estallido de 2001

Miremos a Argentina. En los años noventa, Carlos Menem prometió modernidad, eficiencia y un salto definitivo hacia el “primer mundo” a través de privatizaciones masivas y apertura económica. Durante un tiempo, la ilusión se sostuvo: estabilidad cambiaria, consumo en alza, sensación de progreso. Pero funcionó como funcionan los castillos de naipes cuando el aire está quieto: sólido en apariencia, frágil en esencia. Bastó una combinación de factores, endeudamiento creciente, pérdida de competitividad, rigidez cambiaria, para que todo se desmoronara con la Crisis de 2001 en Argentina, recordando de forma abrupta que la estabilidad no se decreta desde un PowerPoint, ni se sostiene solo con confianza.

Macri y Milei: dos versiones del mismo libreto

Años después, Mauricio Macri ofreció una versión más prolija, más estética del mismo guión: integración a los mercados internacionales, financiamiento externo accesible, gradualismo en el ajuste. El discurso era más amable, los modales más diplomáticos, pero las tensiones de fondo seguían ahí. El desenlace, con otra crisis de deuda y pérdida de confianza, resultó menos sorpresivo de lo que se quiso admitir. Hoy, con Javier Milei, el ajuste se envuelve en una narrativa épica, casi moral: el sacrificio presente como condición para un futuro redentor. Se plantea como una travesía necesaria, donde el dolor es prueba de corrección. El problema es que ese “después” siempre parece desplazarse, siempre está a unas cuantas reformas más de distancia, como un horizonte que retrocede a medida que uno avanza.

Chile: el modelo que brilló en los números pero crujió en la calle

Crucemos a Chile, el caso incómodo porque no encaja del todo en relatos simples ni en consignas rápidas. El experimento comenzó bajo la dictadura de Pinochet, en un contexto donde el mercado no solo era libre, sino también incuestionable. Se implementaron reformas profundas: apertura comercial, privatización de servicios, un sistema previsional basado en la capitalización individual. Hubo crecimiento económico, sí, pero también episodios críticos como la crisis de 1982, ese capítulo que suele mencionarse en voz baja. Además, los niveles de pobreza y desigualdad de ese período estaban lejos de ser anecdóticos. La reducción sostenida de la pobreza vendría después, ya en democracia, con políticas públicas más activas y cierto reequilibrio del rol del Estado. Sin embargo, el diseño estructural quedó: una economía dinámica en cifras, pero que transforma derechos en servicios, y ciudadanos en clientes sujetos a su capacidad de pago.

Crecimiento con costos ocultos: la otra cara del éxito

Durante años, el modelo chileno fue exhibido como vitrina regional. Las cifras macroeconómicas eran ordenadas, previsibles, casi ejemplares. Desde fuera, parecía una historia de éxito indiscutible. Pero la vida cotidiana contaba otra historia, menos visible en los gráficos: pensiones insuficientes, endeudamiento persistente como mecanismo de acceso a bienes básicos, servicios esenciales con precios que no siempre reflejaban calidad o equidad. Todo parecía funcionar… hasta que dejó de parecerlo en el Estallido social de Chile de 2019. La calle, esa variable que no entra en las proyecciones, interrumpió el relato y formuló una pregunta directa: crecer, sí, pero ¿para quién?, ¿a qué costo?, ¿con qué distribución?

Estado vs mercado: una falsa dicotomía que vuelve siempre

Entonces, ¿son deplorables los resultados? Depende de quién haga el balance y desde qué lugar lo observe. Para los grandes capitales y ciertos sectores empresariales, estas políticas suelen traducirse en entornos favorables: estabilidad normativa, oportunidades de expansión, márgenes atractivos. No es necesariamente un desorden, sino una fiesta discreta, con reglas claras y beneficios concentrados. Para el resto, en cambio, la experiencia puede parecerse a una suscripción obligatoria donde los beneficios prometidos se diluyen o nunca llegan del todo. En Argentina, el modelo tropieza con una frecuencia que ya no sorprende; en Chile, funciona lo suficiente como para ser defendido con datos, pero no lo suficiente como para generar adhesión emocional o sentido de justicia.

Cuando el mercado funciona, pero no para todos

La ironía persiste y se recicla: el debate se plantea como una dicotomía absoluta entre Estado y mercado, como si uno debiera desaparecer para que el otro funcione plenamente. Pero la evidencia, esa que incomoda porque no se alinea fácilmente con relatos ideológicos, sugiere algo menos épico y más complejo: cuando el mercado opera sin contrapesos efectivos, tiende a concentrar poder y recursos; cuando el Estado se retira sin estrategia ni capacidad, deja vacíos que se traducen en abandono. Entre concentración y abandono, hay un espacio donde se acumulan las tensiones sociales, donde alguien inevitablemente asume los costos. Y, como suele ocurrir, no es la mano invisible la que paga la cuenta.

Tal vez el problema más profundo no es que estas recetas fallen siempre. Es algo más incómodo: a veces funcionan, pero de manera desigual. Generan crecimiento, sí, pero también asimetrías persistentes. Y ese detalle, el que rara vez aparece en los eslóganes o en las presentaciones optimistas,  es el que, tarde o temprano, vuelve a manifestarse donde realmente importa: fuera de las hojas de cálculo, lejos de los indicadores agregados, en la experiencia concreta de las personas y, cuando se acumula suficiente tensión, en la calle.

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Capitán Cianuro

Hay momentos en que la política deja de ser un debate abstracto y se vuelve completamente material. No se trata de ideas, ni de relatos, ni de promesas. Se trata de cuánto cuesta llenar el carrito, de si el sueldo alcanza hasta fin de mes, de si trabajar sigue siendo garantía de algo. Hoy, ese momento se está viviendo con crudeza en la Argentina de Javier Milei, donde el llamado “shock” económico dejó de ser un concepto técnico para convertirse en experiencia cotidiana.

El punto de partida es claro. A fines de 2023 y comienzos de 2024, el gobierno argentino aplicó un ajuste drástico: devaluación, recorte del gasto público, eliminación de subsidios y liberación de precios. Todo al mismo tiempo. El impacto fue inmediato. La inflación, que ya venía descontrolada, superó el 200% anual, mientras los ingresos quedaron rezagados. El resultado fue una caída abrupta del poder adquisitivo y un salto en la pobreza que alcanzó alrededor de 52,9% de la población en 2024. Más de la mitad del país bajo la línea de pobreza no es una metáfora ni un recurso retórico: es un dato duro.

Con el paso de los meses, el gobierno logró mostrar una desaceleración de la inflación. Hacia 2025, las cifras comenzaron a bajar de forma significativa, acercándose a niveles cercanos al 30% anual. En términos macroeconómicos, eso puede presentarse como un éxito. Pero la pregunta relevante no es solo qué pasa con los precios, sino qué pasa con las personas. Porque en paralelo, los salarios reales sufrieron caídas importantes, especialmente en el sector público, donde se registraron retrocesos cercanos al 18% en términos de poder de compra. El salario mínimo también perdió terreno frente al costo de vida, y el empleo formal mostró señales de contracción.

Ese desfase entre inflación a la baja y deterioro social es el núcleo del problema. Bajar la inflación no necesariamente implica mejorar las condiciones de vida si el ajuste se hace licuando ingresos. De hecho, incluso cuando las cifras oficiales comenzaron a mostrar una reducción posterior de la pobreza —alrededor de 31,6% en 2025—, esa mejora ocurre después de un salto inicial devastador. Es decir, primero se empuja a millones de personas hacia abajo y luego se celebra una recuperación parcial desde ese nuevo piso. La pregunta incómoda es si eso constituye realmente una mejora o simplemente una normalización del daño.

En la vida cotidiana, ese proceso se traduce en algo más tangible que cualquier indicador: trabajadores que siguen empleados pero son más pobres, jubilaciones que pierden valor en cuestión de semanas, y una clase media que empieza a vivir en modo defensivo. No es casualidad que múltiples mediciones de percepción muestren que, incluso con menor inflación, amplios sectores declaran vivir peor que antes. La macro se ordena, pero la vida se desordena.

Este cuadro no es irrelevante para Chile. El proyecto político de José Antonio Kast no es idéntico al de Milei, pero comparte una lógica que vale la pena observar con atención: reducción del rol del Estado, énfasis en el ajuste rápido, beneficios tributarios a grandes empresas y un discurso centrado en el orden, el esfuerzo y la disciplina. Sus defensores argumentan que se trata de medidas necesarias para corregir distorsiones. Sus críticos advierten que el costo de esa corrección tiende a concentrarse en los sectores más vulnerables.

La experiencia argentina ofrece un patrón reconocible. Primero, se implementa un shock que impacta directamente en precios clave como transporte, energía y alimentos. Luego, los salarios quedan rezagados frente a ese aumento del costo de vida. A continuación, se produce un deterioro en las condiciones materiales de amplios sectores, mientras se insiste en la necesidad de sostener el rumbo. Finalmente, se apela a la paciencia social bajo la promesa de beneficios futuros que no siempre llegan de manera equitativa.

En Chile, algunas señales iniciales —como el alza en costos sensibles o decisiones que priorizan ciertos incentivos económicos— ya generan inquietud en parte de la ciudadanía. No porque el país esté en la misma situación que Argentina, sino porque las trayectorias económicas no se definen solo por el punto de partida, sino también por las decisiones que se toman en momentos clave. Y cuando esas decisiones apuntan en una dirección similar, la comparación deja de ser exagerada y empieza a ser pertinente.

El debate de fondo no es ideológico, aunque muchas veces se plantee así. Es profundamente material. Se trata de quién absorbe el costo del ajuste. Porque todo proceso de corrección económica implica costos; la diferencia está en cómo se distribuyen. En el caso argentino, la evidencia reciente sugiere que ese costo recayó de manera desproporcionada en trabajadores, jubilados y sectores medios. El capital, en cambio, encontró alivios y oportunidades en el nuevo esquema.

Chile todavía no está en ese escenario, pero la discusión ya está abierta. Mirar a Argentina no implica asumir un destino inevitable, pero sí permite observar consecuencias concretas de políticas similares aplicadas en un contexto real. El espejo está ahí, no como una profecía, sino como advertencia.

Porque al final, más allá de los discursos, hay una pregunta que define cualquier modelo económico: si ordena las cuentas, pero desordena la vida, ¿a quién está realmente beneficiando?

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Por Capitán Cianuro

El ejercicio de la memoria no puede ser superficial ni cómodo. No alcanza con recordar fechas o rendir homenajes: es necesario comprender lo que realmente ocurrió, desnudar las responsabilidades y, sobre todo, evitar que los mismos errores vuelvan a repetirse bajo nuevas formas.

Las Malvinas son argentinas. No solo como consigna histórica o reclamo diplomático, sino como parte de una disputa de soberanía que sigue vigente en pleno siglo XXI. Y esa disputa tiene una particularidad incómoda para nuestra región: es la única guerra librada en territorio sudamericano cuya controversia aún no encuentra resolución definitiva. No es pasado cerrado; es presente tensionado.

Sin embargo, la forma en que esa causa fue utilizada en 1982 no puede separarse del contexto en que ocurrió. El régimen encabezado por Leopoldo Galtieri no consultó al pueblo argentino. Decidió por él. Como hacen todas las dictaduras: sin legitimidad, sin deliberación, sin respeto por la vida. La guerra fue un intento desesperado por sostener un poder que ya se desmoronaba.

Pero no solo se combatió en las islas. También se combatió en el terreno de la información. Medios como Clarín y la revista Gente construyeron un relato que distorsionó la realidad, instalando una sensación de victoria que nunca existió. La desinformación no fue un error: fue parte del engranaje que permitió sostener la ficción mientras la tragedia avanzaba.

En el otro lado del conflicto, la figura de Margaret Thatcher —la llamada “Dama de Hierro”— se consolidó como símbolo de firmeza, pero también como expresión de una política implacable. Su decisión de ir a la guerra no solo respondió a intereses estratégicos, sino que reforzó una lógica donde el poder se ejerce sin contemplaciones. Thatcher encarna, en este contexto, el rostro de una determinación que sembró temor y reafirmó viejas prácticas de dominación.

Entre ambos extremos quedaron los pueblos. Jóvenes enviados a una guerra desigual, mal equipados, mal informados, sacrificados en nombre de decisiones que nunca tomaron. Esa es la marca más profunda de Malvinas: la distancia brutal entre quienes deciden y quienes pagan las consecuencias.

Pero la reflexión no puede quedarse en 1982. Tal como advierte Manuel Martínez Opazo, la guerra no debe transformarse en discurso. Instalar la idea del enemigo, alimentar un nacionalismo desbordado o romantizar el conflicto es abrir la puerta a repetir la historia. Y América Latina ya ha pagado demasiado caro ese tipo de errores.

Desde la Guerra del Pacífico hasta conflictos más recientes en la región, la guerra ha sido utilizada muchas veces como herramienta política. El caso del gobierno de Alberto Fujimori lo demuestra: el conflicto como mecanismo para consolidar poder. Incluso después, decisiones como el indulto otorgado por Carlos Menem a Galtieri dejaron en evidencia cómo la impunidad también forma parte de estas historias inconclusas.

Por eso, pensar en la Patria Grande hoy no es un gesto simbólico. Es una necesidad urgente. Es entender que nuestras disputas no pueden resolverse desde la lógica de la guerra, que nuestros pueblos no pueden seguir siendo utilizados como piezas en juegos de poder, y que la soberanía real solo puede construirse con democracia, verdad y memoria.

Malvinas, entonces, nos deja una doble enseñanza. Por un lado, la legitimidad de un reclamo que sigue vigente y que forma parte de la historia viva de nuestra región. Pero, por otro, una advertencia clara: nunca más una guerra decidida sin el pueblo, nunca más una verdad manipulada, nunca más un nacionalismo que empuje a nuestros países al abismo.

Porque la memoria, cuando es honesta, no solo recuerda: también orienta.

Y hoy, más que nunca, nos señala un camino distinto.

Uno donde la soberanía no se defienda con improvisación ni con sangre joven, sino con democracia, integración y verdad. Uno donde la Patria Grande deje de ser un anhelo y se transforme en una convicción política y humana, capaz de desterrar para siempre la lógica del enfrentamiento entre pueblos que comparten historia, dolor y destino.

Malvinas sigue siendo una causa abierta, pero también una advertencia permanente.

Porque al final, las guerras no las gana nadie: solo gana el desquicio y pierde la humanidad en conjunto.

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El Gobierno Nacional impulsa, una vez más, la eliminación de las Paso (Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) con el indisimulado objetivo de quitarle a la oposición la herramienta más efectiva para su unificación y organización electoral.

El oficialismo nacional supone que sin las PASO se le hará muy difícil a la oposición, y en particular al Peronismo, poder articular un mecanismo que permita una amplia participación de todos los sectores internos en la elección de los candidatos y le asegure la unidad partidaria de cara a las elecciones generales del 2027.

Para afrontar con posibilidades de éxito esas elecciones son indispensables la unidad y la movilización de todas las líneas internas para lo cual, además de propuestas y de programas convocantes y atractivos para el electorado, se requiere que en las primarias puedan participar en situación de paridad todos los sectores que aspiren a presentar candidaturas.

Para eso las PASO son una herramienta fundamental de organización y de funcionamiento democrático de los partidos políticos, en cuanto promueven la participación y el ejercicio del voto de los ciudadanos, garantizan reglas claras para la postulación de candidatos y aseguran la representación de las minorías. 

Al fijar por ley las mismas pautas para todos los espacios partidarios, con el debido control judicial, facilita que las distintas líneas internas presenten sus candidatos y que, finalizada la primaria, todos los sectores participen unidos en la elección general.

Nuestra sociedad no tiene la cultura del voto voluntario y, aún con la obligación legal de votar, la asistencia a las urnas ha disminuido en cada nuevo turno electoral. Por esa razón, si se elimina la obligatoriedad de las PASO únicamente irán a votar quienes sean transportados de ida y vuelta al centro de votación, pero este servicio por su compleja logística y sus altísimos costos sólo pueden financiarlo los que ejerzan el gobierno -nacional, provincial y municipal- o controlen el aparato partidario. 

En uno u otro caso, no será posible una democrática competencia interna, lo que redundará en la falta de motivación para participar activamente en las generales de aquellos que sientan que no han tenido las mismas oportunidades o que han sido indebidamente excluidos.

Por eso las PASO, al establecer el voto abierto y obligatorio, se constituye en el factor de participación y de equilibrio interno sin el cual las elecciones primarias se convertirán en una mera ficción, sepultando cualquier atisbo de democracia interna y de unidad partidaria.

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Este artículo analiza la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas desde una perspectiva histórica que cuestiona las alianzas geopolíticas con potencias extranjeras. Los autores argumentan que confiar en que Estados Unidos favorecerá el reclamo argentino es una postura ingenua, recordando que Washington siempre ha priorizado su vínculo estratégico con el Reino Unido, como ocurrió en 1831 y 1982. A través de una crítica a la Doctrina Monroe, se advierte que los alineamientos automáticos con intereses del norte no garantizan la recuperación del territorio, sino que responden a agendas imperiales ajenas. En cambio, se propone una estrategia soberana basada en el derecho internacional, la diplomacia multilateral y la integración regional. Finalmente, el artículo subraya que la memoria histórica es una herramienta política indispensable para evitar repetir errores del pasado en la búsqueda de la emancipación nacional.

Por Martín Coldman y Mariano Ameghino

Aquella frase que advierte que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla” vuelve a resonar este 2 de abril, a 44 años de la recuperación de las Islas Malvinas. Una recuperación que duró apenas 74 días, hasta el cese del fuego del 14 de junio —día de la máxima resistencia—, cuando volvió a flamear en nuestras islas un pabellón ajeno.

Las razones por las cuales banderas extranjeras han ondeado en Malvinas no pueden pensarse fuera de la historia. Como advertía en 1990 Ignacio Copani: “que me digan que soy ángel del pasado, porque no entra en mi cabeza que se hizo bueno el amo y el chacal vegetariano comparte la comida con su presa”. La metáfora sigue vigente.

En tiempos de las “faikman news”, proliferan discursos que, frente a las tropelías de Donald Trump —como sus declaraciones sobre Groenlandia—, imaginan una versión renovada y “amigable” de la Doctrina Monroe. Bajo la consigna “América para los americanos”, algunos sugieren que esto podría traducirse en la salida del Reino Unido de nuestras Islas Malvinas.

Se trata, sin embargo, de lecturas ingenuas —o interesadas—. Voces que incluso desde tradiciones políticas nacionales parecen perder perspectiva histórica: denuncian la amenaza de unos actores globales mientras idealizan a otros, como si el “amo” finalmente hubiera decidido compartir la mesa.

La historia argentina muestra otra cosa. Nuestro país ha sostenido, con matices, una tradición de relativa neutralidad en política exterior. Esa posición no fue casual: se vincula con la forma en que Argentina se insertó en el mundo moderno hacia fines del siglo XIX, como exportadora de materias primas y con fuertes vínculos comerciales con el Reino Unido. Aquella estructura, diseñada por la élite terrateniente, permitía moverse con cierta flexibilidad diplomática sin alineamientos rígidos.

Durante las guerras mundiales, esa neutralidad se mantuvo. Y, salvo la excepcionalidad extrema de la dictadura genocida —inscripta en la lógica de la Guerra Fría y articulada con los intereses de Washington en la región—, Argentina sostuvo su reclamo por Malvinas en el marco del derecho internacional y la vía diplomática, denunciando la ocupación británica iniciada en 1833.

Pero para comprender Malvinas, es necesario mirar más atrás. En 1831, cuando Luis Vernet intentó regular la explotación de recursos en las islas, Estados Unidos respondió enviando la corbeta USS Lexington, que arrasó la colonia argentina. Ese hecho debilitó decisivamente la presencia nacional y abrió el camino para la ocupación británica dos años después.

Desde entonces, la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido —cada vez más estrecha— condicionó la cuestión. Durante el siglo XX, esa alianza se consolidó en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría. En ese marco, resultaba improbable que Washington priorizara el reclamo argentino por sobre su socio estratégico.

El episodio más evidente fue la guerra de 1982. Tras un intento fallido de mediación, Estados Unidos apoyó abiertamente al Reino Unido con inteligencia, logística y recursos clave. Fue un respaldo decisivo.

Por eso, pensar que un cambio de liderazgo en Washington puede alterar esta lógica estructural es desconocer la historia. La Doctrina Monroe nunca implicó un respaldo automático a América Latina frente a Europa; por el contrario, fue una herramienta de expansión de la influencia estadounidense en el continente.

Malvinas lo demuestra con claridad: aun en contextos de afirmación hemisférica, la prioridad de Estados Unidos ha sido sostener su alianza con el Reino Unido.

De allí que el desafío argentino no pase por esperar gestos externos, sino por construir una estrategia sostenida en el derecho internacional, la diplomacia multilateral y la integración regional.

La historia ofrece imágenes elocuentes: 1831, 1982 y el presente dialogan entre sí. Desde la Lexington hasta la célebre tapa de la revista Humor que mostraba a Thatcher y Reagan en la cama y el canciller argentino Costa Méndez como el cornudo del momento;  pasando por las advertencias de José Martí y Manuel Ugarte sobre “las entrañas del monstruo”. También por los errores propios: la dictadura creyó que podía recuperar las islas con el beneplácito de Estados Unidos. Nada de eso ocurrió.

Cada alineamiento internacional tiene consecuencias. Algunas pueden ser favorables; otras, profundamente perjudiciales. Pero lo que no admite dudas es que las potencias actúan en función de sus propios intereses.

Creer que “el amo se hizo bueno” no solo es una ilusión: es una peligrosa forma de desarmar cualquier política soberana. Más aún en un contexto global donde ciertos alineamientos —norteamericanos, israelíes, anti chinos o anti rusos— lejos de acercarnos a la recuperación de nuestras islas, podrían empujarnos hacia escenarios de conflicto de escala incierta.

Recordar, entonces, no es un ejercicio nostálgico. Es una necesidad política.

Otra vez, por los techos del norte, viene el bloque imperialista a matarnos la ilusión de recuperar la soberanía.

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Manuel Capitán Cianuro

El discurso de Javier Milei en la apertura del año legislativo no fue una exposición ante la República, sino una performance cuidadosamente dirigida a su tribuna. Desde el estrado del Congreso de la Nación Argentina, el Presidente volvió a confirmar que su capital político no descansa en la construcción de mayorías reflexivas, sino en la consolidación de una identidad combativa. No habló para persuadir a los indecisos ni para tender puentes con la oposición: habló para reafirmar a los propios. No argumentó: arengó. No dialogó: desafió.

La escena ya es reconocible. Insultos lanzados con precisión quirúrgica, caricaturas históricas simplificadas hasta el extremo, cifras convertidas en proyectiles retóricos y una narrativa donde el adversario político deja de ser legítimo para transformarse en obstáculo moral. En esa lógica binaria, el Congreso no es un espacio de deliberación democrática, sino un escenario donde se libra una batalla cultural permanente. Todo se traduce en épica, todo se dramatiza, todo se convierte en combate.

Pero la democracia no es un estadio, ni un canal de streaming donde el rating se mide en decibeles. La democracia es, ante todo, un sistema de reglas compartidas que exige contención, responsabilidad y un mínimo respeto por la pluralidad. Cuando el podio se utiliza para degradar al otro, el mensaje no es solo político: es institucional. Se transmite la idea de que la confrontación es el método y que la descalificación sustituye al argumento.

Parte central de esa estrategia es la manipulación conceptual. Cuando se invoca el “fascismo” como etiqueta para definir cualquier postura de izquierda o de intervención estatal, se desdibuja deliberadamente la historia. El fascismo fue un fenómeno ultranacionalista, autoritario y profundamente anticomunista. Alterar ese registro no es un descuido académico; es una operación discursiva destinada a reordenar el mapa ideológico según conveniencia. Si todo es fascismo, nada lo es. Y en ese vacío conceptual, la confusión se vuelve herramienta de poder.

El capítulo internacional agrega otra capa a esta puesta en escena. La admiración manifiesta hacia Donald Trump no es un guiño superficial, sino una declaración de pertenencia a una corriente política global. Trump ha construido su narrativa sobre la exaltación de la libertad, la defensa de la democracia y la promesa de rescatar a Occidente de sus enemigos internos y externos. Ha insistido en que Estados Unidos interviene en el mundo para salvar pueblos de dictaduras y restaurar valores democráticos.

Sin embargo, esa épica tropieza con contradicciones evidentes. La relación estratégica con la monarquía de Arabia Saudita —donde no existen elecciones libres ni pluralismo político— rara vez es objeto de condena moral. Allí, la democracia no parece ser una prioridad urgente. La vara con la que se mide a los regímenes cambia según el tablero geopolítico. Cuando hay petróleo, armas o alianzas estratégicas en juego, el discurso se modera. Cuando no, se inflama.

La selectividad es tan transparente que apenas requiere un análisis sofisticado. La libertad funciona como consigna; la geopolítica, como práctica. La idea de “ir a liberar naciones” termina pareciéndose demasiado a una coartada para asegurar influencia, mercados y recursos naturales. No se trata de negar que existan dictaduras ni de relativizar violaciones de derechos humanos. Se trata de señalar que la defensa de la democracia pierde credibilidad cuando se aplica de manera instrumental.

En ese contexto, incomoda advertir cómo personajes como Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador o José Antonio Kast en Chile buscan con entusiasmo la foto, el guiño o el aplauso del magnate convertido en emblema de una nueva derecha global. No se trata de relaciones diplomáticas normales —que cualquier gobierno mantiene— sino de una adhesión simbólica que roza la devoción. Hay una carrera por la validación, una competencia tácita por demostrar quién encarna mejor esa cruzada contra el “progresismo” regional.

La paradoja es evidente. Quienes se autodefinen como libertarios, defensores irrestrictos de la soberanía individual y nacional, parecen cómodos ocupando un lugar subordinado en un esquema donde América Latina es descrita como “patio trasero”. Aceptar esa categoría y celebrarla como si fuese un sello de pertenencia al mundo desarrollado no es pragmatismo: es renuncia simbólica. Es asumir que la legitimidad interna depende del aplauso externo.

La política exterior puede y debe basarse en intereses nacionales claros. Ningún país vive aislado ni puede prescindir de alianzas estratégicas. Pero una cosa es negociar desde la dignidad y otra muy distinta es convertir la genuflexión en identidad política. Cuando el aplauso extranjero vale más que la cohesión interna, cuando la aprobación de un referente foráneo se exhibe como trofeo doméstico, algo se ha invertido en la escala de prioridades.

La democracia no necesita iluminados que griten más fuerte ni presidentes que transformen cada acto institucional en un acto de campaña permanente. Necesita gobernantes capaces de sostener el conflicto dentro de límites republicanos, de aceptar la crítica sin convertirla en traición y de entender que el poder es transitorio, pero las instituciones permanecen.

Porque cuando la libertad se reduce a consigna, cuando la historia se manipula para ganar una discusión coyuntural y cuando la subordinación se disfraza de estrategia, lo que queda no es una revolución liberal ni una restauración democrática. Lo que queda es un espectáculo ruidoso, sostenido por aplausos importados y por una épica que, detrás del volumen, revela más inseguridad que fortaleza.

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