Capitán Cianuro

El problema es que no es un comentarista furioso de redes sociales ni un panelista con hambre de rating: es el Presidente de Argentina. Cuando insulta a un mandatario extranjero, a un juez o a un adversario, no habla Javier Milei a título personal: habla el jefe de Estado de la República Argentina. Esa diferencia parece no haberla entendido.

Lo demostró otra vez al referirse en términos degradantes a un ministro de la Corte Suprema brasileña y atacar al presidente Lula da Silva. Convirtió así un repertorio de agravios personales en un problema diplomático con Brasil, el gigante sudamericano y socio comercial estratégico de Argentina. Una genialidad, si la política exterior se escribiera en una cantina a las tres de la mañana. Pero no: se trata de relaciones internacionales, y Brasil no es un enemigo imaginario inventado para satisfacer a una tribu política.

Es, además, el principal destino de las exportaciones industriales argentinas y el socio central del Mercosur, ese bloque que el propio Gobierno dice querer flexibilizar sin romper. Cada golpe verbal contra Lula no queda flotando en el aire de la política interna: golpea también a los frigoríficos, a las automotrices, a las economías regionales que dependen de un vínculo comercial fluido con el vecino. Insultar al presidente de tu principal socio comercial no es una travesura retórica: es un boomerang con arancel.

La pregunta no es si Milei tiene derecho a decir estupideces —en democracia hasta los presidentes pueden exhibir sus límites—. La pregunta es hasta cuándo los argentinos permitirán que sus arrebatos personales se conviertan en costos para el país. Porque una cosa es ser un provocador y otra, muy distinta, administrar una nación como si fuera una cuenta de redes sociales.

Milei necesita enemigos: los fabrica, los insulta y luego se presenta como víctima de quienes reaccionan. El método funciona para sumar seguidores y generar titulares, pero la diplomacia no se rige por esas reglas. Un presidente puede discrepar con Lula, cuestionar su gobierno, discutir ideas opuestas: todo eso es política democrática. Lo que no se entiende es por qué necesita hacerlo a los insultos. ¿No puede argumentar? Quizás la respuesta esté ahí: cuando el argumento es débil, el insulto se vuelve imprescindible.

El momento elegido agrava todo: esto ocurre en medio del lanzamiento político de Eduardo Bolsonaro, en un Brasil ya tensionado por su crisis institucional. Milei aparece como quien envía un bidón de nafta a una reunión donde todos discuten cómo apagar un incendio.

La diplomacia no funciona a gritos. Los tratados no se negocian con berrinches. Y Brasil no tiene por qué aceptar que la política exterior argentina sea una extensión de las peleas personales de su presidente. La fortaleza de un mandatario no se mide por cuánta gente logra humillar en una semana, sino por su capacidad de defender los intereses de su país sin arriesgarlos por una pulsión propia.

Durante décadas, más allá de los signos políticos, la cancillería argentina supo distinguir entre la disputa ideológica y la relación de Estado: se podía discrepar con un gobierno vecino sin degradar a su presidente, se podía competir por inversiones sin insultar a quien las administraba del otro lado de la frontera. Milei parece haber decidido que esa cautela era debilidad, cuando en realidad era la condición mínima para que un país mediano como Argentina pudiera sentarse a negociar con márgenes razonables.

La misma lógica del espectáculo por sobre la sustancia aparece en lo económico. Se instaló la idea de que Milei «desendeudó» al país, algo difícil de sostener: su gobierno volvió a recurrir al FMI por miles de millones de dólares y aumentó los compromisos en moneda extranjera y en pesos. Se presenta como resuelto el conflicto con los fondos buitre, cuando buena parte de esos litigios viene de decisiones tomadas hace décadas por gobiernos que hoy prefieren omitirse. Decir que la deuda desapareció no es un error menor: es una simplificación que ignora la complejidad económica del país.

Milei es la cara de un fenómeno que se entiende mejor si se lo mira sin el escenario. Con luces, rock y el grito de «¡Viva la libertad, carajo!», el acto es más recital que discurso, y funciona: entendió que su verdadero rival no era otro candidato, sino el aburrimiento. Pero sáquenle la música y la multitud, y quedan solo las ideas. Eso pasó en el Foro Económico Mundial, en enero de 2025 y de nuevo en 2026, donde el showman dio paso a un expositor monocorde: La Nación describió una intervención doctoral y abstrusa, con una sala que terminó con butacas vacías. Ahí queda expuesta la diferencia entre dominar un escenario y cautivar cuando el único recurso es la solidez del argumento.

Sus seguidores podrán celebrar cada insulto como un gol de campeonato y convertir cada exabrupto en meme. Pero Argentina no es una cuenta de X: es un país con relaciones comerciales, fronteras, exportadores y millones de ciudadanos que no eligieron pagar los costos de los arranques verbales de su presidente.

El insulto puede ser divertido para quien lo dice y rentable para quien lo consume. Pero cuando sale de la boca de un jefe de Estado, deja de ser una grosería: se convierte en política exterior. Una cosa es tener libertad para decir cualquier estupidez; otra, muy distinta, es tener la responsabilidad de gobernar un país después de haberla dicho.

Nadie le exige a Milei que se calle sus convicciones ni que abandone su estilo. Se le exige, apenas, que entienda dónde termina el personaje y dónde empieza el cargo. Porque si cada vez que pierde el argumento, Argentina tiene que prepararse para perder un aliado o un socio comercial, el problema ya no es solo la mala educación del presidente: es el costo que todos los argentinos siguen pagando por ella.

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Capitán Cianuro

Existe algo que el poder nunca termina de comprender: las victorias deportivas pertenecen a los pueblos, no a los gobiernos. Sin embargo, cada vez que una selección alcanza la gloria, aparecen dirigentes convencidos de que una copa también puede convertirse en capital político. Desde el momento en que Argentina llegó a la final del Mundial, el libreto parecía escrito. Si la Selección levantaba el trofeo, Javier Milei habría intentado envolver a su gobierno en esa alegría colectiva; Donald Trump habría buscado la fotografía que lo asociara al campeón; y Benjamin Netanyahu, acusado internacionalmente de cometer actos de genocidio y necesitado de romper el aislamiento internacional provocado por la tragedia de Gaza, tampoco habría desaprovechado la oportunidad de vincularse con uno de los equipos más admirados del planeta. Ninguno habría corrido un metro, recuperado una pelota ni convertido un gol. Pero todos habrían querido apropiarse del triunfo.

La derrota argentina impidió esa puesta en escena. Sin embargo, la ceremonia de premiación terminó confirmando que la sospecha no era infundada. España acababa de conquistar el Mundial cuando Donald Trump decidió irrumpir en la fotografía oficial de los campeones, desplazando por un instante el verdadero centro de la celebración. El episodio fue mucho más que una anécdota protocolar: representó una forma de ejercer el poder que necesita colonizar cada símbolo de éxito para convertirlo en propaganda personal. Hay dirigentes incapaces de aceptar que existan momentos históricos en los que ellos no son los protagonistas.

Pero el fútbol, afortunadamente, también produce imágenes que escapan al cálculo político. Mientras algunos buscaban adueñarse de una fotografía, otros decidieron utilizar ese escenario para expresar convicciones. Allí estuvo Cristian «Cuti» Romero, quien evitó estrechar la mano de Trump durante el protocolo, dejando en claro que un gesto, cuando nace de una convicción, puede decir mucho más que un discurso cuidadosamente redactado. Y también  estuvo el joven futbolista español Lamine Yamal, quien, no hace mucho, en pleno festejo por la obtención de la Supercopa de la Liga con el Barcelona, levantó la bandera palestina frente a miles de espectadores. Mientras buena parte de Occidente administra silencios frente a la devastación de Gaza, un campeón del mundo recordó que el deporte también puede ser un espacio para la conciencia. Hay gestos que recorren el planeta y terminan teniendo mucha más fuerza que el afán de un presidente por aparecer en la fotografía de los vencedores.

Argentina también dejó sus propias imágenes. Durante la semifinal, un cartel con la inscripción «Las Malvinas son argentinas» recorrió el mundo. No era una consigna partidaria ni un acto de oportunismo; era la expresión de una causa nacional que atraviesa generaciones y gobiernos. Por eso resulta tan evidente la contradicción de Javier Milei. El mismo Presidente que relativiza la cuestión Malvinas y ha cuestionado públicamente las expresiones de soberanía habría sido el primero en envolver su discurso con la bandera argentina si la Selección hubiera levantado la Copa. Hay una diferencia sustancial entre respetar los símbolos de una nación y utilizarlos cuando conviene. La patria no puede convertirse en un accesorio de campaña.

La paradoja se profundizó cuando María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino en la final. La artista que Milei eligió atacar en reiteradas ocasiones terminó siendo la voz que representó al país frente al mundo. El escenario más importante del fútbol internacional dejó una enseñanza que el poder suele olvidar: los símbolos nacionales pertenecen a la sociedad, no a quienes ocupan circunstancialmente la Casa Rosada.

Mientras el Mundial ofrecía esas postales, la Argentina seguía enfrentando una realidad mucho menos festiva. El relato libertario continúa prometiendo que el ajuste traerá prosperidad, pero el deterioro del poder adquisitivo, la caída del consumo, las dificultades de la industria y la ausencia de la anunciada lluvia de inversiones mantienen abiertas las mismas preguntas que, desde hace meses, esperan respuestas. No alcanza con exhibir equilibrio fiscal cuando millones de argentinos sienten que el equilibrio desapareció de sus hogares. Tampoco deja de ser una amarga metáfora que, en este contexto, desde Río Negro se impulse la comercialización de carne de jabalí y guanaco como alternativa alimentaria, mientras el Gobierno insiste en presentar la austeridad como una virtud y no como la consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo.

Y entonces reaparece Malvinas. No como una bandera electoral, sino como una obligación moral. Cabe preguntarse qué sentirán los excombatientes cuando escuchan al Presidente relativizar una causa que costó la vida de 649 argentinos. Condenar la dictadura que condujo al país a aquella guerra es un deber democrático; desvalorizar el sacrificio de quienes combatieron y vaciar de contenido la reivindicación de soberanía es otra cosa muy distinta. Los gobiernos pasan, las ideologías cambian y los presidentes son transitorios, pero la memoria de los caídos y el reconocimiento a los veteranos pertenecen a la Nación, no al poder de turno.

Quizá esa haya sido la verdadera lección que dejó este Mundial. Mientras algunos líderes intentaban convertir el fútbol en una plataforma para alimentar su propia imagen, fueron los futbolistas, los artistas y los hinchas quienes recordaron que todavía existen símbolos que no aceptan ser privatizados. Porque una copa puede perderse o ganarse. Una fotografía puede organizarse. Pero la dignidad de un pueblo, su memoria y su identidad nunca pertenecen a quienes pretenden administrarlas desde el poder. Hay símbolos que, sencillamente, no se alquilan.

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Hace dos días se cumplió un año de la muerte de mi papá.

Desde entonces vuelvo seguido a una conversación que tuvimos un tiempo antes de que se fuera. Mi mamá había muerto hacía poco. Ese mediodia estábamos con Sandra sentados en el comedor de su casa, preparandonos para comer, escuchando la polca paraguaya y hablando de cualquier cosa. De esas charlas que parecen no tener rumbo y, sin que uno se dé cuenta, terminan llevándote a lo importante.

No recuerdo cómo empezó.

Sí recuerdo cómo terminó.

Mi viejo empezó a contarnos su historia.

Esa que no conocía. La de antes de que yo existiera.

Había nacido en el monte de un pueblo de Paraguay. Apenas terminó el servicio militar decidió venir a la Argentina. Quería trabajar.

Llegó hasta la terminal de ómnibus de Salta sin un peso.

No conocía a nadie. No tenía trabajo. No tenía adónde ir.

Mientras escribo esto me doy cuenta de que nunca le pregunté cuánto tiempo estuvo sentado ahí. Tampoco qué llevaba en el bolso. Hay preguntas que uno siempre deja para después, convencido de que habrá tiempo.

Y un día descubre que ya no.

Lo que sí recuerdo es la cara que puso cuando llegó a esa parte del relato.

Unos hombres que trabajaban en una quinta lo vieron solo. Se acercaron. Le preguntaron si necesitaba trabajo.

Nada más.

Así empezó la vida que después nos terminó trayendo a nosotros.

No le preguntaron de qué país venía.

No le pidieron papeles.

No lo miraron con desconfianza.

Vieron a un pibe que necesitaba una oportunidad.

Mi viejo hizo un silencio. Miró hacia la ventana y dijo una frase que todavía hoy nos acompaña.

—Esa era una Argentina que abrazaba.

Nunca olvidamos esas palabras.

Tal vez porque no las dijo con nostalgia.

Las dijo con agradecimiento.

Mi papá trabajó toda su vida en las quintas. El trabajo le fue doblando la espalda hasta que cinco hernias de disco lo obligaron a dejar. Había aportado durante décadas. Nunca pidió nada que no hubiera ganado con su esfuerzo.

Era paraguayo.

Y era profundamente agradecido con la Argentina que le había permitido construir un presente mejor.

En estos días, después de la final del Mundial, desde distintos lugares del mundo empezaron a repetirse historias, videos y comentarios que presentan a los argentinos como si la discriminación fuera nuestra marca de nacimiento.

No me interesa discutir con las redes sociales. Las redes viven de exagerar.

Lo que sí me interesa es no olvidar.

Porque este país conoció la discriminación. La conoce todavía. Hay racismo, xenofobia y prejuicios. Negarlo sería una estupidez.

Pero también sería una ingenuidad no ver que esos discursos hoy encuentran un respaldo que hace unos años resultaba impensado. Cuando desde el poder se señala una y otra vez al inmigrante, al extranjero o al diferente como si fuera el origen de nuestros problemas, algo cambia. No cambia solamente la política. Cambia el clima de una sociedad. Hay palabras que, cuando las dice un presidente o una ministra, dejan de ser una opinión más. Empiezan a funcionar como una autorización.

Y eso es peligroso.

Porque el prejuicio nunca nace de un día para el otro.

Se aprende.

Se alimenta.

Se naturaliza.

Por eso me cuesta aceptar que la discusión sea elegir entre dos caricaturas.

No creo en una Argentina perfecta.

Pero tampoco acepto que la definan solamente por sus peores gestos.

Existe otra Argentina.

La que conoció mi viejo.

La de aquellos hombres que, en una terminal de Salta, se acercaron a un desconocido y le ofrecieron trabajo.

Ninguno de ellos imaginaba que, con ese gesto, estaban cambiando la historia de una familia.

Pienso en eso cada vez que escucho hablar de los inmigrantes como si fueran un problema.

Pienso en mi viejo, que llegó con una mano atrás y otra adelante y pasó el resto de su vida trabajando.

Pienso en los miles de paraguayos, bolivianos, chilenos, uruguayos, peruanos y tantos otros que hicieron exactamente lo mismo.

Pienso también en los españoles , los japoneses, los portugueses y los italianos que alguna vez bajaron de los barcos buscando lo que después buscó mi papá: una oportunidad.

Ninguno vino a regalarse la vida.

Vinieron a hacerla.

Y la hicieron trabajando.

Hace un año que mi viejo no está.

Extraño esas conversaciones en las que, sin darse cuenta, me enseñaba más que en cualquier libro. Esas conversaciones que conocí de «grande» cuando lloraba extrañando a mi mamá.

Esta frase es una de las cosas más importantes que me dejó y vuelve cada vez que escucho un discurso de odio o leo una condena apurada sobre este país.

«Esa era una Argentina que abrazaba.»

No sé si esa Argentina desapareció.

Quiero creer que no.

Quiero creer que todavía existe.

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Capitán Cianuro

Con los últimos resultados electorales en Colombia, cae otra pieza en el tablero geopolítico que, a mi juicio, Estados Unidos busca consolidar en la región, acercándose a un escenario que podría aislar a Brasil y México, las dos mayores potencias de América Latina.

Comparto esta reflexión con preocupación, porque considero que aún no se dimensionan los cambios que podrían venir. El trumpismo y la nueva derecha radical ya no son un fenómeno exclusivo de Estados Unidos: una nueva ola política está transformando el continente y reconfigurando los equilibrios que dominaron buena parte de las últimas dos décadas.

Si hubiera que señalar un punto de partida, podría situarse en El Salvador con Nayib Bukele, quien construyó la imagen de un Estado fuerte, simbolizado por el CECOT. Sin embargo, también existen cuestionamientos sobre su gestión. Diversos analistas recuerdan que gran parte de las estructuras criminales ya venían siendo perseguidas antes de su gobierno y que sobre su administración pesan denuncias relacionadas con eventuales negociaciones con pandillas y otros hechos que continúan siendo objeto de debate.

¿Es comprensible que una sociedad agotada por la violencia esté dispuesta a ceder parte de sus garantías institucionales a cambio de mayor seguridad? Es una pregunta compleja, que merece ser discutida sin simplificaciones. Mi preocupación surge cuando esa lógica comienza a replicarse como modelo regional, lo que algunos han denominado un posible «Plan Cóndor 2.0». No afirmo que exista una coordinación secreta, sino una convergencia de intereses, discursos y estrategias que merece ser observada con atención.

La llegada de Javier Milei al poder en Argentina, con un fuerte ajuste fiscal y un rápido alineamiento con Washington, no parece un hecho aislado. A ello se suman los recientes cambios políticos en Colombia; el triunfo del ultraconservador José Antonio Kast en Chile; el avance de nuevos liderazgos en Bolivia tras dos décadas del MAS; la continuidad de Daniel Noboa en Ecuador; y el retorno del fujimorismo al poder en Perú con Keiko Fujimori, en un proceso que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. Más que simples coincidencias o expresiones de descontento ciudadano, este conjunto de procesos puede interpretarse como parte de una profunda reconfiguración política regional.

Desde una perspectiva geopolítica, la estrategia recuerda al aislamiento progresivo de posiciones clave antes de enfrentar directamente a los actores de mayor peso. En ese escenario, Brasil y México representarían los principales contrapesos. La derecha ha fortalecido su presencia en buena parte del Pacífico  Chile, Perú, Ecuador y Colombia, mientras Argentina consolida el flanco atlántico. Más allá del discurso sobre seguridad, cabe preguntarse si también existe una disputa por el control de rutas comerciales, corredores bioceánicos, petróleo, litio, cobre, agua dulce y otros recursos estratégicos que definirán la economía mundial durante las próximas décadas. América Latina concentra una parte importante de esas riquezas y, precisamente por ello, difícilmente puede entenderse al margen de la competencia entre las grandes potencias.

Esta reflexión también exige autocrítica. En Chile, por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric destinó gran parte de su capital político al proceso constituyente, que finalmente fracasó. Resulta llamativo que quienes criticaron duramente las políticas de seguridad anteriores terminen aplicando medidas muy similares, lo que sugiere que la seguridad quizá no era el único eje de la disputa política, sino el vehículo mediante el cual se canalizó un descontento mucho más amplio con la clase dirigente.

Otro antecedente que considero relevante es el llamado «Honduras Gate». A comienzos de 2026 circularon filtraciones que, de confirmarse, vincularían a distintos actores políticos de la región en intentos de influir sobre gobiernos progresistas. A ello se suma el precedente de Cambridge Analytica, cuyo uso de datos personales para dirigir mensajes políticos demostró hasta qué punto el microtargeting puede influir en los procesos electorales.

A este escenario se suma otro elemento que merece atención. Diversos analistas han advertido sobre el creciente uso de empresas privadas de inteligencia y análisis de datos, algunas de origen israelí, que desarrollan software de vigilancia, perfilamiento y procesamiento masivo de información electoral. Aunque no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar una manipulación sistemática de procesos electorales en la región, la sola posibilidad de que estas tecnologías puedan influir en campañas, segmentar votantes o alterar la percepción pública plantea interrogantes que las democracias latinoamericanas no deberían ignorar.

Hoy las campañas ya no se libran únicamente en plazas públicas o debates televisivos. Se desarrollan en redes sociales mediante algoritmos capaces de identificar los temores, frustraciones y aspiraciones de millones de personas. La información dejó de dirigirse a la ciudadanía en general para adaptarse psicológicamente a cada individuo, convirtiendo la emoción, más que el debate, en el principal motor de la decisión política. Ese fenómeno debería preocuparnos, cualquiera sea nuestra posición ideológica.

También observo una utilización sistemática del miedo al comunismo, al crimen y al socialismo como eje de campaña. Al mismo tiempo, muchos de estos liderazgos coinciden en espacios internacionales como el CPAC, el Foro de Madrid o la Political Network for Values, donde comparten diagnósticos, estrategias y discursos, aunque ello no implique necesariamente una estructura de coordinación única. La circulación de ideas, financiamiento, asesorías y campañas digitales entre distintos países es hoy una realidad que trasciende las fronteras nacionales.

Escribo estas líneas porque me preocupa ver una región cada vez más polarizada, mientras las grandes decisiones económicas y estratégicas parecen alejarse del debate ciudadano. El orden y la seguridad son indispensables, pero otorgar un cheque en blanco a liderazgos que concentran poder puede tener costos institucionales difíciles de revertir. La historia demuestra que recuperar esas garantías suele tomar décadas. Del mismo modo, sería un error creer que toda crítica a estos gobiernos equivale a defender los errores de la izquierda. Ambas visiones deben ser sometidas al mismo nivel de exigencia democrática.

Ojalá Latinoamérica encuentre un camino que combine seguridad, democracia y soberanía, sin renunciar a ninguna de ellas. Porque cuando la política reduce nuestras opciones a escoger entre libertad o seguridad, entre orden o derechos, quizá la verdadera elección ya fue hecha por otros. La fortaleza de una democracia no consiste únicamente en derrotar al crimen o ganar elecciones, sino en preservar las instituciones que permiten a los ciudadanos seguir siendo libres una vez que el miedo haya pasado.

No pretendo ofrecer verdades absolutas, ni afirmar que todos los acontecimientos obedecen a un único diseño estratégico. Mi intención es invitar a observar con espíritu crítico las coincidencias, los intereses y las dinámicas que hoy atraviesan a nuestra región. La democracia no se debilita cuando se hacen preguntas incómodas; se debilita cuando dejamos de hacerlas.

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Los futbolistas son la cara de un pueblo. Millones de niños y adolescentes los observan, los imitan y los convierten en referentes. Cada gesto, cada fotografía y cada silencio comunica algo.

Por eso me resulta tan hipócrita escuchar que «el fútbol no es política». Lo político no desaparece porque alguien decida no hablar. También existe en las decisiones de callar, de proteger la marca personal, de no incomodar a los patrocinadores o de conservar contratos multimillonarios. La neutralidad, muchas veces, termina favoreciendo al poder establecido.

Los que se la jugaron

Por eso admiro a personas como Marcelo Bielsa, Eric Cantona, Sócrates y Diego Maradona, por mencionar algunos. Se puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero tuvieron el coraje de expresarlas cuando hacerlo implicaba asumir un costo.

Maradona declaró públicamente su admiración por Fidel Castro y defendió la causa palestina mucho antes de que el conflicto ocupara el centro del debate mundial. Nunca escondió lo que pensaba. Se la jugó. Esa coherencia vale más que cualquier estrategia de comunicación.

Hoy, en cambio, varios futbolistas parecen convertirse en productos cuidadosamente administrados. Hablan cuando no incomoda, opinan cuando no arriesgan nada y guardan silencio cuando el mundo atraviesa tragedias que exigen humanidad antes que marketing.

Pero todavía existen excepciones. Ahí está Jackson Irvine, capitán de la selección de Australia y del FC St. Pauli. Mientras algunos insisten en que el fútbol debe mantenerse al margen de la política, Irvine utiliza su visibilidad para defender causas sociales y cuestionar decisiones de los organismos que gobiernan el deporte. Entiende que una plataforma también puede servir para amplificar voces, no solo para vender una imagen.

En contraste, cuando Lionel Messi acepta fotografiarse con Donald Trump, ese gesto también tiene una dimensión política. Del mismo modo, muchas personas interpretan que guardar silencio frente al sufrimiento de la población civil en Gaza transmite un mensaje, aunque otros sostienen que los deportistas no tienen obligación de pronunciarse. Precisamente ahí está el debate: no existe una neutralidad absoluta cuando se posee semejante influencia.

El problema no es que un futbolista tenga ideas políticas. El problema es fingir que no las tiene, mientras cada aparición pública, cada campaña publicitaria y cada fotografía construyen un relato.

El fútbol siempre fue político. Lo fue cuando enfrentó dictaduras. Lo fue cuando combatió el racismo. Lo fue cuando denunció las desigualdades. Y lo sigue siendo hoy. La pregunta nunca fue si el fútbol es político. La verdadera pregunta es al servicio de quién pone su voz quien tiene el privilegio de ser escuchado por millones.

Porque, al final, como se atribuye a Jimi Hendrix: cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz.

Mientras millones de personas pasan horas discutiendo un partido de fútbol, el mundo sigue enfrentando guerras, crisis humanitarias y decisiones políticas que afectan la vida de millones. El deporte puede unir a las personas, pero también es cierto que los grandes acontecimientos suelen concentrar la atención pública, dejando en segundo plano conflictos que merecen la misma cobertura.

La historia demuestra que las grandes potencias actúan guiadas por sus intereses estratégicos, económicos y geopolíticos. Países con recursos naturales, posiciones estratégicas o influencia regional han sido durante décadas escenario de presiones, sanciones, intervenciones o disputas entre actores internacionales. Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, no ha sido la excepción y lleva años inmersa en una crisis política, económica y diplomática en la que participan múltiples actores externos.

También es legítimo preguntarse si las reglas internacionales se aplican con el mismo criterio para todos. Rusia fue excluida de numerosas competiciones deportivas internacionales tras la invasión de Ucrania, mientras que Israel ha continuado participando en la mayoría de torneos internacionales pese a las críticas y al conflicto en Gaza. Esta diferencia refleja un doble estándar en la forma en que la comunidad internacional responde a distintos conflictos.

Esa percepción no significa que todos los casos sean idénticos, ni que las decisiones respondan a una única causa, pero sí alimenta el debate sobre hasta qué punto las organizaciones internacionales y los gobiernos actúan movidos por principios o por intereses políticos.

Más allá de nuestras posiciones, conviene mantener una mirada crítica, contrastar la información y no permitir que la atención se concentre únicamente en el entretenimiento mientras, en otras partes del mundo, continúan desarrollándose crisis humanitarias que afectan a millones de personas.

Una estatua viva en las gradas

¿Recuerdan a Michel Kuka Mboladinga? Se hizo viral en este Mundial por permanecer inmóvil durante los noventa minutos de cada partido de la República Democrática del Congo, con el brazo derecho en alto, replicando la postura de la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa. Los aficionados lo bautizaron «Lumumba Vea». Con ese gesto rinde homenaje al primer ministro del Congo independiente, líder anticolonial y símbolo de la soberanía africana, asesinado en 1961 con la complicidad de oficiales belgas y el respaldo de la CIA.

Sin embargo, cuando llegó el turno de acompañar a su selección a Estados Unidos, las autoridades le negaron el visado. No se dio una razón oficial, aunque se lo vinculó con las restricciones sanitarias derivadas de un brote de ébola en su país. El resultado, de todas formas, deja una imagen elocuente: mientras un símbolo de resistencia africana quedaba fuera, otro aficionado congoleño tomó su lugar en las tribunas y repitió el mismo gesto. La estatua siguió en pie, aunque cambiara el cuerpo que la sostenía. Se puede negar un visado, pero no se puede impedir que una idea vuelva a entrar al estadio. Esa persistencia de la memoria, sostenida por quien la representa, es en sí misma una forma clara de expresión política, para quienes todavía niegan que la política esté vinculada al fútbol.

Muchos ídolos del fútbol se cuidaron de no incomodar jamás al poder de turno. Pero hubo uno que sí le hizo frente a una dictadura militar: Carlos Humberto Caszely, goleador y leyenda del fútbol chileno.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la madre de Caszely fue secuestrada y torturada por su cercanía con el gobierno derrocado de Salvador Allende. El propio Estadio Nacional de Santiago fue utilizado como centro de detención, tortura y exterminio tras el golpe de Estado de 1973.

Antes de viajar al Mundial de Alemania en 1974, Pinochet se dispuso a saludar a la selección chilena; cuando llegó el turno de Caszely, el futbolista simplemente no respondió al saludo, dejando al dictador con la mano extendida. Poco después tuvo que instalarse en España, donde jugó para el Levante y el Espanyol. No solo se lo recuerda por sus goles, sino por sus convicciones democráticas y antifascistas: junto a su madre, participó activamente en la campaña del «No» que en 1988 marcó el principio del fin de la dictadura.

Carlos Caszely es recordado como un ejemplo de activismo político dentro del fútbol, más allá del gran jugador que llegó a ser.

De Maradona a Caszely, de Irvine a Mboladinga, la historia del fútbol está atravesada por gestos que incomodaron al poder. Decir que el deporte no es político no es una posición neutral: es, en sí misma, una posición política. La verdadera pregunta sigue siendo la misma: al servicio de quién pone su voz quien tiene el privilegio de ser escuchado por millones.

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Hoy quiero hablar de otra cosa que también aprendí mirando a la Argentina de cerca: la solidaridad. Porque los argentinos , lo digo medio en broma, pero cada vez menos,  son probablemente el pueblo más solidario del planeta. Tienen una capacidad asombrosa para tomar a un ciudadano de a pie, sin pedigrí, sin fortuna, sin antecedentes patrimoniales de ningún tipo, y convertirlo en millonario. O en presidente. Que, dadas las circunstancias, viene a ser más o menos lo mismo.

El manual de estilo lo escribió Carlos Menem: llegó a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y se fue dejando una herencia que generó preguntas incómodas durante años. Pero no hace falta irse tan atrás en el tiempo. Tenemos un ejemplo fresquito, de manual, de estos mismos días: Manuel Adorni.

Antes de la Casa Rosada, Adorni era un ciudadano más, de esos que uno se cruza en el supermercado sin darse vuelta, con bastante menos pelo que hoy y su mujer con los dientes disparejos, que en dos años de estar Adorni en el gobierno hasta logro ponerse pelo y arreglar los dientes de su mujer, todo normal, todo sea por darle mas estética al gobierno que esta en la antípoda de la decencia. 

Hoy, Manuel Adorni, se va del gobierno con una cuenta corriente que ya no es nada común y corriente.. Imputado por presunto enriquecimiento ilícito, investigado por un incremento patrimonial que nadie le pidió que explicara hasta que ya fue imposible no preguntarlo. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita encontraron de todo: inconsistencias en las declaraciones juradas, propiedades no declaradas, una en un country, otra en Caballito, porque la diversificación inmobiliaria también es una forma de fe, viajes de lujo y refacciones que no condicen exactamente con un sueldo de funcionario público.

La presión judicial y política terminó haciendo lo que la autocrítica nunca hace en estos gobiernos: lo bajaron del cargo de jefe de Gabinete.

Y acá viene la parte que a mí, como espectador entrañado pero externo, más me divierte, entre comillas, porque en realidad da bronca. En junio, Adorni decidió hacer una «confesión» patrimonial: presentó declaraciones rectificatorias y admitió, ante la Justicia y no ante un confesionario, haber omitido reportar cerca de 500.000 dólares. ¿La explicación? Ahorros previos a la función pública e inversiones en criptomonedas. Una combinación maravillosa, porque junta dos de las excusas favoritas del siglo XXI: «lo tenía guardado» y «fue el bitcoin». Como si la honestidad funcionara con devolución tardía: «perdón, me olvidé de declarar medio millón de dólares, pero ya está, ya lo dije, estamos a mano».

Mientras tanto, el fiscal sigue mirando con lupa las refacciones de la propiedad en el country Indio Cuá, porque las casas de los funcionarios libertarios, aparentemente, también necesitan su toque de lujo y una serie de viajes al exterior, vuelos privados incluidos, que tampoco terminan de cerrar con el patrimonio original del señor. Adorni, claro, dice que todo esto es persecución política. Es lo que dicen todos. Es el comodín universal de cualquier funcionario con la heladera llena y la declaración jurada flaca.

El expediente sigue abierto en Comodoro Py. Y si la causa avanza, Adorni va a tener que explicar, con pelos y señales, de dónde salió su Gita particular. Esa pregunta, de dónde chorrea esa plata, es exactamente la misma que se hacen, todos los meses, millones de argentinos que no llegan a fin de mes ni remando. Esos que para cerrar la caja tienen que sumar un segundo trabajo, y si el segundo trabajo es manejar un Uber con el auto propio, mejor, porque al menos así uno siente que controla algo de su destino económico, aunque sea a fuerza de tránsito y de cansancio.

Esa es la Argentina real, la que paga el ajuste con el cuerpo, mientras los que llegaron prometiendo «no hay plata» empiezan a tener, casualmente, bastante plata. La crisis que está dejando este gobierno no es de las que se arreglan con un tuit o una cadena nacional: es de las que dejan marca generacional. Y en ese contexto, ver a alguien tan cercano a Milei como Adorni teniendo que explicar el origen de fondos no declarados no es un detalle de color. Es una radiografía.

Y ya que estamos pidiendo explicaciones, no estaría de más que alguien le pregunte, con la misma insistencia, a Karina Milei de dónde sale exactamente ese «chorreo especial» que circula por fuera del célebre 3% que todos conocemos de memoria. Porque si hay algo que este gobierno debería entender, de una vez y para siempre, es que la motosierra que tanto prometieron no puede tener filo solo para los de abajo.

Hay tanto que este gobierno debería explicar. Y ojalá los argentinos, que ya demostraron sobradamente su capacidad de pedir explicaciones cuando se lo proponen,  no se queden solo en la pregunta. Ojalá sepan, además, procesar judicial y políticamente a quienes llegaron al poder a fuerza de mentira y delirio agresivo, vendiendo honestidad de garrafa y terminando, como tantas otras veces en la historia argentina, con la billetera mucho más gorda de lo que debería ser razonable.

Porque al final, parafraseando a mi amigo: puede ser más fácil entender a Dios que al peronismo. Pero entender cómo un funcionario común se convierte, en pocos meses, en millonario inexplicable, no requiere fe. Requiere, simplemente, que alguien se anime a mirar.

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Capitán Cianuro

Detrás de figuras como Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei, Daniel Noboa, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori o  Nasry Asfura, por mencionar algunos de los ultra derechistas, no hay improvisación. Hay un repertorio común: reducción del Estado, desregulación económica, disciplinamiento social y una narrativa de orden sostenida por la fabricación permanente de un enemigo político.

Ese enemigo tiene un nombre recurrente: “el comunismo o la izquierda”.

No importa su ausencia real como experiencia política contemporánea en la región en términos concretos de gobierno. Importa su utilidad simbólica. El “comunismo” funciona como etiqueta elástica: todo lo que implique Estado, redistribución o regulación puede ser convertido en amenaza existencial. Es un dispositivo hueco que no describe la realidad, la simplifica hasta volverla manejable electoralmente.

Y sobre ese miedo se construye buena parte del ascenso de estas derechas. Una suerte de Doctrina Monroe establecida en 1938, directriz de política exterior estadounidense que podría perfectamente aplicar al tiempo actual, mejorando sus parámetros y adecuando a lo que vemos invadir Latam hoy.

Este fenómeno no es solo discursivo. Se sostiene también en redes de financiamiento, producción de ideas y formación política como Atlas Network, que articula decenas de organizaciones en América Latina con un objetivo explícito: expandir el ideario de libre mercado, reducir el tamaño del Estado y debilitar la regulación pública. No es conspiración: es programa declarado, institucionalizado y operativo.

A esto se suma una dimensión transnacional más visible en espacios como la Carta de Madrid y el Foro Madrid, donde la derecha española y latinoamericana convergen en una misma narrativa: guerra cultural permanente, rechazo al progresismo y construcción del adversario como amenaza civilizatoria.

Pero el punto más interesante y más incómodo,  no está solo en las redes ideológicas. Está en cómo las derechas logran avanzar dentro de democracias formales que, en muchos casos, ya vienen debilitadas desde adentro.

Y ahí los procesos electorales recientes en Perú y Colombia son reveladores.

En Perú, la última elección presidencial está marcada por fallas institucionales significativas: demoras logísticas, problemas en la instalación de mesas, tensiones entre organismos electorales y un resultado extremadamente estrecho. La disputa posterior no derivó en una evidencia concluyente de fraude, pero sí en algo más profundo: la exposición de un sistema electoral frágil, lento y bajo sospecha permanente. Un sistema donde la incertidumbre institucional se vuelve combustible político.

En Colombia ocurre algo distinto, pero revelador. Allí no fue la oposición quien instaló la tesis del fraude electoral, sino el propio gobierno progresista, que cuestionó aspectos del sistema de escrutinio. Las autoridades electorales y las misiones internacionales deberían examinar este fenómeno con mayor profundidad, considerando que persisten cuestionamientos e irregularidades denunciadas en un proceso que, aunque es reconocido por el sector de la ultraderecha como terminado y entregando la banda presidencial a Abelardo de la Espriella, deja aún  un número significativo de mesas objetadas que podrían mover la brújula en forma radicalmente en su contra.

En ambos casos, el patrón resulta similar: instituciones sometidas a fuertes tensiones, resultados disputados y denuncias de fraude que terminan erosionando la confianza pública. Lo más relevante es la existencia de un terreno institucional debilitado, donde la sospecha se vuelve permanente y la política se desplaza desde el debate programático hacia una disputa constante sobre la legitimidad misma del sistema. Esta dinámica resulta preocupante porque socava los fundamentos de una democracia sólida y abre espacios para el cuestionamiento permanente de las instituciones.

Es precisamente en ese vacío donde la nueva derecha se mueve con mayor comodidad.

Cuando la institucionalidad pierde densidad, los discursos de orden ganan atractivo. Cuando el Estado aparece fragmentado, las promesas de “mano dura” o de “eficiencia radical” se vuelven políticamente rentables. Y cuando la política deja de ofrecer soluciones creíbles, el relato del enemigo, ya sea el comunismo u otra amenaza presentada como permanente, ocupa el lugar del análisis racional.

No se trata de un error discursivo. Es, más bien, una de sus tecnologías políticas centrales.

Si quisiéramos buscar símiles en la historia contemporánea a este tipo de procesos podríamos llamar Operación Cóndor 2.0. La Operación Cóndor original fue otra cosa eso sí: una maquinaria de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Su lógica era la eliminación física del adversario político. Hoy no hay, por ahora,  equivalencia directa con ese nivel de violencia estatal. Pero sí hay una continuidad menos visible y más sofisticada: la disputa por el modelo de sociedad y la reducción del Estado como horizonte incuestionable.

La diferencia es clave. Antes la política eliminaba cuerpos. Hoy redefine estructuras.

Y lo hace sin necesidad de clandestinidad. Lo hace desde el gobierno, con legitimidad electoral, con lenguaje técnico y con una eficacia discursiva que convierte el ajuste en virtud y el desmantelamiento del Estado en modernización.

El punto crítico no es la existencia de una conspiración centralizada. Es algo más inquietante: la convergencia de intereses, discursos y políticas que producen el mismo resultado sin necesidad de coordinación explícita. Una internacional de la derecha que no necesita reunirse para operar como si lo hiciera.

Y en ese escenario, el fantasma del comunismo cumple su función histórica renovada: no describe el mundo, lo ordena. No explica los conflictos, los simplifica. No ilumina alternativas, las bloquea.

El resultado es una inversión política brutal: sectores sociales golpeados por la desigualdad terminan respaldando programas que profundizan la reducción del Estado que aún los sostiene. No por contradicción individual, sino por la eficacia de un relato que transforma la precariedad en libertad y el ajuste en salvación.

La pregunta ya no es si estas derechas coordinan un proyecto oculto. La pregunta es por qué pueden ejecutar tan abiertamente un programa de transformación profunda sin necesidad de ocultarlo.

La respuesta es incómoda: porque ya no necesitan hacerlo.

Hoy la disputa no es entre democracia y autoritarismo clásico. Es entre proyectos que prometen protección, aunque sea imperfecta,  y proyectos que prometen libertad entendida como abandono del Estado.

Y en ese terreno, la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en una administración del miedo.

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Capitán Cianuro 

La democracia no se fortalece únicamente con la realización periódica de elecciones. Su solidez depende de la certeza de que las reglas son claras, de que los organismos encargados de administrarlas actúan con imparcialidad y de que los resultados reflejan fielmente la voluntad popular. Cuando una parte importante de la sociedad percibe irregularidades o ausencia de transparencia, el resultado puede ser formalmente legal, pero difícilmente será considerado legítimo por todos.

Por eso, los llamados a la unidad nacional que suelen surgir al término de una elección no siempre encuentran eco en la ciudadanía. La unidad no puede decretarse ni edificarse sobre la desconfianza. Tampoco puede exigirse a quienes consideran que el proceso estuvo marcado por errores, inconsistencias o actuaciones cuestionables. La reconciliación democrática exige, ante todo, credibilidad institucional y la convicción compartida de que todos compitieron bajo las mismas reglas.

Sin embargo, reducir la crisis peruana a las controversias de un proceso electoral sería simplificar un problema mucho más hondo. Lo que el Perú atraviesa desde hace años es una crisis estructural de representación política. Los liderazgos son cada vez más frágiles, los partidos carecen de arraigo ciudadano y la fragmentación del sistema político impide la construcción de consensos nacionales duraderos.

Basta observar que una elección presidencial puede arrancar con treinta y cinco candidatos disputando la primera vuelta. Lejos de ser una señal de vitalidad democrática, esa dispersión revela la incapacidad del sistema para articular proyectos amplios y sólidos. En un escenario tan atomizado, quienes avanzan a la segunda vuelta lo hacen con porcentajes de apoyo relativamente modestos. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, alcanzó apenas alrededor del 16% en la primera vuelta —cifra suficiente para clasificar al balotaje, pero insuficiente para sostener que existía una mayoría social real detrás de su candidatura.

Las cifras de participación aportan elementos igualmente reveladores. De un padrón cercano a los 27 millones de electores, aproximadamente 24 millones concurrieron a votar en la primera vuelta. No obstante, al examinar la segunda vuelta aparece un dato inquietante: cerca de 10 millones de ciudadanos terminaron sin expresar una preferencia efectiva por ninguno de los dos finalistas, ya sea por abstención, voto nulo o voto en blanco. En consecuencia, solo alrededor de 17 millones manifestaron una inclinación directa por alguna de las dos opciones en disputa.

Esta realidad obliga a mirar más allá de los porcentajes oficiales. Aunque el ganador obtiene la mayoría de los votos válidamente emitidos, eso no equivale a contar con el respaldo mayoritario del conjunto de ciudadanos habilitados para votar. En términos políticos, el dato revela una democracia donde el descontento, la apatía y la falta de identificación con las opciones disponibles alcanzan niveles preocupantes.

La pregunta fundamental es, entonces, por quién vota realmente el peruano. ¿Lo hace por convicción —porque cree en un programa de gobierno, en una visión de país, en un liderazgo capaz de conducirlo— o vota principalmente para impedir que llegue al poder el candidato que considera más perjudicial? La respuesta parece inclinarse cada vez con mayor claridad hacia esta segunda alternativa.

Cuando las elecciones se convierten en una competencia entre rechazos, la democracia pierde una parte esencial de su sentido. Los ciudadanos dejan de elegir el futuro que desean y terminan optando por lo que consideran el mal menor. Se vota contra alguien más que a favor de alguien. Y cuando esa lógica se consolida, los gobiernos nacen con una legitimidad debilitada, enfrentan niveles crecientes de polarización y encuentran enormes dificultades para construir acuerdos.

El resultado es un círculo vicioso: la ausencia de liderazgos sólidos genera desconfianza; la desconfianza produce fragmentación; la fragmentación conduce a gobiernos débiles; y los gobiernos débiles profundizan el desencanto ciudadano. Mientras ese ciclo no se interrumpa, el Perú seguirá enfrentando procesos electorales marcados por la incertidumbre, la confrontación y la sensación de que la democracia no logra responder a las expectativas de quienes deberían ser sus principales beneficiarios: los propios ciudadanos.

Más allá de quién gane cada elección, el verdadero desafío peruano es reconstruir la confianza en las instituciones, fortalecer los partidos políticos y recuperar la capacidad de generar liderazgos que convoquen adhesiones genuinas. Porque una democracia sana no es aquella en que los ciudadanos votan por temor al adversario, sino aquella en que votan con la esperanza de construir un futuro mejor.

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Modernidad tropical es un concepto filosófico y sociológico que procura explicar la condición social y cultural de las regiones del trópico, especialmente de Latinoamérica. La idea parte de que la modernidad, tal como la conocemos, se produce a través de la violenta experiencia colonial, como plantea la teoría critica y el pensamiento decolonial. Por lo tanto, tiene lugar primero en los países centrales y desde ahí se extiende hacia las periferias, como una ola que, conforme avanza, va perdiendo fuerza.

Este concepto remite a otros como el de sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, que explica cómo se desarrolla el capitalismo y las desigualdades a escala global, es decir, una estructura jerárquica, asimétrica, de intercambio desigual. También nos lleva a repensar el mestizaje, entendido como un encuentro cultural entre personas de distintas etnias en el marco de la colonialidad. De ahí salen nuevas identidades, tradiciones, costumbres… una forma particular de entender el mundo.

Entendemos por modernidad un proceso filosófico, social y económico que se consolida en la Europa capitalista con la revolución industrial. Se caracteriza por el uso de la razón, la ciencia y la tecnología para organizar la sociedad, según principios como el racionalismo, el individualismo, el Estado nación y, sobre todo, la idea de orden y progreso.

La violencia con la que se impuso el proyecto modernizador en Latinoamérica frente a la resistencia de pueblos milenarios crea las condiciones de posibilidad de la Modernidad Tropical. De ahí surgen fenómenos que, desde una perspectiva moderna, parecerían extraños o hasta incoherentes, pero que en realidad son el reflejo de la resistencia, la creatividad, la lucha y la capacidad de sostener lo común y la espiritualidad milenaria. Esto se da en el marco de estructuras de discriminación, racismo, saqueo y violencia sistémica. Y termina generando condiciones de blanquitud, entendida como una norma cultural que define lo que es aceptable, ordenado y civilizado, mientras desprecia otras formas culturales a través de la estigmatización y la violencia arbitraria (Echeverría, 2010).

Otra conexión importante de este concepto se da con el ethos barroco de Bolívar Echeverría, especialmente en La modernidad de lo barroco (1998). Se trata de una manera específica de habitar la modernidad capitalista, que tiene como características centrales la resistencia, la contradicción permanente y una suerte de estetización de la vida cotidiana. Todo esto para enfrentar las desigualdades estructurales, creando una identidad propia del sujeto latinoamericano, casi como una alternativa civilizatoria; sin embargo, la Modernidad Tropical no puede identificarse plenamente con el ethos barroco. Mientras este último constituye una forma específica de habitar las contradicciones de la modernidad capitalista, la Modernidad Tropical busca nombrar una condición histórica más amplia. No se refiere únicamente a una estrategia cultural de resistencia, sino al conjunto de relaciones sociales, imaginarios, sensibilidades y formas de vida producidas en territorios marcados por la experiencia colonial, el mestizaje, la diversidad étnica y una particular relación con la naturaleza tropical.

La Modernidad Tropical incluye fenómenos que exceden la lógica barroca descrita por Echeverría: formas de religiosidad popular, prácticas comunitarias indígenas y afrodescendientes, experiencias urbanas híbridas, economías informales, imaginarios asociados a la exuberancia de la naturaleza y modos de relación con el tiempo menos subordinados a la racionalidad productivista propia de la modernidad occidental. Se trata, en suma, de una categoría que intenta comprender la manera singular en que la modernidad se sedimenta, se transforma y adquiere características propias en las sociedades tropicales.

La noción de tropicalidad tampoco debe reducirse a una simple referencia geográfica o climática. Lo tropical opera aquí como una categoría cultural e histórica; remite a territorios donde la naturaleza conserva una presencia material y simbólica particularmente intensa, condicionando las formas de ocupación del espacio, los ritmos de la vida cotidiana y las representaciones colectivas. Así, la Modernidad Tropical designa el encuentro conflictivo entre los ideales universales de la modernidad y las condiciones concretas de sociedades cuya experiencia histórica ha estado marcada por la coexistencia de múltiples temporalidades, memorias y tradiciones culturales.

Por ello, si el ethos barroco describe una forma de resistencia que busca preservar el valor de uso dentro del mundo capitalista, la Modernidad Tropical pretende señalar un horizonte más amplio de producción cultural. No solo expresa resistencia, sino también creación. No solo evidencia contradicciones, sino que produce nuevas síntesis culturales. Su interés radica en mostrar cómo las sociedades tropicales han sido capaces de apropiarse selectivamente de la modernidad, transformándola y dotándola de significados distintos a los previstos por sus centros de origen.

Esto es, hechos extraordinarios que ocurren a partir de la cultura local: elementos sobrenaturales que conviven con lo cotidiano, como parte del paisaje, sin que la gente se sorprenda, a raíz de hechos históricos tan duros como la colonia, la esclavitud y largas luchas por los derechos en el marco de Estados oligárquicos… todo eso en medio de una naturaleza exuberante, una fuerza viva e indómita, donde ocurren hechos que desde la mirada moderna resultan insólitos.

Finalmente, el concepto conecta con el realismo mágico, movimiento literario del siglo XX donde lo cotidiano y lo sobrenatural conviven de manera armónica. Hay elementos fantásticos que se presentan con naturalidad, hasta el punto de normalizar lo extraño. Eso nos ayuda a entender nuestras raíces culturales a partir de mitos, leyendas, tradiciones, creencias, en una especie de simbiosis, todo enmarcado en la tropicalidad: el sol que pega fuerte, el clima cálido, la ausencia de estaciones, la gran biodiversidad del horizonte… todo se mezcla con la modernidad, un proyecto totalizador que hoy está en crisis, ya que sus promesas de progreso y emancipación contrastan con el materialismo y la razón instrumental, o sea, con la crisis ecológica, la violencia en múltiples niveles y la perdida de sentido ético.   

Bibliografía

Echeverría, B. (2010). Modernidad y blanquitud. Ediciones Era

Echeverría, B. (1998). La modernidad de lo barroco. Ediciones Era

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Capitán Cianuro

Miles de personas movilizadas por la necesidad de despedir a un artista dejan una imagen que debería interpelar a toda la dirigencia argentina: un hombre que jamás ocupó un cargo público, que nunca administró un presupuesto estatal y que construyó toda su influencia al margen de las estructuras tradicionales de poder genera una conmoción popular que la mayoría de los dirigentes difícilmente podría provocar. Y no se trata solamente de la muerte de un músico. Se trata de la demostración de que existen formas de representación mucho más profundas que las que ofrecen la política profesional y los aparatos partidarios.

Durante años, el Indio fue la voz de una Argentina que rara vez encuentra espacio en los discursos oficiales. Sus canciones acompañaron generaciones enteras, atravesaron gobiernos, crisis económicas, frustraciones colectivas y cambios de época sin perder vigencia. Mientras los dirigentes construyen liderazgos que suelen durar lo que dura un mandato o una coyuntura favorable, él construyó pertenencia. Mientras la política administra adhesiones temporales, el Indio generó identidad. Esa diferencia es la que explica por qué hoy una multitud lo despide con una emoción que trasciende lo artístico y se convierte en un hecho social y cultural de enorme magnitud.

Lo verdaderamente significativo es que esta escena deja expuesta una distancia cada vez más profunda entre el país real y el país oficial. De un lado aparece una dirigencia atrapada en cálculos electorales, disputas internas y estrategias de comunicación. Del otro, una sociedad que sigue encontrando sus referencias más genuinas lejos de las estructuras de poder. La política suele invocar al pueblo de manera permanente, pero pocas veces parece comprenderlo. Habla en su nombre, promete interpretarlo, asegura representarlo, pero luego se sorprende cuando descubre que las emociones colectivas circulan por caminos completamente distintos a los que marcan las agendas institucionales.

Por eso la despedida del Indio tiene una dimensión inevitablemente política aunque no sea partidaria. Porque recuerda una verdad que el poder suele olvidar: los pueblos no se movilizan solamente por intereses materiales. También se movilizan por símbolos, por afectos, por memorias compartidas y por la necesidad de sentirse parte de una historia común. Allí reside una fuerza que ninguna encuesta puede medir con precisión y que ninguna estrategia de marketing puede fabricar. La misma energía que hoy convoca para despedir a una figura cultural es la que, cuando encuentra una causa colectiva, puede transformar realidades y alterar el curso de la historia.

Quizás eso sea lo más incómodo para quienes observan este fenómeno desde los despachos. La multitud que hoy llora al Indio no está rindiendo homenaje únicamente a un cantante. Está defendiendo una parte de sí misma. Está reafirmando una identidad construida durante décadas. Está demostrando que todavía existen vínculos capaces de unir a miles de personas sin necesidad de consignas partidarias, recursos estatales ni estructuras organizativas. Y al hacerlo envía un mensaje que trasciende la coyuntura: el pueblo conserva una potencia que el poder suele subestimar porque no logra comprenderla.

Porque existe una diferencia enorme entre administrar un país y representar su alma. Los gobiernos ejercen autoridad. Los grandes símbolos construyen pertenencia. Los primeros suelen ser transitorios. Los segundos permanecen. Y es precisamente esa permanencia la que hoy se expresa en las calles, en las lágrimas, en los abrazos y en las canciones que vuelven a sonar como si formaran parte de una misma ceremonia popular.

Cuando pasen los homenajes y se apaguen los discursos circunstanciales, quedará una imagen difícil de olvidar. Mientras muchos dirigentes luchan desesperadamente por conseguir atención, legitimidad o cercanía con la gente, un artista que eligió siempre la distancia logró algo mucho más profundo: convertirse en parte de la memoria emocional de un país. Y esa memoria, como suele ocurrir con las expresiones auténticas de la cultura popular, termina sobreviviendo a los gobiernos, a las campañas y a las ambiciones de quienes creen que el poder se ejerce únicamente desde las instituciones.

La despedida del Indio vuelve a recordarnos que hay momentos en los que un pueblo habla por sí mismo y, cuando eso sucede, deja en evidencia que existen figuras capaces de representarlo mucho mejor que muchos de aquellos que dicen gobernarlo.

Ahora le tocará emprender ese viaje que sólo recorren los que ya pertenecen a la historia grande de la Argentina. Allí donde no existen cargos ni jerarquías, donde los títulos pierden valor y sólo permanece aquello que logró dejar una huella imborrable en el alma colectiva. Allí se reunirá con Mercedes Sosa, que le puso voz a las alegrías y a las heridas de un pueblo; con Eva Perón, convertida para millones en bandera de justicia social y dignidad; con Gustavo Cerati, que hizo de la música una forma de belleza y libertad; y con Diego Maradona, que cargó sobre sus hombros las contradicciones, los sueños y las rebeldías de todo un país.

Porque la Argentina no fue escrita solamente por presidentes, ministros o dirigentes. La Argentina también fue escrita por aquellos que supieron interpretar sus dolores y sus victorias, sus derrotas y sus esperanzas, sus caídas y sus resurrecciones. Por esos hombres y mujeres que desde la cultura, la política popular, el deporte y el arte ayudaron a construir una identidad que ningún gobierno pudo decretar y que ningún poder pudo domesticar.

Y quizás por eso la multitud que hoy despide al Indio emociona tanto. Porque no está despidiendo únicamente a un músico. Está despidiendo a uno de los suyos. A uno de esos nombres que terminan explicando una época mucho mejor que los manuales y los discursos oficiales. Uno de esos nombres que sobreviven cuando las campañas terminan, cuando los cargos se olvidan y cuando los poderosos pasan a ocupar apenas una nota al pie en los libros de historia.

Las canciones seguirán sonando. Como siguen sonando las voces de quienes lograron atravesar el tiempo para convertirse en patrimonio sentimental de una nación. Y cada vez que eso ocurra volverá a aparecer la misma certeza: hay figuras que no necesitan gobernar para representar a un pueblo. Porque el pueblo, cuando ama, cuando recuerda y cuando siente, también elige a sus propios inmortales. Y el Indio Solari, desde hoy, pertenece definitivamente a esa categoría.

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La noticia de la muerte del Indio Solari no es solo el fin de una biografía; es un sismo que divide al mundo en dos: aquellos que se emocionan ante el dolor del otro y aquellos a quienes esa tristeza les produce una indiferencia mezquina. Mientras miles lloran la partida de un artista que relata el «más nítido presente», otros se pierden en la queja pequeña por el tránsito o el estacionamiento, incapaces de asomarse al abismo de una pérdida que es, ante todo, colectiva.

El refugio de los huérfanos

El mito del Indio no nació en el vacío. Se forjó en los años 90, cuando el neoliberalismo condenó a toda una generación a una «ruinosa orfandad» y a un horizonte de «no future» difícil de digerir. En ese contexto de desesperación, su poética —una mezcla sofisticada de hermetismo francés y ráfagas de belleza condensadas— se convirtió en el único bien de quienes no tenían nada.

Como bien dicen las voces de la calle: «Los humildes tomamos cariño de donde podemos, el cariño que no nos da la sociedad, los patrones, nos lo dio el Indio». No es solo música; es el reconocimiento de una existencia negada por el sistema. Para muchos, el Indio fue el maestro que no tuvieron, el que les «habló al oído» en la esquina, entre el peligro y la falta de rumbo, para explicarles que «cuando la cosa está mal, hay que pararse de manos». Es una ética de la resistencia envuelta en melodías que hoy son la banda sonora de un duelo nacional.

El retorno del subsuelo

Argentina parece estar siempre a la vuelta de un 17 de octubre. Ese momento en que el «subsuelo de la patria» se hace visible y reclama su lugar. Son los rotos, los desdentados, los nadies de Galeano y también esos trabajadores que, con un poco más de suerte que la que el sistema les tenía reservada, se autodefinen como «sectores medios», pero que en el fondo comparten la misma raíz de desamparo y fe.

Esta marea humana que se ha movilizado en Avellaneda recuerda a otros velatorios monumentales: el de Néstor bajo la lluvia, el de Alfonsín al sol, el caos sagrado del Diego o la despedida eterna de Perón y Evita. Es la misma Argentina que todavía hoy hace rezongar a algunos porque el país se quedó sin flores por culpa del funeral de Evita. Es esa incapacidad de los «mezquinos» de comprender lo que les parece ajeno, esa «galaxia de inhumanidad» que vive lejos del sentir del pueblo.

Empatía o indiferencia

La muerte del Indio nos pone frente a un espejo. De un lado, el pogo más triste del mundo en Plaza Mayo, los amigos compartiendo recuerdos de casettes gastados y la certeza de que se fue «el mejor de nosotros». Del otro, los que no pueden hacer el esfuerzo de entender el amor que no cabe en sus esquemas de orden y comodidad.

El Indio Solari ya vive en la galaxia de los personajes fundamentales del país, esos que son «más grandes que la vida misma». Ante la incomprensión de los que se creen dueños de la nación pero desprecian sus movimientos populares, queda refugiarse en la frase de otro gran poeta patrio: «Si ellos son la patria, yo quiero ser extranjero». Porque la verdadera patria es esa que hoy llora, la que tiene memoria y, sobre todo, la que tiene la capacidad de conmoverse ante el dolor colectivo.

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Por Capitán Cianuro*

Hay declaraciones que terminan retratando una época. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que ni una guerra mundial ni una invasión extraterrestre permitirían que Axel Kicillof  llegará a la presidencia, creyó que estaba haciendo una demostración de fortaleza política. Sin embargo, terminó exhibiendo algo mucho más revelador: la desconexión de un gobierno que parece cada vez más cómodo hablando de escenarios imaginarios que de los problemas concretos de la Argentina.

La frase de Caputo es mucho más que una excentricidad. Es la evidencia de una dirigencia que parece habitar una nave espacial ideológica propia, aislada de las preocupaciones reales de una sociedad que ya no discute teorías económicas sino cómo llegar a fin de mes.

Mientras el ministro especula sobre extraterrestres y anticipa triunfos electorales aplastantes, millones de argentinos enfrentan una realidad mucho más terrenal. Salarios que no alcanzan, jubilaciones deterioradas, pequeñas empresas que luchan por mantenerse abiertas, comercios que venden menos y familias que reorganizan su vida cotidiana para sobrevivir a una economía cada vez más exigente.

El gobierno de Javier Milei llegó prometiendo una transformación histórica. Prometió terminar con los privilegios de la casta, reconstruir la economía y devolver prosperidad a una sociedad agotada por años de crisis. Pero a medida que pasa el tiempo, la distancia entre aquellas promesas y la experiencia cotidiana de millones de argentinos se vuelve cada vez más evidente.

La palabra favorita del oficialismo es «sacrificio». Todo se justifica en nombre de un futuro mejor que siempre parece estar un poco más adelante. Los trabajadores deben esperar. Los jubilados deben esperar. Los estudiantes deben esperar. Las provincias deben esperar. Las pequeñas y medianas empresas deben esperar. El problema es que la espera tiene un límite cuando las cuentas no cierran, cuando el empleo no aparece y cuando el costo de vida sigue golpeando con fuerza.

Caputo insiste en que la Argentina atraviesa un cambio de modelo basado en la inversión, la competencia y las exportaciones. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad la sensación dominante no es la de estar ingresando a una nueva etapa de prosperidad, sino la de asistir al desmantelamiento progresivo de herramientas estatales, derechos y mecanismos de protección que durante décadas funcionaron como amortiguadores frente a las crisis.

Allí donde el Gobierno ve eficiencia, muchos ciudadanos ven abandono. Allí donde el oficialismo celebra equilibrio fiscal, miles de familias observan una creciente fragilidad económica. Allí donde se habla de confianza de los mercados, buena parte de la sociedad percibe incertidumbre sobre su propio futuro.

Lo más preocupante es que la gestión parece haber reemplazado el diálogo por la confrontación permanente. Todo aquel que cuestiona una medida es señalado como enemigo., zurdo, corrupto o todas las palabrotas que nacen den adicto al clonazepam. Toda protesta es presentada como una conspiración. Toda crítica es catalogada como un intento de sabotear el cambio. La lógica es simple: quien no aplaude es parte del problema.

Pero la democracia no funciona sobre la base de la obediencia. Funciona sobre la discusión, el desacuerdo y la capacidad de escuchar. Cuando un gobierno comienza a convencerse de que posee la verdad absoluta y que cualquier cuestionamiento merece ser ridiculizado, el riesgo de desconexión con la realidad se vuelve cada vez más profundo.

Y la realidad tiene una característica incómoda: siempre termina imponiéndose sobre los relatos.

Ningún discurso puede ocultar indefinidamente el deterioro de los ingresos. Ninguna batalla cultural puede reemplazar un empleo estable. Ninguna provocación en redes sociales puede resolver el aumento de los costos de vida. Ninguna promesa de grandeza futura alcanza cuando el presente se vuelve cada vez más difícil.

Por eso la discusión de fondo ya no es solamente económica. Es política y social. Es preguntarse qué país se está construyendo y quiénes están pagando el costo de esa construcción. Porque cuando el ajuste se transforma en un estado permanente y la prosperidad prometida no llega, la sociedad comienza inevitablemente a cuestionar el rumbo.

La historia argentina demuestra que ningún gobierno es invulnerable. Ningún proyecto político es eterno. Y ningún poder puede sostenerse indefinidamente ignorando el malestar de las mayorías.

Por eso, más allá de las disputas partidarias, el verdadero desafío está en la capacidad de la sociedad para organizarse, debatir, movilizarse y defender democráticamente sus intereses cuando considera que están siendo afectados. Las transformaciones profundas de la Argentina nunca fueron producto de la resignación. Fueron el resultado de ciudadanos que decidieron participar, hacerse escuchar en las calles y movilizarse colectivamente hasta lograr cambios concretos.

Y quizás la frase de Caputo termine siendo recordada por una razón inesperada. No porque hablara de invasiones extraterrestres, sino porque describió sin querer la lógica de un gobierno que parece habitar un mundo propio, cada vez más distante de las preocupaciones de la mayoría de los argentinos.

Mientras en los despachos oficiales se celebran planillas, estadísticas y victorias futuras, en las calles se acumulan la incertidumbre, el cansancio, hastío  y el malestar social. La distancia entre ambos mundos crece día tras día.

Los marcianos llegaron ya. No descendieron de una nave espacial, ni aterrizaron en un campo remoto. Se instalaron en la Casa Rosada convencidos de que la realidad puede moldearse a fuerza de discursos, provocaciones y relatos de éxito.

Pero la historia argentina suele ser implacable con quienes confunden poder con omnipotencia y propaganda con gestión.

Bienvenidos al planeta de los alienígenas: un universo político comandado por Javier Milei, donde los problemas concretos de millones de argentinos parecen importar menos que las batallas ideológicas, las provocaciones mediáticas y las promesas de un futuro que nunca termina de llegar.

*Es autor de quince libros entre narrativa, poesía y ensayo además de columnista

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Capitán Cianuro

Hay algo extraordinariamente grotesco en escuchar a los nuevos sacerdotes de la libertad hablar de emancipación individual mientras promueven estructuras religiosas donde pensar por cuenta propia puede convertirse en un acto de traición. Esa es quizás la contradicción más brutal y menos discutida del universo ideológico que rodea hoy a Javier Milei y a Agustín Laje: dicen combatir el adoctrinamiento mientras construyen una maquinaria cultural sostenida por fanatismos, obediencias emocionales y discursos cada vez más cercanos al sectarismo político-religioso.

La aparición de voceros ligados a la Fundación Faro afirmando que “es una pena que Argentina sea católica”, que existe una “guerra religiosa” y que habría que “cambiar la religión” no representa una simple provocación mediática ni un exabrupto individual. Sería ingenuo creerlo. Cuando un personaje es promovido, legitimado y amplificado por el ecosistema ideológico de Milei y Laje, deja de hablar solamente por sí mismo. Pasa a expresar una línea cultural, una visión del mundo y, sobre todo, un proyecto de sociedad.

Y el proyecto empieza a quedar peligrosamente claro.

La famosa “batalla cultural” que dicen librar contra el progresismo parece consistir, en realidad, en reemplazar una forma de dogmatismo por otra mucho más funcional al poder económico y político. Porque el problema para estos sectores nunca fue el pensamiento único. El problema era quién controlaba ese pensamiento. Por eso denuncian el “adoctrinamiento” estatal mientras aplauden religiones y organizaciones donde disentir puede significar el aislamiento familiar, la condena moral o la expulsión social.

La ironía es tan obscena que casi produce admiración intelectual. Hablan de libertad individual mientras exaltan modelos religiosos basados en la obediencia absoluta al líder espiritual. Se presentan como enemigos de las élites globales mientras reproducen discursos culturales importados directamente desde Estados Unidos. Acusan al progresismo de manipular conciencias mientras celebran estructuras donde el miedo, la culpa y la sumisión emocional son herramientas permanentes de control.

Eso sí: si el sometimiento viene acompañado por un pastor sonriente, luces LED y promesas de prosperidad económica, entonces parece convertirse mágicamente en “defensa de Occidente”.

No es casual que muchos de los sectores religiosos reivindicados por esta nueva derecha libertaria hayan crecido en América Latina bajo fuerte influencia estadounidense y recursos de este país del norte. 

Durante décadas, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos comprendió perfectamente el valor político de determinadas corrientes religiosas para neutralizar movimientos populares y desactivar cualquier conciencia colectiva de transformación social. Mientras sectores de la Iglesia católica ligados a la teología de la liberación denunciaban explotación, pobreza estructural y dependencia económica, comenzaron a expandirse masivamente iglesias centradas en la salvación individual, la prosperidad personal y la obediencia espiritual.

La lógica era perfecta. En lugar de ciudadanos organizados reclamando derechos, individuos aislados culpándose a sí mismos por su pobreza. En lugar de conciencia social, espiritualidad de mercado. En lugar de pensamiento crítico, resignación emocional. El pobre ya no debía cuestionar estructuras injustas: debía orar más fuerte, diezmar más dinero y aceptar que su sufrimiento era parte de un plan divino.

Y así, milagrosamente, la desigualdad dejaba de ser un problema político para transformarse en una cuestión de fe.

Dentro de ese esquema proliferaron organizaciones religiosas que funcionan con dinámicas extremadamente verticalistas y disciplinarias. El caso de los Testigos de Jehová es probablemente uno de los ejemplos más conocidos y discutidos. Diversos exmiembros, investigaciones periodísticas y especialistas en sectarismo han denunciado durante años prácticas de aislamiento social, control psicológico y mecanismos de expulsión que afectan profundamente la libertad individual de quienes abandonan o cuestionan la organización. Personas que pierden vínculos familiares por decidir pensar distinto. Fieles sometidos a una regulación obsesiva de su vida privada. Prohibiciones doctrinales que llegan incluso a cuestiones médicas sensibles como las transfusiones sanguíneas.

Porque la libertad, en este nuevo diccionario libertario-religioso, parece significar algo bastante peculiar: libertad para obedecer, libertad para someterse y libertad para no cuestionar jamás a la autoridad correcta. Lo intolerable no sería el fanatismo. Lo intolerable sería que el fanatismo no esté alineado ideológicamente con ellos.

Por eso resulta tan revelador el silencio de Agustín Laje y del entorno de Milei frente a discursos que hablan abiertamente de reemplazar la identidad religiosa argentina. Porque si un adversario político dijera que hay que “descristianizar Occidente”, probablemente lo presentarían como prueba definitiva del avance globalista y de la destrucción cultural impulsada por la Agenda 2030. Pero cuando el mensaje proviene de un vocero propio, entonces ya no sería una amenaza: sería parte de la “batalla cultural”.

Lo verdaderamente preocupante no es que existan personas con determinadas creencias religiosas. Lo peligroso es la construcción de una cultura política donde la manipulación emocional, el pensamiento binario y la obediencia doctrinal empiezan a ocupar el lugar del razonamiento crítico. Una sociedad donde el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en consumidor espiritual y militante emocional de líderes carismáticos.

Porque detrás de toda esta retórica libertaria sobre la libertad individual aparece una obsesión constante por domesticar conciencias. Que nadie cuestione demasiado. Que nadie piense demasiado. Que nadie se organice demasiado. Que cada individuo permanezca aislado en su pequeño universo moral, culpándose de sus fracasos mientras otros concentran poder económico, político y mediático.

Tal vez esa sea la verdadera función de esta nueva religión política disfrazada de batalla cultural: producir sociedades dóciles que confundan obediencia con libertad y sometimiento con fe.

Y quizá por eso Milei, Laje y la Fundación Faro se sienten tan cómodos promoviendo estas voces. Porque una ciudadanía crítica siempre será más difícil de gobernar que una comunidad entrenada para creer sin preguntar.

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Capitán Cianuro

Bolivia atraviesa por estas horas una de las crisis políticas más intensas de los últimos años. Las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz ya superan las dos semanas, con bloqueos de rutas, enfrentamientos, desabastecimiento y un creciente despliegue policial y militar en distintos puntos del país. Las imágenes que llegan desde La Paz muestran columnas de mineros, campesinos, maestros y trabajadores movilizados mientras el Ejecutivo intenta recuperar el control de las carreteras y contener una crisis que amenaza con profundizarse día tras día.

Pero lo que ocurre en Bolivia no puede leerse solamente como un conflicto interno. Lo que está en juego es mucho más grande: es el choque entre un pueblo que conserva memoria de lucha y una región donde las ultraderechas avanzan intentando instalar la resignación como única forma posible de convivencia social.

En los últimos años, América Latina comenzó a entrar en una etapa peligrosa. Gobiernos y sectores políticos que antes ocultaban sus intenciones hoy gobiernan abiertamente para los mercados, las élites económicas y los grupos empresariales concentrados. Ya no necesitan disimular. Ajustan, privatizan, recortan derechos y reprimen protestas mientras hablan de libertad, orden y estabilidad. El problema es que esa libertad casi nunca incluye a las mayorías.

En Argentina, el laboratorio ultraderechista convirtió el sufrimiento social en programa económico. Millones de personas perdieron poder adquisitivo, las universidades públicas fueron asfixiadas presupuestariamente, los jubilados quedaron atrapados entre inflación y abandono, y cualquier reclamo social comenzó a ser tratado como una amenaza al orden. Lo más grave no fue solamente el ajuste, sino la construcción de una lógica política donde la crueldad empezó a presentarse como virtud de gobierno. La empatía pasó a ser ridiculizada y el individualismo extremo se instaló como sentido común.

En Ecuador, el deterioro democrático avanzó bajo el discurso permanente de la seguridad. La militarización dejó de ser excepcional para transformarse en paisaje cotidiano. Estados de excepción, presencia de fuerzas armadas en las calles y restricciones justificadas por la lucha contra el crimen terminaron configurando un modelo donde gobernar mediante el miedo comenzó a normalizarse. Cuando una sociedad vive permanentemente aterrorizada, cuestionar al poder se vuelve cada vez más difícil.

Y en Chile, después del enorme estallido social que prometía abrir un nuevo ciclo político, gran parte de la energía transformadora fue absorbida por una institucionalidad incapaz de responder a las demandas profundas de la población. El malestar sigue existiendo, pero también el desgaste, la frustración y el cansancio de una ciudadanía que vio cómo muchas promesas de cambio terminaban chocando contra los límites impuestos por el poder económico y político tradicional.

Bolivia aparece entonces como una excepción incómoda.

Porque mientras en gran parte de la región las ultraderechas logran instalar el miedo, el disciplinamiento social y la idea de que no existe alternativa posible al ajuste, en Bolivia todavía hay sectores populares dispuestos a paralizar el país para defender lo que consideran derechos irrenunciables.

Eso explica por qué las protestas bolivianas generan tanta atención y, al mismo tiempo, tanta incomodidad.

Durante años, Bolivia fue objeto de burlas y prejuicios racistas dentro de América Latina. Se la presentó como un país atrasado, pobre o políticamente caótico. Sin embargo, mientras muchos repetían caricaturas desde escritorios o estudios de televisión, el pueblo boliviano seguía conservando algo que en otros lugares comenzó a erosionarse: conciencia de organización popular.

Las movilizaciones actuales no nacen de un capricho. Son la respuesta a un deterioro económico y político que golpea directamente a las mayorías. Los bloqueos de rutas, el desabastecimiento y la tensión creciente reflejan el agotamiento de una parte importante de la sociedad frente a decisiones que sienten tomadas lejos de sus necesidades reales.

El gobierno denuncia intentos de desestabilización ligados al entorno del expresidente Evo Morales. Seguramente exista una fuerte disputa interna por el poder. Pero reducir la crisis únicamente a una operación política sería ignorar el descontento social genuino que hoy atraviesa al país.

Porque cuando miles de personas salen a las calles pese al riesgo de represión, pérdida de ingresos o violencia, lo que existe no es solamente obediencia partidaria: existe hartazgo.

Y ese hartazgo conecta directamente con algo que atraviesa hoy a toda América Latina. La región vive un momento donde las democracias empiezan a vaciarse de contenido social. Se vota, sí. Pero muchas veces se gobierna exclusivamente para minorías privilegiadas mientras las mayorías reciben ajuste, precarización y discursos que las responsabilizan incluso de su propia pobreza. Las ultraderechas entendieron perfectamente que para consolidarse necesitan destruir no solo derechos económicos, sino también la idea misma de comunidad.

Por eso atacan sindicatos, universidades, organizaciones sociales, movimientos feministas y cualquier espacio colectivo capaz de construir resistencia.

Bolivia, con todas sus contradicciones y conflictos, sigue mostrando que todavía hay pueblos que no aceptan fácilmente ese proceso de domesticación política y cultural.

Eso es lo verdaderamente importante detrás de las imágenes de carreteras bloqueadas y enfrentamientos. Lo que está ocurriendo no es solamente una crisis nacional. Es una disputa regional entre dos modelos profundamente distintos: uno que busca ciudadanos obedientes, endeudados y aislados; y otro donde todavía sobrevive la idea de que la política debe responder a las necesidades de la gente y no únicamente a los mercados.

Las ultraderechas latinoamericanas necesitan que los pueblos se acostumbren al miedo y a la resignación. Necesitan convencer a las sociedades de que protestar no sirve, de que organizarse es inútil y de que cualquier intento de resistencia solo traerá caos.

Bolivia hoy rompe ese relato.

Y quizás por eso incomoda tanto. Porque recuerda algo que muchos gobiernos quisieran borrar definitivamente de la memoria colectiva latinoamericana: cuando un pueblo pierde el miedo, ningún poder es completamente invencible.

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Capitán Cianuro

La masiva marcha universitaria del 12 de mayo dejó una imagen política difícil de ignorar: miles de estudiantes, docentes, trabajadores y familias ocuparon las calles argentinas para defender algo que todavía conserva una legitimidad social profunda: la universidad pública. Pero la movilización no habló solamente de presupuesto educativo. Lo que apareció en las calles fue un malestar mucho más amplio frente al deterioro acelerado de las condiciones de vida bajo el gobierno de Javier Milei.

La protesta también dejó otra señal importante: el debilitamiento de la CGT como principal articuladora del descontento social. Durante décadas, el sindicalismo argentino fue capaz de encabezar grandes conflictos nacionales y canalizar demandas populares. Hoy, en cambio, sus convocatorias aparecen cada vez más limitadas, burocráticas y desconectadas de amplios sectores de la sociedad, especialmente de los jóvenes y de los trabajadores precarizados.

Por eso no fue casual que la propia CGT terminara adhiriendo a la marcha universitaria. La central sindical entendió que ya no posee por sí sola la legitimidad simbólica suficiente para representar el malestar social contemporáneo. La universidad pública, en cambio, sí conserva esa capacidad. Sigue siendo vista por millones de personas como una herramienta de movilidad social, ascenso cultural e igualdad de oportunidades.

Y justamente por eso el ataque del gobierno contra ella genera tanta reacción.

Desde el inicio de su gestión, Javier Milei impulsó una política de ajuste brutal donde todo derecho social es reducido a una variable de gasto. La educación pública, la ciencia, la salud y la investigación fueron colocadas bajo una lógica puramente contable, como si el único criterio válido para organizar una sociedad fuera el equilibrio fiscal.

Bajo esa lógica, las universidades nacionales sufrieron un fuerte desfinanciamiento, salarios docentes pulverizados por la inflación y enormes dificultades para sostener funcionamiento básico, becas, investigación y extensión. Hospitales universitarios y centros científicos comenzaron incluso a advertir sobre situaciones críticas. El gobierno respondió con indiferencia, ataques discursivos y acusaciones de “adoctrinamiento”, intentando convertir el conflicto educativo en una batalla ideológica permanente.

Pero el problema excede ampliamente a las universidades.

Mientras el gobierno celebra indicadores macroeconómicos y repite que “no hay plata”, millones de argentinos enfrentan una realidad cada vez más asfixiante: salarios bajos, inflación persistente, aumento del costo de vida y nuevas subas del transporte público que golpean directamente a trabajadores y estudiantes. Viajar al trabajo o a la universidad consume una parte creciente de ingresos que ya vienen deteriorados desde hace meses.

El ajuste atraviesa toda la vida cotidiana. Comer, alquilar, estudiar, atenderse en salud o simplemente sostener una rutina básica se volvió mucho más difícil. Y frente a eso, el discurso oficial parece limitarse a pedir sacrificios infinitos en nombre de una supuesta estabilidad futura que nunca termina de llegar para la mayoría.

Al mismo tiempo, el gobierno construyó un clima político basado en la agresión permanente. Universidades, periodistas, científicos, artistas, movimientos sociales y opositores son tratados como enemigos internos o “casta” cada vez que cuestionan las políticas oficiales. La violencia verbal dejó de ser excepcional para transformarse en método de gobierno.

Esa lógica no solo deteriora el debate democrático. También busca legitimar el vaciamiento de instituciones públicas fundamentales para la vida social argentina.

La marcha universitaria expresó entonces algo mucho más profundo que un reclamo sectorial. Expresó el límite social frente a un proyecto político que parece considerar a la educación, la ciencia y los derechos sociales como obstáculos antes que como pilares de una sociedad democrática.

Y allí aparece quizás la contradicción más fuerte del discurso libertario oficial. Porque mientras el gobierno habla obsesivamente de libertad, sus políticas reducen cada vez más las condiciones materiales necesarias para ejercerla. Sin salarios dignos, sin transporte accesible, sin educación pública y sin posibilidades reales de progreso, la libertad deja de ser un derecho colectivo y se transforma simplemente en un privilegio para quienes todavía pueden pagarla.

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