Su familia asegura que «no quiere venganza» sino «un juicio justo»
(Por Ernesto Zambrini) A un mes del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años de Florencio Varela que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, la familia aseguró que «no quiere venganza ni tiene rencor» y solo «desea a los culpables un juicio justo», según dijo su abogado Gregorio Dalbón.
«La familia no quiere venganza ni tiene rencor. Desea a los culpables un juicio justo, precisamente el que no tuvo Lucas. Quiere a los que pusieron el arma y cambiaron la escena que cumplan la pena que estime el tribunal que los juzgue. Y por sobre todas las cosas no quiere ni un minuto a un inocente preso porque jamás olvidarán el dolor de esos chicos y de esos papás», dijo a Télam el letrado.
Dalbón sostuvo que ya pasó «un mes del asesinato a sangre fría de Lucas Gonzales y parece mentira que ya no pueda soñar, estudiar y meter goles para Barracas» porque «un trío de asesinos de profesión policías que ahora esperan la perpetua le pegaron dos tiros en la cabeza».
«Mientras corría uno para salvarse a los otros amigos los esposaron boca abajo horas. ‘Negro de mierda, Villero te tenemos que pegar un tiro en la cabeza’ les decían aplicando tortura psicológica de otros tiempos. Quisieron cambiar el hecho, obstruir a la investigación y lo lograron 24 horas», expresó el representante de la familia del adolescente.
Dalbón recordó que «así fue que los chicos fueron a un Instituto de Menores y los asesinos a sus casas», por lo que criticó al juez Alejandro Rodolfo Cilleruelo.
«El Juez de Menores está a la espera de un juicio político que duermen sus pares en el Consejo de la Magistratura. Me pregunto ¿podrá dormir él? Dejó presos a los menores y libres a los criminales», afirmó.
El abogado destacó el logro de «dar vuelta la versión de delincuentes a víctimas y los policías a la cárcel».
«Logramos observar en la reconstrucción como armaron la escena con un arma de cotillón, hay detenidos por el encubrimiento. Más no se le puede pedir a la justicia. Creo que el caso de Lucas al tener un control civil claro y concreto desde el Ministerio de Seguridad de CABA está esclarecido», resaltó.
Por último, Dalbón dijo que «ojalá pronto se eleve a juicio oral y las familias descansen». «Fue un mes muy duro. Trabajamos noche y día para esclarecer el hecho. Ahora deberá el juez (Martín) Del Viso decidir quién y qué responsabilidad le cupo a cada involucrado», concluyó.
En tanto, el pasado martes Del Viso procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D.
A todos ellos los considera coautores de los delitos de «falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal», a su vez en concurso real con «privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron»
Además, a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio ya que declararon como testigos en el sumario que inició la Policía Federal Argentina (PFA) una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.
La principal hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que la escena del crimen fue adulterada por los efectivos porteños con intenciones de hacer pasar el caso de «gatillo fácil» como un enfrentamiento.
A su vez, hay otros tres policías porteños, Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, que también fueron procesados con prisión preventiva por el «homicidio calificado» de Lucas, luego de que el juez Del Viso, a pedido del fiscal Gómez Barbella, consideró que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».
El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.
Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.
En la autopsia se determinó que el mismo joven presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.
No sólo policías, investigan a una abogada del Ministerio de Justicia y Seguridad
Una abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que estuvo en el lugar donde tres efectivos atacaron a balazos a Lucas González y a sus tres amigos en el barrio de Barracas el pasado 17 de noviembre, es la primera civil investigada por su presunta participación en el encubrimiento del hecho, ya que para el fiscal su permanencia allí coincidió con el momento en el que se adulteró la escena y además «no estaba asignada al procedimiento».
«No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años y medio (…) y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal (se desempeña en División Asuntos Penales), se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí», consideró el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al pedir la detención e indagatoria de la letrada mediante un escrito al que accedió Télam.
No obstante, el juez de la causa, Martín Del Viso, no hizo por el momento lugar a la petición respecto de la letrada -ni de otros cinco policías a quienes el fiscal también pidió indagar-, por entender que «luce prematuro e impide, además, efectuar una correcta imposición de los hechos en todo su eventual alcance típico», de acuerdo al la resolución a la que también accedió esta agencia.
Según la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10.30 y 11 en Perdriel y Alvarado por testigos que la identificaron como una mujer «rubia», «vestida de civil y con pollera» que estaba junto a «un hombre de camisa blanca» que «observaba permanentemente» el interior del auto Volkswagen Suran de los adolescentes que había sido baleado e «iba y venía todo el tiempo» y «daba vueltas alrededor» del vehículo.
«La actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar elementos de prueba con el consecuente aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes», consideró el representante del Ministerio Público Fiscal.
Al pedir su detención, Gómez Barbella hizo constar que «la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad informó que la abogada se encontraba de guardia de ‘asistencia letrada inmediata'» aunque «no estaba asignada al procedimiento».
El fiscal destacó además que mientras ella estaba en el lugar, dos de los amigos de Lucas «permanecían esposados en el suelo» y «les fue ‘plantada’ el arma de cotillón» en el auto.
«Frente a ello, fácil es concluir que al rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria justamente que por sus propias actividades no debería permanecer en el sitio. En tal sentido, su presencia únicamente se justifica en brindarles ‘ayuda o asesoramiento legal’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos y ante su amparo se permitieron semejantes sucesos», escribió el fiscal.
Para el Ministerio Público, «el fraguado de actuaciones policiales», «el sufrimiento infundido» a los amigos de Lucas, «la utilización de testigos policías falsos mediante esos testimonios guionados en el sumario labrado por la Policía Federal Argentina» y «las maniobras encubridoras desplegadas», «forman parte de la matriz y ‘modus operandi’ evidenciado en la pesquisa de la que la abogada evidentemente no fue ajena».
Debido a que el juez no hizo lugar por el momento que sea indagada, Gómez Barbella continuará reuniendo pruebas en busca de sustentar con más elementos su acusación y volver a pedir el arresto de esa imputada y de otros cinco policías a quienes también pidió interrogar en el marco de la causa, dijeron los voceros consultados.
¿Se empieza a romper el pacto de silencio entre policías?
Un subcomisario y dos oficiales de la Comisaría Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad que fueron detenidos el pasado domingo en el marco de la causa por el encubrimiento del crimen de Lucas González aseguraron su inocencia y apuntaron a los efectivos de la brigada de esa comuna como quienes se hicieron cargo de la escena del ataque y de la detención de los amigos de la víctima.
Fuentes judiciales informaron que, al declarar ante el juez Martín del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella, tanto el subcomisario Ramón Chocobar (47), como los oficiales Daniel Espinoza (32) y Sebastián Baidón (27) negaron haber realizado alguna maniobra de encubrimiento o maltratado a los amigos de Lucas en el lugar donde el 17 de noviembre pasado se registró el ataque por el que están detenidos tres efectivos de la Brigada de la Comuna 4 de la Ciudad.
Además, dos de ellos, identificaron a una policía «rubia» y «alta» perteneciente a la Brigada, como quien estaba a cargo del lugar donde habían quedado esposados y detenidos los dos amigos de Lucas, también de 17 años.
Chocobar, quien estaba en ese momento a cargo de la dependencia porque su jefe, el también detenido comisario Fabián du Santos, había ido a un acto policial, recordó que al llegar a los pocos minutos a la escena del hecho, ya había una gran cantidad de policías de distintas áreas, aunque «claramente el dominio de la escena estaba en manos de la brigada».
Sobre ellos, dijo que si bien no los conoce porque pertenecen a otra dependencia, pudo reconocerlos porque tienen «chalecos celestes» que «no son visibles» y «no tienen gorras».
«Son gente vestida de civil y no es distinguible ni es un uniforme reconocido. En la parte de atrás si surge Policía de la Ciudad”, aseguró el subcomisario, según los voceros consultados por Télam.
Chocobar reconoció que además vio en la escena a una abogada de Asuntos Internos y dijo que en ningún momento vio un arma en el auto Volkswagen Suran de los adolescentes, la que fue sacada del rodado más tarde y que para los pesquisas fue «´plantada» por la policía.
Antes de finalizar su indagatoria, el subcomisario, quien dijo que tiene 28 años de servicio, pidió ser excarcelado porque cree que está detenido «injustamente».
Otro de los detenidos que declaró también ayer fue el oficial Espinoza, chofer de la Comisaria Vecinal 4 D, quien recodó que fue uno de los que ayudó a sacar del auto a Lucas herido de un balazo en la cabeza a pedido de una médica del Same y que luego fue con ella y la víctima hasta el hospital Penna, donde le entregaron un plomo que cayó de entre las ropas del adolescente.
Consultado sobre qué vio en el lugar del hecho, Espinoza aseguró que «fue una movida de policías que no es común ver», y mencionó al menos 20 uniformados, incluso un comisario «con gorra», tras quienes llegaron muchos más en distintos móviles.
Al igual que Chocobar, Espinoza pidió ser excarcelado, dijo que está pasando un «momento horrible» y aseguró que actuó «dentro de la ley».
Finalmente, el oficial Baidón, también chofer de la misma dependencia, y quien fue descripto por testigos como el policía «tatuado» que redujo a los adolescentes, negó haber esposado o tirado al piso a los amigos de Lucas, a quien solo dijo que «revisó».
Además aseguró que fueron los policías de la Brigada quienes se hicieron cargo del procedimiento y también dijo haber visto a «una mujer rubia de la brigada» cerca de los chicos detenidos en el piso.
Luego mencionó la presencia de una abogada de Asuntos Internos que fue a «asesorar a los efectivos del enfrentamiento», y que se entrevistó con los policías vinculados a ese episodio. Tras las indagatorias los tres policías quedaron detenidos a disposición
