La justicia allanó a varios comedores y merenderos pertenecientes a organizaciones sociales en el sur del conurbano bonaerense, ente ellas algunas de Florencio Varela, donde descubrió alimentos vencidos y podridos que deberían haber sido distribuidos. Según trascendió, este hallazgo fue realizado en el marco de una investigación sobre extorsión a beneficiarios de planes sociales.
Los investigadores que participaron del operativo expresaron su «sorpresa e indignación» al inspeccionar un galpón, denominado «almacén o depósito de alimentos», que pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTD-Teresa Rodríguez) en el barrio Libertad de Florencio Varela. Detrás de sus puertas, trascendió que se descubrió leche en polvo, harina, polenta, yerba y pan en estado de putrefacción.
Según los responsables del lugar, ubicado en la calle 511 al 3000, los alimentos fueron entregados en «enero por la provincia de Buenos Aires». Sin embargo, la justicia aún no determinó si esa es la verdadera procedencia de la comida que lleva allí más de seis meses. En algunos envases de leche en polvo se encontró una inscripción que decía: «Prohibida su venta, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires».
Allanamientos en Varela
Ante la gravedad de la situación, el juzgado solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano, dirigida por Sandra Pettovello, para la redistribución de los alimentos. La misma que tiene una causa judicial por no repartir alimentos que estaban en estado de putrefacción. Además, se dejó una consigna de Prefectura en la puerta del depósito y se requirió la intervención de la dirección de Bromatología para tomar muestras y realizar análisis de los productos.
La investigación judicial, que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Sergio Pollicita, aparentemente destapó una red de extorsión y facturas falsas que involucraría a más de 80 responsables y referentes de merenderos y comedores, además de cooperativas de trabajo. Estas organizaciones presionaban a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para que asistieran a marchas, concentraciones y actos políticos.
Entre las organizaciones investigadas se encuentran movimientos sociales como Barrios de Pie, encabezado por Daniel Menéndez; y la Corriente Clásica y Combativa de Juan Carlos Alderete. También están bajo la lupa organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero de Eduardo Belliboni y Libres del Sur, liderada por Silvia Saravia.
El juzgado de Quilmes, a cargo del polémico juez Luis Armella, que tomó el caso en mayo tras la declaración de incompetencia de Casanello, dividió las causas en 44 expedientes agrupados por organizaciones sociales y políticas. Las denuncias, inicialmente anónimas, fueron confirmadas en el expediente por testigos que se presentaron personalmente para declarar contra los dirigentes que los extorsionaban. Las localidades involucradas en las denuncias incluyen Berazategui, Quilmes y Avellaneda, además de Florencio Varela.
Las diligencias judiciales y de investigación en campo están siendo canalizadas a través de la Prefectura Naval Argentina, bajo la supervisión del secretario Diego Quiroga y respondiendo a la ministra Patricia Bullrich. No se descartan medidas similares en otros lugares.
La situación en Florencio Varela expone la urgencia de una revisión profunda de los mecanismos de distribución y control de alimentos, así como la necesidad de proteger a los beneficiarios de planes sociales de cualquier forma de extorsión y abuso.
