El fiscal Carlos Stornelli pidió que se investigue a Alfredo Irigoin y Silvia Chabán, responsables financieros de la última campaña legislativa de Cambiemos. Además, el fiscal Jorge Di Lello descubrió que el 99% de los aportantes podrían estar irregularmente afiliados al PRO.
El juez federal Sebastián Casanello abrió un investigación, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito sobre los responsables financieros de la campaña de 2017 de Cambiemos, Alfredo Irigoin y Silvia Chabán.
Por el momento son los dos únicos imputados en la causa que surgió tras a la investigación periodística de Juan Amorín, en el Destape Web. Dicha investigación reveló que 476 personas que percibían planes sociales figuraban como aportantes en la última campaña política de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, con la investigación en curso, la pregunta gira en torno a quiénes podrían ser los futuros nombres que se incluyan en la causa y las miradas de la oposición se fijan en la gobernadora María Eugenia Vidal, principal figura durante la campaña proselitista, y que aún no ha hecho mención alguna sobre estas denuncias.
Por otra parte, el fiscal Jorge Di Lello recibió un informe que ratificaría las denuncias realizadas por el medio de Roberto Navarro acerca de los falsos aportantes y afiliados de cambiemos. Además se pudo comprobar que el 99,9% por ciento de los supuestos aportantes también habrían estado afiliados irregularmente al PRO.
El periodista Juan Amorín, le habría acercado a la fiscalía un total de 205 nombres y apellidos para que el fiscal di lello los envié a la cámara electoral. En estas horas llegaron los resultados que no parecen ser para nada alentadores para el oficialismo, ya que se pudo comprobar que el 99% de los aportantes estarían afiliados al Pro, partido político que forma parte de la coalición de gobierno que compone gran parte de cambiemos.
Por ahora, esta pata de la investigación preliminar podría implicar posibles delitos de violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también a otros delitos, como falsificación de firma y/o de documento.
Irina Houser, periodista de Página 12, informó que “un grupo de vecinos de Quilmes que se había encontrado en las planillas en cuestión, donde el periodista cruzó datos de aportes a la campaña y beneficiarios de planes sociales (originalmente Ellas Hacen y Argentina Trabaja), fueron a la Cámara y recibieron la confirmación de que también habían sido afiliados de manera inconsulta y sus nombres usados de ese modo para inflar apoyos. Les dijeron que si querían demandar deberían esperar y no desafiliarse de inmediato”.
El fiscal de la causa, Di lello, espera también un informe realizado por la gendarmería que determina las condiciones económicas de los aportantes que va a determinar las posibilidades de estas personas de realizar aportes a una campaña electoral.
