Dos empleados del Senado bonaerense fueron detenidos acusados de integrar una presunta organización sectaria que, durante años, habría operado desde ámbitos de la militancia y el Estado para captar y someter a jóvenes. La causa sacude a la Legislatura y genera impacto en el Conurbano sur.
Durante casi una década, bajo la apariencia de militancia política y promesas de crecimiento dentro del Estado, una presunta organización sectaria habría operado en el corazón mismo del Senado bonaerense. La Justicia investiga una trama de abusos sexuales, sometimiento psicológico y control sistemático de víctimas que hoy vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre poder, estructuras públicas y violencia.
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La causa, que se tramita en los tribunales de La Plata, derivó en la detención de dos empleados legislativos acusados de liderar la denominada “Orden de la Luz”, un grupo con características cerradas y jerárquicas que utilizaba espacios políticos y laborales como método de captación. Según la investigación, las víctimas eran jóvenes que ingresaban al ámbito militante con la expectativa de formarse y trabajar en el Estado, pero terminaban atrapadas en una red de abuso y dependencia emocional.
Fuentes judiciales señalaron que los hechos no fueron aislados. Por el contrario, se habrían repetido de manera sistemática desde al menos 2015, con roles diferenciados, rituales, amenazas y un lenguaje codificado que reforzaba el sometimiento. Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio del Senado bonaerense.
La causa está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI de La Plata, quien investiga el funcionamiento de la denominada “Orden de la Luz”, una estructura cerrada y coercitiva que, según la acusación, utilizaba espacios del Estado y vínculos laborales para ejercer control psicológico, económico y sexual sobre sus víctimas.
Los detenidos son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, arrestados por orden del Juzgado de Garantías N° 4, que consideró acreditada la reiteración de los hechos, la pluralidad de víctimas y el riesgo procesal. Ambos se negaron a declarar ante la Justicia.
Promesas de militancia y abuso: todo el escándalo en el Senado
De acuerdo al expediente, los primeros hechos denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada en ámbitos académicos y políticos con la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. El encuentro, realizado en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual.
Un año después, en 2016, otra joven denunció haber sido citada a un departamento en La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas. A partir de allí, la investigación detecta un patrón sistemático de abusos, con la participación activa de Silva Muñoz en las tareas de captación y sometimiento psicológico.
La lógica de la “Orden de la Luz”
Según los testimonios reunidos por la fiscalía, entre 2016 y 2017 comenzó a consolidarse una organización con estructura jerárquica, rituales internos y un lenguaje codificado. Rodríguez era presentado como una figura con rasgos divinos bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”.
Las víctimas relataron entrenamientos, controles permanentes, rituales, amenazas y comunicaciones intimidatorias por medios digitales. Para los investigadores, la secta funcionaba como una herramienta concreta para anular la voluntad y generar dependencia emocional, sosteniendo situaciones de abuso prolongadas en el tiempo.
Estado, empleo público y control
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es el uso de estructuras estatales como mecanismo de captación. Las jóvenes eran acercadas mediante tareas militantes y promesas de crecimiento político, contención y empleo dentro del Estado provincial.
En algunos casos, esas promesas se materializaban en cargos dentro del Senado bonaerense u otras reparticiones públicas, aunque luego se exigía a las víctimas entregar parte del salario bajo el argumento de “sostener la militancia”. Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio legislativo.
Avanza la investigación
La causa describe una profundización del control a partir de 2018, con episodios de violencia física y continuidad de los abusos hasta 2022 y 2023. Recién en ese tramo final varias víctimas lograron romper el cerco de intimidación y denunciar.
Hasta el momento, el expediente reúne al menos cinco víctimas, cuyas identidades permanecen bajo estricta reserva. Se realizaron allanamientos y se secuestraron dispositivos electrónicos, armas blancas y material digital clave para reconstruir el funcionamiento de la organización.
Para la fiscalía, no se trata de hechos aislados sino de una trama sostenida en el tiempo, con roles diferenciados, utilización de espacios del Estado y una lógica de sometimiento propia de una secta, cuyo impacto político y judicial recién comienza.
