Por Esteban Echenique | Florencio Varela, julio 2025
Viernes, 17:42. En la sala de guardia de la Clínica Santa Clara, ubicada en el corazón de Florencio Varela, el tiempo se mide en desesperación. La señora del golpe en la cabeza y los vómitos lleva casi dos horas esperando. Un hombre mayor, Mariano, apenas puede mantenerse en pie. Se cayó anoche, y aunque el SAME descartó una emergencia, los dolores lo empujaron hasta aquí. A su lado, una nieta le toma la mano. Él no dice nada, pero su cara habla: duele. Todo duele.
Una hora para el ingreso, dos horas más para ser atendido. En el medio, nada: ni una mirada, ni un vaso de agua, ni un gesto de consuelo. Lo que en otros centros de salud se conoce como medicina humanizada, aquí parece no tener traducción. En Santa Clara, el silencio grita y el maltrato se institucionaliza.
Una postal repetida, pero invisible
La Clínica Santa Clara es parte de la Red BASA, una cadena de prestadores que pertenece al Grupo Olmos, el mismo que maneja Crónica TV. La ironía es dolorosa: el canal de las placas rojas y los gritos no cuenta lo que pasa dentro de sus propios sanatorios.
Lo que Crónica no te va a contar es que Mariano nunca fue revisado por un médico clínico antes de ser enviado a hacerse las placas. Que el técnico que le tomó las radiografías lo hizo de mala gana, casi con desprecio, como si el dolor ajeno fuese una molestia. Que a los abuelos del PAMI se los atiende como si fueran un número, no personas.
Cuando la salud se convierte en negocio en el PAMI
El Grupo Olmos diversificó su negocio: salud, medios, política y poder. Compraron el Sanatorio María Mater, metieron mano en otras clínicas, y ahora se posicionan como prestadores dominantes del PAMI en la región.
Pero ser prestador no implica garantizar calidad humana. La salud, convertida en mercado, reduce a los pacientes a variables contables. Cada abuela que espera horas con una fractura, cada abuelo que se va sin diagnóstico, es el precio de un sistema que prioriza la facturación sobre la vida.
En contraposición, a pocos kilómetros de Santa Clara, el Hospital El Cruce funciona como ejemplo de otra lógica. Profesionales formados, protocolos de atención humanizada, seguimiento de casos complejos. La diferencia no es sólo estructural, es ideológica: mientras algunos hospitales públicos piensan la salud como derecho, otros la gestionan como mercancía.
¿Y el Estado?
La pregunta es inevitable: ¿Quién controla? ¿Dónde está el PAMI? ¿Quién fiscaliza a Santa Clara y al Grupo Olmos? ¿Quién protege a Mariano, a la señora del golpe en la cabeza, a los miles de jubilados y jubiladas que no tienen otra opción?
Florencio Varela no es una isla. Como ocurre en otros distritos del conurbano, las clínicas privadas que atienden al PAMI están colapsadas, precarizadas y, muchas veces, deshumanizadas. Pero Santa Clara parece haber cruzado todos los límites.
La salud no puede doler más que la enfermedad
Mariano finalmente se va. Le entregan dos placas y una receta. Nadie le tomó los signos vitales. Nadie lo llamó por su nombre. Nadie lo escuchó. Su dolor fue un trámite más en una guardia sin alma. Murió a los dos días en la sala de guardia de la salita de San Francisco de un paro cardíaco.
Esta es la historia que Crónica no va a contar. Pero en Florencio Varela, los vecinos lo saben. Y lo viven.
