El Juez Julián Busteros, una figura emblemática en la Justicia de Florencio Varela, se encuentra ante un expediente que arde en la memoria de los ciudadanos: el crimen de Lautaro Morello (18) y la misteriosa desaparición de Lucas Escalante (26). Las manos del juez están marcadas por los errores anteriores, ahora cuestionados por la instancia superior a solicitud del fiscal Daniel Ichazo de Berazategui y los abogados de las familias Morello y la Comisión Provincial por la Memoria.
La reciente confirmación de la prisión preventiva para el comisario mayor Francisco Centurión, vinculada a la desaparición de Lucas Escalante, marca un giro significativo en este drama que conmoció a la comunidad varelense. La Cámara de Apelaciones de Quilmes anuló una parte crucial del auto de procesamiento que descartaba la imputación de privación ilegal de la libertad.
En una resolución de 14 páginas obtenida por Infosur, la Sala 1 de dicha Cámara dio lugar a la apelación presentada por el fiscal Ichazo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui. En su fallo, el juez Mario Caputo, firmante de la resolución, argumentó que el Tribunal Nacional consideró «arbitraria» la valoración inicial de las pruebas, instaurando una revisión profunda.
Busteros en el centro de la polémica
La resolución de la Cámara también atendió al pedido de los particulares damnificados, en representación de las familias afectadas. Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y Guillermo Diéguez, en representación de la familia de Morello, han sido una voz constante en busca de justicia.
El comisario Centurión continúa procesado con prisión preventiva por el delito de «sustracción de caudales públicos», mientras que se ordenó que el caso de «privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia» se revea en el Juzgado de Garantías de Busteros.
La controversia principal gira en torno a la imputación inicial, ya que el magistrado la había limitado a «sustracción de caudales públicos», desencadenando las apelaciones por parte de las partes acusadoras.
La trama del caso involucra a Cristian y Maximiliano Centurión, acusados del homicidio de Morello y la privación de la libertad de Escalante. Además, el exjefe de la seccional de Bosques, comisario Sergio Enrique Argañaraz, está bajo sospecha de encubrimiento.
Para el fiscal, es fundamental destacar que «si bien se encuentra acreditado que Centurión llegó luego de realizar un viaje a su vivienda y que se habría quedado a solas con su hijo Cristian Centurión, no puede perderse de vista que ello habría ocurrido un día después». de la desaparición de las víctimas, por lo que resulta aventurado afirmar que el aquí imputado se sumó a su sobrino (Maximiliano) y su hijo y consideró la conducción del evento».
En contraste, el juez Busteros consideró que las atribuidas al policía se acercaban más a la figura de acciones de encubrimiento, que no resulta punible en el presente caso, especialmente considerando que uno de los principales acusados es su propio hijo, Cristian Centurión, quien actualmente se se encuentra bajo arresto junto a su primo sobrino Maximiliano.
La desaparición de Lucas y el crimen de Lautaro
La desaparición de Lucas Escalante, vista por última vez el 9 de diciembre en Bosques, Florencio Varela, mientras se dirigía a celebrar el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, ha dejado a la comunidad consternada. El automóvil BMW en el que viajaba fue encontrado incendiado al día siguiente.
El cuerpo de Lautaro Morello apareció posteriormente en Guernica, cerca de la autopista en construcción Buen Ayre, en estado avanzado de análisis, víctima de «asfixia mecánica», según la autopsia.
Aunque el móvil del crimen aún no se ha aclarado por completo, una de las hipótesis que se investigan sugiere que Cristian y Maximiliano Centurión atrajeron a las víctimas ofreciéndoles vales de TLCAN gratuitos que la policía bonaerense utiliza para abastecer sus vehículos.
La causa sigue activa, con continuos rastrillajes en diversas áreas del conurbano bonaerense, dirigidos por el fiscal Ichazo y ejecutados por agentes, perros rastreadores, Defensa Civil y Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA). La comunidad de Florencio Varela y la opinión pública esperan ansiosos el desenlace de este caso que se ha extendido a la región.
