Las noticias para la familia de José Humberto Bulacio (50), el trabajador del barrio San Jorge de Florencio Varela fallecido en el derrumbe de la obra del aeropuerto de Ezeiza, van de mal a peor. A la complicada situación de asistencia en salud que quedé el más chico de sus hijos, Facundo, se le suma ahora un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri publicado este lunes en el Boletín Oficial y que podría tener directo impacto en el monto por la indemnización por la tragedia.
Así lo aseguró, el camarista laboral Enrique Arias Gibert quien subrayó que el DNU firmado por Mauricio Macri para reducir las indemnizaciones laborales tiene aplicación retroactiva y por tanto «es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza», José Humberto Bulacio.
«Macri saca un DNU donde reduce el monto de las indemnizaciones laborales. La norma es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza, es retroactiva», explicó Arias Gibert en declaraciones a Pasa de Todo que se emite por Mestiza, la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche al graficar el impacto en la población. Igual medida podría caberle a la familia de agente de tránsito atropellada durante un operativo en CABA.
El juez señaló que no puede opinar sobre la constitucionalidad de la norma ya que podría impedir su participación en los posibles reclamos judiciales, no obstante, remarcó que «si esta norma no es inconstitucional, cuando llegue el reclamo de la familia del trabajador que murió en Ezeiza se le va a aplicar esta baja en la indemnización».
Asimismo, cuestionó que la justificación para el decreto es que «las ART ganan poco» y apuntó: «Un DNU requiere necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de mejorar el negocio de una empresa privada?».
«Están haciendo que se abarate el accidente. Y si es más barato el accidente no tiene sentido invertir en prevención», sentenció.
GOBIERNO REDUJO EL MONTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES LABORALES
(NA) — El Gobierno nacional dispuso hoy reducir las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo estableció, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones, la aplicación del siguiente criterio:
— A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.
— Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
— Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las RIPTE en el período considerado.
— En caso de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral.
El Gobierno justificó esta medida al recordar que el año pasado pasado se dictó una resolución que impulsó el pago de indemnizaciones por parte de las ART, permitiendo que estas utilicen reservas técnicas para la celebración de acuerdos conciliatorios.
«Se elevó el monto mínimo de reserva por juicio, fijando una actualización periódica para que el transcurso del tiempo no afecte la relación entre ese pasivo constituido y la realidad económica imperante a lo largo del tiempo», puntualizó el Poder Ejecutivo.
Y añadió que por «la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores».
«Actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al 90%», señaló el DNU.
En ese sentido, el texto oficial indicó que «el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma».
Por ese motivo, la Casa Rosada resaltó que «ante los recientes contecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo».
