Escándalo judicial en Varela: marcha en apoyo a un abogado

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En un hecho inédito en Florencio Varela, familias de víctimas de crímenes resonantes salieron a las calles en defensa del abogado penalista Carlos Diéguez. Denuncian que el fiscal Hernán Bustos Rivas lo persigue judicialmente para impedir que continúe representando casos sensibles.

La movilización se realizó el jueves por la mañana y reunió a familiares de Lautaro Morello, Lucas Escalante, Nahuel Sanabria y Josué Salvatierra, quienes portaban banderas y carteles con sus imágenes. «Diéguez es el único que se comprometió con nosotros para buscar justicia», afirmó Mirian Aguilar, abuela de Lautaro Morello.

Los manifestantes se concentraron frente a la sede de Fiscalías y Defensorías de Florencio Varela, donde realizaron una radio abierta para exponer sus reclamos. Luego marcharon hacia el Juzgado de Garantías N°6, donde fueron recibidos por el juez Diego Agüero en una extensa reunión.

El abogado José Luis Calegari, referente del Centro Angelelli, cuestionó el accionar de la Fiscalía 11 de Quilmes: «Es llamativo que se aceleren en una causa contra Diéguez, mientras muchas víctimas esperan meses por una investigación». Según Calegari, el problema no es la justicia en su conjunto, sino algunos fiscales que, según denuncian, protegen a sectores poderosos.

Las críticas apuntaron directamente a los fiscales Bustos Rivas y María de los Ángeles Dongiovanni. Dora Montiel, tía de Nahuel Sanabria, fallecido en diciembre de 2023, aseguró que «Dongiovanni no nos escuchó nunca» y acusó a la fiscal de entorpecer las investigaciones.

El origen del conflicto se remonta al 6 de febrero, cuando Diéguez se reunió con Bustos Rivas para tratar el caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. Días después, el fiscal lo denunció por presuntas amenazas, iniciando un proceso que quedó en manos de la Fiscalía N°11 de Quilmes.

Diéguez ya fue indagado y procesado, aunque niega las acusaciones y adelanta que pedirá once medidas judiciales para revertir su situación. Mientras tanto, el caso sigue generando tensión en el ámbito judicial de la región y mantiene en alerta a los familiares de víctimas que ven en el abogado un aliado en su búsqueda de justicia.

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