Al filo del fin de la licencia forzada, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, amplió la denuncia contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, y redobló la apuesta pidiendo su destitución. Lo hizo a través de un escrito en el que insiste en su acusación por “mal desempeño”, y por “apartarse de la equidad, la imparcialidad y la no arbitrariedad” en el ejercicio de la función.
Presentada en formato de objeciones jurídicas y plagada de adjetivaciones incluso de tipo personal, la disputa revela, en rigor, una feroz pulseada política por las partes en pugna. De un lado, un puñado de fiscales que apuntaron sus investigaciones contra dirigentes políticos identificados o con vínculos con el peronismo, como el líder camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo, contra quienes, según la versión de Conte Grand, buscaron protegerlos.
En la ampliación de su denuncia, Conte Grand insistió en los “perjuicios” que ocasionó la decisión de Ferrari de eliminar la Unidad de Coordinación General para Delios Complejos y Crimen Organizado, casi una trinchera desde la que sus fiscales apuntaron cañones contra dirigentes vinculados o relacionados con el peronismo. Una práctica habitual de la Procuración durante la gestión de María Eugenia Vidal.
En un escrito de 36 páginas presentado ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia a cargo de Ulises “Coco” Giménez, el Procurador ensaya una férrea defensa de los fiscales a los que el kirchnerismo acusa de haberlos perseguido durante la gestión de Cambiemos, y pide la “destitución” del ‘licenciado’ Ferrari.
De forma detallada, el Procurador repasa una serie de denuncias y quejas elevadas ante el Ministerio Público, y presentadas en la Justicia contra Ferrari por parte del propio Scalera, pero omite, deliberadamente, lo que la Corte bonaerense interpretó al analizar la disputa: que existen denuncias cruzadas entre las partes, y que validar unas y ocultar las otras además de arbitrario, supone tomar partida a favor de una de ellas. Casualmente, la que apuntó contra el kirchnerismo.
Conte Grand le reprocha a Ferrari haber cerrado la Unidad de Coordinación General para Delitos Complejos, “por intereses personales y vinculaciones políticas”, con la intención de “encubrir diversas causas”. En llano, que intentó entorpecer, por ejemplo, la investigación contra Hugo y Pablo Moyano, Ambos, según el propio Procurador dijo en televisión, deberían haber sido detenidos, por aplicación de un razonamiento similar a la doctrina Irurzun: con la prueba reunida, “mis fiscales tienen la instrucción muy cara y categórica como para salir del principio, que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad”.
Según la versión del Procurador, la disolución de la unidad “estuvo acompañada de la remisión indiscriminada de las investigaciones en curso, a las fiscalías de grado”, una situación que –interpreta el Jefe de los fiscales- “trajo consecuencias perniciosas” en la causa, que, concluye, podría ser la motivación que tuvo Ferrrari con su decisión, “con fines menos confesables”.
Como ejemplo del ‘prejuicio’ que ocasionó la decisión de Ferrari sobre causas en curso, Conte Grand transcribe un audio de una supuesta escucha ‘filtrada’ en el marco de una investigación de una mega estafa a compañías de seguro, en la que “un masculino” involucrado, menciona a un tal “Aníbal”. No le atribuye ninguna responsabilidad a la figura de quien parece ser el ex Jefe de Gabinete, ni lo compromete más que en un cometario de pasillo: “le voy a decir a sus empleadas que averigüen en la fiscalía, que cambiaron el fiscal, que es amigo de Julián Álvarez, el cuál es íntimo de Aníbal”, pero el Procurador General consideró indispensable transcribir esa escucha.
El resto de la presentación de la máxima autoridad del Ministerio Público fiscal de la Provincia que busca desplazar a Ferrari del cargo antes de que venza legalmente su licencia forzada, acumula acusaciones de todo tipo y ensaya una defensa categórica del resto de los integrantes de esa fiscalía General, entre ellos el polémico fiscal Sebastián Scalera.
La respuesta de Ferrari
En su defensa, el Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, atribuyó al Procurador Conte Grand la pretensión de perseguirlo, y le endilgó “abuso de autoridad” en su contra, que –interpretó- “resulta funcional a sus ambiciones: lograr que cese en mi función, y constituir pruebas para defenderse en los procesos judiciales en los que está imputado”. Causa que calificó de “graves” y con “concretas imputaciones” en su contra.
“Su escrito no es más que el resultado de buscar basura debajo de la alfombra”, aseguró Ferrari en su presentación, al analizar la ampliación de la denuncia de Conte Grand, a quien le atribuyó “la ansiosa necesidad de encontrar algo con qué mancillarme, tanto en lo funcional como en lo personal”.
En la presentación el licenciado jefe de los fiscales de Lomas de Zamora, acusó al Procurador de “armar” de forma “incoherente”, una serie “de amistades, intereses y vinculaciones espurias con personas que jamás he tratado, y que tampoco conozco”.
En su descargo, Ferrari remarca que las acusaciones en su contra de parte del jefe de los fiscales son, en realidad, “una serie de conjeturas y de hipótesis incomprobables, para sostener conspiraciones y nefastos intereses que me atribuye sin más elementos que manifestaciones de otras tantas personas que dicen haber padecido algo de mí”, y califica el relato de la presentación de Conte Grand, como una “absoluta ridiculez”. En ese sentido, consigna “como ejemplo” de lo que considera “una persecución” en su contra, “el hecho de que me atribuye una filtración ocurrida en un expediente durante su trámite en la Unidad de Instrucción –no en la Fiscalía General a su cargo-, pero no se ocupa de buscar allí al responsable, sino que me endosa a mí el comportamiento de otro agente, todavía desconocido”, bajo su conducción.
