Denunció al Hospital El Cruce por las vacunas

pero en diciembre decía que la Sputnik “envenenaba”

Muchos la nombran como la discípula de Elisa Carrió. Y hace su tarea para serlo. La diputada de Juntos por el Cambio Mónica Frade, abogada oriunda de Quilmes, es la firmante de la denuncia para que se “investigue la posible comisión de delito” en lo que se denominó, en forma mediática, como “vacunatorio vip” en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Causa que se tramita en el juzgado federal de Quilmes, que encabeza el polémico Dr. Luis Armella, quien ordenó procedimientos judiciales en el mencionado hospital a los fines de resguardar presuntas pruebas.

Un pedido de investigación, que hasta ahora no tiene pruebas

Según el pedido de investigación que presenta Frade acompañada de otra diputada de JxC, Marcela Campagnoli, apunta a Julio César Pereyra, Daniel González, Arnaldo Medina, Juan José Mussi, Ernesto Villanueva, el Dr. Ariel Sáez de Guinoa y cualquier otro entre los que cuenta a miembros del gabinete de la Municipalidad de Florencio Varela y ediles de ese HCD.

Frade es la misma diputada que en diciembre pasado acompañó con su firma a Elisa Carrió a formular la disparatada denuncia contra Alberto Fernández y Ginés González García por «falta de información» y «envenamiento» debido a la compra de dosis de la vacuna Sputnik V a Rusia, que finalmente el Fiscal Marijuan desestimó casi por “desvergonzada”.

En aquella ocasión, el mayor de los papelones que se encarnan en su rechazo surge de los argumentos. Es que la legisladora de la Coalición Cívica básicamente reconoció que su denuncia se hizo sin conocimientos científicos ni consultas con especialistas: «No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema».

«En realidad no denunciamos al gobierno por envenenamiento, sino por la falta de información», ensayó como defensa Frade, como si modificara el mamarracho, al tiempo que expresó que el juzgado del juez federal Sebastián Casanello fue quien tituló la carátula como denuncia por envenenamiento.

En una entrevista con Crónica Anunciada, por Futurock, la diputada «lilista» se sinceró en un daño autorealizado: «Nosotros no teníamos información sobre la vacuna rusa. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad».

¿Quién es Mónica Frade?

Frade es la misma diputada nacional que, en el Congreso, reclamó la ingesta de dióxido de cloro para tratar el coronavirus, a pesar de que dicha sustancia es tóxica y no está recomendada para ninguna enfermedad.

En la Cámara baja, la diputada había sido clara en su reclamo: «Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países Latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias argentinas que tienen aprobado el uso del ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus».

Disuelta la posibilidad de la campaña antivacuna, y el grosero error de Ginés González García que le valió el cargo de Ministro de Salud, Mónica Frade empezó a apuntar sus cañones judiciales a lugares conocidos. Es así que realizó pedidos de investigación en Quilmes y el Hospital El Cruce.

Qué dice formalmente el texto de la denuncia

En el texto de la denuncia que tiene 13 fojas y a la que pudo acceder Infosur, la letrada sostiene que “las vacunas fueron extraídas o separadas de las que debían aplicarse según las normas establecidas por la Administración para ser utilizadas en beneficio de los favoritos del régimen, en un contexto de clandestinidad y sin sujeción a ningún criterio que no fuera el de lo que se llama vulgarmente “acomodo”.

Suena llamativo, el 21 de enero pasado uno de los denunciados, Juan José Mussi, intendente de Berazategui, subió a sus redes sociales la foto en el momento de la vacuna y el departamento de prensa de esa comuna distribuyó esa información mediante una gacetilla que daba cuenta de que era el primer intendente bonaerense en vacunarse. De clandestinidad no hubo nada.

Consultados expertos del área penal por la denuncia la “señalaron como forzada”, puesto que no está claro que se le adjudica a los presuntos responsables. Y calificaron a la denuncia como “venenosa”.