Más allá del contexto de crisis actual que atraviesa el país, el sector agropecuario no sólo sufre la pandemia de COVID-19 que frenó la cantidad de ventas, sino que también atraviesa un momento de incertidumbre debido al aumento de hechos delictivos en diferentes zonas agrarias.
La intervención estatal sobre Vicentin fue la punta del iceberg detrás de lo que muchos productores sospechan en el accionar delictivo que sufren desde hace varias semanas. El ataque a la producción se caracteriza por la destrucción de granos en silobolsas que altera el óptimo ecosistema que necesitan los rindes en calidad de humedad y temperatura. Lo cierto es que la ruptura de las silobolsas destruye los rindes y no permite que puedan conservarse en condiciones ideales para que el productor decida en qué momento es conveniente vender sus granos.
Otro modus operandi que manejan los delincuentes es el de romper las bolsas y cargar su contenido en camiones para su posterior venta en el mercado a precios sospechosamente inferiores. Actualmente, el contexto es totalmente desfavorable y la preocupación entre los productores aumentó lo que obligó a las entidades que los agrupan a alertar sobre los ataques y exigir respuestas desde las fuerzas de seguridad. Es cierto que muchos productores ante este contexto catastrófico han optado por vender sus campos y esto se observa a partir de la variedad de campos en venta en San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco, afirmó que se trata de perjudicar a los productores porque a través de los mecanismos delictivos intentan hacer “justicia social”. “Se trata de una consecuencia al estereotipo que se realizó sobre el sector agropecuario de que allí sólo se encuentra riqueza y 4×4”. Para De Velazco se trata de “un claro resentimiento hacia el sector y son ideas que atrasan 100 años”.
En la rotura de silobolsas no sólo pierde el campo, sino que el estado es el que más pierde debido a la cantidad de retenciones e impuestos que percibe a partir de la venta de los rindes generadas por las exportaciones. El ejemplo más claro se da en la soja, donde el 60% de la producción se basa en retenciones. En otras provincias, muchos productores medianos y pequeños ofrecen campos en venta en Santiago del Estero ante la impotencia que genera la pandemia y los hechos delictivos que terminan por derrumbar el esfuerzo de varios meses.
Para paliar la situación se está trabajando codo a codo con las patrullas rurales para prevenir este tipo de delitos que suelen realizarse en zonas alejadas, sin cobertura celular y durante horarios donde los productores ya no se encuentran en los campos. La opción de georreferenciar las silobolsas empieza a ser una de las alternativas más sopesadas por los productores ante la incapacidad de la patrulla rural de abarcar mucho territorio con falta de recursos tecnológicos y técnicos.
Por último, De Velazco sostuvo que los daños están motivados por un componente ideológico y lamentablemente seguirán ocurriendo hasta que no haya una respuesta del estado, que no parece ser una prioridad.
