La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, intervino hoy el Servicio Penitenciario provincial porque «la fuerza se autogobernaba» en virtud de «pactos de connivencia» de gobiernos anteriores, en una decisión que incluye el pase a retiro y disponibilidad de 132 agentes.
Durante 90 días, un civil evaluará el desempeño de todos los jefes carcelarios para determinar su continuidad en el cargo y, además, el Ejecutivo bonaerense enviará a la Legislatura provincial un nuevo Estatuto para el Personal Penitenciario.
“El Servicio Penitenciario bonaerense funcionaba mal pero a lo largo de la democracia nadie quiso reformarlo, la fuerza se autogobernaba y eso se terminó”, aseguró Vidal al anunciar hoy al puesta en marcha de la Reforma Integral del Servicio Penitenciario provincial en una conferencia de prensa en la gobernación bonaerense, en La Plata.
Reconoció que la inseguridad “es lo que más preocupa a los vecinos, y esto no se resuelve con parches; parte del compromiso era dar más seguridad y eso implica pelear contra las mafias, contra el narcotráfico, contra el juego clandestino y luchar contra la corrupción y el mal funcionamiento de las fuerzas policial y penitenciaria, dar más transparencia y que el poder civil tenga más poder de decisión que antes”.
Ayer el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, le pidió la renuncia el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Fernando Díaz, y a toda la cúpula, como primer paso para la puesta en marcha desde hoy de una intervención civil del Servicio Penitenciario que se extenderá por 90 días.
“Esta reforma no es sólo el desplazamiento de la cúpula, es mucho más profunda, ya que no creemos en purgas, no resuelven los problemas”, destacó Vidal y remarcó que se trata de “dar pelea en cómo funciona el sistema”.
La gobernadora aceptó que esta reforma integral “entraña riesgos, alguien no lo decidió antes porque había pactos de connivencia y dejaba que se autogobierne, pero este equipo va a dejar todo para dar esta pelea”.
“Nadie sospechado de ser parte de un delito puede ser parte de nuestro equipo”, dijo rotunda la gobernadora, y afirmó que “estamos convencidos del cambio”.
La mandataria provincial afirmó que “cuando uno convive o deja hacer, se convierte en cómplice y antes de ser cómplices nosotros asumimos riesgos” y remarcó que “miedo no es algo que podamos darnos el lujo de tener”.
Vidal apuntó que “no hay un ningún organismo de derechos humanos que en 10 años reconozca algún avance (en el sistema carcelario bonaerense), no hay ni una imagen positiva“.
La reforma puesta en marcha está enfocada en dos grandes ejes: la reestructuración del Servicio Penitenciario Bonaerense y el tratamiento de los Internos.
Dentro de la reestructuración del Servicio Penitenciario Bonaerense se desplazó al jefe del Servicio, Fernando Díaz, a 5 directores y 5 subdirectores y se pasó a retiro y disponibilidad a 132 agentes; en tanto se prevé el cambio de las escalas del resto de los agentes para garantizar el cumplimiento de las tareas de seguridad y tratamiento penitenciario.
El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, también presente en la conferencia de prensa, calificó a la reforma puesta en marcha como “la más profunda reforma que se ha hecho desde la democracia”.
“Por 90 días un subsecretario, un civil, evaluará el desempeño de todos los que cumplen función y al fin de esa evaluación confirmará o no la continuidad al frente de ese cargo”, precisó.
“Se enviará a la Legislatura bonaerense, a la espera de que los bloques hagan su aporte, un nuevo Estatuto del Personal del Servicio Penitenciario que está vigente desde 1980, es decir se reemplazará una ley de la dictadura para democratizar el Servicio Penitenciario provincial”, afirmó Ferrari.
El nuevo Estatuto contemplará mayores exigencias para el ingreso a la carrera penitenciaria, la conformación de concursos y la incorporación de una mirada desde los Derechos Humanos para el ejercicio de la profesión.
El titular de la cartera de justicia provincial informó que “se creará un escalafón específico para la Asistencia y Tratamiento para independizar al personal que realiza esas tareas del dedicado a las tareas de seguridad”.
También se llevará adelante “un Plan de Auditorías de Control Integral de la Gestión de los establecimientos penitenciarios” que se concentrará, entre otros, en la provisión de alimentos, agua potable para los penales, cupos de combustible, traslados de detenidos, régimen de visitas y estado de conservación y limpieza.
Ferrari explicó que “trabajaremos también en la reinserción de los internos, teniendo en cuenta que casi la mitad de las personas que quedan en libertad reinciden y vuelven a ingresar”.
“Se proveerá de talleres laborales y se reformará la educación en las cárceles”, sostuvo Ferrari.
