En la densa trama urbana del sur del Gran Buenos Aires, donde la esperanza y la desesperación coexisten a menudo en el mismo callejón, un nuevo escándalo de corrupción sacude los cimientos de la confianza pública. En Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, tres hombres fueron detenidos, acusados de formar parte de una organización criminal que, según los indicios judiciales, extorsionaba a los más vulnerables, aprovechándose de los hilos de la necesidad y la pobreza.
José R., Maximiliano H. y Eduardo G. son los nombres que resuenan en los pasillos del juzgado, cada uno portando el peso de la acusación de integrar una asociación ilícita que también apunta al partido Barrrios de Pie, del cual eran coordinadores para la Justicia. Su modus operandi, según la investigación liderada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, dirigida por la fiscal Marcela Sánchez, era maquiavélico en su simplicidad: obligar a personas en situaciones de vulnerabilidad a ceder casi la mitad de los beneficios que recibían de programas sociales como ‘Potenciar Trabajo’.
El caso evoca los ecos del infame «Chocolate» Rigau en La Plata, donde se descubrieron prácticas similares. Los acusados en este nuevo escándalo, actuando bajo la apariencia de benefactores, ofrecían a sus víctimas la promesa de estabilidad a través del acceso a estos programas. Sin embargo, una vez asegurado el beneficio, la promesa se convertía en coacción: las víctimas debían entregar hasta un 50% de sus ingresos, a veces incluso sus tarjetas de débito y claves personales, permitiendo a los acusados retirar el dinero directamente de sus cuentas.
Las repercusiones de estos actos van más allá del robo de dinero. Estas personas, insertadas en cooperativas y movimientos sociales, se veían obligadas a reclutar más víctimas o a participar en marchas, perpetuando así el ciclo de explotación y miedo. Para la investigación, este descubrimiento destapó cerca de 3.000.000 de pesos en transacciones fraudulentas, poniendo de relieve no solo la magnitud del dinero involucrado, sino también la profundidad de la traición a la comunidad.
La jueza Alejandra Provítola, quien tomó el caso en sus manos, no dudó en procesar con prisión preventiva a los sospechosos, marcando un firme paso hacia la justicia.
Este crónico abuso de poder, desafortunadamente, no es nuevo en las narrativas de las ciudades, pero cada historia como esta arroja luz sobre las sombras de la corrupción, instando a una revisión continua y a una reforma de los sistemas que permiten que tales injusticias prosperen. En las calles de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, el eco de la traición resuena, pero también lo hace la demanda de justicia y cambio.
