La familia de Lucas González, el adolescente asesinado de un balazo por miembros de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre último en el barrio porteño de Barracas, pidió hoy el procesamiento de los seis efectivos de esa fuerza detenidos e imputados del encubrimiento del crimen por considerar que procuraron «asegurar» la escena del hecho para brindar «cobertura» a una «actuación ilegal».
Así lo requirió el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, en un escrito de 14 páginas al que accedió Télam y que le presentó al juez de la causa Martín Del Viso, quien ahora deberá resolver si hace lugar al planteo.
«A criterio de esta querella, surge sin lugar a hesitaciones que las versiones desplegadas por los imputados resultan diametralmente opuestas a lo acontecido en realidad, todo lo cual se cae como un castillo de naipes a tan sólo observar con detenimiento las declaraciones obrantes en el sumario», explicó el letrado en su escrito.
El pedido recayó sobre los policías Juan Romero, Fabián Alberto Du Santos, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Lorena Miño y Micaela Fariña, por los delitos de «privación ilegítima de la libertad, ello agravado por abuso de sus funciones, sumado a la falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser este delito precedente grave junto a la imposición de torturas, todos en concurso ideal».
A su vez, estos seis efectivos -todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad- ampliaron hoy sus respectivas indagatorias ante el juez Del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella luego de que en la primera declaración todos negaran los cargos en su contra.
En tanto, el fiscal pidió este fin de semana la detención de otros ocho policías por las presuntas maniobras de encubrimiento, aunque el magistrado hasta esta tarde no se había expedido al respecto.
Para Dalbón, «surge evidente que todo el personal policial afectado a la escena del hecho, jamás tuvo en miras la búsqueda de la verdad, sino que su único fin era cubrir a sus compañeros en los hechos ya acontecidos».
«Evidentemente no interesaba la verdad, sino tan sólo darle la apariencia de verdadero a algo a las claras oscuro», afirmó.
Según el escrito, «en el sumario existe un dato objetivo y es el hecho que a las 11.15 se conocía con total certeza que no había armas en el vehículo Suran, razón por lo cual se demoraron para ´asegurar´ la zona y proceder a implantar un arma de juguete. Por lo tanto, queda claro que por más esfuerzos por demostrar ajenidad en los hechos acaecidos pretendan hacer los imputados, lo cierto es que se permitió ingresar un arma de juguete a los fines de colocarla en el auto en que circulaban los menores».
«Evidentemente el despliegue policial fue para asegurar que la zona fuere «segura» para adulterar la misma, ajena a terceros que pudieran dar aviso de la irregularidad que se estaba llevando a cabo», indicó.
Y remarcó que «a las claras, se intentó montar un sistema encadenado para brindar cobertura a una actuación ilegal perpetrada por quien debe justamente hacer todo lo contrario».
El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.
Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.
En la autopsia se determinó que el mismo joven presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.
La semana pasada, los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado de Lucas luego de que el juez de la causa entendió que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».
