El fiscal de la causa que investiga la supuesta «extorsión y asociación ilícita» por la que quedaron detenidos los tres máximos dirigentes del Sindicato de Trabajadores Químicos y Explosivos de Florencio Varela señaló que «no se descartan más detenciones» a la vez que explicó que se sumaron nuevos testimonios de empresarios y trabajadores al expediente judicial.
Así lo explicó el Dr. Daniel Ichazo, fiscal de Berazategui, en diálogo con la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. “Empezamos la investigación a raíz de una denuncia de un empresario, radicada en abril. Nos puso en conocimiento de que estaba siendo extorsionado por el sindicato para que lo dejaran funcionar. Les exigían el pago de un ‘extra’ para el gremio bajo la amenaza de pararle la producción y bloquearle el acceso a la fábrica. Esta gente se cansó de pagar y los denunció”, explicó Ichazo, quien remarcó que “los ciudadanos empiezan a confiar en las instituciones para que estas cosas no sigan ocurriendo”.
En ese marco, Ichazo remarcó que “por ahora son tres los detenidos (el ex edil y sus colaborados en el gremio), pero a partir de los allanamiento y los elementos secuestrados continuamos profundizando la investigación”. En este sentido no descartó que pudiera haber más detenidos por la causa.
Por otra parte, Ichazo también confirmó que los tres sindicalistas hicieron uso de su derecho constitucional y se negaron a declarar en su primera indagataria.
LA CAUSA
De acuerdo a lo que pudo saber Infosur, la imputación contra Miguel Ángel Souto, secretario general del gremio y ex concejal del massismo, lo acusa de ser organizador de extorsiones y aprietes a empresarios con pedidos de dinero para llevar a cabo diversas protestas o levantarlas.
Una de las empresas que lo acusó, por ejemplo, es una firma tercerizada por una reconocida multinacional productora de lubricantes que se instaló en el Parque Industrial CIR 2 en la zona de El Pato.
Un representante de la empresa declaró ante el fiscal Ichazo cómo Souto y sus cómplices lo citaron en una estación de servicio en 2017 y le marcaron que debía pagar 20 mil pesos mensuales a la asociación ilícita y que debían pactar con ellos a quiénes contrataban o despedían. Cualquier contratado nuevo tenía que ser afiliado al sindicato al que Soutto representaba.
