Una oficial de la policía bonaerense fue condenada el jueves 21 de diciembre a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por la denominada «Masacre de Quilmes», en la que murieron en octubre de 2004 cuatro adolescentes tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y por la que también ya fueron juzgados otros diez policías, informaron fuentes judiciales. Se trata de Elda Marina Guaquinchay Bogado, quien seguirá en libertad hasta tanto el fallo por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño por el delito de «omisión de evitar torturas» quede firme.
Además, los jueces Juan Martín Mata, Gustavo Farina y Federico Merlini le dieron 8 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
«Los sobrevivientes confirmaron las torturas en la comisaría primera de Quilmes y lograron las condenas», destacó Tobías Corro, referente social que acompañó a las familias de las víctimas fatales, identificadas como Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
En el fallo de 48 páginas el TOC 5 acreditó que la oficial ayudante «omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo por los funcionarios policiales».
«Contribuyendo pasivamente a mantener reducidas a las víctimas, evitar que se las asista de manera inmediata y de esa forma neutralizar cualquier tipo de resistencia de las mismas, atento a que los apremios y tormentos padecidos por los damnificados consistieron en la aplicación injustificada por parte de los efectivos policiales, de golpes con bastones, puntapiés y golpes de puño, que los funcionarios les propinaron a los menores que estaban siendo evacuados hacia un patio abierto de la seccional», indicó en su voto el juez Farina, al que adhirieron sus colegas.
El magistrado recordó que «varias de las víctimas de estos tormentos injustificados previamente habían sufrido graves quemaduras en sus cuerpos a raíz del incendio que se había suscitado en el calabozo nro. 1 de la seccional y que les había provocado, entre otras consecuencias, la destrucción de su epidermis en algunas partes de sus cuerpos, mas quemaduras en las vías aéreas e intoxicación por inhalación del humo generado por la combustión de los colchones incendiados, sin perjuicio de lo cual y a pesar de estar en conocimiento de ellos el personal policial, continuó adelante con la golpiza descripta la que le fue propinada tanto a los menores que habían sufrido quemaduras como a los que no habían sido alcanzados por las llamas».
«Bajo la mirada de la nombrada Guaquinchay Bogado, les aplicaron los golpes descriptos a la vez que eran insultados, siendo que todo ello, implicó la causación de un dolor físico y moral inconmensurable y dichos tormentos tuvieron como finalidad prolongar injustificadamente el sufrimiento de los menores detenidos como reprimenda al incendio que se había suscitado y a su vez obtener la confesión respecto de quién lo había iniciado», señaló el Tribunal.
El caso
La «Masacre de Quilmes» es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.
El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas. En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
Los juicios
En 2015 se realizó el juicio y por las torturas y el incendio, fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D’Elía, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
Según el fallo del TOC 3 de Quilmes, los que recibieron la mayor pena fueron Pedreira (a quien le dieron 16 años de prisión), y D’Elía y Guzmán, quienes recibieron 10 y 9 años, respectivamente, pero están en libertad condicional.
Ninguno de los condenados fue preso hasta este año, cuando el mismo TOC 3 ordenó que el inspector Pedreira (45), quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera, sea enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde deberá permanecer hasta el 18 de octubre del 2031.
