El Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela, a cargo del juez Diego Agüero, resolvió elevar a juicio oral una causa que desnuda el costado más oscuro del sistema carcelario bonaerense: un jefe del penal y seis médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) deberán responder por el abandono y trato inhumano que sufrió Mónica Mego, una mujer trans alojada en la Unidad 32 de Florencio Varela, que perdió la movilidad y años más tarde falleció.
El fallo judicial, según adelantó el portal Data Judicial, señala que los acusados sometieron a la víctima a condiciones degradantes, negándole la atención médica adecuada pese a sus reiterados pedidos de auxilio. Mego padeció dolores insoportables durante meses, mientras los médicos le administraban únicamente ibuprofeno y paracetamol.
“Ya no podía estar parada, ni sentada, ni acostada… me dolía todo el cuerpo”, relató la víctima antes de morir, según consta en el expediente.
El punto de quiebre ocurrió cuando fue confinada en una celda de aislamiento, conocida como “el buzón”, sin asistencia sanitaria. “A partir de ese momento ya no sentí nada de la boca del estómago para abajo”, declaró. Su cuadro se agravó hasta quedar postrada para siempre.
El fiscal Cristian Granados, de la UFI N°9 del Complejo Carcelario de Quilmes, solicitó la elevación a juicio al considerar que hubo abandono de persona agravado y vejaciones, delitos que el juez Agüero convalidó en su resolución.
En su fallo, el magistrado remarcó que el jefe de vigilancia incumplió su deber de resguardar la integridad de Mego, ordenando su alojamiento en el buzón “como castigo”, donde se le negaba la comida y la ayuda para moverse.
Una historia atravesada por la discriminación
El juez también sostuvo que las conductas de los imputados estuvieron motivadas por prejuicios arraigados hacia la condición de Mónica Mego: “persona trans, migrante y pobre”.
Peritos y especialistas del colectivo LGBT, como la psicóloga social Marlene Wayar, participaron del expediente y calificaron el caso como una muestra de tortura psicológica institucionalizada dentro del SPB.
Una antropóloga que declaró en la causa fue más lejos: definió lo ocurrido como un “transfemicidio” con intervención estatal.
El proceso ahora se encuentra en etapa de notificación y podría ser apelado ante la Cámara de Apelaciones.
El caso Mego vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar el trato hacia las personas trans privadas de libertad en las cárceles bonaerenses, donde el abandono y la violencia parecen, todavía, una forma silenciosa de castigo.
