Ulises Sosa apenas había cumplido 18 años y aunque en otros tiempos con esa edad muchos argentinos fueron a pelar a una guerra, casi todos pensamos que “apenas salieron del cascarón”. Eso mismo sentía la familia Sosa cuando lo venía salir con sus amigos. Por eso cuando la pesadilla comenzó nadie pensó que ese pibito del barrio sería capaz de soportar tanto.
Los hechos se sucedieron vertiginosamente a partir de las cuatro de la tarde del 15 de septiembre del 2015 en la zona del Ombú de Florencio Varela. Ahí con la cara aplastada contra el asfalto y las esposas en la muñeca, un grupo de policías le gritaba a Ulises sin parar: ¡callate, callate!
Muy cerca de allí, su papá se enteraba que habían detenido a Matías Barrios, un amigo de su hijo.
Intentó averiguar qué pasaba y después de unas horas fue hasta la DDI de Quilmes en Garibaldi y Alison Bell. Cuando vio el auto de su hijo en la puerta pensó que algo andaba mal. Al presentarse le informaron que su pibe también estaba detenido. Se juró que iba a aclarar la situación y aunque la cuestión se demoró por tres años, cumplió la promesa.
Ulises, sentado y llorando sobre la oscura celda de la DDI pensaba que eso era lo peor que le había pasado en la vida, todavía no sabía lo que le esperaba. Cuatro días después fue trasladado al penal de Marcos Paz. Los reclusos lo recibieron con puñaladas y golpes, cuyas cicatrices hoy disimula detrás de un tatuaje. Así pasó la noche recostado en una litera de cemento y sin abrigo. Al fin y al cabo estaba detenido por el presunto secuestro de un coterráneo varelense, hijo de un médico forense muy conocido por la zona. Del penal recién pudo salir el 19 de febrero del 2016, más de cinco meses después. Aunque había que esperar el juicio oral y público para conocer la verdad. Matías estuvo dos años preso.
Sin embargo, Ulises, era inocente. Igual que su amigo Matías. Así lo decidió la Justicia de Quilmes en un fallo que adelantó Infosur y por el cual terminó acusado el propio jefe de la Brigada Antisecuestros de Quilmes, Subcomisario Luis Fernández Quispe, presunto “armador” de la causa por una supuesta venganza contra el padre de Ulises, Damián Sosa, que lo había echado de su local de venta de repuestos de autos – según dijo a Infosur – al sospechar movimientos extraños del policía.
Infosur pudo hablar con los dos Sosa, padre e hijo. Una semana después de que el Tribunal en lo Criminal 2 dictara el veredicto absolutorio y pidiera la investigación del policía que instruyó la causa.
LOS TESTIMONIOS
“La cárcel no se la deseo ni al peor enemigo. Estuve medio año preso por una causa armada”, dice Ulises todavía conmocionado por la pesadilla. “Ahora soy padre y sé lo que hace un padre por su hijo”, cuenta como una forma de agradecer el esfuerzo que hizo el suyo para llegar a la verdad.
Daniel Sosa conoce el expediente al detalle. Verborrágico intenta explicar lo que a su criterio, y también del tribunal judicial, son irregularidades de una causa que aparece a todas luces como presuntamente armada.
Lo primero que hace Daniel es mostrar un mensaje de WhatSapp. “Recién cayó Ulises quiero ir a Mac Donalds”, le dice la novia a una amiga. Es el horario en el que presuntamente había secuestrado a Damian Prado en Florencio Varela, un hecho cometido teóricamente el 9 de julio del 2015 entre las 21 y las 23:30. El mensaje es de las 22.
“Yo me enteré que él cobraba la falopa en la puerta de mi local, entonces lo eché”, subraya con respecto a Fernández Quispe. Y considera que esa es la principal motivación del subcomisario para elucubrar una venganza contra su familia.
“Él – por Luis Fernández Quispe – decía que no me conocía, pero yo tengo fotos y pruebas que demuestran que sí me conocía y así lo consideró el tribunal”, dice firme.
“Son estúpidos para armar causa. Fernández Quispe vino a mi local el 15 de julio del 2015, me muestra un identikit y cuando salí vi a Prado (padre de la víctima) y yo creo y así lo declaré en la causa, es que vinieron a marcar a mi hijo”, dice Sosa. Con la copia del expediente en la mano, muestra el primer dibujo de la causa que nada tiene que ver con el segundo. “La Justicia me creyó por la cantidad de pruebas que tenemos”, dijo.
EL CAMINO DE LA JUSTICIA
En el veredicto absolutorio de Sosa y Barrios los jueces consideran la enorme diferencia de los identikit. Pero además, sostienen que no se encontraron pruebas en la requisa que se hizo del automóvil. Por otra parte, las escuchas telefónicas sobre los imputados tampoco acreditaron ninguna información y el fiscal del caso sospecha que fueron direccionadas por quien era el jefe de la brigada antisecuestros, el mentado Quispe.
El único dato contundente que pesaba sobre los acusados era el testimonio de la víctima, que se fue cayendo como un castillo de naipes. El testimonio de otro efectivo de la DDI vino a dar más claridad. Señaló, después de un intenso interrogatorio, que le “armaron” la causa.
MANUAL DEL ARMADO
Un oficial de la DDI testimonió en la causa que un día caminaba de civil por una calle de Varela cuando se le acercó un sujeto que le indicó que sabía quién era el autor del secuestro que estaban investigando. Y aunque este policía no era de la brigada antisecuestros acercó los nombres aportados a la causa: Matías Barrios y Ulises Sosa. Lo que llamó la atención del tribunal es que no haya recabados los datos personales del entonces único testigo que podía tener la causa.
Otro testimonio importante que permite sostener las irregularidades de este proceso es el testimonio del efectivo policial encargado de las escuchas telefónicas. Según contó en el juicio el se negó a acceder al pedido de Fernández Quispe de que pusiera en el informe determinadas cuestiones que no habían surgido de las escuchas. Esa negativa originó su posterior traslado de sector. Estas cuestiones más los testimonios que ubicaban a los acusado en otro lugar a la hora del secuestro es que la justicia consideró que el subcomisario (Quispe) ocultó una disputa personal con los imputados e inclusive intentó producir indebidamente pruebas contra ellos es que quedaron absueltos.
A los jóvenes se les imputaba el secuestro de Damián Prado, a quien, al menos varios sujetos, privaron de la libertad tras capturarlo en la localidad de Bernal y para su liberación cobraron un rescate de miles de pesos para dejarlo en inmediaciones de un hotel alojamiento en Florencio Varela.
Pero tantas irregularidades del proceso llevan a los Sosa a sospechar del secuestro. “Yo creo que ellos saben y permítanme sospechar de que ese secuestro en verdad nunca existió”, dijeron padre e hijo.
