A Reina Maraz Bejarano nunca la entendieron. Y, a juzgar por lo que ahora se va destapando, cuando en el 2014 la condenaron a prisión perpetua , puede que ella haya sido la última en esa sala de audiencias judiciales de Quilmes, que entendiera lo que realmente estaba pasando.
Después de larga lucha de la Comisión Provincial por la Memoria, la mujer condenada por el supuesto homicidio de su esposo en 2014 en los hornos de ladrillo de Florencio Varela, que sólo habla quechua, pudo comparecer con un intérprete ante el tribunal que revisa su caso en una audiencia decisiva antes de la resolución judicial.
“Quiero mi libertad. He venido a pedir mi libertad”, repitió en su lengua natal Reina, poco después de llegar a la puerta de los tribunales de La Plata, sobre la calle 7, donde durante horas la esperaron varias decenas de mujeres, muchas de ellas compatriotas, con pancartas de colores con su nombre. La recibieron con besos en las mejillas, cálidos abrazos y un ramo de rosas.
Reina se presentó ante los tres jueces de la Sala 6 del Tribunal de Casación Penal en el marco de una revisión de su condena. Esta vez pudo expresarse en su lengua natal, el quechua, gracias a la presencia de una traductora, la que no tuvo para defenderse y entender de qué era acusada y por qué fue condenada.
Los magistrados Carlos Ángel Natiello, Mario Eduardo Kohan y Ricardo Maidana abrieron la audiencia dando la palabra al defensor oficial que representa a Reina, quien expuso “las contradicciones intrínsecas de la propia sentencia con respecto a lo que ocurrió y se debatió en las audiencias del juicio”. También destacó la insuficiencia probatoria en la condena y explicó que su planteo principal ante Casación consistía en solicitar la absolución de su asistida.
Al mismo tiempo, destacó que de manera subsidiaria solicitaba al Tribunal que se revisaran y rechazaran los agravantes que influyeron en la pena de Reina Maraz, alevosía, porque a criterio del defensor quedó probado que el fallecido no estaba en situación de indefensión sino que su muerte se produjo en el contexto de una feroz pelea, y homicidio criminis causae porque no se probó nunca un supuesto robo que -en la opinión del Tribunal quilmeño- habría motivado el posterior crimen contra la víctima.
Un dato importante de la audiencia de este martes es que el fiscal de Casación, Fernando Galán, si bien rechazó el planteo principal del defensor Hernández al asegurar que sí fue probada la coautoría del crimen, se apartó del temperamento del Fiscal de primera instancia y del TOC 1 al requerir la pena por homicidio simple aplicando la escala mínima 8 años, sin agravantes y considerando positivamente su falta de antecedentes y su conducta ejemplar durante estos años. Cualquiera de las decisiones implicaría fácticamente la libertad de la mujer quechua parlante, ya que permanece detenida desde hace más de 5 años.
La Sala VI del Tribunal de Casación deberá resolver próximamente y al finalizar la audiencia se comprometió a hacerlo en lo que resta del año. Por otra parte, al día siguiente, los magistrados remitieron copias del acta de la audiencia al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes y el pedido del defensor Hernández para que le sea otorgada a Reina Maraz la libertad condicional.
La CPM acompaña el caso desde sus inicios desde la perspectiva del litigio estratégico y expresó, una vez más, la necesidad de que todos los actores del Poder Judicial asuman una perspectiva de derechos y de género en todas sus acciones y una verdadera escucha de quienes se encuentran ante la justicia. “Si esto hubiera sucedido desde el inicio, Reina no habría padecido un plus de sufrimientos. Sólo queda esperar que el fallo a dictarse absuelva a Reina y repare los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora”.
Astrid Baumann, integrante de la Campaña Nacional Contra las Violencias Hacia las Mujeres, confirmó a al diario Contexto que Reina “pudo ingresar a la audiencia para entrevistarse con los jueces y que el fiscal tuvo en cuenta la violencia de género de la que era objeto, quitándole los agravantes”. “Esto implica que cumpliría una sentencia reducida”, ya que el testimonio de la acusada sobre su esposo –alcohólico, violento y abusador– suaviza la prisión perpetua que el anterior tribunal confirmó en 2014, dijo Baumann.Reina Maraz Bejarano fue condenada a cadena perpetua en noviembre de 2014, pero estaba presa desde 2010. Por su condición de inmigrante y la limitación impuesta por el idioma, quizás haya sido la última persona en la sala del tribunal que entendió lo que pasaba en ese momento.
Maraz sólo hablaba y comprendía su lengua materna, el quechua. Se casó a los diecisiete años de edad y fue madre al poco tiempo, conviviendo bajo el yugo de un matrimonio violento. Llegó al país en 2009 y a los veintidós años fue detenida por el asesinato de su marido Limber Ramos en un horno de ladrillos en Florencio Varela. Su caso expone de manera evidente las situaciones que debe enfrentar ante la Justicia argentina una mujer en estado de extrema vulnerabilidad por su condición de migrante, indígena, pobre y víctima de todo tipo de violencia.
