Un grupo de Defensores Generales le pidió al gobernador Alex Kicillof que articule las medidas necesarias para la conmutación de penas a personas privadas de la libertad cuyas penas se agotan este año y de aquellos que hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional. Entre los firmantes está de Defensora General del Departamento Judicial Quilmes, Noemí Pérez.
El pedido fue firmado por los Defensores Generales Cecilia Boeri (Mar del Plata), Omar Ozafrain (La Plata), Gerardo Moreno (Necochea), Karina Dib (Zárate-Campana), Andrés Harfuch (San Martín), Mariana Garro (San Nicolás), Marcelo García (La Matanza), Diego Fernandez (Azul), Mariano Bertelotti (Mercedes), Gustavo Linde (Moreno-General Rodriguez), Daniel Arias Duval (Dolores), Noemí Perez (Quilmes) y Carlos Courtois (Trenque Lauquen).
Ante lo que definen como una crisis humanitaria por el hacinamiento que se registra en prisiones y comisarías del territorio bonaerense pidieron la conmutación para personas privadas de libertad (PPL) condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso y para las condenadas por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
“El peligro para la vida e integridad física que el hacinamiento, por sus efectos, genera tanto para las PPL como para las personas que trabajan y/o ingresan a las cárceles por otros motivos -también harto conocido e innegable- se ve seriamente agravado y se extiende a toda la comunidad ante la propagación del COVID-19”, indicaron en el documento.
Los Defensores sostuvieron que “el tiempo se agota” tras el registro del contagio de una persona privada de la libertad y de cinco trabajadores penitenciarios. En tal sentido citaron la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril pasado que recomendó necesario “reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.
Además de las medidas ya adoptadas respecto de las PPL con factores de riesgo especial por el Tribunal de Casación de la provincia, solicitaron una “urgente reducción de la población carcelaria a fin de garantizar la salud y vida de las personas que deban continuar privadas de libertad, de los trabajadores penitenciarios, sus familias y de la comunidad toda”.
“Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles. Cuando suceda, el hacinamiento aumentará los índices de contagio -esperables en el medio libre- en el interior de las prisiones”, agregaron.
En el comunicado sostienen que eso contribuirá al colapso de los sistemas de salud, pondrá en grave riesgo al personal de traslado y custodia, a sus familias y a la comunidad. “El Estado en su rol de garante se verá impedido de ofrecer mayores medidas de prevención a los encarcelados (la medida más básica, el distanciamiento entre las personas, es imposible en cárceles y comisarías hacinadas) y las reacciones violentas frente a la desesperación son indeseables pero esperables”, argumentaron.
Tiempo agotado
En otro tramo de la presentación los Defensores Generales advirtieron que la desesperación puede empezar a cundir entre las personas privadas de la libertad y que los recursos de todos los operadores que tienen relación directa con la cuestión (tanto en el ámbito del Servicio Penitenciario, como en el Poder Judicial) están al límite por la tensión y estrés que la cuestión viene generando.
“Los Juzgados de ejecución están colapsados, los defensores públicos recibimos cientos de pedidos diarios de PPL y organizaciones de DDHH, los operadores del Servicio Penitenciario y de salud penitenciaria no dan a basto a responder los requerimientos que se generan”, indicaron.
Tras destacar el compromiso del Ejecutivo con el respeto de los Derechos Humanos y advertir que el delicado equilibrio que debe mantener en la defensa de los intereses generales de la comunidad en un Estado democrático hicieron un plante con “razones de proporcionalidad”.
En tal sentido la conmutación solicitada abarca -con las excepciones que puedan establecerse-, para el primer grupo, a PPL que en poco tiempo indefectiblemente recuperarían su libertad. “La conmutación implicará sin duda un acto de consideración humanitaria, que no solo no incidirá en la seguridad ciudadana, por el poco tiempo que resta de las condenadas, sino que también implicará para los liberados un reconocimiento en tanto personas, que redundará, seguramente en muchos ellos, en una mayor predisposición emocional al cumplimiento de las normas al sentir que sus intereses también son tenidos en cuenta”, sostuvieron.
“El segundo grupo involucra casos que en general y en función de la pena concreta, corresponden a hechos que no son de los de mayor gravedad y respecto de los cuales ya se ha cumplido gran parte de la condena bajo condiciones de hacinamiento. La conmutación no solo se estaría disponiendo sobre personas que ya llevan en prisión el tiempo que la ley ha considerado suficiente para los pretendidos fines resocializadores, sino que también implicaría reconocer y compensar las condiciones en las que permanecieron privados de libertad”, agregaron.
Los defensores explicaron que la conmutación no implica un “perdón” del resto de la pena sino una vez más la manifestación del equilibrio de todos los intereses y derechos en juego y de la realización del ideal de justicia. “Solo proponemos que es hora de avanzar en tal sentido, sin perjuicio del resto de las acciones que continuamos intentando a través de presentaciones jurisdiccionales y de los avances y actualizaciones en el marco de la acción de habeas corpus en trámite ante el Tribunal de Casación”, concluyeron.
