(Por Hernán Chiesa).- El Nissan Tiida color champagne era el móvil 2988 de la Policía de la Ciudad; los tres hombres vestidos con ropas informales eran integrantes de la brigada 6 de la comisaría de Barracas; una supuesta causa judicial los habilitaba a «merodear» la villa 21-24 en busca de «narcos o delincuentes»: el expediente por el crimen de Lucas González, el joven oriundo de Florencio Varela, reveló el funcionamiento de las brigadas policiales, que generó críticas de funcionarios, legisladores y organizaciones civiles.
«Su única arma eran los botines rotos. Ni armas ni drogas». Las palabras de la madre del adolescente de 17 años asesinado resultaron ser un mensaje brutal contra la actuación policial, y la declaración de los amigos de Lucas que sobrevivieron a los balazos, quienes aseguraron que temieron ser asaltados, terminaron por demoler la versión del sumario con el que los acusados pensaban ocultar la maniobra delictiva.
El difuso protocolo de actuación que tienen las brigadas policiales derivó en una fuerte reacción del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien consideró que «funcionan porque alguien las habilita», y hasta una denuncia por parte de los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y Victoria Montenegro para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
También más de 60.000 personas firmaron una petición en una petición en la plataforma Change.org (http://change.org/leylucas) para impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca prohibir a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires actuar sin uniforme y sin los móviles oficiales.
El inspector Gabriel Alejandro Isassi (40), el oficial mayor Fabián Andrés López (46) y el oficial Juan José Nieva (36) permanecen detenidos e imputados a pedido de los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim por el delito de «homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad».
En tanto, esta tarde otros seis policías fueron detenidos como acusados de haber plantado un arma de fuego de plástico en el auto de las víctimas y haber colaborado en la elaboración de un sumario inventado para hacer creer que todo había sido consecuencia de una persecución y tiroteo.
De acuerdo al expediente judicial, los tres efectivos sospechosos en el crimen de Lucas integraban la brigada 6 de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4 (CC4) de la Policía de la Ciudad.
El inspector Isassi era el jefe de esa brigada y, según su legajo, su actividad como policía comenzó en la bonaerense, pero en el 2011 pasó a la Policía Metropolitana para luego formar parte de la Policía de la Ciudad.
En el 2013, Isassi integró por primera vez el Área División Delitos y Sumarios, luego pasó por el Departamento Delitos y Crimen Organizado, por la División Delitos Complejos, por la División Operativa de las comisarías vecinales 11B y 4C, para finalmente ocupar su puesto en la División Sumarios y Brigadas de la CC4.
En el expediente que tienen a su cargo los fiscales Gómez Barbella y Heim consta que Isassi era quien daba las órdenes dentro del Nissan Tiida patente ITZ-786 que persiguió al auto en el que viajaban Lucas González y sus amigos el pasado 17 de noviembre.
Ese auto no identificable era el móvil 2988 de la Policía de la Ciudad y era habitualmente utilizado por Isassi y sus hombres (López y Nievas) en supuestas investigaciones encubiertas que llevaban a cabo dentro de la villa 21-24.
«Quiero que sepan dónde estamos trabajando, es en la comuna 4, una de las comunas más complejas de la ciudad de Buenos Aires, es zona de las comunas con más delitos en la Ciudad de Buenos Aires, pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas», dijo Isassi en su indagatoria ante el juez del caso, Martín Del Viso, con la finalidad de exculparse.
Quien conducía el Nissan era el oficial Nieva, un hombre de 36 años que comenzó su carrera como agente de la Policía Federal y pasó a la Policía de la Ciudad en el 2018, cuando ocupó funciones en la División Operaciones de la Comisaría Vecinal 11B y luego se sumó a la División Sumarios y Brigadas en la CC4.
El oficial mayor López era el tercer ocupante del Nissan y estaba sentado en el asiento trasero. También se formó en la Policía Federal y desde el 2018 cumple funciones de la División Sumarios y Brigadas, primero en la Comisaría Comunal 3 y ahora en la 4.
En su indagatoria, admitió que disparó «tres o cuatro balazos» contra el auto en el que se movilizaban Lucas y sus amigos porque intentó evadir el control policial.
Los tres policías coincidieron ante la Justicia en que esa mañana estaban realizando un trabajo de vigilancia en la zona de la villa 21-24 en el marco ordenada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide).
Isassi dijo: «Nosotros veníamos investigando una causa por narcotráfico, esa causa la tramitaba la Ufeide, era para un domicilio en la calle Luna al 1.500, esta causa se trataba de un lugar de acopio de mercadería, era una causa de estupefacientes».
Los fiscales intentan ahora establecer la veracidad de esa versión y ya mantuvieron contactos con aquella unidad fiscal para saber si los policías tenían asignada esa supuesta «vigilancia» frente la vivienda de la calle Luna.
Sin embargo, la oscura actuación de las brigadas policiales generó rechazo de todos los ámbitos.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a Télam que «históricamente, las brigadas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, utilizan la posibilidad que tienen de no vestir uniforme, porque supuestamente están realizando tareas de investigación, para otros fines: recorrer las calles para recaudar, regular de manera ilegal el delito».
María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), también consideró que las brigadas funcionan para «recaudar y extorsionar» a sospechosos o comerciantes y pidió que los policías que las conforman sean desarmados para evitar casos de «gatillo fácil».
En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), Mariela Belski, también expresó a Télam su rechazo al protocolo utilizado: «Antes de utilizar armas de fuego los agentes deben identificarse como tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego».
De acuerdo a la investigación del caso, nada de eso sucedió la mañana del miércoles 17 de noviembre último en Barracas, y la clave para los pesquisas fueron las palabras que utilizó uno de los adolescentes que sobrevivió al ataque: «Pensamos que eran chorros».
