Se cumplieron 16 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, luego de que ese 26 de junio de 2002 la policía realizara una represión y cacería humana sin precedentes en la historia de la democracia.
El resultado fueron dos muertos, pero cientos de heridos y una demostración clara de cómo se pretendía parar a las demandas sociales.
Ese día, la protesta e intento de corte del Puente Pueyrredón que encabezaron los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), terminó con las balas de plomo que las fuerzas tiraron sin miramientos hacia los manifestantes, solo provistos de unas precarias hondas.
Para no olvidar, este martes cientos de personas realizaron el ya tradicional acto en homenaje y memoria hacia los dos jóvenes militantes, convertidos en un símbolo de la lucha social de toda una generación.
Razones sobran: el contexto de este 26 de junio y el de aquel fatídico día de 2002, se parecen en algunos aspectos.
Aunque no se puede comparar el grado de desesperación social que reinaba entonces, el país atravesaba una crisis que se caracterizó por una corrida bancaria, una deuda imposible de pagar a partir del acuerdo con el FMI y una pobreza cada vez más acelerada.
Por eso, familiares y organizaciones sociales y políticas marcharon nuevamente para exigir justicia –especialmente para que “paguen los responsables políticos”- pero también alertando del rumbo que el gobierno nacional está conduciendo al país.
“16 años después de la Masacre de Avellaneda, con un gobierno de ricos que hizo recrudecer el hambre, la pobreza y la exclusión en Argentina, se vuelve a plantear la represión a la protesta como respuesta a los reclamos populares”, expresó en un comunicado el Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
“Frente a la devaluación, el ajuste, los despidos, y un escenario de emergencia social y económica con las políticas de ajuste de Macri, seguiremos en las calles reclamando vida digna para nuestro pueblo”, sostuvieron.
Una pequeña muestra de eso ocurrió este domingo 24, cuando un grupo de militantes quiso realizar la conocida “Marcha de antorchas” sobre el Puente Pueyrredón –una ya instalada previa a la marcha del 26-, pero la policía impidió que continuaran con el acto.
Desde aquella jornada de represión y muerte, la policía nunca había intentado detener a los familiares y amigos de Kosteki y Santillán, pero esta vez las órdenes de Patricia Bullrich se hicieron escuchar.
El Frente Popular Darío Santillán –organización que tomó ese nombre a partir del asesinato del joven bonaerense- ratificó en un comunicado que “la protesta es un derecho” y además volverán a exigir que se investigue a los responsables políticos de los asesinatos de ambos militantes, caídos en la estación de trenes que hoy lleva sus nombres.
Es que, si bien los autores materiales, el ex comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, ya fueron condenados a perpetua y la cumplen en una cárcel común, los familiares consideran que hasta ahora no se ha indagados sobre aquellas personas que “dieron la orden” de reprimir, como el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex gobernador de la provincia, Felipe Solá.
Según los allegados a los jóvenes asesinados, actualmente en Comodoro Py se tramita la causa que apunta a estos mandatarios y responsables políticos, pero el juez Ariel Lijo todavía no citó a declarar a ninguno de ellos.
“No se demore más y cite a declarar a estos personajes. Sáquelos del escondite que el poder político les otorga. Que respondan ante la justicia, los familiares y el pueblo”, pidió Alberto Santillán, padre de Darío, en un comunicado.
Sobre esto, Alberto también recordó que las declaraciones del ahora diputado Solá sobre su posible candidatura a presidente en las próximas elecciones “lo único que logran es indignación y dolor”, considerándolas una “ofensa para sus familias, compañeros y compañeras”.
